Centro de Ciencias del Estado de Sinaloa

Expediente 1125/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1125/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa
  • Centro de Ciencias del Estado de Sinaloa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    HA CAUSADO EJECUTORIA, la sentencia dictada en autos, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta y anexo, signado por la apoderada legal de la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa, mediante el cual informa que su representada y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, comparecieron ante la responsable a celebrar un arreglo conciliatorio, en la que se cubrió a la actora la cantidad reclamada en el juicio laboral de origen, por lo que se desistió de la demanda, acciones y prestaciones ahí reclamadas y se ordenó el archivo 724/2020 como asunto total y definitivamente concluido. Así también, refiere la autoridad responsable hizo del conocimiento de lo anterior, dentro del juicio de amparo 97/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, remitiendo copia certificada del citado convenio (del cual, la parte quejosa allega en copia simple). Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional -conforme al análisis integral del escrito de demanda- se hizo consistir en esencia en: - El acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se declaró competente para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 973/2021-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, mediante oficio 193/2022, allegó copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 784/2020 (promovido también por la tercera interesada en contra de la aquí quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa). Así también, que en las constancias indicadas en el párrafo que antecede, obra el convenio de tres de febrero del año en curso, celebrado en el juicio laboral 724/2020 (del que deriva el acto reclamado en el presente juicio), entre la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, mismo que se elevó a categoría de laudo y se ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Lo anterior, se cita como un hecho notorio, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2º. Se cita al respecto, en la idea jurídica sustancial, la tesis P. IX/2004, visible en la página 259, del tomo XIX, correspondiente al mes de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181729, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto subsiste, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, en el caso concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el particular, como se indicó previamente, se tiene conforme la certificación de cuenta, en el juicio de amparo 973/2021-III-A del índice de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, mediante oficio 193/2022, allegó al juicio referido, copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 784/2020, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que obra lo siguiente: - El convenio de tres de febrero del año en curso celebrado en el juicio laboral 724/2020 (del que deriva el acto reclamado en el presente juicio), entre la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, mismo que se elevó a categoría de laudo y se ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, al haberse ordenado el archivo como asunto total y definitivamente concluido del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado en el presente juicio, materialmente no se podría restituir a la parte solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclama. Es así, pues aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional, esto es, el acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, por haberse ordenado el archivo del expediente 724/2020, del que deriva la actuación que originó el motivo de reclamado. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si fue correcto, pues si lo que pretende la parte quejosa a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión, se ordene al Tribunal responsable, se declare incompetente para conocer del juicio laboral OPDL 1-07/2020, que originó el diverso 724/2020 del índice de la responsable y, durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional ordenó el archivo del juicio 724/2020; es inconcuso que ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra el acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se declaró competente para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO. Se instruye a la secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a ocho de abril de dos mil veintidós, en virtud de no haberse presentado la tercero interesada a notificarse personalmente el auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, previo aviso que se le dejó, de acuerdo con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de amparo, se le notifica dicha determinación por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, así como en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación, auto que en lo conducente dice: Agréguese a los autos el escrito de cuenta y anexo, signado por la apoderada legal de la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa, mediante el cual informa que su representada y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, comparecieron ante la responsable a celebrar un arreglo conciliatorio, en la que se cubrió a la actora la cantidad reclamada en el juicio laboral de origen, por lo que se desistió de la demanda, acciones y prestaciones ahí reclamadas y se ordenó el archivo 724/2020 como asunto total y definitivamente concluido. Así también, refiere la autoridad responsable hizo del conocimiento de lo anterior, dentro del juicio de amparo 97/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, remitiendo copia certificada del citado convenio (del cual, la parte quejosa allega en copia simple). Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional -conforme al análisis integral del escrito de demanda- se hizo consistir en esencia en: - El acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se declaró competente para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Ahora, de la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 973/2021-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, mediante oficio 193/2022, allegó copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 784/2020 (promovido también por la tercera interesada en contra de la aquí quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa). Así también, que en las constancias indicadas en el párrafo que antecede, obra el convenio de tres de febrero del año en curso, celebrado en el juicio laboral 724/2020 (del que deriva el acto reclamado en el presente juicio), entre la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, mismo que se elevó a categoría de laudo y se ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Lo anterior, se cita como un hecho notorio, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2º. Se cita al respecto, en la idea jurídica sustancial, la tesis P. IX/2004, visible en la página 259, del tomo XIX, correspondiente al mes de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 181729, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN." De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2o. de este ordenamiento, resulta válida la invocación de hechos notorios, aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. En ese sentido, es indudable que como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integran tanto el Pleno como las Salas de este Alto Tribunal, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar oficiosamente, como hechos notorios, los expedientes y las ejecutorias de aquéllos, como medios de prueba aptos para fundar una sentencia, sin que sea necesaria la certificación de sus datos o el anexo de tales elementos al sumario, bastando con tenerlos a la vista, pues se trata de una facultad emanada de la ley que puede ser ejercida para resolver la contienda judicial. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, pues aun cuando el acto subsiste, materialmente no puede surtir efecto legal alguno al dejar de existir el objeto o materia del mismo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, en el caso concreto sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. ) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el particular, como se indicó previamente, se tiene conforme la certificación de cuenta, en el juicio de amparo 973/2021-III-A del índice de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, mediante oficio 193/2022, allegó al juicio referido, copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral 784/2020, de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que obra lo siguiente: - El convenio de tres de febrero del año en curso celebrado en el juicio laboral 724/2020 (del que deriva el acto reclamado en el presente juicio), entre la parte quejosa Centro de Ciencias de Sinaloa y la tercera interesada Esmeralda Estrada Osuna, mismo que se elevó a categoría de laudo y se ordenó su archivo como asunto total y definitivamente concluido. En consecuencia, al haberse ordenado el archivo como asunto total y definitivamente concluido del juicio laboral de donde deriva el acto reclamado en el presente juicio, materialmente no se podría restituir a la parte solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclama. Es así, pues aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional, esto es, el acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, se tornaría jurídicamente imposible restituir a la parte promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, por haberse ordenado el archivo del expediente 724/2020, del que deriva la actuación que originó el motivo de reclamado. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si fue correcto, pues si lo que pretende la parte quejosa a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión, se ordene al Tribunal responsable, se declare incompetente para conocer del juicio laboral OPDL 1-07/2020, que originó el diverso 724/2020 del índice de la responsable y, durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional ordenó el archivo del juicio 724/2020; es inconcuso que ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra el acuerdo de seis de seis de mayo de dos mil veintiuno dictado en el expediente 724/2020, en el que el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, se declaró competente para conocer y resolver del juicio laboral OPDL 1-07/2020, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO. Se instruye a la secretaria y al oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que correspond

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de primero de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 773-A remitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el que allegó copia certificada de algunas constancias relativas al expediente que integran el expediente laboral OPDL-1-07/2020 de su índice; sin embargo, no allegó en su totalidad las constancias del mismo. Por tanto, toda vez que son necesarias la totalidad de las constancias del juicio laboral referido para la integración del presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la citada autoridaad, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS, remita copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral OPDL-1-07/2020 de su índice; APERCIBIDA que en caso de no hacerlo, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, conforme a lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que según certificación secretarial de cuenta, está programada para el día de hoy, fijándose para que tenga verificativo las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 Se instruye a la secretaría y oficial de trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios relativos. En la inteligencia que la responsabilidad de su envío efectivo recae en la actuaria o actuario de la adscripción que corresponda.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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