Celso Preza Gaytan
Expediente 452/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Celso Preza Gaytan
Actuaciones
- Principal
MESA I "... Vista la demanda de amparo promovida por CELSO PREZA GAYTÁN, contra actos del Director del Instituto Estatal de Educación Pública, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 452/2016. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5 de la Ley de Amparo. ..Los artículos transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley de los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, del contexto de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la orden verbal o escrita giradas a las autoridades ejecutoras consistentes en retener o suspender el pago de sus quincenas correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil quince; aguinaldo y quincenas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis y demás prestaciones. Como se ve, los actos reclamados devienen de una relación entre particulares (trabajador - patrón). Entonces, no pueden ser materia del juicio de amparo, por ser ajenos a una relación de supra a subordinación, precisamente porque así lo ha dilucidado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia de carácter temática, 2a./J. 79/2014 (10a.), consultable en la página seiscientos noventa nueve, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2007066; de epígrafe y contenido siguientes... En las relatadas consideraciones, se deduce que la retención o suspensión del pago de sus quincenas correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil quince; aguinaldo y quincenas correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciséis y demás prestaciones, derivan de una relación de trabajo, puesto que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sustituye en sus obligaciones al patrón, por consiguiente, carece de las características de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tratarse de un acto suscitado entre particulares, ya que, en el caso las partes mencionadas se encuentran en un mismo plano, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, sino una relación de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúa como particular, y no con el carácter de autoridad, pues la indicada relación en el caso concreto, es de índole laboral. De manera que se encuentra en aptitud de combatir en otra vía, mediante el ejercicio de la acción que corresponda, si se toma en consideración que la relación subyacente es de índole laboral. Además, aun cuando la responsable tiene facultades para emitir actos unilaterales en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judicial para hacer cumplir su voluntad, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables en amparo, sino que en cada caso tendrá que analizarse la naturaleza del acto para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas en los amplios términos que refiere, a la persona que menciona. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."NOT. PREVIO CIT
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