César Aguirre Espino

Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • César Aguirre Espino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veinticuatro de enero del año en curso, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, atento a lo ordenado en el artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente en que se actúa, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se determina que el expediente principal una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, es susceptible de destrucción, en virtud de que se sobreseyó el presente sumario. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, por medio del cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documentales que anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable la omisión de la responsable de dictar la resolución en el incidente de falta de personalidad planteado dentro del juicio laboral 97/2020; en este contexto, de la documental que exhibe la autoridad responsable, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, emitió la resolución correspondiente. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De manera expresa el precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable resolvió el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio laboral de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos y disfrutan del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI. Asimismo, la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL", localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página setenta y uno. Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la responsable de dictar la resolución en el incidente de falta de personalidad planteado dentro del juicio laboral 97/2020; sin embargo, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente, la que se notificó el diecinueve de enero actual, a Nadia Hernández Rodríguez, apoderada legal de la parte actora en el juico laboral de origen; por lo que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos las once horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho órgano laboral, con sede en Zihuatanejo, Guerrero, por medio del cual rinde informe justificado; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido y documentales que anexa, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado de la autoridad responsable la omisión de la responsable de dictar la resolución en el incidente de falta de personalidad planteado dentro del juicio laboral 97/2020; en este contexto, de la documental que exhibe la autoridad responsable, se advierte que el trece de diciembre de dos mil veintidós, emitió la resolución correspondiente. En ese orden, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De manera expresa el precepto transcrito establece que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable resolvió el incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el juicio laboral de origen. Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos y disfrutan del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.", localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Tomo VI. Asimismo, la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL", localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página setenta y uno. Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica de los quejosos, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la responsable de dictar la resolución en el incidente de falta de personalidad planteado dentro del juicio laboral 97/2020; sin embargo, de las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que el trece de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable dictó la resolución correspondiente, la que se notificó el diecinueve de enero actual, a Nadia Hernández Rodríguez, apoderada legal de la parte actora en el juico laboral de origen; por lo que se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos las once horas con cincuenta minutos del diez de febrero de dos mil veintitrés, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional programada. Se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de enero de dos mil veintitrés. Vistos; el estado procesal que guarda este sumario, se desprende que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; sin embargo, no puede celebrarse en virtud de que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zihuatanejo, Guerrero, ni el acuse de recibo del oficio 37617/2022, mediante el cual se le requirió; además, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, resulta un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que las autoridades laborales locales, gozaron de su periodo vacacional que comprendió del diecinueve de diciembre último al seis de enero actual. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese.

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