Cesar Alan Valadez López

Expediente 635/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
635/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
11/06/2018

Partes del expediente

  • Cesar Alan Valadez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción IV, y el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que por acuerdos tres y nueve de abril, así como siete de mayo de la presente anualidad, se tuvieron por recibidos los oficios que remitieron las autoridades responsables, al cual acompañaron copias certificadas de diversas constancias en las que destacan el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y las constancias actuariales realizadas con el propósito de emplazar a las partes demandadas dentro del juicio primigenio. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, se resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la responsable, sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. Por lo tanto, se procede de oficio a RESOLVER CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO. Los efectos de la concesión del amparo quedaron precisados en el considerando correspondiente de la sentencia de siete de marzo de dos mil dieciocho, haciéndose consistir en que las autoridades responsables deberían: "de INMEDIATO se pronuncie avocándose al escrito de demanda que ante ella fue presentado el diecisiete de enero de dos mil dieciocho y señale fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo dentro de los plazos legales previstos para ello y ordene el emplazamiento de la parte demandada. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados al Actuario Notificador adscrito a la Junta responsable, consistente en la notificación del auto de avocamiento que en su momento se emita y el emplazamiento a la parte demandada". Mediante acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho (foja 22), causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que en ese mismo proveído se requirió a las autoridades responsables a fin de que dieran cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, de las constancias certificadas allegadas, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se pone de manifiesto que en proveído de veintiséis de marzo del presente año se señaló fecha para tenga verificativo la audiencia bifásica dentro de los plazos establecidos por la ley de la materia -foja 26- y en constancias actuariales -fojas 84 a 90- se advierte la imposibilidad del Actuario responsable de realizar el emplazamiento a las partes demandadas por los motivos que se exponen. En consecuencia, conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. Sin que sea óbice que el Actuario responsable no haya acreditado que emplazó a las partes demandadas; sin embargo, dicha circunstancia obedece a que los domicilios proporcionados en autos del juicio de origen son inexactos, situación que no es imputable a la autoridad responsable, pues la responsable acreditó que realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo las aludidas diligencias, inclusive, de diversas constancias allegadas se observa que la Junta responsable requirió en varias ocasiones al actor para que proporcionara los domicilios correctos para tal efecto. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio enviado por la Presidente, el Presidente Auxiliar, y la Actuario, adscritos a la Décima Séptima Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remite copia certificada del auto dictado el dos de mayo de dos mil dieciocho, así como de sus constancias de notificación practicada a las partes en el expediente laboral; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  4. Principal

    Visto el escrito presentado por Alejandro Rosales Ureña autorizado de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita se vincule al cumplimiento a la ejecutoria de amparo al Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con motivo a que este último ha incumplido con el pago de las prestaciones laudadas; dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dirimir la contradicción de tesis 116/2014, originaria de la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), número de registro 2007066, de rubro: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; estimó, en lo que aquí interesa, que: I) De un análisis al sistema normativo previsto en las legislaciones de los Estados de Quintana Roo y Yucatán, relacionado con la etapa de ejecución, advirtió que las sentencias definitivas debían ser cumplidas por las autoridades demandadas correspondientes. II) El Tribunal del conocimiento del litigio natural, tenía la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de la sentencia definitiva, para lo cual podía imponer multas y las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para lograrlo; es decir, aquél contaba con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento pretendido y no solamente la multa. Esto último, lo fundó en las razones que informaba la jurisprudencia 2a./J. 133/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 168880, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN". III) Resultaba inconcuso que el incumplimiento por parte de la autoridad demandada a una sentencia definitiva podía ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento respectivo; o sea, que la autoridad demandada no actuaba en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino uno de coordinación. IV) Consecuentemente, la omisión de las autoridades demandadas en cumplir con la sentencia definitiva no constituía un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. La propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al originar la diversa jurisprudencia 2a./J. 34/2018 (10a.), número de registro 2016588, de rubro: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO"; consideró, que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos. Ahora bien, a fin de advertir si en el caso es dable vincular al cumplimiento a la ejecutoria de amparo al Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, Jalisco, debe verificarse la naturaleza del acto negativo; mismo, que consistió en su incumplimiento al pago de las prestaciones laudadas. De lo anteriormente considerado, se evidencia que entre la parte quejosa y la autoridad que se pretende vincular al cumplimiento a la ejecutoria de amparo existe una relación de coordinación no así una de supra a subordinación, pues la omisión destacada acaeció en la etapa ejecutiva del procedimiento respectivo; lo anterior es así, ya que la autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco) cuenta con una amplia gama de instrumentos legales (ejecución forzosa, medidas de apremio y separación del cargo) para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus resoluciones, en el caso, del laudo respectivo. Lo anterior, con fundamento en las razones que informan las jurisprudencias: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor". (Época: Décima Época, Registro: 2007066, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 79/2014 (10a.), Página: 699). "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa". (Época: Novena Época, Registro: 168880, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia(s): Constitucional, Laboral, Tesis: 2a./J. 133/2008, Página: 227). "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona". (Época: Décima Época, Registro: 2006389, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 31/2014 (10a.), Página: 966). "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". (Época: Décima Época, Registro: 2016588, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 13 de abril de 2018 10:17 h, Materia(s): (Común, Laboral), Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.)). No pasa desapercibido a este Juzgado de Distrito, las jurisprudencias 2a./J. 85/2011 y 1a./J. 43/2017 (10a.), sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, números de registro 161652 y 2014918, de rubros: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)" y "AYUNTAMIENTOS COMO ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. DEBEN CONSIDERARSE COMPRENDIDOS EN LAS HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES"; criterios, por los que se determinó como acto de autoridad el incumplimiento a una sentencia definitiva, por parte de una dependencia tanto de la administración pública Federal, como de las Entidades Federativas o Ayuntamientos. Sin embargo, del contenido de las mismas como de las ejecutorias que las originaron, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuó una interpretación del impacto constitucional acaecido por la omisión de cumplimiento en la etapa ejecutiva de un juicio tramitado en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles; es decir, de conformidad a una legislación diversa a la que rigió el acto reclamado, o sea, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

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