Centro Médico Excel, S.C.

Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Centro Médico Excel, S.C.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidente de ese órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado como recurso de queja 260/2023, de su índice. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/ambm

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Francisco Manuel Valdés Cruz, apoderado legal de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que sea el caso de previamente efectuar notificación alguna a las demás partes, como establece el artículo 101 de la Ley de Amparo, ya que, en esta hipótesis se trata del desechamiento de la demanda y por ende no se proveyó respecto del reconocimiento de partes, acorde al artículo 5 del ordenamiento legal de la materia. En consecuencia, ríndase el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en el sentido de que ES CIERTO el acto, ya que mediante proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, en los términos precisados en dicha determinación. En ese orden, para efectos de la substanciación del recurso interpuesto en el presente asunto, remítase copia certificada de la totalidad de constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, por conducto de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, así como el escrito de agravios y copia de este, y comuníquesele que se encuentra habilitada la vinculación del presente expediente electrónico, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que esté en aptitud de visualizar las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ''Tijuana, Baja California, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por la parte quejosa Centro Médico Excel, sociedad civil, por conducto de su apoderado legal Francisco Manuel Valdés Cruz, en atención a la prevención formulada en auto veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés y exhibe copia certificada -entre otras- de la audiencia incidental celebrada el diecisiete febrero de dos mil veintitrés, por la Junta Especial Número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en la que se le reconoce con el carácter de apoderado legal a Francisco Manuel Valdés Cruz, de la aquí quejosa. En virtud de lo anterior, se tiene por reconocida la personalidad del promovente Francisco Manuel Valdés Cruz, en términos de la documental que anexa a su escrito de cuenta. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Ahora bien, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este Juzgado debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda1 . En esas condiciones, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 2092/2021-4B, en la que la Junta Especial Número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por The Californias Health System -Sistema de Salud de las Californias sociedad civil- y que hizo suyo la parte quejosa. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Para avalar la postura que antecede, se citan los numerales aludidos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Al respecto, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y dejan intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ningún derecho sustantivo. Esto es así, toda vez que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal1 , se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un sólo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto". Asentado lo anterior, se atiende al supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva2 . Bajo esa misma línea argumentativa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10ª.), estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Asimismo, determinó que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es dable concluir que el acto que en esta vía se reclama no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa; pues aun cuando en el caso, la parte quejosa alega violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, lo aquí reclamado sólo afecta derechos adjetivos y no irrumpió en la esfera de sus derechos sustantivos, pues la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 2092/2021-4B, en la que la Junta Especial Número Cuatro de la Local Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en la que declaró improcedente el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por The Californias Health System -Sistema de Salud de las Californias sociedad civil- y que hizo suyo la parte quejosa, sólo afecta derechos adjetivos o procesales, respecto de los cuales la doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal ha determinado que resulta improcedente el amparo indirecto3 . En virtud de lo anterior, como se anticipó, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.''

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