Celso Miguel Morales Montoya

Expediente 347/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
347/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/07/2022

Partes del expediente

  • Celso Miguel Morales Montoya

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta firmada por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, a través de la cual remite testimonio de la sesión ordinaria por videoconferencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra el auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y acúsese recibo. En consecuencia, dado que no existe diligencia pendiente en este asunto, archívese como concluido y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que el presente expediente se desechó la demanda de amparo, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, firmada electrónicamente por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, dictado en el recurso de queja 183/2022 del índice del tribunal de su adscripción, a través del cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de seis de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; de lo que se toma nota para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por José Luis Moyers Real promoviendo en favor de Celso Miguel Morales Montoya, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de seis de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo y artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente-, se tiene por interpuesto el recurso de que se trata; ríndase el informe relacionado con la queja, en el sentido de que es cierto el acto motivo del medio de impugnación interpuesto y, toda vez que no existen más partes en el presente juicio, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, una impresión del escrito digital de expresión de agravios, así como fotocopia certificada de las constancias conducentes que integran el expediente en que se actúa, para la sustanciación del citado recurso.

  4. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite el juicio de amparo indirecto 311/2022-V de su índice, en virtud de que este juzgado ya ha conocido previamente del último antecedente del asunto relacionado con la carpeta administrativa 555/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por lo que considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En esas condiciones, infórmese a la autoridad oficiante que este órgano jurisdiccional acepta el returno planteado, se avoca al conocimiento del asunto y ordena continuar con la sustanciación del procedimiento; por tanto, acúsese recibo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En tal virtud, se tiene a José Luis Moyers Real promoviendo demanda de amparo en favor de Celso Miguel Morales Montoya, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades II. Creación del expediente. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 347/2022-V. III. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte motivos de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para el desechamiento de la demanda por ser manifiestos e indudables. En efecto, de acuerdo con el examen integral practicado al escrito de cuenta, el acto reclamado por el promovente, esencialmente, consiste en la orden de traslado del quejoso Celso Miguel Morales Montoya, del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, a uno diverso y su ejecución. Sin que pase inadvertido que con motivo de dicho acto, el promovente solicite se conceda la suspensión de plano en favor del quejoso; no obstante, independiente de las manifestaciones que realiza, lo cierto es que de un análisis integral a la demanda de amparo no se advierte que el promovente manifestara que el directo quejoso Celso Miguel Morales Montoya se encuentre incomunicado para promover este juicio, a fin de estimar que se actualiza el supuesto del citado artículo 15 de la ley de la materia. Lo anterior, en razón que el propio promovente señala que fue informado por familiares del quejoso Celso Miguel Morales Montoya, que se pretendía trasladarlo del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, en el que se encuentra recluido con motivo de la prisión preventiva decretada en la carpeta administrativa 555/2021 del índice de los Juzgados de Control y Tribunal de Juicio Oral del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo En otras palabras, los actos y manifestaciones señalados en la demanda de amparo, no implican que el quejoso se encuentre incomunicado o imposibilitado para promover la demanda que nos ocupa, ni tampoco el acto reclamado (orden de traslado se encuentra dentro de los supuestos de urgencia). En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 15 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que informan, la siguiente tesis: "Registro digital: 193829 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXXVI/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 373 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Ahora, de acuerdo con los preceptos legales referidos, por regla general el juicio de amparo debe ser promovido por el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y por excepción lo podrá promover cualquier otra persona en su nombre cuando: 1. Éste se encuentre imposibilitado para promoverlo. 2. Sólo respecto de actos expresamente señalados por la ley; a saber: los precisados en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, resulta claro que el promovente José Luis Moyers Real, no se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo en nombre de Celso Miguel Morales Montoya, porque en sus antecedentes del acto bajo protesta de decir verdad, refirió "que se pretende trasladar al quejoso". Por tanto, es necesario precisar que la legitimación está íntimamente ligada al concepto de parte, pues implica la capacidad de promover el amparo con ese carácter, en virtud que dicha legitimación no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia del amparo y consiste en la identidad del agraviado con la persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esa premisa, el impetrante estará legitimado para promoverlo, cuando ejercite un derecho que realmente le corresponde o que afecte su esfera jurídica; circunstancia que en el caso no acontece. En efecto, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado al titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, quienes estarán facultados para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa afectación; de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye la legitimación que debe recaer en el promovente que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. El presupuesto jurídico contenido representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio de amparo en atención a que si los actos reclamados no violan los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, sino otros de diversa índole que no tengan ese carácter, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio resulta improcedente por falta de legitimación para promover. En el presente asunto, como se vio, José Luis Moyers Real promueve la demanda de amparo a favor de Celso Miguel Morales Montoya, lo cual no es suficiente para tener por acreditada la representación pretendida, pues el acto impugnado por esta vía constitucional no constituye alguno de los exigidos por la ley, para poder ser promovido por persona diversa al agraviado; ya sea un pariente o persona extraña, ni tampoco se advierte que el mismo se ostente con el carácter de defensor particular del quejoso. Lo anterior, toda vez que no se advierte el acto reclamado por el promovente, que esencialmente consiste en la orden de traslado del quejoso Celso Miguel Morales Montoya, del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, a uno diverso y su ejecución, encuadre en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; extremos que deben acreditarse a fin de determinar la imposibilidad de dicho quejoso para promover el juicio de amparo por derecho propio. Máxime que como se precisó anteriormente, de un análisis integral a la demanda de amparo no se advierte que el promovente manifestara que el directo quejoso Celso Miguel Morales Montoya se encuentre imposibilitado para promover este juicio, a fin de estimar que se actualiza el supuesto del citado artículo 15 de la ley de la materia, pues como se mencionó en sus antecedentes del acto bajo protesta de decir verdad, refirió "que se pretende trasladar al quejoso". En otras palabras, los actos y manifestaciones señalados en la demanda de amparo, sólo consisten en cuestiones futuras, inciertas y que no se han llevado a cabo en detrimento del directo quejoso, pues el promovente no manifiesta bajo protesta de decir verdad que el quejoso se encuentre imposibilitado para promover el presente juicio de amparo, ni tampoco que sea defensor en el proceso del mismo. Por tanto, resulta inconcuso que la demanda en estudio debió tramitarla directamente el quejoso Celso Miguel Morales Montoya, y al no ocurrir tal situación, se justifica proceder conforme con lo apuntado en párrafos precedentes, pues en todo caso, el inconforme debió instar la protección constitucional a través de apoderado legal, tal como lo dispone el artículo 10 de la Ley de Amparo, o bien, referir bajo protestad de decir verdad que era defensor del quejoso en términos del artículo 14 de la citada legislación. Aunado a que el acto reclamado no se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo; supuestos exigidos por la ley para considerar que la solicitante tiene legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, pues en el caso, se trata de una orden de traslado. Tal aseveración se sostiene al estimar que los supuestos en que una persona puede promover amparo en favor de otra son: A) Si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo según el artículo 15 de la Ley de Amparo. B) El acto reclamado emane de un procedimiento judicial y pueda acreditarse la personalidad con la cual se ostenta el promovente, con la certificación emitida por el juez responsable, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, como se ha dicho, no se acredita alguno de los supuesto antes precisados, toda vez que: i. El acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso Celso Miguel Morales Montoya, del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, a uno diverso y su ejecución, no es considerado como alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, independientemente que el promovente considere que podría darse alguno de dichos actos, pues no se constata que el directo agraviado se encuentra imposibilitado para promover el juicio, según el numeral 15 de la Ley de Amparo. Máxime que, el acto reclamado (orden de traslado) el amparo indirecto es improcedente, porque debe agotarse el medio ordinario de defensa previo a su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y contenido siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023736 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 27/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, página 1513 Tipo: Jurisprudencia ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." ii. Los actos reclamados no emanan de un procedimiento judicial, del cual pudiera acreditarse con la certificación emitida por el juez respectivo. A la presente determinación se estiman aplicables, por las razones jurídicas que apuntan, las tesis siguientes: Registro digital: 223900 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 272 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Registro digital: 232899 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, página 45 Tipo: Aislada LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." En ese orden de ideas, debe considerarse que el solicitante del amparo carece de legitimación para intentar la acción constitucional y, por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida electrónicamente por José Luis Moyers Real, en favor de Celso Miguel Morales Montoya, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: 1] Faustino Hernández Tenorio y 2] Celso Miguel Morales Montoya, por conducto de su defensor particular Julio César Moreno Orendain. a. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir el señalado en el escrito inicial de la demanda de amparo, únicamente para el caso excepcional que se ordene alguna notificación personal física. b. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, téngase por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a José Luis Moyers Real, Rafael Blanco Monsreal, Carlos Alberto Grajales Betancourt, y Julio César Moreno Orendai, así como únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que refiere por así solicitarlo expresamente. c. Autorización de consulta y notificación electrónica a la parte quejosa. En atención a lo solicitado por el promovente, vista la certificación de cuenta, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la consulta del expediente electrónico a José Luis Moyers Real, Rafael Blanco Monsreal y Carlos Alberto Grajales Betancourt bajo sus nombre se "jlmoyers", "rblanco" y "cgrajales", respectivamente y que las notificaciones personales se le realicen vía electrónica a través de esos usuarios. V. Aviso a la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. En otro orden de ideas, a fin de equilibrar las cargas de trabajo, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, toda vez que este juzgado asumió el conocimiento de este asunto por razón de turno. Ello, pues de conformidad con las reglas vigentes de turno de los asuntos de los que corresponde conocer a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, previstas en los artículos 45, fracción II, 46, fracción IV, penúltimo y último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, corresponde a este órgano jurisdiccional dar el aviso de returno aceptado a la oficina de correspondencia común que le presta servicios a los juzgados de distrito en esta ciudad. VI. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VIII. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. IX. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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