César Adrian Acevedo Castro
Expediente 796/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- César Adrian Acevedo Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de siete de mayo del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con el citado acuerdo, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ni obra documento en original exhibido por las partes, de conformidad con la fracción IV, del Vigésimo Primer Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este proveído, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta Ciudad, por medio del cual solicita una prórroga para remitir a este juzgado federal las constancias que acrediten el cumplimiento a la presente ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo, hágase saber a la citada autoridad que por única ocasión se le concede el término de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, quedando subsistente el apercibimiento decretado en acuerdo de veintitrés de julio del año en curso. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: I.3o.C. J/7 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizada en el libro 2, enero de dos mil catorce, tomo IV, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página dos mil ochocientos noventa y dos del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias."
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