Cenobia Reyes Flores y Otros.

Expediente 1058/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Cenobia Reyes Flores y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guaran los presentes autos, de los que se advierte que por escrito depositado en el buzón judicial el trece de junio de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, y remitido el día siguiente por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ************ a, todas de apellidos ***********, por derecho propio, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de la autoridad y actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: "Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas." ACTOS RECLAMADOS: "La demora o bien la omisión de acordar tanto nuestra solicitud fecha a través de escrito presentado el veintiuno de abril de este año, ante la oficialía de partes de la Dirección de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas propia autoridad responsable, así como el recurso administrativo interpuesto por las aquí quejosas y que tiene estrecha relación con la solicitud mencionada." De la lectura integral de la demanda de amparo [interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado], se advierte que la parte quejosa reclama los actos que a continuación se precisan: Del Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla: a) La omisión de resolver el recurso administrativo registral ***********, interpuesto por ************, todas de apellidos *************, en contra del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla. b) La omisión de acordar el escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual ***********, todas de apellidos ************, solicitaron al Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, que resolviera el mencionado recurso administrativo registral. Establecido lo anterior, respecto de los mencionados actos reclamados se estima que se actualiza el supuesto jurídico previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual establece que se sobreseerá en el juicio de amparo, cuando de constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Para justificar lo anterior, debe decirse que para determinar la certeza o inexistencia del acto impugnado a la autoridad responsable, es necesario atender a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que se debe verificar si al momento en que se instó al tribunal de amparo, existía o no un acto u omisión de autoridad susceptible de ser examinado en cuanto a su constitucionalidad, puesto que es en ese instante cuando tiene que existir el acto reclamado, ya que el juicio de amparo procede contra actos existentes y concretos, y no probables o contingentes. Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 206346 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 3/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 79, Julio de 1994, página 15 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sobre esa base, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018, consideró que cuando las autoridades responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, dicha negativa realmente implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. En relación con lo expuesto, tratándose de actos de naturaleza omisiva, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe la omisión reclamada; además, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados Lo anterior encuentra asidero jurídico en la jurisprudencia siguiente "Registro digital: 2018110 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 99/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, página 926 Tipo: Jurisprudencia ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Establecida la premisa anterior, de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas al recurso administrativo registral *********** [documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 1291 y 2022 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de instrumentales públicas], se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veintidós, ************ todas de apellidos **************, interpusieron recurso administrativo registral en contra del acto que reclamaron del Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla. 2. Por oficio SFA-SI-IRCEP-DRPP-RPP-ATLIXCO-212/2022, de quince de marzo de dos mil veintidós, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla, remitió el aludido medio de impugnación y, además, rindió el informe correspondiente al Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla (el cual recibió éste último el diecisiete de esos mismos mes y año). 3. En memorándum ************, de ocho de diciembre de dos mil veintidós, el Director General Jurídico de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, devolvió el citado recurso administrativo, a fin de que se requiriera a los recurrentes para que, dentro del plazo de tres días, exhibieran el documento idóneo -original o copia certificada- con el que acreditaran su legitimación. 4. Por oficio SPF-SI-IRCEP-RPP-ATLIXCO-2465/2022, de trece de diciembre de dos mil veintidós, el Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Atlixco, Puebla, requirió a los recurrentes para que acreditaran su legitimación en los términos expuestos; posteriormente, el nueve de enero de dos mil veintitrés, el aludido registrador devolvió el medio de impugnación, debido a que los recurrentes incumplieron con el requerimiento. 5. Mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Director de lo Contencioso Administrativo [a través del Director General Jurídico], desechó el recurso administrativo registral, al considerar que se actualizó el supuesto contenido en el artículo 141, fracción II, inciso a, de la Ley del Registro Público de la Propiedad (resolución que se notificó el veinticuatro de esos mismos mes y año al correo electrónico que señalaron los recurrentes para recibir notificaciones en el recurso administrativo). 6. Por escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, *************, todas de apellidos ************* solicitaron al Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas que resolviera el recurso administrativo registral que interpusieron. 7. A dicho escrito le recayó el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual el Director General Jurídico de la indicada dependencia [en suplencia del Director de lo Contencioso Administrativo] informó a las recurrentes -entre otras cosas- que en diverso proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés se había desechado el medio de impugnación (acuerdo que les fue notificado al mismo correo electrónico el diecinueve de mayo del año en curso). 8. El trece de junio de dos mil veintitrés, *************, todas de apellidos *************, promovieron el presente juicio de amparo. Como puede verse, la parte quejosa reclama, por una parte, la omisión de resolver el multicitado recurso administrativo registral, y por otra, la abstención de responder el escrito que presentó el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó que se emitiera la indicada resolución. Sin embargo, como se narró, el dieciocho de enero de dos mil veintitrés, el Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas [a través del Director General Jurídico], desechó el recurso administrativo registral, al considerar que se actualizó el supuesto contenido en el artículo 141, fracción II, inciso a, de la Ley del Registro Público de la Propiedad (resolución que se notificó el veinticuatro de esos mismos mes y año al correo electrónico que señalaron los recurrentes para recibir notificaciones en el recurso administrativo). Asimismo, respecto del mencionado escrito de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, el cual el Director General Jurídico de la indicada dependencia [en suplencia del Director de lo Contencioso Administrativo] informó a las recurrentes -entre otras cosas- que en diverso proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés se había desechado el medio de impugnación (acuerdo que les fue notificado al mismo correo electrónico el diecinueve de mayo del año en curso). Por tanto, si antes de la presentación de la demanda de amparo (trece de junio de dos mil veintitrés), la autoridad responsable desechó el recurso administrativo registral y respondió el escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés -demás de que notificó a los promoventes tales determinaciones-, es evidente que las omisiones reclamadas por las peticionarias del amparo resultan inexistentes. En consecuencia, si de las constancias de autos aparece claramente demostrado que no existen los actos reclamados del Director de lo Contencioso Administrativo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone SOBRESEER en el presente juicio de amparo respecto de los actos y autoridad mencionada. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido dicen: "Época: Sexta Registro: 804176 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen XLIII, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 181 INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y nueve minutos del veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Ricardo Mora Álvarez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibidos el oficio de cuenta del Director General Jurídico de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado en suplencia del Director de lo Contencioso Administrativo de dicha dependencia, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese a conocer su llegada a las partes junto con las constancias que acompaña, para los efectos legales procedentes, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Ampro, se admiten las pruebas ofrecidas en el oficio de cuenta. Relaciónese en la audiencia constitucional. De igual forma, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo se le tiene designando como delegados a las personas que menciona en el oficio que se provee y por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. De igual forma, se le tiene haciendo valer causales de improcedencia y sobreseimiento las cuales serán analizadas al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil veintitrés. Tramitación del incidente de suspensión. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibida la copia del acuerdo dictado el trece de junio de dos mil veintitrés en el cuaderno principal del presente asunto por medio del cual se ordenó tramitar por separado el presente incidente de suspensión. Atento a lo anterior, como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 7/2023, promovido por Miriam Carrera Maceda, en contra de los actos del Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Requerimiento de informe. Con fundamento en los artículos 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, mediante oficio, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda; debiendo precisar lo siguiente: - Concretar a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyan. Expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, para el sólo efecto de resolver la suspensión definitiva en términos del artículo 140 de la ley de la materia. OPC. Convenio de interconexión. FIREL. En caso que la autoridad responsable tenga signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrá remitir el informe a través de dicho sistema, en términos de los artículos 72 Bis y 72 Ter del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá remitir a través de dicho sistema su informe justificado respectivo. Con igual fundamento, hágasele saber a las autoridades que podrá rendir su informe vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlo sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Acto reclamado. En el caso, del análisis íntegro de la demanda se advierte que Miriam Carrera Maceda, reclama en esencia de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla lo siguiente: El embargo y remate del inmueble ubicado en calle diecinueve poniente número tres mil setecientos cuatro guión uno, Colonia Belisario Domínguez, Puebla, Puebla, decretado en el juicio laboral D- 4/329/2015, del índice de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla. Efectos por el que se solicita la suspensión. Del escrito relativo a la formación del incidente de suspensión, se advierte que la parte quejosa solicita la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, no se haga anotación alguna en el Registro Público de la Propiedad en relación al bien materia de la copropiedad, y se mantenga la posesión que tiene sobre el bien inmueble. Por tanto, se proveerá solamente en relación a tal efecto, y se aplica al caso la tesis de jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro digital: 2019200 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I Materias: Constitucional Tesis: P./J. 4/2019 (10a.) Página 14 SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Requisitos de la suspensión provisional solicitada. Respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, se verificará si se satisfacen los requisitos para que se decrete la suspensión en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el agraviado. Donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie, se considera colmado este requisito, en virtud de que la parte quejosa adujo ser tercera extraña al juicio de origen y acredita indiciariamente el interés suspensional con copia del acta de matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal que celebró con el demandado en el juicio de origen Lorenzo Suárez Estrada. Dicha constancia se encuentra certificada en relación a la compulsa ordenada dentro del cuaderno principal del que deriva el presente incidente de suspensión -la cual tiene valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°-. En ese tenor, con la referida documental se acredita indiciariamente que Miriam Carrera Maceda -aquí parte quejosa- actualmente tiene derechos respecto del inmueble materia de litis en el juicio de origen. Es aplicable al caso, el criterio jurisprudencial siguiente: "Registro digital: 167346 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 515 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien". II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se sigue perjuicio al interés social cuando de concederse la suspensión se causen daños y perjuicios a la sociedad, se le prive de un provecho concreto y generalizado con la ejecución del acto reclamado, o se obstaculice directamente la satisfacción de una necesidad pública y por otra parte, al conceder la suspensión se contravienen disposiciones de orden público cuando éstas tutelen los derechos de la colectividad que tiendan a evitar un mal general o busquen satisfacer una necesidad pública y, en estos supuestos, se deben examinar los diversos grados de afectación que cause al interés de la sociedad el otorgamiento de la medida cautelar en relación con los daños y perjuicios que puede sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. En el presente asunto, no se contravienen disposiciones de orden público, ni de concederse se actuaría contrario al interés social, ya que solo se reclaman actos que afectan a los involucrados en el procedimiento de origen, y en específico a la parte quejosa, al aducir que resulta afectado el inmueble del que ostenta la posesión. Asimismo, el acto reclamado, no se encuentra dentro de las hipótesis que prevé el artículo 129 de la Ley de Amparo, en el que se señalan una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará una afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. III. Ponderación, simultáneamente, a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Debe decirse que, además de los requisitos previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el estudio que realice el juzgador para otorgar la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, no puede limitarse a esos aspectos de manera aislada, sino que se deberá atender, a lo previsto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, referente al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa; al enunciar la posibilidad de que se causen perjuicios a la parte quejoso con la ejecución del acto reclamado, conforme a una interpretación sistemática de la ley, el aspecto relativo al perjuicio que pueda parar la parte quejosa la ejecución del acto, siempre se encuentra vinculado al estudio que debe emprender el juzgador para fijar la procedencia de la suspensión. En el caso concreto, ponderando la apariencia del buen derecho y el peligro a la demora, con el artículo 138 y 139 de la Ley de Amparo, con la ejecución del acto reclamado se ocasionarían perjuicios de difícil reparación, ya que se afectarían los derechos de posesión que le corresponden a la parte quejosa respecto del inmueble materia del juicio de origen. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia siguiente: "Décima Época Registro digital: 2010818 Instancia: Plenos de Circuito Materias(s): Común Tesis: PC.III.C. J/7 K (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV. Tipo: Jurisprudencia Página 2658 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso." Se concede la suspensión provisional De conformidad con lo dispuesto en el numeral 128, 129 y 147 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional a Miriam Carrera Maceda, para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guarda y en caso de no haberse llevado a cabo, no se realice anotación alguna ante el Registro Público de la Propiedad del bien inmueble ubicado en calle diecinueve poniente número tres mil setecientos cuatro guión uno, Colonia Belisario Domínguez, Puebla; asimismo, la quejosa no sea desposeída del referido bien inmueble, Hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en el presente incidente de suspensión. En la inteligencia de que si a la fecha de presentación de la demanda de amparo ya se realizaron actos que afecten la posesión que ostenta la parte quejosa respecto del inmueble referido, la medida suspensional no surtirá efecto legal ni material alguno. En el entendido que la presente medida suspensional únicamente surtirá efectos respecto de las autoridades señaladas como responsables y de los actos reclamados que deriven del juicio laboral D- 4/329/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, y no por otro procedimiento o autoridades diversas. Sin que sobre precisar que si bien la ejecución de las sentencias es de orden público, sobre lo cual, por regla general no es posible la paralización del mismo, lo cierto es que cabe la excepción cuando la parte quejosa se ostenta como tercero extraña al juicio de origen, dado el desconocimiento del mismo, por lo que resulta viable la suspensión de dicho procedimiento, una vez que se satisfagan los requisitos previstos en la legislación correspondiente, como en el caso acontece y ha quedado establecido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada: "Registro digital: 187053 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XVII.4o.1 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Abril de 2002, página 1364 Tipo: Aislada "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SI EL QUEJOSO ES TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO, PROCEDE SU CONCESIÓN. El interés público que existe para que se cumplimenten las sentencias ejecutorias, sólo subsiste cuando lo resuelto en éstas constituye la verdad constitucional y legal para el quejoso; pero tal interés no surge cuando la resolución jurisdiccional carece de la fuerza legal, definitiva e inmodificable que le atribuye la ley frente a las partes litigantes, porque al continuar sub júdice la decisión de los tribunales, ya no puede representar válidamente la verdad de la ley ante la sociedad, como sucede cuando en un juicio de amparo indirecto se reclaman los actos de ejecución de una sentencia, ostentándose el peticionario de la suspensión del acto reclamado como tercero extraño al juicio, caso en que resulta procedente otorgarle la suspensión provisional de los actos reclamados emitidos dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia, si se satisfacen los demás requisitos fijados en la ley, pues no existe esa vinculación definitiva y total de la resolución para con el quejoso." Garantía suspensional Esta suspensión surte efectos, hasta en tanto se dicte la resolución definitiva en el presente incidente de suspensión; pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días siguientes a aquél en que quede legalmente notificado de este proveído, a su nombre, y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de esta ciudad, por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos, cero centavos moneda nacional), a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con la concesión de esta medida pudieran ocasionarse a la parte tercera interesada, con fundamento en los artículos 132, de la Ley de Amparo y 107, fracción X, constitucional. En la inteligencia que la cantidad se fijó de manera discrecional y tomando en consideración el parámetro objetivo, consistente en los indicadores estadísticos judiciales relativos al tiempo promedio de duración de los amparos indirectos y su revisión en el Sexto Circuito (9.28 meses). Siendo este plazo adecuado y suficiente, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso, la naturaleza de las violaciones reclamadas, las características intrínsecas del asunto (como lo es el grado de dificultad y/o complejidad de los temas involucrados y si son novedosos o no), ya que se trata de la materia agraria. Sirve de apoyo, por identidad de razón, las tesis siguientes: "Época: Décima Registro: 2001334 Instancia: Primera Sala Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 1, Agosto de 2017 Materia(s): Común Jurisprudencia: 1a./J. 46/2012 (10a.) Página: 363 GARANTÍA PARA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO INDIRECTO. PLAZO TENTATIVO PARA EL CÁLCULO DEL TIEMPO DE DURACIÓN DEL JUICIO CUANDO SEA NECESARIO PARA FIJAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN. Atento a lo dispuesto en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado en el amparo indirecto está condicionada a que la quejosa otorgue una garantía bastante para reparar la posible afectación patrimonial que con dicha figura jurídica se pudiera causar al tercero perjudicado en el caso de que no se obtenga una sentencia protectora, y para ello puede resultar necesario calcular, en cada caso, un plazo probable para la tramitación y resolución del juicio, ello ante la imposibilidad de previsión legal y jurisprudencial de fijar un plazo fijo, pues no todos los asuntos revisten el mismo grado de dificultad y no todos los órganos jurisdiccionales se encuentran en iguales condiciones de operatividad. Sin embargo, tal imposibilidad no implica que no pueda establecerse un plazo tentativo que derive de un parámetro objetivo, constituido éste por los resultados de operatividad de los órganos jurisdiccionales, pues con tales resultados puede calcularse el tiempo promedio de resolución de los amparos indirectos en una época y en un Circuito determinados. En ese entendido, debe atenderse a los datos estadísticos que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del tiempo promedio de resolución de los juicios de amparo indirecto en ambas instancias, y a fin de fijar el plazo en meses calendario, por ser ésta la costumbre en la práctica judicial en este tema, procede dividir esa cantidad entre treinta, que son los días promedio que tienen los meses del año, lo que dará un total calculado en meses, que serán los que deben considerarse como plazo tentativo para la conclusión del juicio, y la estimación de si ese plazo es adecuado, insuficiente o excesivo para cada caso particular, es parte de la facultad de quien decida sobre la suspensión, facultad que deberá ejercerse de manera adecuada, racional y lógica, con base en una apreciación de las circunstancias propias del caso concreto, atendiendo -entre otros- a la naturaleza de la violación y a las características intrínsecas del asunto, como lo son la dificultad jurídica y la complejidad de los temas que involucra; si han sido abordados previamente o si son novedosos." En el entendido, de que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este deberá ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, esto de conformidad con el artículo 52, fracción I, del mencionado Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; con la aclaración de que este Órgano Jurisdiccional, no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones, pues dicho depósito no los genera, lo que deberá asentarse en el documento que se exhiba; igualmente, la parte que exhiba el depósito respectivo, en términos del artículo 32 del acuerdo antes aludido, deberá manifestar expresamente si en tal supuesto otorga su autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la Institución crediticia depositaria información que le permita el control de dichos depósitos; por lo que en su caso, dicho billete debe ser exhibido con la leyenda que contenga la autorización expresa. Por otra parte, en caso de que el documento descrito en el párrafo que antecede adolezca de la leyenda de mérito, queda a cargo de la parte quejosa la inserción de la misma y no a cargo de este órgano jurisdiccional. Es aplicable al caso, la tesis y jurisprudencia siguientes: "Época: Novena Registro: 191770 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: XI, Mayo de 2000 Materia(s): Común Jurisprudencia: 2a. LIII/2000 Página: 315 SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta." "Época: Novena Registro: 202563 Instancia: Tribunales Colegiado de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J/3 Página: 315 SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." Leyenda del billete de depósito Asimismo, se destaca que en caso de que la garantía sea exhibida en billete de depósito, el mismo deberá de ser requisitado con la leyenda: "para que surta sus efectos la suspensión provisional concedida a Miriam Carrera Maceda en el incidente de suspensión 7/2023, a fin de garantizar daños y perjuicios a terceros." Integración de expediente físico Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las pareas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, obrará en el expediente físico únicamente la papeleta de turno, la demanda de amparo, el presente acuerdo, y las demás constancias presentadas físicamente, así como las notificaciones que se realicen de la misma forma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Cynthia Bello López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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