Celvia Oneyda Chable Cach

Expediente 726/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
726/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
09/12/2016

Partes del expediente

  • Celvia Oneyda Chable Cach

Actuaciones

  1. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de nueve de diciembre del año en curso, el cual en lo conducente dice: Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintinueve de noviembre del actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de la propia fecha, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a través del cual remite diligenciado el exhorto 295/2016 (1051), mismo que se envió para efecto de notificar a la quejosa el proveído de trece de septiembre de la presente anualidad; acúsese recibo y dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que la promovente solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL" Ahora bien, se levanta la reserva decretada en auto de diecisiete de noviembre la presente anualidad, por tanto, en atención a su contenido se provee: téngase por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis, e informa la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Ahora bien, este Juzgado Federal considera que dentro del presente se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, con relación a la diversa fracción X, ambas de la Ley de Amparo, que establecen literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." (Énfasis añadido) Para que opere la causa de improcedencia a que alude la fracción XI en estudio, deben cumplirse con las condiciones legales que tal fracción establece y son: que se hubiere promovido un diverso juicio de amparo por el mismo quejoso, que en dicho sumario se reclamen los mismos actos a las propias autoridades, no obstante que las violaciones constitucionales sean diversas, que se hubiere resuelto en definitiva tal sumario y hubiere causado ejecutoria la sentencia de que se trate. Conforme a lo anterior, es jurídicamente válido concluir que la razón de dicha causa de improcedencia, es evitar que se tramiten tantos juicios al arbitrio del quejoso, contra el mismo acto reclamado, pues esto podría dar lugar a sentencias contradictorias. Por lo que, si la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto fue analizado en un diverso sumario, la controversia no debe plantearse nuevamente, pues ello abriría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias y a la proliferación superflua de juicios de amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO. a).- Del C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DE IRAPUATO GUANAJUATO. Señalado como autoridad ordenadora reclamo: El acuerdo dictado en el laudo de fecha 29 veintinueve de mayo del año 2015 dos mil quince, relativa a la de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, donde La Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Irapuato Guanajuato, emite un Acuerdo que en el laudo en el resultando primero que textualmente en su parte conducente dice: (Transcripción) Lo manifestado anteriormente por el presidente de la junta es completamente falso YA QUE NUNCA ME ENTERÉ, por lo mismo se desprende que no he sido emplazo personalmente, ya que no me llevaron estas notificaciones a mi domicilio en Zamora Michoacán, tal y como lo manifiesta. Aclaro que en ningún momento he dado ni firmado ningún poder a abogado alguno para que me represente. Por lo que solicito se giren atentas órdenes a quien corresponda para verificar mi firma en caso de que fraudulentamente aparezca alguna." Al C. Actuario señalado como autoridad ejecutora reclamo: a).- La ilegalidad del emplazamiento y La falta de la debida notificación en su diligencia como ejecutor del requerimiento de pago y embargo practicado con fecha 1 de septiembre de 2016, en ****** en Zamora, Michoacán, donde presuntamente dice que fueron a notificar, Y ESE YA NO ES MI DOMICILIO DONDE ACTUALMENTE RADICO, Y DESCONOSCO CON QUIEN TRATARON ESTA DILIGENCIA. ya que yo en lo personal en esta fecha no me encontraba en Zamora Michoacán, en esas fechas, me encontraba en la ciudad de zapotlanejo Jalisco, ya que fuimos de compras con familiares de la esposa de mi hijo *****, y aprovechamos para escuchar por televisión, el informe presidencial. De nuestro mandatario el Presidente enrique peña nieto. Así como tampoco lo es el domicilio para oír toda clase de notificaciones vía exhorto, el que manifiesta el señor *****, en su escrito inicial de demanda ya que menciona como mi domicilio ***** DE LA CIUDAD DE ZAMORA MICHOACÁN. Como se puede apreciar es una persona que manifiesta pura falsedad. Así también y en tal virtud que dentro del citado expediente, no he sido emplazada en los debidos términos, que contempla el numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que en la presente e infundada controversia, hiciera valer mis derechos.". Aseveraciones que constituyen una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y por tanto se traducen en prueba plena en contra de quien las declara, de conformidad con el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Como puede observarse, la quejosa acude a instar juicio de amparo, en contra del laudo de veintinueve de mayo de dos mil quince, del índice de la Junta de Conciliación y Arbitraje de esa ciudad, respecto del cual se ostenta como tercero extraña, pues afirma, no fue llamada al mismo y por ende, refiere desconocer toda actuación emitida en él. Sin embargo, después de haber hecho una revisión minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como se advierte de la certificación de cuenta, se desprende que existe el diverso juicio de amparo registrado bajo el número 29/2016-VIII, del índice del Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en esta ciudad, promovido por *****, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y por el Actuario adscrito a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Zamora, Michoacán; mismo que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 74/2006, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página 963, tomo XXIII, junio de 2006, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Asimismo, sirve de sustento la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, localizable a página 2181, tomo III, Agosto de 2015, Décima Época, materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión.". Ahora bien, dicho juicio lo promovió en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- Señalo como autoridad ordenadora al C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DE IRAPUATO GUANAJUATO. (.); b).- como EJECUTORA al C. ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, EN SU CALIDAD DE MINISTRO EJECUTOR con domicilio en (.) en Zamora Michoacán. 4.- ACTO RECLAMADO. a).- Del C. PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN DE IRAPUATO GUANAJUATO. Señalado como autoridad ordenadora reclamo: El acuerdo dictado en el laudo de fecha 29 veintinueve de mayo del año 2015 dos mil quince, relativa a la de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, donde La Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje de Irapuato Guanajuato, emite un Acuerdo que en el laudo en el resultando primero que textualmente en su parte conducente dice: (Transcripción) Lo manifestado anteriormente por el presidente de la junta es completamente falso ya que no he sido emplazo (sic) personalmente, ya que no me llevaron estas notificaciones a mi domicilio en Zamora Michoacán, tal y como lo manifiesta. Al C. Actuario señalado como autoridad ejecutora reclamo: a).- La ilegalidad del emplazamiento y La falta de la debida notificación en su diligencia como ejecutor del requerimiento de pago y embargo practicado con fecha 3 de diciembre de 2015, en ***** en Zamora, Michoacán, donde presuntamente dice que fueron a notificar, Y ESE YA NO ES MI DOMICILIO DONDE ACTUALMENTE RADICO, Y DESCONOSCO (SIC) CON QUIEN TRATARON ESTA DILIGENCIA. Ya que yo en lo personal en esta fecha no me encontraba en Zamora Michoacán, en esas fechas, me encontraba en la ciudad de monterrey Nuevo León, en casa de mi hermana *****, para pasar las fiestas navideñas. Asi (sic) como tampoco lo es el domicilio para oír toda clase de notificaciones via (sic) exhorto, el que manifiesta el señor *****, en su escrito inicial de demanda ya que menciona como mi domicilio ***** DE LA CIUDAD DE ZAMORA MICHOACÁN. Como se puede apreciar es una persona que manifiesta pura falsedad. Así también y en tal virtud que dentro del citado expediente, no he sido emplazada en los debidos términos, que contempla el numeral 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que en la presente e infundada controversia, hiciera valer mis derechos.". De la transcripción anterior se advierte que el inmueble que defendió en aquél juicio de amparo, lo constituye el mismo que describe en la demanda de amparo de cuenta, a saber, el ubicado en ***** en Zamora, Michoacán. Por otra parte, del Juicio de Amparo aludido, se advierte lo siguiente: Mediante auto de quince de enero de dos mil dieciséis, el Juzgado Noveno de Distrito de esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la aquí quejosa, registrándola con el número 29/2016-VIII; Así, por sentencia de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se resolvió sobreseer el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo; así como la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII artículo 61 de la Ley de Amparo. Inconforme, con dicha resolución la parte quejosa, interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia; por tanto, en auto de veinte de junio de dos mil dieciséis, se recibió la comunicación del Tribunal de Alzada, informando que se desechó por extemporáneo y causó estado el recurso interpuesto; quedando firme la resolución recurrida, misma que causó ejecutoria en esa misma fecha y se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo 29/2016-VIII. Expuesto lo anterior, se obtiene que la parte quejosa, a través de la demanda admitida el quince de enero de dos mil dieciséis, ya había acudido en defensa de los actos de ejecución que tuvieran por efecto privarle del inmueble que detalla en su demanda de amparo, y respecto del cual se aduce ser propietaria. Actos que fueron reconocidos por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y por el Actuario adscrito a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Zamora, Michoacán, derivados del juicio laboral número *****; pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, y al remitir las constancias que acreditaron su dicho. Bajo esa premisa, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, con relación a la X, ambas de la Ley de Amparo, toda vez que, como ha quedado demostrado, la accionante del amparo, en la demanda que se analiza, pretende combatir de nueva cuenta los actos de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral *****, del índice de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, de los que ya había tenido conocimiento y que fueron materia del diverso juicio de amparo 29/2016-VIII del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. Sin que obste a lo anterior, que la sentencia dictada en el aludido juicio de amparo 29/2016-VIII, haya decretado el sobreseimiento del juicio, toda vez que la causa de improcedencia de cosa juzgada no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoriada se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, como en el caso aconteció; consecuentemente, tales actos no pueden ser desconocidos en el juicio de amparo que ahora se intenta. Es decir, tal y como se advierte de la sentencia dictada en autos del juicio de amparo 29/2016-VIII, del índice del Juzgado Noveno de Distrito de esta ciudad, en la misma, se desvirtuó el carácter de tercera extraña por equiparación con el que acudió a esa Litis la quejosa, asimismo, se le hizo saber que para combatir la determinación ahí reclamada tenía a su alcance diverso medio de defensa, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones. Por lo que, si al acudir a esta instancia constitucional, la quejosa se ostenta de nueva cuenta con el carácter de tercera por equiparación, es evidente que se trata de idénticos actos a los reclamados en el diverso juicio de amparo, tal como se dilucidó en párrafos precedentes; y por ende, este Juzgador ya no puede entrar al estudio de constitucionalidad de dichos actos, pues, en un diverso juicio de amparo ya se determinó que la quejosa no es tercera extraña al procedimiento de origen, lo que hace inejercitable su acción de amparo en los mismos términos en que lo hizo en el diverso juicio del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Distrito de Guanajuato. Apoya lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVIII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 524, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Diciembre de 2012, Décima Época, que enseguida se transcribe: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XI, con relación a la diversa fracción X, ambas de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por *****, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue formulado en proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis; sin embargo, este juzgado federal se reserva proveer lo conducente hasta en tanto obre en el presente sumario constitucional las constancias relativas al exhorto 295/2016 (1051), del índice de este juzgado, del cual acuso de recibo el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, a efecto de notificar a la parte quejosa el citado proveído.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda que promueve ***, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 726/2016-V, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, antes de proveer sobre su admisión, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, se requiere a la promovente, para que en el término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y consciente de las sanciones previstas por el numeral 261 del ordenamiento legal invocado para quienes al formular su demanda afirman hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el amparo que se promueve, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: 1)Precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; lo anterior, toda vez que de los antecedentes de su demanda de garantías, se advierte que señala como fecha de conocimiento del mismo, una fecha inexistente, pues al efecto manifiesta lo siguiente: "1.- manifiesto que por amistades me enteré, de que andaban buscándome personas extrañas, para una diligencia de carácter laboral, el día 1 de diciembre de dos mil dieciséis.". De ahí que no se tiene la certeza de la fecha del conocimiento del acto, por lo que deberá hacer tal precisión. Aunado a lo anterior, hágase del conocimiento de la ahora quejosa, que al realizar una búsqueda en el sistema interno de red de intranet del Poder Judicial de la Federación denominado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, advirtió la existencia diverso juicio de amparo registrado bajo el número ***, del índice del Juzgado Noveno de Distrito, con residencia en esta ciudad, promovido por la aquí quejosa ***, contra actos que reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad y por el Actuario adscrito a la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Zamora, Michoacán; lo cual constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, la información capturada respecto de dicho expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) publicada en la red intranet del Poder Judicial de la Federación, acorde con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que se trata de datos indispensables para proveer respecto de la demanda planteada, por lo que se apercibe a la solicitante del amparo que de no cumplir con lo indicado dentro del término legal concedido para tal efecto, con fundamento en el artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la misma. Ahora bien, atendiendo a que el domicilio de la quejosa se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, para que por su conducto y en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al funcionario de su adscripción a efecto de notificar personalmente el presente proveído a la quejosa ***, quien tiene su domicilio ubicado en *** de Zamora, Michoacán. Asimismo, deberá requerirla para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibiéndola que de no hacerlo en el término indicado, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados en este juzgado federal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se concede a los funcionarios designados, la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendientes a la localización del domicilio aludido. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se le faculta para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, lo haga mediante la publicación en la lista de acuerdos correspondiente. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado el seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

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