César Alberto Bernal Orozco
Expediente 1498/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/07/2019
Partes del expediente
- César Alberto Bernal Orozco
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la notificación de la resolución de dieciocho de junio del presente año (fojas 47 a la 56), se efectuó a la parte quejosa y a las autoridades responsables el veinticuatro de junio siguiente (fojas 71 y 81), surtiendo sus efectos en relación al quejoso al siguiente día hábil y en lo que respecta a las responsables el mismo día, como se advierte de la certificación que antecede, sin que hasta la fecha se haya interpuesto recurso alguno contra la referida sentencia en el lapso que prevé el arábigo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a las autoridades responsables denominadas Presidente y Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio correspondiente, de acatamiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las juntas y tribunales laborales no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la Ley de Amparo en vigor, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. De igual manera, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
- Principal
**TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficios recibidos en este Juzgado Federal (fojas 76 y 102), la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Compostela, Nayarit, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinte de junio del año en curso (foja 110), se dio vista a la parte quejosa, representante del menor y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestaciones, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a las citadas partes el veintiuno de junio del año actual (fojas 111 a 113), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que, dicho plazo transcurrió del veinticinco al veintisiete del mismo mes y año, sin que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "** Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 59 a 64), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "a) Deje sin efectos la resolución reclamada; b) En su lugar, de trámite al incidente de reducción de pago por pensión propuesto por la parte demandada en términos de los artículos 620 y 621 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Nayarit, atendiendo a las particularidades del caso en concreto; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente.". De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Compostela, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Dar trámite al incidente de reducción de pago por pensión propuesto por la parte demandada. 3. Resolver lo conducente con plenitud de jurisdicción. Luego, a través de los oficios y anexos presentados por la autoridad responsable informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, para lo cual adjuntó copias certificadas del auto de diez de abril del año en curso, así como de la interlocutoria de trece de junio de dos mil diecinueve, emitidos dentro del expediente familiar 499/2016, de su índice, en los cuales, en el primero de ellos, dejó insubsistente la resolución reclamada de fecha uno de octubre de dos mil dieciocho y procedió a la admisión del incidente de reducción de pago por pensión alimenticia; asimismo, en la interlocutoria resolvió lo referente al incidente planteado (fojas 77, 78 y 105 a 109, respectivamente). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. **
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