Centro Nacional de Control de Gas Natural
Expediente 708/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Centro Nacional de Control de Gas Natural
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja Q.A. 87/2020, de su índice. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado oficiante resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Este Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se declara legalmente incompetente, por razón de turno, para conocer del recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 708/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para los efectos señalados en la parte final de esta resolución, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito." Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio y anexo de mérito para que obre como corresponda y surtan los efectos legales procedentes, tomando conocimiento de su contenido, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, proveniente del Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de la cual, acusa recibo del diverso oficio 19234/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que dicho órgano colegiado registró el recurso de queja interpuesto por la quejosa con el número 87/2020, asimismo, solicita le sea remitida copia digitalizada de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que no tiene acceso al mismo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, se agrega a los autos para que surta los efectos legales correspondientes. En atención a lo manifestado por el referido tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que realice los ajustes necesarios para que haga disponible la vinculación del expediente en que se actúa con el tribunal oficiante. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por Centro Nacional de Control del Gas Natural, por conducto de su apoderado legal, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, David Reyna González, por medio del cual, interpone recurso de queja en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en Turno, que es cierto el acto reclamado y, con la finalidad de atender las disposiciones de los Acuerdo Generales 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativas a privilegiar el uso de las herramientas electrónicas y procurar la tramitación electrónica de los juicios de amparo, se ordena remitir las constancias que se consideran necesarias para resolver el informe justificado, únicamente de manera digital a través del sistema de interconexión. Sin perjuicio de que, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, requiera de las constancias impresas, una vez que lo haga del conocimiento de este juzgado, se le remitirán de inmediato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por Centro Nacional de Control del Gas Natural, por conducto de su apoderado legal, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, David Reyna González, contra actos del Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Gas Natural dependiente de la Secretaría de la Función Pública y de otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 708/2020-V. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y datos de localización siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, cuyo rubro y datos de localización son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Registro: 192,097, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, página: 32). De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara del contenido del escrito; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte promovente Centro Nacional de Control del Gas Natural, por conducto de su apoderado legal, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, David Reyna González, señala como acto reclamado, el Acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del expediente número CENAGAS/INC002/2017 Y SU ACUMULADO CENAGAS/INC-003/2017, por el que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Gas Natural, en cumplimiento a la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, emitida por la Séptima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 115/26/18-17-07-6, dejó insubsistente la resolución ahí combatida de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, pronunciada en ese expediente, y ordenó a la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Centro de Control del Gas Natural, reponer el procedimiento de licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Electrónica LA-018TON999-E83-2017, para la prestación del "Servicio Administrado de Y Transporte de Datos para las Tecnologías Operacionales del CENEGAS (TELCO)", a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, y continúe con las etapas respectivas de la convocatoria hasta la emisión del fallo; además, reclamó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, concretamente el artículo 74, último párrafo. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda, con apoyo en lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, este órgano de control de constitucionalidad estima que la demanda debe desecharse por notoriamente improcedente, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente. Los numerales 61, fracción XXIII, y 7 de la citada ley establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." El texto de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, revela que si bien es cierto que a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no dispone de manera específica un motivo que prevea la improcedencia del juicio de garantías, se debe a que el legislador no podía prever de manera casuística todos los motivos de inejercitabilidad de la acción constitucional, quien, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan las hipótesis de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas por la Carta Magna y por la propia Ley de Amparo, que no se ubican en ninguna de las específicas que prevé el artículo 61 de la ley citada, por lo que, es de carácter enunciativa más no limitativa. Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.), cuyo texto es el siguiente: PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos. (Décima Época, Tomo II, pág. 1022, registro 2015321, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: 2a./J. 128/2017 (10a.), Jurisprudencia(Común), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017,). Así como por analogía el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis visible en la página 75, Tomo 175-180 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." Ahora bien, del contenido de los preceptos legales citados, interpretado en sentido contrario el segundo de los preceptos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando es promovido por autoridades cuando la norma general, acto u omisión no afecten su patrimonio, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Lo anterior, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, toda vez que la autoridad no puede acudir al juicio de amparo, pues éste medio de control, no fue instituido a favor de las autoridades sino de los gobernados; por esta razón, a fin de buscar un equilibrio procesal entre autoridad y gobernado que contienden en los juicios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo por conducto de los funcionarios o representantes únicamente cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, situación que en el caso concreto no acontece, en virtud de que la hoy solicitante de amparo acude en su carácter de ente público, solicitando el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de la resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitida dentro del expediente número CENAGAS/INC-002/2017 Y SU ACUMULADO CENAGAS/INC-003/2017, por el que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Gas Natural, en cumplimiento a una sentencia emitida en el juicio de anulación, dejó insubsistente la resolución que ahí fue declarada nula y ordenó reponer el procedimiento de una licitación Pública Internacional a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones. En ese sentido, en el caso, no se afectan los intereses patrimoniales del Centro Nacional de Control del Gas Natural, derivado de una relación jurídica en la que se encuentra en un plano de igualdad con los aquí señalados como terceros interesados Interconecta, sociedad anónima de capital variable, Integradores de Tecnología, sociedad anónima de capital variable, Palo Tinto Networks, sociedad anónima de capital variable, como consorcio; Apollo Comunications, sociedad anónima de capital variable, en conjunto con Química Apollo, sociedad anónima de capital variable, incluso, con la autoridad responsable Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, del Centro Nacional de Control del Gas Natural, en virtud de que en la resolución reclamada, como ya se dijo, se ordenó reponer el procedimiento en la licitación de mérito, derivado de una sentencia emitida en un juicio de nulidad, lo que implica que existe una relación de coordinación entre la autoridad quejosa y la autoridad responsable, aunado a que no se advierte que se afecte el patrimonio de la entidad, puesto que ese procedimiento de contratación se lleva acabo con los recursos presupuestales que le son asignados a la autoridad licitante para realizar sus actividades, o sea, sus funciones públicas, pero no forman parte de su patrimonio. Apoya a todo lo anterior, aplicada por analogía, y por los principios que la rigen, la jurisprudencia 523,19 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del país, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.- El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4 y 9 del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." (19 Apéndice de 2011, Novena Época, t. II, p. 576, registro 1002588). Así como la jurisprudencia perteneciente, que al tenor literal establece: "AMPARO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO POR LAS AUTORIDADES. El juicio de garantías promovido por las autoridades resulta improcedente, ya que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, así como el 1o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio deben ser siempre, como actor, un particular y, como demandado, una autoridad. El demandado en el juicio de amparo tiene que ser siempre una autoridad, porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, que son limitaciones al poder del Estado; más aún, debe dejarse establecido que en los casos de las fracciones II y III del artículo 103 constitucional, que se refieren a la protección mediante el amparo, de las respectivas jurisdicciones federal y local, las invasiones a las mismas tienen que reclamarse y pedirse su reparación por el individuo afectado, según lo establece el artículo 107 constitucional." (Registro: 193319, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: X, Septiembre de 1999, Tesis: XV.2o. J/6 Página 715). En consecuencia, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII, y 7, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por Centro Nacional de Control del Gas Natural. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rogelio Alejandro López Mora, Maximino de Nova Rosas, Raúl Rodríguez Caballero, Aurelio Bravo Víctor, Christian Bahena Porras, Angélica Ortiz Rodríguez, Enrique Flores Delgado y Jesús Iván Galicia Arreola, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, así como a Ángel Luis Ocampo Juárez, Cintia Honey Pluma Morales, Eduardo Alberto Aldape Ávila, Sandra Soto López y Jorge Alberto Flores García, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza a la totalidad de las partes, su uso en el presente sumario, en el entendido de que ello será posible una vez que cumplan los requisitos previstos en el artículo 2, fracción VII, 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3o.C.725 C de rubro y datos de identificación: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro 167,640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Marzo de 2009, página 2847). Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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