Centro Nacional de Control de Energía

Expediente 605/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
605/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2020

Partes del expediente

  • Centro Nacional de Control de Energía
  • Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOPS...SE OMITIO REALIZAR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOD PROFESIONISTAS AUTORIZADOS DE LA APRTE QUEJOSA.- EN ATENCION A LA CERTIFICACION DE CUENTA, SE TIENE COMO AUTORIZADOS EN TERMINOS AMPLIOS DEL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 12 DE LA LEY DE AMPARO A... Y PARA EL UNICO EFECTO DE OIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE AUTOS DE LAS DEMAS PERSONAS QUE REFIERE, POR ASI SOLICITARO EXPRESAMENTE...NOTIFIQUESE

  2. Principal

    1. Radicación. Agréguese a los autos el escrito de INCIDENTE DE INCOMPETENCIA POR INHIBITORIA EN RAZÓN DE LA MATERIA, promovido por el Centro Nacional de Control de Energía, por conducto de su apoderada Karen Carolina Osorio Gómez, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; fórmese expediente y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 605/2020. 2. Desechamiento. De un análisis del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, debe desecharse de plano el incidente de incompetencia planteado. El artículo 57 del código adjetivo en cita establece la facultad de los tribunales para desechar de plano, entre otros, incidentes que resulten notoriamente improcedentes. Una vez analizado el incidente que nos ocupa, este Juzgador estima que debe desecharse de plano, toda vez que resulta notoriamente improcedente, ya que las cuestiones de competencia no deben de plantearse por las partes del juicio de amparo sino por los órganos jurisdiccionales; y en el caso el órgano jurisdiccional de origen, es decir, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, quien goza de la facultad para en su momento fundar y motivar la competencia material para conocer del juicio de amparo 150/2020 y su acumulado 151/2020, de su índice. En efecto, se debe precisar que el inicio y trámite de conflictos competenciales derivados del juicio de amparo, no se encuentra sujeto a la solicitud o intervención de las partes en un juicio de amparo, debido a que la determinación de declinar competencia en favor de un diverso órgano jurisdiccional es propia de los órganos jurisdiccionales; lo que hace innecesaria la tramitación de un incidente promovido por las partes para dilucidar tal aspecto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 15/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTOS COMPETENCIALES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR UN INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO LAS PARTES LO SOLICITEN O PUEDAN DAR NOTICIA DE SU EXISTENCIA". Al respecto, conviene señalar que la competencia para conocer de un juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del asunto y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al Juez competente. Las leyes procesales señalan ciertos criterios de asignación para determinar la competencia y, generalmente, se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber: Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; y, Competencia auxiliar. En este orden de ideas, el órgano jurisdiccional al tener la potestad de un determinado asunto, previo a proveer sobre el escrito inicial de demanda que se somete a su consideración debe analizar los supuestos de competencia a los que se ha hecho alusión. Por lo que hace a la competencia por territorio, ésta se fija de acuerdo con la ejecución del acto reclamado, en el cual pueden desprenderse tres supuestos, a saber, i) el lugar donde el acto deba tener ejecución, donde trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; ii) si el acto comienza a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se hubiera presentado la demanda y iii) cuando el acto carezca de ejecución, será también competente el juez de distrito ante quien se presentó la demanda. La competencia por materia se entiende como la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho, por lo que un Juzgado Especializado en cierta materia del derecho, únicamente conoce de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola parte del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia. Finalmente, por lo que se refiera a la competencia por grado y auxiliar, la primera se centra en conocer de un determinado asunto, en razón del medio de impugnación que se haga valer en contra de un acto de autoridad lesivo de derechos humanos, de conformidad con las leyes que lo rijan, y en relación con la restante se actualiza cuando en algún lugar no existiera juez de Distrito que pudiera proveer sobre un asunto en particular. Pues bien, para que un Juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado, por lo que el tema relativo a la competencia se encuentra limitado a los órganos jurisdiccionales y no a una solicitud formulada por las partes del juicio de amparo. Respecto de la competencia por materia, existen criterios sustentados por el Máximo Tribunal en el sentido que son dos los aspectos que permiten definir la competencia material de los órganos jurisdiccionales especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, a saber: La naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; y, Que los actos reclamados provengan del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia Económica. En el caso concreto, como lo manifestó en su momento la promovente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, consideró que resultaba competente para conocer del juicio de amparo 150/2020 y su acumulado 151/2020, de su índice, en razón de la naturaleza de los actos reclamados y de la autoridad responsable, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el promovente en el escrito inicial de demanda, como lo son los conceptos de violación. Al respecto, del juicio de amparo 150/2020 y su acumulado151/2020, del índice del citado órgano jurisdiccional, se advierte que la quejosa reclamó, entre otros actos, el siguiente: El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), de veintinueve de abril de dos mil veinte; así como su Anexo Único y su ejecución. Argumentando que existe una prohibición por parte de las autoridades responsables dirigida a aquellas centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas que están en proceso de operación comercial, para llevar a cabo las pruebas preoperativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables al caso. De igual manera, la determinación de las responsables en temas de competencia económica que hacen necesaria la intervención de ese órgano jurisdiccional especializado, implica una afectación a la esfera de derechos de la parte promovente del amparo de origen, que repercute en los derechos fundamentales a la libre concurrencia y competencia. Lo antes expuesto en virtud de que conforme a las disposiciones contenidas en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, emitido por el Secretario de Energía mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de nueve de febrero de dos mil dieciocho, las centrales eléctricas únicamente podrán iniciar operaciones comerciales y, en su caso, participar en el mercado eléctrico mayorista, en las modalidades y bajo los términos establecidos en la ley, si somete a la certificación de la autoridad ciertas pruebas necesarias para la interconexión con las redes de suministro eléctrico. Asimismo, de la lectura del incidente planteado también se destacó que el artículo 94 de la Ley de la Industria Eléctrica prevé que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) operará en el Mercado Eléctrico Mayorista, en el que los generadores, comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado podrán realizar diversas transacciones relacionadas con el Sistema Eléctrico Nacional, procurando en todo momento, mediante reglas de mercado, la igualdad de condiciones para todos los participantes del mercado (incluso por personales que no sean participantes de éste) promoviendo el desarrollo del sistema eléctrico nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad. Así las cosas, dada la naturaleza de la autoridad responsable en relación con los actos reclamados, se estima que es correcto el conocimiento del juicio de amparo 150/2020 y su acumulado 151/2020, por parte del Juzgado de conocimiento, puesto que tiene una función dentro del mercado eléctrico mayorista que incide dentro de los participantes de dicho mercado. Lo anterior, tiene sustento en lo determinado por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver los conflictos competenciales C.C. 5/2019 y C.C. 1/2020, respectivamente. Ya que en dichos conflictos competenciales, los Tribunales Especializados analizaron la competencia para conocer, entre otros actos, del "Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de certificados de energías limpias y los requisitos para su adquisición, publicados el 31 de octubre de 2014" de fecha 24 de octubre de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2019, y concluyeron que se surtía en favor de un Juzgado de Distrito Administrativo especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, dada la naturaleza material de los actos que dieron origen a tales resoluciones al vincularse con la subespecialidad en competencia económica. Ahora bien el artículo 66 de la Ley de Amparo, establece que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esa Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento, y que el órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Por su parte, la Ley de Amparo no prevé expresamente la tramitación de un incidente de incompetencia por inhibitoria en razón de la materia, pues como se expuso en párrafos precedentes, el inicio y trámite de conflictos competenciales derivados del juicio de amparo, no se encuentra sujeto a la solicitud o intervención de las partes en un juicio de amparo, debido a que la determinación de declinar competencia en favor de un diverso órgano jurisdiccional es propia de los órganos jurisdiccionales; lo que hace innecesaria la tramitación de un incidente promovido por las partes para dilucidar tal aspecto. Lo anterior, también se encuentra contenido en la jurisprudencia citada con anterioridad, es decir, la tesis P./J. 15/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONFLICTOS COMPETENCIALES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR UN INCIDENTE DE INCOMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO LAS PARTES LO SOLICITEN O PUEDAN DAR NOTICIA DE SU EXISTENCIA". De igual forma del contenido del artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el cual establece la competencia expresa de este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa para conocer de los asuntos que ante él se tramiten, no se advierte la de conocer respecto de un incidente de incompetencia por inhibitoria en razón de la materia, para controvertir la competencia de un diverso juez de Distrito en un juicio de amparo donde previamente aquel se haya estimado competente. Conclusión. Lo anterior conduce a concluir la actualización de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 66 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles; lo que provoca su DESECHAMIENTO DE PLANO por notoriamente improcedente el incidente de incompetencia por inhibitoria en razón de la materia, promovido por el Centro Nacional de Control de Energía, por conducto de su apoderada Karen Carolina Osorio Gómez, y presentado como demanda de amparo ante el Portal del Consejo en Línea del Poder Judicial de la Federación con evidencia criptográfica. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque se advierte plenamente de la demanda, pues los antecedentes son lo suficientemente claros como para advertir la naturaleza de los mismos, es decir, sin importar lo que se pueda alegar en el juicio o las pruebas que se pudieren aportar, la naturaleza de los actos reclamados no variará, lo que implica que la convicción a la que ha llegado este Juzgador no cambiaría. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se habilitan días y horas inhábiles. Con fundamento en el 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones electrónicas que se lleguen a ordenar en este asunto 14. Domicilio. En el escrito de cuenta, la quejosa designó como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, Número 2157, Piso 8°, Colonia los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01010, Ciudad de México, en el cual tendría que notificarse de manera personal el presente desechamiento, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), este juzgado se encuentra impedido para realizarla, en el contexto de las medidas adoptadas para la prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la presente contingencia. Por tanto, se reserva la designación del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, el que se tendrá como tal hasta en tanto se regrese a la normalidad, o bien, se designe un medio de comunicación electrónico. Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 26, inciso j), establece que las determinaciones que desechen la demanda de amparo se notificaran de manera personal, sin embargo, como el presente asunto se instó mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que la parte promovente haya señalado un usuario a efecto de notificarle personalmente la presente determinación a efecto de no dejarla en estado de indefensión, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído por medio de lista electrónica. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Judith Hernández Vázquez e Iván Mena Chávez, y para el único efecto de oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que refiere, por así solicitarlo expresamente y en atención a la certificación de cuenta. Notificación vía electrónica. En el presente juicio la parte quejosa no solicitó expresamente que las notificaciones se le realizaran vía electrónica. Uso de Medios Electrónicos. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En el entendido de que la referida autorización la podrá hacer valer hasta en tanto se levante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Integración del expediente físico y electrónico. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 3 y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; intégrese el expediente físico. Transparencia. Se hace del conocimiento a la parte quejosa, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6° y 8° del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese.

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