Celso Jorge Derramona Prado

Expediente 1584/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1584/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
  • Celso Jorge Derramona Prado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiuno de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa y la agente del Ministerio Público adscrita no recurrieron la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó y se negó el amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. ... Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1584-2021 y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito recibido el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, y remitido el diecinueve siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, ****, por conducto de su apoderado legal ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que precisó en su escrito inicial de demanda. SEGUNDO. Auto inicial y trámite del juicio de amparo Mediante proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 49 y 61 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado es atribuido a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atendiendo por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de amparo. Conforme a las líneas de interpretación de la demanda y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: La omisión del Actuario responsable de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral ****, de su índice. La omisión de la Junta responsable de tramitar el juicio laboral ****, en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, toda vez que, en auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, a decir de la parte quejosa, se fijó fecha lejana para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones (treinta de marzo de dos mil veintidós). TERCERO. Inexistencia de uno de los actos reclamados Por razón de método, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, primero se analizará y determinará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiaran las causas de improcedencia aducidas o sin serlo, se actualicen, y finalmente, de ser procedente el juicio, se analizará el fondo del asunto. En ese tenor, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso a) del segundo considerando de esta resolución, consistente en la omisión de la autoridad responsable de emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 01/825/2019, de su índice, se tiene que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. No obstante lo anterior, éste debe tenerse por inexistente, lo que es así, pues de las copias certificadas que remitió la junta responsable como complemento a su informe justificado, se advierte que, al momento de la presentación de la demanda de amparo, que fue el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, no existía la omisión en comento. En efecto, de las citadas constancias se desprende que con antelación a la presentación de la demanda de amparo, -dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno- se emplazó a la parte demandada, lo que aconteció el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve; de tal manera que el acto combatido resulta inexistente. En ese cause de pensamiento, respecto al acto reclamado precisado en el inciso a) del segundo considerando de esta resolución, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de diverso acto reclamado Por otra parte, respecto al acto reclamado, precisado en el inciso b) del segundo considerando de esta resolución, se tiene que es cierto, toda vez que las autoridades responsables así lo manifestaron. QUINTO. Causas de improcedencia Las partes no hacen valer causa de improcedencia y esta juzgadora no advierte de oficio que se actualice alguna de ellas; de modo que como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación Es fundado per inoperante el concepto de violación formulado por el impetrante, en el sentido de que la autoridad ha vulnerado los plazos y términos que establece la Ley Federal de Trabajo, ya que señala una fecha fuera de los plazos legales para llevar a cabo la audiencia bifásica. Ahora bien, previo a entrar al estudio del presente asunto, es preciso transcribir el artículo 17 de la Constitución Federal: Artículo 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. De su contenido se sigue que establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso; es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. De lo anterior se deriva que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, dentro de los términos y plazos que establezca la ley que los rija. Así, del texto constitucional en consulta se advierte, que la expeditez debe estar presente en todo el desarrollo del procedimiento a fin de que permita resolverse el conflicto en la forma más pronta. Estos principios generales, aplicados a la materia específica, deben entenderse referidos al juicio laboral a fin de que se facilite la solución del conflicto. De igual modo, cabe destacar que el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Por su parte, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, fija que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Expuesto lo anterior, y ya teniendo un conocimiento más exacto y amplio de la garantía de prontitud en la impartición de justicia y de la manera en que ésta se encuentra inmersa en la ley que regula el procedimiento natural, toca ahora analizar la situación del caso concreto. En ese sentido, se tiene que la responsable ha vulnerado el derecho de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que en el caso que nos ocupa, dejó de observar lo establecido en los mencionados preceptos legales, pues mediante auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, fijó las doce horas con treinta minutos del treinta de marzo del año en curso, para el verificativo de la audiencia de demanda y excepciones, dentro del juicio laboral de origen, fecha que efectivamente se encuentra fuera del plazo establecido en el citado código obrero para tal efecto. Lo que provoca que se conculque el derecho subjetivo público de justicia pronta y expedita de la impetrante de garantías, que concede a los particulares una garantía de que la administración de justicia se imparta dentro de los plazos que al efecto establecen las legislaciones aplicables a cada materia, lo que permite advertir que resulta fundado el concepto de violación esgrimido sobre el particular. No obstante ello, resulta inoperante dicho motivo de inconformidad para los efectos que se persiguen, como a continuación se demostrará. La fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, como acontece en el caso concreto; pues la autoridad responsable ha señalado hora y fecha para el desahogo de la audiencia de ley, fuera de los parámetros establecidos en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, aún y cuando el señalamiento de la fecha fijada, para el desahogo de la citada audiencia excede el plazo dentro del cual debió fijarse, es de resaltarse, que se estima que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto del señalamiento lejano para la celebración de la citada audiencia, a través de la cual el tribunal excedió el plazo que tenía para fijarla. Ello se considera así, pues si se toma en consideración que la presente resolución se notificará a las partes a más tardar al tercer día al de su dictado, que lo es el treinta y uno de marzo del año en curso, fecha que supera la data señalada por la autoridad responsable, por lo que resulta suficiente para poner de manifiesto que ningún fin práctico tendría el hecho de que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la hora y fecha ya fijada para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones, a saber, el treinta de marzo del año en curso, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, el plazo que tendría para hacerlo superaría la fecha ya señalada, situación de la que se duele la parte quejosa; de tal suerte que como ya se precisó en líneas precedentes, de concederse el amparo para tal efecto, se daría pauta a la autoridad responsable, para que fijara una nueva fecha para el verificativo de la citada audiencia, aún más lejana, lo que desde luego implicaría un detrimento constitucional en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, el plazo que tendría para hacerlo superaría la fecha ya señalada, situación de la que se duele la parte quejosa; de tal suerte que como ya se precisó en líneas precedentes, de concederse el amparo para tal efecto, se daría pauta a la autoridad responsable, para que fijara una nueva fecha para el verificativo de la citada audiencia, aún más lejana, lo que desde luego implicaría un detrimento constitucional en perjuicio de la parte quejosa. Por tanto, es evidente que con ello de ninguna manera se conseguirá la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, como lo establece la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo; lo cual trae como consecuencia que el concepto de violación sea inoperante para el fin que fue propuesto, pues aún y cuando se concediera el amparo a la quejosa, ello le depararía mayor perjuicio. En consecuencia, al resultar ineficaces los conceptos de violación expresados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó *****, ante el impedimento jurídico demostrado. SÉPTIMO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ****, en contra del acto y autoridades precisados en el inciso a) del segundo considerando de esta sentencia, por las razones y fundamentos apuntados en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra el acto y autoridades precisados en el inciso b) del segundo considerando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos plasmados en el penúltimo de los mismos. TERCERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; uno de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la autoridad responsable el oficio signado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecisiete de febrero del año en curso, informa que la persona moral PLAZA PALMAS no es parte demandada en el juicio natural y allega copias certificadas de constancias para acreditar su dicho. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Haciéndose la precisión que la parte quejosa en caso de considerar necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la judicatura Federal; ello, con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrán proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le de vista con las constancias antes referidas. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba la documental allegada. Relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obran las constancias necesarias para resolver el presente asunto, por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que, dentro del término, de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, informe si la persona moral (PLAZA PALMAS) que cita el acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, es parte demandada en el juicio natural, de ser así, informe si se encuentra pendiente su emplazamiento o sí ya se realizó, debiendo remitir las constancias respectivas; con el apercibimiento para el caso de no dar cumplimiento a lo solicitado o en su caso de informar el impedimento legal que para ello tenga, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la invocada legislación, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización. Por tanto, a efecto de no transgredir normas del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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