César Agustín Hernández García

Expediente 758/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
758/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • César Agustín Hernández García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 758/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el único resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al III; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad de notificar de manera personal a la tercera interesada ANA ROSA RIVERA MUÑOZ, la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, por los motivos que expone; atento a lo anterior, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que practique la notificación de la resolución de mérito a la parte tercera interesada, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 758/2019-V, promovido por CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ GARCÍA, por derecho propio, y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el cinco de junio siguiente a este juzgado, CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ GARCÍA solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la: Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De quien reclamó: La resolución dictada el nueve de mayo de dos mil diecinueve en el toca civil 172/2019-12. SEGUNDO. Trámite. El seis de junio de dos mil dieciocho se previno al quejoso para que precisara la forma y la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución reclamada. Una vez subsanada la prevención, por auto de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se designó representante especial al tercero interesado menor de edad y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; y es en ésta donde residen las autoridades responsables, se presentó la demanda y se ejecuta el acto que se combate. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del numeral 74, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en atención a la causa de pedir de la parte quejosa, precisa que lo que reclama de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es: La resolución dictada en el toca civil 172/2019-12-5 el nueve de mayo de dos mil diecinueve por la que se revocó la diversa de once de enero de dos mil diecinueve mediante la cual la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado declaró procedente el incidente de reclamación promovido por el quejoso y ordenó la reducción de la pensión alimenticia del 25% al 20% (veinticinco al veinte por ciento) del total del salario y prestaciones del quejoso. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado ya que así lo manifestó al rendir el informe justificado. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas del toca 172/2019-12-5, así como del expediente 257/2018 en dos anexos, que remitió como complemento al informe justificado, las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni que deba ser examinada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación aducidos. En el caso, debe decirse que de acuerdo a las consideraciones que se plasmarán en esta resolución, los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa resultan infundados, no advirtiéndose en este aspecto queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, no obstante estar relacionado el asunto con derechos de menores. A efecto de dar sustento a lo infundado de los conceptos de violación, se estima oportuno señalar los antecedentes del acto reclamado. El ocho de junio de dos mil dieciocho, Ana Rosa Rivera Muñoz, por derecho propio y en representación del menor de apellidos Hernández Rivera presentó controversia del orden familiar sobre alimentos definitivos, guarda y custodia en su favor respecto de su hijo menor de edad en contra de CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ GARCÍA (fojas 2 a 13 Anexo I), por turno correspondió conocer a la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos quien por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho la registró bajo el expediente 257/2018, admitió a trámite la demanda ordenando el emplazamiento de la parte demandada y decretó como medidas provisionales la guarda y custodia del menor a favor de su madre, el depósito del menor y la promovente en el domicilio ubicado en Calle San Luis Potosí 208, interior B, Colonia Flores Magón de esta ciudad, pensión alimenticia equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del salario y demás prestaciones que percibiera el demandado en su fuente de trabajo de manera semanal o quincenal (fojas 14 a 16 anexo I). El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, la demandada dio contestación ofreciendo las pruebas que a su interés convino (fojas 44 a 55 anexo I). Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil dieciocho, el quejoso interpuso incidente de reclamación solicitando la modificación del acuerdo emitido el veintiuno de junio de dos mil dieciocho relativo a las medidas provisionales, así como la reducción de la pensión alimenticia decretada a su cargo (fojas 1 a 9 anexo III). Con motivo de lo anterior, la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, el cuatro de octubre de dos mil dieciocho admitió el incidente de reclamación, ordenó la formación del cuaderno incidental respectivo con suspensión el procedimiento principal; ordenó correr traslado a la contraria por el plazo de tres días (foja 10 anexo III). La demandada incidentista dio contestación el treinta de noviembre del año retropróximo, ofreció las pruebas de su parte (fojas 22 a 39 anexo III). El ocho de enero de dos mil diecinueve se verificó la audiencia a que refiere el artículo 552, fracción IV del Código Procesal Familiar en el Estado de Morelos y, el once de enero siguiente se resolvió el incidente de reclamación interpuesto por el quejoso declarándolo procedente y ordenó la reducción de la pensión alimenticia del 25% al 20% (veinticinco al veinte por ciento) del total del salario y prestaciones del deudor alimentista (fojas 56 a 67 anexo I). Contra dicha determinación, las partes demanda y actora incidentistas hicieron valer el recurso de apelación el veintiuno y veintidós de enero del año que trascurre, respectivamente (fojas 72 y 74 a 75 anexo III). De dicho recurso correspondió conocer a la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que por auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve determinó procedente el recurso, calificó correcto el efecto devolutivo y, ante la ausencia de agravios de la actora en lo principal, al tratarse la litis del derecho de menores a recibir alimentos y guarda y custodia la Sala responsable ordenó la suplencia de la queja (fojas 7 a 11 tomo II). Finalmente, el nueve de mayo de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, los integrantes de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocaron la sentencia materia del recurso, declararon improcedente el incidente de reclamación interpuesto por César Agustín Hernández García dejando intocada la pensión provisional alimenticia decretada por auto de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en el expediente natural (fojas 27 a 46 anexo II). Ésta determinación constituye el acto reclamado. Ahora bien, en su primer concepto de violación, el quejoso aduce esencialmente que la responsable viola en su perjuicio el artículo 17 Constitucional al referir que la resolución reclamada fue emitida de manera parcial, en favor de la parte actora, beneficiándola pero perjudicando a los intereses del quejoso y de sus menores hijos con su actual esposa, quienes también tienen que recibir manutención por parte del deudor alimentista, con lo que a su juicio, la Sala responsable trasgredió el principio de imparcialidad. En el segundo concepto de violación el quejoso refiere trasgresión al artículo 4 Constitucional en su perjuicio y de sus hijos de diverso matrimonio toda vez que en su opinión, la resolución cuestionada toma en cuenta el principio del interés superior del menor demandante, sin embargo, pasa por alto el interés superior de los diversos menores hijos del quejoso con su actual cónyuge, cuya existencia quedó acreditada en autos del controvertido de origen. En el tercer concepto de violación, el quejoso se duele de violación al artículo 1º Constitucional puesto que refiere que la resolución reclamada dio trato desigual, inequitativo y discrimintario a sus menores hijos producto de su actual matrimonio, afectando -desde su perspectiva- su derecho de alimentos. Por cuanto al cuarto concepto de violación, el quejoso alega trasgresión a los artículos 14 y 16 Constitucionales en la medida en que la Sala responsable no dictó la resolución reclamada conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que reglamentan ni conforme a las disposiciones legales aplicables en cuanto al fondo del asunto, puesto que de acuerdo con el quejoso, la resolución de nueve de mayo del año que trascurre no es acorde con las necesidades económicas del acreedor alimentista, con las posibilidades económicas del deudor ni con las necesidades económicas de los diversos acreedores alimentarios, además, al emitir la resolución en la forma en que lo hicieron los Magistrados responsables, no se encuentra fundada ni motivada en las disposiciones aplicables. Finalmente, en el quinto concepto de violación, la parte promovente del amparo refiere que la Sala responsable trasgredió los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna, ya que desde su perspectiva, no se expresó la cita del precepto legal aplicable al caso ni las razones particulares, causas inmediatas ni circunstancias especiales que condujeron a la autoridad a emitir la resolución que reclama. Conviene precisar que el análisis de los conceptos de violación procederá de manera conjunta, con apoyo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, dada la estrecha vinculación que guardan entre sí. Apoya lo anterior la jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.". Como se adelantó, lo alegado por el quejoso deviene infundado. Con relación a la trasgresión de los artículos 1º, 4º y 17 Constitucional, si bien es cierto que al emitir la resolución combatida, la Sala responsable tuvo que decidir en favor de alguno de los recurrentes, contrario a lo expuesto por el quejoso, la responsable no trasgredió los principios de no discriminación ni de imparcialidad, ya que tuvo como eje rector de su decisión el interés superior del menor, en el caso, del demandante, sin soslayar la existencia de los diversos menores hijos del quejoso producto de su actual matrimonio, puesto que determinó que en materia de alimentos se debe atender a las circunstancias particulares de cada caso, valorar las posibilidades económicas del deudor así como la necesidades reales del acreedor; asimismo refirió que se deben evaluar las necesidades de los acreedores de acuerdo a su edad, desarrollo, salud, escolaridad y entorno en que se desenvuelven, en la inteligencia que tratándose de menores de edad, se entiende que carecen de posibilidades para desempeñar arte, oficio o trabajo remunerado para satisfacer sus necesidades básicas. Así, la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado correctamente estableció que el apelante -hoy quejoso- no acreditó sus pretensiones tendentes a la disminución del porcentaje decretado a su cargo en la sentencia de once de enero de dos mil diecinueve, ya que ofreció como pruebas las actas de nacimiento de dos menores de apellidos Hernández Lagunas, así como el acta de matrimonio con Ana Luisa Lagunas Villamil, de las que se obtiene la filiación de los menores con el quejoso y su madre y, con la segunda, se corrobora el vínculo matrimonial; sin embargo al valorar dichas documentales concluyó que no se demostró la imposibilidad para cumplir con la obligación alimentaria respecto del diverso menor demandante. De igual forma, al valorar la solicitud de servicios en la Unidad Familiar Médica de diecinueve de julio de dos mil dieciocho y formato gineco-obstetra de siete de agosto siguiente, expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social la responsable determinó que se acreditó el estado de gravidez de la cónyuge del quejoso y que requería de atención médica, empero, al ser expedidas por el Seguro Social estableció -de manera acertada- que no quedó demostrado que el quejoso haya erogado gastos extraordinarios, además de que no ofreció comprobante alguno expedido por facultativo médico que haya atendido a la cónyuge del quejoso en consulta particular. Además de lo anterior, al desahogar la prueba confesional, el quejoso admitió que compartía los gastos de manutención de su hogar con su actual esposa, lo que hizo prueba plena en su perjuicio y así fue valorado por la responsable de manera correcta. Respecto a los recibos de nómina expedidos por la persona moral empleadora del quejoso, correctamente la Sala responsable determinó de su valoración que César Agustín Hernández García tiene una fuente laboral de ingresos y se encuentra en posibilidades de otorgar la pensión alimenticia decretada, puesto que en sentido contrario, no se demostró que se encontrara imposibilitado para trabajar o que padeciera alguna enfermedad. Por ello se estima infundado lo alegado por el quejoso en cuanto a que la autoridad responsable trasgredió los principios de no discriminación e imparcialidad, puesto que resolvió teniendo presente la existencia de diversos menores de edad también acreedores alimentarios del quejoso, decidiendo correctamente dejar intocada la medida provisional de alimentos equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del total de los ingresos que percibe el deudor alimentario aquí quejoso, con base en las pruebas, su valoración y las disposiciones del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos que citó. Valoración que se estima correcta y no violatoria de prerrogativas en perjuicio del quejoso, en la medida que atendió a las partes contendientes en igualdad de armas, más no de condiciones en tratándose del menor de edad acreedor alimentario, precisamente por ubicarse en una situación de desventaja; lo que de suyo resulta acorde al ordinal 1º y 4º Constitucional, incluso sin desatender que en el particular se pretendió involucrar la existencia de otros menores de edad que no integraban la relación jurídica procesal; ello no fue desatendido sino considerado para efecto de evaluar la capacidad económica del deudor para proporcionar los alimentos, lo que de suyo implica que no se resolviera de manera discriminatoria. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 1/2012 (9a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 460 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, correspondiente a la Novena Época, registro 160309, del rubro: "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.". Respecto a los diversos conceptos de violación relativos a la trasgresión de los artículos 14 y 16 Constitucionales, también devienen infundados como se explicará a continuación. El quejoso refiere que la Sala responsable incumple con el principio de fundamentación y motivación de la resolución al no expresar la cita del precepto legal aplicable al caso ni las causas que la condujeron a emitir el acto reclamado. Como se adelantó, el motivo de disenso resulta infundado ya que contrario al aserto del quejoso, la responsable fundó su actuar en los numerales 586, fracción I, con relación al diverso 191 del Código Procesal Familiar que tratan de la suplencia en la expresión de agravios tratándose de asuntos que versen sobre el derecho a recibir alimentos, específicamente en tratándose de menores de edad. Dichos numerales son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 586.- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La sentencia de segunda instancia se sujetará a lo siguiente: I. Se limitará a estudiar y decidir sobre los agravios que haya expresado el apelante, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por las partes, a menos de que se trate de revisión forzosa o cuestiones que afecten los intereses de los menores o incapacitados;. ARTÍCULO 191.- PRINCIPIO DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. En los asuntos del orden familiar los Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos, supliendo lo necesario al efecto de proteger la unidad de la familia y el derecho de los menores e incapacitados.". Además, la Sala responsable apoyó su determinación en los artículos 191, 410, 412, 413, 569, 572, fracción II, 586, fracción I del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos, numerales que se estiman aplicables al caso con lo que se tiene por satisfecha la exigencia Constitucional de fundamentación. Sin que pase inadvertido que el quejoso haya referido que la responsable dictó la resolución de veinte de mayo de dos mil diecinueve sin apegarse a una ley expedida con anterioridad al hecho, sin embargo, contrario a lo alegado, la responsable -al establecer su competencia- fundó su actuar en el Código adjetivo Familiar vigente para el Estado de Morelos; de lo que se tiene que la responsable sí citó los preceptos de la norma que aplicó, en el particular, el Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad 4481 de seis de septiembre de dos mil seis, esto es, con anterioridad a la resolución que se reclama en esta vía. De igual forma, los Magistrados integrantes de la Sala responsable -en la resolución reclamada- si tuvieron en consideración la existencia de otros dos menores de edad y uno más próximo a nacer, sin embargo de manera acertada calificaron de infundado el recurso de apelación que intentó el quejoso en la parte que la Jueza de origen disminuyó la pensión alimenticia del 25% al 20% (veinticinco al veinte por ciento) del total de los ingresos del deudor alimentista, ello obedeció al considerar que es insuficiente el argumento del apelante ya que el artículo 46 del Código Familiar para el Estado de Morelos establece que los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que deba darlos, lo cual no debe ser interpretado en sentido contrario, esto es, como una "imposibilidad" para otorgar alimentos; de ahí que la dificultad en la situación económica del deudor alimentario en su caso, no podía ser empleada como una imposibilidad ya que por ésta se entiende como un impedimento absoluto y de gran entidad que imposibilite a los padres a cubrir los alimentos de sus hijos. En ese sentido, tomando en cuenta que el artículo 260 del Código Procesal Familiar en la entidad establece que los alimentos deben ser proporcionados conforme a las necesidades de quien debe recibirlos y a las posibilidades de quien debe darlos; así, como en el caso, al existir diversos acreedores alimentistas además del demandante, los ingresos económicos o salario del deudor de dicha prestación deben ser distribuidos entre todos ellos, incluyendo al propio deudor, por lo que se estima correcta la determinación de la Sala de dejar intocado el porcentaje del total de los ingresos del deudor alimentario en favor de su menor hijo por el equivalente a 25% (veinticinco puntos porcentuales), lo que significa que el quejoso y sus diversos acreedores alimentarios cuentan con el restante 75% (setenta y cinco por ciento) de sus percepciones. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2o.126 C emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que aparece publicada en la página 348 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, correspondiente a la Novena Época, Registro 198246, del rubro: "ALIMENTOS. SU PROPORCIONALIDAD CUANDO EXISTEN DIVERSOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).". Adicionalmente, en la resolución materia del reclamo, la Sala responsable estableció correctamente que la capacidad del deudor para cumplir con la obligación de proporcionar alimentos a sus acreedores no tiene una connotación estrictamente pecuniaria o patrimonial, habida cuenta que no se debe limitar a contar con ingresos fijos sino que se debe referir a la aptitud o posibilidad de todo sujeto para trabajar y generar riqueza ya que el hecho de que el quejoso tuviera obligación de brindar alimentos a diversos acreedores no implicaba por ese sólo hecho la reducción automática de la pensión decretada puesto que las necesidades de aquellos no disminuyen. De igual forma la sala responsable analizó los gastos de pasaje del domicilio en que fue depositado el menor con su madre al bachillerato en el que estudia y concluyó que se tiene que erogar $32.00 (treinta y dos pesos) diarios; que la asistencia escolar tiene cinco días a la semana (veintidós días al mes, aproximadamente) lo que arroja un aproximado de $704.00 (setecientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional) de manera mensual. Así, si el quejoso aporta el 25% (veinticinco por ciento) de sus ingresos de manera mensual, equivalente a $867.66 (ochocientos sesenta y siete pesos 66/100 moneda nacional) en el caso que analizó la Sala, únicamente sería suficiente para los traslados del menor demandante de su domicilio al bachillerato y de regreso. En ese sentido, considerando que los alimentos incluyen entre otro muchos conceptos, la atención médica, de manera atinada la Sala estimó que el hecho de que el quejoso haya dejado de tener como beneficiario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social a su menor hijo de apellidos Hernández Rivera, corrobora que no cuenta con servicio médico, a pesar de que el deudor alimentario dispone de esa prestación y se la otorga a su actual cónyuge. Por lo anterior, la Sala responsable determinó que el apelante no demostró padecer discapacidad alguna que le impidiera desempeñar algún arte, oficio o actividad remunerada, concluyó que puede cumplir con su obligación; máxime que a juicio de los Magistrados integrantes de la responsable, el quejoso no acreditó que sus ingresos -una vez efectuado el descuento de pensión alimenticia- sean insuficientes para cubrir las necesidades propias y las de su familia. Luego, si como se indicó, no se aprecia inconsistencia en el actuar de la Sala responsable, pues a su arbitrio, expresó las razones por las cuales arribó a la conclusión, apoyándose en la legislación familiar adjetiva vigente en el Estado de Morelos, de tal suerte que los razonamientos del solicitante del amparo, en cuanto a la falta fundamentación y motivación deviene infundado. En mérito de lo anterior, dado que la responsable atendió a las formalidades del procedimiento, fundando y motivando su determinación, dando garantía de audiencia ya que, como quedó relatado, el impetrante es el actor incidental (demandado en el juicio principal de origen), de ahí lo infundado de lo alegado por el quejoso. Bajo las relatadas condiciones, dado lo infundado de los conceptos de violación, al no advertir queja qué suplir que pueda beneficiar en el caso al menor de edad relacionado con este asunto, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia federal, respecto de la resolución emitida el nueve de mayo de dos mil diecinueve en el toca civil 172/2019-12, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Sirve de sustento a lo anterior la tesis 1a./J. 191/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, correspondiente a la Novena Época, Registro 175053, del rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ GARCÍA, contra el acto reclamado y autoridad precisada en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerando cuarto del presente fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario que autoriza y da fe hoy veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I al III, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe. MIDM*

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