Cemex, S.A.B. de C.V.

Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
348/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Cemex, S.A.B. de C.V.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el dieciséis de los actuales, causó ejecutoria la resolución que sobreseyó el juicio; por tanto, dado que carece de objeto que continúe en este juzgado el tomo de constancias que anexó a su informe justificado la Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez (antes delegación Oaxaca) de la Procuraduría Federal del Consumidor; devuélvase a la citada autoridad solicitando el acuse de recibo correspondiente. Cúmplase.

  2. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se sobreseyó en el juicio de amparo, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    MESA IV "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 348/2021. R E S U L T A N D O (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de forma precisa y clara los actos reclamados. Se tienen como actos reclamados: 1.- No tener por válida la comparecencia de CEMEX, SAB DE CV, por conducto de su representante legal vía (telefónica), desde las oficinas de la Delegación de Procuraduría Federal del Consumidor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el expediente PFC.OAX.B.3/000480-2020. 2.- La multa de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) impuesta a CEMEX, SAB DE CV. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona "Benito Juárez" (antes delegación Oaxaca) de la Procuraduría Federal del Consumidor, aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió. Constancias que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, en conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado, consistente en no tener por válida la comparecencia de CEMEX, SAB DE CV, por conducto de su representante legal vía (telefónica), desde las oficinas de la Delegación de Procuraduría Federal del Consumidor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el expediente PFC.OAX.B.3/000480-2020, este órgano jurisdiccional estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, este último interpretado en sentido contrario. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De los dispositivos legales transcritos se advierte que, tratándose de actos, omisiones o resoluciones provenientes de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, el amparo en la vía indirecta es procedente únicamente en dos supuestos: 1. Cuando se trata de la resolución definitiva. 2. Contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Este supuesto de procedencia para el juicio de amparo biinstancial, se apoya en el principio de economía procesal que tiene por objeto evitar la proliferación o cadena interminable de amparos promovidos en contra de diversas actuaciones suscitadas en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Con ello, el legislador pretende impedir que las partes dentro de los procedimientos de esta naturaleza puedan intentar la acción de amparo tantas veces como violaciones se cometan en los mismos, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. Además, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los actos de imposible reparación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013 (en la que analizó los actos relativos a la personalidad), consideró que las fracciones III y V del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, son precisas para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación"; la primera de las fracciones dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; y, la segunda, dirigida a normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Estimó el Máximo Tribunal del País, que con base en esas disposiciones el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con base en lo anterior es posible concluir que el acto reclamado por el impetrante del amparo, que hizo consistir en no tener por válida la comparecencia de CEMEX, SAB DE CV, por conducto de su representante legal vía (telefónica), desde las oficinas de la Delegación de Procuraduría Federal del Consumidor en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la audiencia de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, en el expediente PFC.OAX.B.3/000480-2020, si bien es un acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues el procedimiento que se ventila ante la responsable, se encuentra previsto en los artículos del 111 al 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, no es un acto de aquellos que la ley califica como definitivo, al no poner fin a una instancia; sino que es un acto intermedio dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual no goza de autonomía frente al procedimiento de queja que se instó ante la responsable, y por ende, no es de imposible reparación, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, pues no impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo, ya que dicho perjuicio, eventualmente podría ocasionarse, en su caso, hasta que se emita el dictamen correspondiente en relación al incumplimiento que se atribuye a la parte proveedora. Máxime que, en el caso de que la resolución definitiva que se llegase a emitir en ese procedimiento administrativo, sea desfavorable a los intereses del peticionario del amparo; el inconforme tiene expedito su derecho para hacer valer la acción que corresponda, en la cual podrá hacer valer todas aquellas violaciones procesales que estime pertinentes, mismas que a su juicio, trascendieron al resultado del fallo. Por tanto, en el caso, no se actualiza el supuesto de procedencia del amparo a que se refiere el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, lo que informa la jurisprudencia sostenida por el Pleno del Decimoquinto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: PC.XV. J/19 A (10a.), página 1673, con número de registro 2012123, cuyo rubro y texto señalan: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEFINITIVA DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA ESTATAL O MUNICIPAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE INICIO QUE NIEGA DECLARAR PRESCRITAS LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD SANCIONADORA PARA INICIARLO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD. El artículo 22, fracción IX, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, establece que las Salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo son competentes para conocer de los juicios que se promueven contra actos o resoluciones definitivas; por tanto, éste es improcedente contra la resolución dictada en la audiencia de inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva de los miembros de las instituciones policiales de la entidad y las dependencias de la administración pública centralizada estatal o municipal, con motivo de la prestación de sus servicios, en la que se niega declarar prescritas las facultades de la autoridad sancionadora para iniciar el procedimiento relativo, en virtud que no es un acto de aquellos que la ley califica como definitivo, al no poner fin a una instancia; sino que es un acto intermedio dictado dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, el cual no goza de autonomía frente al procedimiento de separación indicado." Asimismo, sustenta las anteriores consideraciones la tesis XXI.4º.12 A sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1654 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, Materia Administrativa, Novena Época, con rubro y texto siguientes: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LA AUDIENCIA CONCILIATORIA CELEBRADA ANTE DICHO ORGANISMO NO AFECTA INTERESES JURÍDICOS DEL QUEJOSO, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. El procedimiento conciliatorio a que se refieren los artículos 111 y 116 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tiene como finalidad procurar avenir los intereses de las partes y se inicia mediante la celebración de una audiencia de conciliación, que incluso podrá realizarse vía telefónica o por otro medio idóneo, donde el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe que previamente se hubiere solicitado al proveedor, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, exhortándolos para llegar a un arreglo, para lo cual presentará una o varias opciones de solución al problema. De ello puede concluirse, que el acto reclamado consistente en la audiencia de inicio del procedimiento conciliatorio de que se trata, no afecta los intereses jurídicos de la quejosa, pues dicho procedimiento tiene como única función avenir a las partes a fin de que lleguen a un arreglo favorable y no dirimir una controversia que tenga como consecuencia la afectación o agravio subjetivo público, lo cual se puede evidenciar con lo dispuesto en el artículo 113 de la ley mencionada, en el sentido de que la audiencia conciliatoria se efectuará sin prejuzgar sobre el conflicto materia de la queja; por tanto, lo actuado en la diligencia no ocasiona perjuicio a la impetrante de amparo y, en consecuencia, es improcedente el juicio de garantías en su contra." En esas condiciones, ante la actualización de la causal de improcedencia que se analiza lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la multa de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) impuesta a CEMEX, SAB DE CV, en el presente caso, de oficio este Juzgado advierte se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de Ley de Amparo, y para mejor entendimiento de lo anterior, resulta hacer un análisis de la porción normativa en comento, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Además, debe tomarse en cuenta la fracción IV, del artículo 107, constitucional; a saber: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." El texto de los preceptos trascritos consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances y sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; es decir, implica que previo al juicio de garantías, deben agotarse los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado, para cumplimentar el principio de definitividad del juicio de amparo. Además, se prevén como excepción a dicho principio de definitividad: a) que el acto reclamado carezca de fundamentación, no obstante que en el informe justificado la autoridad responsable señale su fundamentación y motivación; b) que únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal; y, c) que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. De modo que el particular que resienta una afectación en su esfera jurídica está obligado, antes de acudir al juicio de garantías, a agotar los medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto que le cause tal afectación, siempre y cuando se reúnan los requisitos que establece el antes invocado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ahora bien, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. En relación con lo anterior, es importante destacar que en materia administrativa, cuando los actos son emitidos por autoridades distintas a las judiciales -como sucede en el caso- en ocasiones existe la posibilidad de su impugnación en la propia sede administrativa, generalmente ante el superior jerárquico o autoridad designada por la norma para conocer del recurso relativo, o bien, a través del juicio de nulidad ante los tribunales contenciosos administrativos instituidos para tal efecto, siendo factible que, por su distinta naturaleza impugnativa, es posible que los recursos administrativos y los juicios de anulación no se encuentren regulados en un mismo ordenamiento legal. Correlativo a ello, los artículos 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como los diversos 83, 86 y 87 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, respectivamente, establecen lo siguiente: "ARTICULO 135.- En contra de las resoluciones de la Procuraduría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta ley y demás derivadas de ella, se podrá interponer recurso de revisión, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." Artículo 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. (.) (.). Artículo 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece, entre sus hipótesis de procedencia varios supuestos de actos administrativos y recursos resueltos en sede administrativa tendentes a revocar, modificar o nulificar dicho acto, como se aprecia: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal.". De estos numerales se puede obtener que, contra las resoluciones dictadas por la Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona "Benito Juárez", en un procedimiento administrativo -en el caso la imposición de una multa- procede el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, o en su caso, intentar la vía jurisdiccional que corresponda; donde además es posible decretar la suspensión del acto controvertido. Así, las hipótesis de procedencia tanto del recurso de revisión en sede administrativa y del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecidas en los preceptos legales anteriormente destacados, actualizan la existencia de un medio ordinario de defensa susceptible de revocar, nulificar o modificar los actos administrativos enumerados en ellas, al constituir la ley que los rige, por cuanto a que los regula y alude a ellos de manera específica y expresa, al colmar las hipótesis y consecuencias jurídicas que producen en la esfera del particular, esto ocurre aun cuando se encuentren en un ordenamiento legal diverso al que motivó la emisión del acto, debiendo concluir que con ello se satisfacen los requisitos previstos para considerar al citado juicio de nulidad un medio impugnativo regido o establecido en una ley formal y material. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la multa de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) impuesta a CEMEX, SAB DE CV, impuesta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, por la autoridad responsable Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona "Benito Juárez", en el expediente PFC.OAX.B.3/000480-2020. Atento a lo anterior, se estima que el referido acto de autoridad, previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del recurso de revisión o mediante el procedimiento contencioso administrativo en términos de los invocados artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor o de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 395, Tomo V, marzo de 1997, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que es del rubro y texto siguientes: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS. De conformidad con el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, las multas por infracción a normas administrativas federales, tienen el carácter de aprovechamientos, no así de contribuciones, las que, por su parte, se encuentran previstas por el artículo 2o. de dicho código. El artículo 135 de la Ley de Amparo vigente, no alude a créditos fiscales en general, sino a una de sus especies: las contribuciones, por lo que excluye de su contenido a los aprovechamientos, entre los que se encuentran las multas administrativas. De conformidad con el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, para suspender la ejecución de una multa no fiscal, como lo es la impuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor, sólo debe garantizarse el interés fiscal, el cual se constituye únicamente con el monto de la sanción impuesta, pues las multas no fiscales no causan recargos, de acuerdo con la parte final del artículo 21 de dicho código. En materia de amparo, la suspensión que, en su caso, proceda contra el cobro de dichas multas, debe regirse, no por la regla especial prevista por el artículo 135 del propio ordenamiento, sino por las reglas generales contenidas en los artículos 124, 125 y 139 de la ley de la materia, al no participar las indicadas multas administrativas del carácter de contribuciones, sino de aprovechamientos. Así, de acuerdo con los tres últimos numerales, para conceder la suspensión definitiva, se exige: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que con la ejecución del acto reclamado se causen al quejoso daños y perjuicios de difícil reparación; y que el peticionario otorgue garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero, en caso de que el quejoso no obtuviera sentencia favorable en el juicio de amparo; entendiendo por tercero, para este efecto, cualquier persona física, persona moral privada u oficial, que tenga un interés contrario al quejoso. De acuerdo con lo anterior se concluye que conforme al principio de definitividad que rige al juicio de garantías, contenido parcialmente en la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de acudir al amparo contra las multas administrativas, éstas deben ser impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación, ya que a través del juicio de nulidad fiscal puede lograrse su modificación, revocación o nulificación, y para suspender su ejecución, el Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva." De igual forma es aplicable la jurisprudencia que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constitucional y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. En estas condiciones, debe decirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando no se ha agotado, previamente, el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la propia ley. Ello es así, porque al establecerse en el diverso artículo 87 de la citada ley, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho recurso, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo, pues la circunstancia de que se condicione la medida cautelar a que el recurso sea procedente, no constituye un requisito adicional a los señalados por el artículo 124 de la ley últimamente citada para su concesión, ya que aun cuando en este numeral no se exige que la demanda de garantías sea procedente para conceder la suspensión, el Juez de Distrito al recibirla está obligado, en términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la ley de la materia, a atender previamente a cualquier otra cuestión, a su procedencia y después a la medida suspensional, pues de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado." Máxime que, en ambos casos, esto es, el recurso de revisión, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sobre lo cual la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige a los juicios de nulidad que se promuevan ante el citado tribunal, prevé la suspensión de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia que dice: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia aludida, en razón de que el acto que tilda de inconstitucional el quejoso, lo atribuye a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que debe ser revisado conforme a las leyes que rigen tal acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; lo que implica que el peticionario del amparo no agotó el principio de definitividad antes de acudir al juicio constitucional. En la inteligencia que no se está ante los supuestos de excepción a que alude el propio numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo, relativos a que el acto reclamado carezca de fundamentación, pues no señala que el acto reclamado adolezca de esos requisitos formales, ni se aprecia argumento que lo sustente. Además, cabe señalar, no se materializa el supuesto de excepción en el sentido de que los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encontraran previstos en un reglamento; pues como se vio, se trata de una ley formal donde se establece su existencia. Tampoco se actualiza la diversa excepción prevista en el artículo 61 fracción I y XI, último párrafo de la ley de la materia, en virtud de que la demanda no se promovió contra una ley con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, sino contra una determinación que puso fin a un procedimiento. De modo que, si el ahora quejoso no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad; es incuestionable, que, para efectos del juicio de amparo, debió de agotar el medio defensa descrito. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, del citado ordenamiento. QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por (.), por conducto de su apoderado legal Carlos Mauricio Guillén Guillén, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y regístrese.

  4. Principal

    MESA IV "... En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con cuatro minutos del trece de julio de dos mil veintiuno, hora y día señalados en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, José Alberto Morelos Gómez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado CCJ/ST/2061/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, signado electrónicamente por el Secretario Técnico de la citada Comisión, quien actúa asistido del licenciado Porfirio Santos Matías, Secretario de Juzgado que autoriza la actuación y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de los plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 5/2021 del citado órgano colegiado. Acto continuo, el Secretario de Juzgado relaciona las constancias de autos y hace constar que las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la publicación de datos personales; el Secretario encargado del despacho acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, para los efectos legales consiguientes y respecto a la publicación de datos personales acuérdese lo conducente en la etapa considerativa de la sentencia. Abierto en periodo de probatorio se hace constar que la parte quejosa y autoridades responsables 1. Directora de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Benito Juárez de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 2. Juez Primero Civil de Etla, Oaxaca, anexaron a su demanda e informes justificados, respectivamente, documentales que tienen relación con el acto reclamado; el Secretario encargado del despacho acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas relacionadas. Enseguida, se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que la parte tercera interesada los expresó mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veintiuno; el Secretario encargado del despacho acuerda: téngase por formulados los alegatos del tercero interesado; con lo anterior se declara cerrado este periodo y se procede a dictar sentencia Lic. José Alberto Morelos Gómez Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca encargado del despacho por vacaciones de la Titular Lic. Porfirio Santos Matías Secretario de Juzgado Porfirio Santos

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