Cemex, S.A.B. de C.V.

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Cemex, S.A.B. de C.V.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo promovida por ***, quien se ostenta como apoderado jurídico de la sociedad mercantil denominada ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y en específico la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a ******, quien se ostenta como apoderado jurídico de ****************, para dar estricto y cabal cumplimiento a la prevención que se le hiciera por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil veintidós, sin que diera cumplimiento a lo ordenado. En esas condiciones, se tiene por no interpuesta su demanda de garantías.

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ****** en su carácter de apoderado jurídico de la sociedad mercantil *******, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 151. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Visto el contenido de la razón actuarial que antecede se advierten los motivos que tuvo el actuario judicial adscrito para notificar en forma personal al quejoso, el contenido del proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, dictado en los autos del presente juicio de derechos. En consecuencia, procédase a notificarle el contenido del referido proveído por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por la fracción por la fracción I, inciso b) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto designe nuevo domicilio en esta ciudad para tales efectos. ACUERDO DE VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS: Visto el escrito de la demanda suscrito por *******, quien se ostenta como apoderado jurídico de la sociedad mercantil denominada "*****, S.A.B de C.V", contra actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el consecutivo 1173/2022-6 A efecto de mejor proveer y con fundamento en los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a *****, para que dentro del término de cinco días contados a partir de la legal notificación de este proveído, con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas y cada una de las partes, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. Tomando en consideración que el escrito de demanda lo promueve *********, en su carácter de apoderado jurídico de la sociedad mercantil denominada ******** S. A. B de C. V., sin embargo no acredita la representación que ostenta; en tal virtud, requiérasele para que en el término de cinco días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite su personalidad, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis número P./J. 110/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 192848, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Noviembre de 1999, materia civil, página 30 que dice: "MANDATO. EL MANDATARIO CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS NO PUEDE SUSTITUIRLO, SIN CONTAR CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO. No está incluida la facultad de sustituir el poder en el que se otorgue con todas las facultades generales para pleitos y cobranzas, sin limitación alguna. La etimología de la palabra mandato manum datio o "dar la mano" es reveladora de la naturaleza de este contrato, que involucra como elemento fundamental la confianza que el mandante deposita en el mandatario; se trata de un contrato intuitu personae, que se celebra en atención a las calidades o cualidades del mandatario, lo que equivale a decir que una persona nombra a otra su mandatario, porque esta última cuenta con características personales que permiten al mandante confiarle la celebración de un acto jurídico. Dentro de las obligaciones del mandatario, figura el deber de realizar personalmente su encargo, y sólo con autorización expresa del mandante podrá delegar o transmitir su desempeño; de ahí que la facultad del mandatario para encomendar a terceros el desempeño del mandato deba estar consignada de manera expresa en el documento en que se otorgue el mandato, sin que pueda estimarse implícita dentro de las facultades generales para pleitos y cobranzas; además, tal sustitución no forma parte de la generalidad en el mandato, que se traduce en que el mandatario tenga las facultades correspondientes al tipo de mandato; en el caso del otorgado para pleitos y cobranzas, las necesarias para iniciar, proseguir y concluir un juicio en todas sus instancias, que es el propósito natural al otorgar este tipo de poderes." SEGUNDO.- Así las cosas, se requiere al promovente para que al momento de cumplir con la anterior prevención, exhiba copias correspondientes, ello con fundamento en el numeral 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, en los mismos términos que el criterio jurisprudencial anterior, la jurisprudencia P./J. 36/2001, publicada en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Apercibido que de no cumplir con las anteriores prevenciones, se procederá en términos del precepto 114 de la Ley de Amparo. Sanciones por hechos falsos. También se hace del conocimiento al quejoso que el artículo 261, fracción primera, de la Ley de Amparo, prevé sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, para el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Álvaro Efraín Perales Treviño, Jorge Rojas Garza, Renato Briseño Ibarra Juan Carlos Méndez Garza, Oscar Tadeo Ojeda Martínez y Octavio Hernández Roncón, en virtud de que tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y, en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a la otra personas que alude en el mismo, al no tener registrada su cédula en el citado sistema; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. EXHORTACIÓN A TRAMITRAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del c Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente

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