Celso Ruiz Manuel

Expediente 538/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
538/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Celso Ruiz Manuel
  • Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de junio de dos mil veintitrés Agréguese a los autos los dos oficios de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante los cuales, acusa recibo de las constancias que se le remitieron en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintitrés, entre las que se encuentran diversas promociones y el billete de depósito N 958119; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que se acusa recibo del juicio de amparo 538/2023 promovido por ********************, su incidente e indica que acepta seguir conociendo del aludido asunto, registrándolo con el número 554/2023; en consecuencia, se toma nota de lo anterior; y: I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que el presente sumario constitucional se declinó el conocimiento para conocer del asunto que originó este cuaderno de antecedentes a favor de un diverso órgano jurisdiccional, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 19, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Por otra parte, como lo pide el juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, se indica a la analista del Sistema Integral de seguimiento de Expedientes, que realice la vinculación permanente, de las constancias electrónicas del expediente de amparo 538/2023 del índice propio, con el 554/2023 de la estadística del Juzgado ocursante; lo anterior, hágase del conocimiento del homólogo en cita. Finalmente, en atención a los tres informes justificados del actuario judicial del Juzgado Segundo Civil del Centro y al escrito de la parte quejosa cuyo acuerdo se reservó en proveído de de nueve de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, aceptó seguir conociendo del juicio de amparo promovido por ********************, registrándolo con el número 554/2023, se ordena remitir a dicho asunto, los informes de cuenta, la promoción del disidente referida con anterioridad y el billete de depósito exhibido por la parte quejosa en el incidente de suspensión 538/2023, por lo que se ordena su baja y envío debidamente transferido, para los efectos legales correspondientes. De esto último (billete), se solicita el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintitrés En atención al escrito de Celso Ruiz Manuel, mediante el cual, ofrece diversos medios de prueba; sin embargo, como en determinación de ocho de junio de dos mil veintitrés se declinó el conocimiento del presente asunto en favor de un diverso órgano jurisdiccional para que siguiera conociendo del juicio de amparo 538/2023, se reserva proveer lo relativo a la citada promoción, hasta que se conozca si fue aceptada la declinatoria planteada. Notifíquese por lista.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 538/2023, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridades responsables al juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro y otra, de quienes reclama diversas determinaciones, las cuales se especificarán en el apartado correspondiente. La demanda de amparo fue recibida el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 538/2023 y admitida -previo cumplimiento a la prevención realizada en proveído inicial- el uno de junio siguiente. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo hoy en los términos del acta que antecede. II. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente, la parte quejosa señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El dictado de la sentencia definitiva en el expediente 210/2015 de su índice. La orden de lanzamiento, desocupación, ejecución o entrega material respecto del inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, número ocho, Santa María del Tule, Centro, Oaxaca. Todo lo actuado en el juicio 210/2015 y sus consecuencias. Del ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del expediente 210/2015: La práctica de cualquier notificación, emplazamiento, lanzamiento, ejecución, desocupación o entrega material del inmueble antes referido respecto del juicio natural, así como la ejecución de la sentencia ahí emitida y sus consecuencias. III. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del informe previo rendido por el secretario de acuerdos encargado por ministerio de ley del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial del Centro, se advierte la certeza de los actos combatidos. Lo anterior, debido a que la autoridad jurisdiccional ordenadora indica que se encuentra a su cargo el expediente 210/2015, de donde emanan los actos reclamados, pero en aquél el aquí disidente no es parte. Por tanto, la anterior circunstancia evidencia la existencia de los actos reprochados a la autoridad responsable ordenadora pues los mismos derivan del aludido sumario natural, en donde precisamente el quejoso alude ser tercero extraño juicio. Asimismo, debido a que el ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no ha rendido su informe previo a pesar de encontrarse notificado de la solicitud de aquél el dos de junio del actual, como se advierte de la constancia respectiva, con fundamento en el precepto 142 de la Ley de Amparo, se tiene por ciertos los actos que se le atribuyen. Por tanto, ante la existencia de los actos reclamados, se procede a efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. IV. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA Este órgano jurisdiccional reitera la decisión tomada en el acuerdo de uno de junio de dos mil veintitrés, donde se concedió la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de conceder la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Estudio de la medida cautelar. En el caso concreto, la parte quejosa, solicita la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se le prive de la propiedad ni la posesión del inmueble presuntamente de su propiedad. Ahora, los actos reclamados -como se precisó previamente- consisten en: Del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: El dictado de la sentencia definitiva en el expediente 210/2015 de su índice. La orden de lanzamiento, desocupación, ejecución o entrega material respecto del inmueble ubicado en la calle Vicente Guerrero, número ocho, Santa María del Tule, Centro, Oaxaca. Todo lo actuado en el juicio 210/2015 y sus consecuencias. Del ejecutor del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, llevador del expediente 210/2015: La práctica de cualquier notificación, emplazamiento, lanzamiento, ejecución, desocupación o entrega material del inmueble antes referido respecto del juicio natural, así como la ejecución de la sentencia ahí emitida y sus consecuencias. El quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el trece de mayo de dos mil veintitrés, su sobrino Rogelio Manuel Ruiz acudió a su domicilio, donde le manifestó que había perdido en el juicio 210/2015 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del distrito judicial del Centro, Oaxaca, un terreno propiedad de aquél. Por ese motivo el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se hizo presente en las instalaciones del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, donde al preguntar por el expediente 210/2015 a un funcionario, al parecer del aludido órgano jurisdiccional, éste le indicó que se trataba de un juicio ordinario civil en el que ya había sentencia y el bien inmueble materia del mismo iba a ser entregado a una persona distinta del compareciente, asimismo, refiere que le indicó que las partes eran Rogelio Manuel Ruiz y Arturo Manuel Hernández. Así, comparece a sede constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio y solicita la medida cautelar en los términos antes referidos. Previamente a determinar sobre la procedencia o no de la suspensión solicitada en la demanda de amparo, se transcribirá el precepto 128 de la ley de la materia, que establece los requisitos que el juzgador debe observar para conceder una medida de esa naturaleza y se precisaran los actos que se tildan de inconstitucionales: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese orden, de acuerdo con la finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. De modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el normativo 128 de la ley de mérito para conceder la suspensión, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitaran los agraviados (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aún ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fueran los agraviados, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse a los quejosos no fueran de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondrían en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, puesto que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado ordinal 128. Se reitera, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece los requisitos para conceder la medida cautelar, los cuales son los siguientes: 1) Que lo solicite el quejoso. 2) Que no se contravenga el orden público y el interés social. La primera exigencia está satisfecha, en razón que el quejoso solicita de manera expresa la suspensión del acto. Y en relación al segundo requisito de procedibilidad, consistente en que con la concesión de la medida cautelar no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, a consideración de este Juzgador con la medida cautelar otorgada no se realiza dicha afectación. Como bien se indicó, la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio y solicita la medida cautelar para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran y no se le prive de la propiedad ni la posesión del inmueble presuntamente de su propiedad con motivo del juicio ordinario civil de origen. En ese orden de ideas, con las manifestaciones que realiza la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, por el momento acredita de manera indiciaria su interés jurídico suspensional, sin que esto constituya prejuzgar sobre la validez del mismo. Ello, bajo la premisa que el suscrito juzgador de amparo a la fecha de resolución de la presente incidencia, únicamente cuenta con los hechos narrados en el escrito inicial de demanda de amparo de los que se aprecia que la parte impetrante refiere ser tercera extraña al juicio natural y que en aquél el inmueble sobre el que versa la materia del mismo, presuntamente de su propiedad, será entregado a diversa persona con motivo de la sentencia ahí emitida; para lo cual, anexa copia certificada de la compraventa del instrumento siete mil setecientos cincuenta, volumen ciento sesenta y seis, de nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro, del protocolo del Notario Público número 94 residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, respecto de una fracción intermedia que corresponda a la tercera parte del solar ubicado en la jurisdicción de Santa María "El Tule", distrito del Centro, Oaxaca, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: mide veintiún metros ochenta centímetros, colinda con la Calle de Guerrero de por medio, con la vía del ferrocarril a Tlacolula. AL SUR: mide veintiún metros veintitrés centímetros, colinda con terrenos de sembradura, de la sucesión del finado Lorenzo Vásquez. AL ORIENTE: mide cuarenta y ocho metros tres centímetros, con fracción del mismo terreno que será vendida a Celestina Hernández Vásquez. AL PONIENTE: mide cuarenta y siete metros noventa y nueve centímetros, colinda con propiedad de Félix Hernández Jarquín. Circunstancia que se corrobora conforme a lo manifestado por la autoridad responsable en su informe previo, del que se advierte que el expediente civil 210/2015 es relativo a la acción de nulidad promovido por Arturo Manuel Hernández, con el carácter de albacea definitivo de la sucesión de la extinta Natalia Hernández Jarquín o Natalia Hernández Jarquín de Manuel, en contra de 1.- Rogelio Manuel Ruiz, 2.- sucesión de la cujus María de los Ángeles Manuel, 3.- al notario público ********************en el Estado, 4.- director del Instituto de la Función Registral del Centro, Oaxaca, 5.- al director General del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, 6.- alcalde constitucional del Municipio de Santa María el Tule, Oaxaca, 7.- a los testigos ******************** y ********************, añadiendo que el quejoso no resulta parte en el mismo. El estado actual de dicho sumario conforme a lo indicado por dicha autoridad, es que se encuentra en etapa de ejecución. Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, para los efectos siguientes: Se continúe con el procedimiento de ejecución de sentencia; empero, no deberán ejecutarse sus consecuencias, en el supuesto de existirlas, respecto del derecho de posesión sobre el predio que defiende el titular de la acción constitucional y que de manera indiciaria acredita, esa prerrogativa, con la documental referida. De mismo modo, surte sus efectos desde luego, en términos del artículo 132 y 139 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe, en el término de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, garantía por la cantidad de $********************,********************.********************(********************pesos********************, moneda nacional), a favor de este Juzgado, en cualquiera de las formas establecidas en la ley, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros con motivo del otorgamiento de esta medida cautelar. Dicha cantidad se fija de manera discrecional en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores elementos de la condena dictada en el juicio civil de origen y tomando en consideración el tiempo probable de duración del juicio de amparo del que deriva este incidente [seis meses]. Sirve de apoyo, la jurisprudencia II.2o.C. J/19, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página mil doscientos sesenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo veinte, diciembre de dos mil cuatro, materia común, novena época, de conformidad con lo dispuesto el citado precepto Sexto Transitorio de la ley de la materia, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA DISCRECIONALIDAD PARA FIJAR EL IMPORTE DE LA GARANTÍA DEBE SUSTENTARSE EN LOS ASPECTOS OBJETIVOS QUE CONSTEN EN AUTOS. De una debida interpretación de lo que establece el artículo 125 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo, se sigue que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Ahora bien, en uso de esa facultad discrecional que se otorga al juzgador, deben tomarse en cuenta todos aquellos elementos que obren en el sumario a efecto de que el monto de dicha garantía asegure, en lo posible, los daños y perjuicios que podría resentir el tercero perjudicado con motivo de la suspensión decretada, en caso de negarse el amparo, por lo que si se trata de un inmueble, existe la posibilidad de considerar su ubicación y superficie, si está destinado a casa habitación o comercio, o cualquier otro dato objetivo que influya al respecto." Así como la tesis II.2o.C.82 K, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, disponible a página un mil ciento cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo diecisiete, abril de dos mil tres, materia común, novena época, de contenido literal, siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR TERCEROS EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. ACREDITADO SU INTERÉS JURÍDICO, PROCEDE SU CONCESIÓN FIJÁNDOSE LA GARANTÍA RESPECTIVA. Cuando un juicio de amparo indirecto sea promovido por un tercero extraño al procedimiento del que derivan los actos reclamados y se solicite la suspensión definitiva, deben apreciarse fiel y legalmente los documentos exhibidos para justificar el interés jurídico en obtener la suspensión impetrada, y si se cumplen los requisitos que señala el numeral 124 de la Ley de Amparo, procede decretar esa medida, al devenir evidente que no existe contrariedad a disposiciones de orden público, en tanto la controversia sólo afectaría intereses o derechos de particulares. Por consiguiente, si el Juez Federal no lo aprecia así, ha de revocarse la resolución relativa concediéndose la referida suspensión definitiva para que se mantengan las cosas en el estado que guardan hasta la resolución total del asunto, mientras se decide en el fondo sobre lo pretendido, fijándose de manera discrecional por el Tribunal Colegiado respectivo la garantía que otorgará en su caso la parte quejosa ante el Juez de Distrito, a fin de que pueda surtir efectos jurídicos en la realidad fáctica". La medida suspensional que se otorga surtirá sus efectos sólo en el supuesto de que a la fecha en que se emita este acuerdo no se hayan ejecutado los actos reclamados, ya que de ser así se estaría en presencia de actos consumados respecto de los cuales no procede esta medida cautelar, salvo algunas excepciones. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII constitucional reformado, en relación con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión público. Esta medida cautelar, en cuanto a su duración, producirá efectos a partir del dictado de esta resolución y hasta que se notifique a la responsable el fallo que se emita en el juicio principal. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ******************** por las razones y para los efectos precisados en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese por lista.

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