Celso Martinez Silva

Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
476/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Celso Martinez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. En primer término, hágase saber a las partes que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad (en adelante AG 3/2023); a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula. Dicho lo anterior, visto el estado procesal de autos, se advierte que el diecinueve de julio del año pasado, se estableció que el presente expediente se encontraba totalmente concluido, por lo que se ordenó su archivo definitivo. En razón de lo anterior, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se ordena devolver lo siguiente al Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla: Copia certificada de la causa penal 209/2014, de su índice (anexos I y II). Asimismo, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo, haciendo de su conocimiento que podrá hacerlo a través del correo electrónico oficial jdo3mp6cto@correo.cjf.gob.mx Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena glosar el presente acuerdo al expediente impreso, pues el mismo genera una notificación por oficio. Notifíquese por lista a las partes y por oficio al Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para emitir tal declaratoria, que no obre el acuse de recibo del oficio mediante el cual se ordenó notificar la sentencia a la autoridad responsable Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Tepexi de Rodríguez, Puebla, en virtud que tal autoridad ejecutoria carece de legitimación para impugnar la sentencia que sobreseyó en el juicio, ya que no irroga agravio alguno a ésta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior, las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 476/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Celso Martínez Silva; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Celso Martínez Silva solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Juez en Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución, de todas las Regiones Judiciales del Estado (Isaí Rivas López), y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Celso Martínez Silva, con el número de juicio de amparo indirecto 476/2022; se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En diverso auto de siete de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Celso Martínez Silva, reclama lo siguiente:- Las órdenes de aprehensión y detención dictadas en su contra, diversas a la emitida en el proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado Penal de Tecamachalco, Puebla; y, - El cumplimiento de las citadas órdenes de captura. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2º.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la itis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 6 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (Isaí Rivas López), por sí y en representación de los jueces de control señalados como responsables. Niega (foja 34) 7 Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez). Acepta (foja 69) 8 Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla (Isauro Limón Melchor). Niega (foja 49) 9 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (José González Zepeda). Niega (foja 42) 10 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega (foja 35) 11 Encargado de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla (Néstor Hernández Silva). Niega (foja 76) 12 Agente Investigador adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de Tecamachalco, de la Fiscalía de Investigación Regional (Mario Alberto Romero Vázquez). Niega(foja 73) 13 Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Tepexi de Rodríguez, Puebla (Luis Rivera Reyes). Niega(foja 33) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, con excepción de la identificada con el número de orden 7, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Ahora bien, la autoridad responsable: 7. Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez), al rendir su informe justificado -foja 69-, reconoció la existencia del acto reclamado, toda vez que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en el proceso 209/2014 de su estadística, se libró orden de aprehensión y detención en contra del aquí quejoso Celso Martínez Silva, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado. De igual forma, refirió que el veinte de abril de dos mil veintidós, fue cumplimentada la orden de captura y puesto a su disposición el aquí quejoso dentro del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez. Finalmente, adujo que en su auxilio, el veinticuatro de abril de dos mil veintidós el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, resolvió la situación jurídica del quejoso, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Herminio Navarro Deonate. Manifestaciones que se corroboran con la copia certificada de la causa penal 209/2014, que remitió el juez responsable, en apoyo a su informe justificado; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, de una revisión de las citadas documentales, se advierte que no existe orden de aprehensión pendiente de cumplir en la mencionada causa penal, habida cuenta que el demandante constitucional combatió cualquier orden de captura diversa a la emitida en el proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla; tan es así, que al narrar -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó su situación jurídica actual derivada de dicho proceso penal. Por tanto, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya no existía orden de captura pendiente de ejecutar dentro del proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, se desvirtúa la afirmación que realizó dicha autoridad al rendir su informe de ley, y se tiene por inexistente el acto a ella reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Celso Martínez Silva, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 476/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Celso Martínez Silva; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Celso Martínez Silva solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Juez en Funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución, de todas las Regiones Judiciales del Estado (Isaí Rivas López), y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diez de mayo de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por Celso Martínez Silva, con el número de juicio de amparo indirecto 476/2022; se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En diverso auto de siete de junio de dos mil veintidós, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, Celso Martínez Silva, reclama lo siguiente: - Las órdenes de aprehensión y detención dictadas en su contra, diversas a la emitida en el proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado Penal de Tecamachalco, Puebla; y, - El cumplimiento de las citadas órdenes de captura. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2º.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la itis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 a 6 Encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado (Isaí Rivas López), por sí y en representación de los jueces de control señalados como responsables. Niega(foja 34) 7 Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez). Acepta(foja 69) 8 Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla (Isauro Limón Melchor). Niega(foja 49) 9 Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla (José González Zepeda). Niega(foja 42) 10 Titular de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega(foja 35) 11 Encargado de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla (Néstor Hernández Silva). Niega(foja 76) 12 Agente Investigador adscrito a la Unidad de Apoyo Policial de Tecamachalco, de la Fiscalía de Investigación Regional (Mario Alberto Romero Vázquez). Niega(foja 73) 13 Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Tepexi de Rodríguez, Puebla (Luis Rivera Reyes). Niega(foja 33) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, con excepción de la identificada con el número de orden 7, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Ahora bien, la autoridad responsable: 7. Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla (José Hugo Salvador González Jiménez), al rendir su informe justificado -foja 69-, reconoció la existencia del acto reclamado, toda vez que el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, en el proceso 209/2014 de su estadística, se libró orden de aprehensión y detención en contra del aquí quejoso Celso Martínez Silva, por su probable participación en la comisión del delito de homicidio calificado. De igual forma, refirió que el veinte de abril de dos mil veintidós, fue cumplimentada la orden de captura y puesto a su disposición el aquí quejoso dentro del Centro Penitenciario de Tepexi de Rodríguez. Finalmente, adujo que en su auxilio, el veinticuatro de abril de dos mil veintidós el Juez de lo Penal de Tepexi de Rodríguez, resolvió la situación jurídica del quejoso, decretando en su contra auto de formal prisión como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Herminio Navarro Deonate. Manifestaciones que se corroboran con la copia certificada de la causa penal 209/2014, que remitió el juez responsable, en apoyo a su informe justificado; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese tenor, de una revisión de las citadas documentales, se advierte que no existe orden de aprehensión pendiente de cumplir en la mencionada causa penal, habida cuenta que el demandante constitucional combatió cualquier orden de captura diversa a la emitida en el proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla; tan es así, que al narrar -bajo protesta de decir verdad- los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó su situación jurídica actual derivada de dicho proceso penal. Por tanto, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya no existía orden de captura pendiente de ejecutar dentro del proceso penal 209/2014 del índice del Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, se desvirtúa la afirmación que realizó dicha autoridad al rendir su informe de ley, y se tiene por inexistente el acto a ella reclamado. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Celso Martínez Silva, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso tercero del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de junio de dos mil veintidós. I.INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable siguiente: No.Autoridad (es) responsable (s) 11Encargado de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla.Con los que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su oficio de cuenta la autoridad responsable número 11. III.DIFERIMIENTO. Finalmente, visto los autos, se aprecia que no transcurrirán los ocho días que deben mediar entre la vista otorgada con el informe justificado de la autoridad responsable: 11. Encargado de la Unidad de Apoyo Policial de Tehuacán, Puebla, y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, se imponga de su contenido. En tales condiciones, la audiencia constitucional que debería tener verificativo a las nueve horas con veinte minutos del ocho de junio de dos mil veintidós, se difiere anticipadamente, y se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes...

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