Celso Cruz López

Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
595/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Celso Cruz López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 595/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la determinación de seis de junio de esta anualidad, en la cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra la referida resolución. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.605/2020.MESA-6 Vistos para resolver el juicio de amparo 605/2020, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnado en este Juzgado en la misma fecha, Arturo Miguel Mendoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del fiscal General del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 605/2020 y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Mediante auto de diez de noviembre de dos mil veinte se tuvo a dicho quejoso dando cumplimiento a la prevención efectuada, por lo cual, en la misma data se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables. Mediante sentencia de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Inconforme con dicha sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este municipio, registrándolo con el expediente 70/2021, en el que por ejecutoria emitida el tres de febrero de dos mil veintidós revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos siguientes: "(...) Por consiguiente, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo indirecto, a efecto de que el juez de Distrito: A) Deje insubsistente la audiencia constitucional de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, que celebró en el juicio de amparo indirecto 605/2020, así como la sentencia firmada en la misma fecha. B) Dicte un nuevo proveído, en el que proceda como sigue: b.1) deje sin efecto el de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; b.2) ordene notificar personalmente al quejoso del contenido del informe justificado rendido por el agente ministerial; y b.3) lo prevenga para que precise, si es su deseo ampliar su demanda de amparo indirecto, en relación con la determinación de nueve de septiembre de ese año, con base en la cual el agente ministerial responsable, dijo que le dio respuesta a sus escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, y C) Continúe con el procedimiento respectivo. (.)". (Transcripción) En cumplimiento con esa ejecutoria, mediante acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa, para que, en el término legal (quince días), manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo respecto a la respuesta dada mediante determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte a sus escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. Atendiendo a la prevención formulada, mediante escrito recibido en este juzgado el catorce de marzo de este año se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo respecto a la respuesta dada el nueve de septiembre de dos mil veinte por el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a sus escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; en consecuencia, por auto de quince de marzo del año en curso se tuvo por ampliada la demanda de amparo, se solicitó a dicha responsable el informe justificado; comunicándole la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y se corrió traslado a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado con el escrito de ampliación de demanda. Mediante auto de uno de abril de dos mil veintidós se agregó el oficio firmado por la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el cual informó la imposibilidad que tenía para rendir el informe justificado solicitado, con motivo que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 fue remitida a la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de esa misma Fiscalía, para que este último siguiera conociendo de su integración; por lo cual, se previno a la parte quejosa para que manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto a la autoridad, agente del Ministerio Publico de la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto. En acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós se tuvo por no ampliada la demanda de amparo, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento y se precisó que este juicio será resuelto contra los actos y autoridades señalados en el escrito inicial de demanda; escrito aclaratorio de cinco de noviembre de dos mil veinte y en el diverso escrito de ampliación de catorce de marzo de dos mil veintidós. Previo los trámites respectivos, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; en el caso, se trata de un asunto de naturaleza penal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, y escrito de ampliación de la demanda de amparo; así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del 1) agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: La negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. La determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Del 2) fiscal General del Estado de Oaxaca: La negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados identificados en los incisos a) y b) del considerando segundo de esta sentencia. Se procede analizar lo relativo a la existencia o inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, para estar en condiciones de estudiar las causas de improcedencia o en su caso, ingresar al estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sobre ese aspecto se cita la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 68, tomo 76, abril de 1994, registro 212775, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, se tiene que la autoridad responsable, fiscal General del Estado de Oaxaca, fue omisa en rendir el informe justificado, a pesar de haber quedado notificada de su petición el dieciocho de noviembre de dos mil veinte; lo que, en términos del artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, haría presumir ciertos los actos que se le reclaman; empero, en el caso, se desvirtúa esa presunción de certeza, dado que de las constancias que se citarán a continuación, se desprende que no existen los actos que se le atribuyen. En principio, a manera de antecedentes y para mejor comprensión del asunto, conviene mencionar que, conforme a las constancias de autos y de las remitidas por la autoridad responsable; documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se pueden advertir, en lo que interesa, lo siguiente: El veintitrés de febrero de dos mil veinte el representante social, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, inició la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020, contra quien resulte responsable del hecho que la ley señala como delito de Robo específico (vehículo de motor), cometido en perjuicio de Arturo Miguel Mendoza y dio aviso a su superioridad (fojas 1 a 3 del tomo anexo I). En esa misma fecha envió oficio al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que ordenara a elementos a su mando se avocaran a la investigación de los hechos delictivos y se practicaran diversas probanzas para la comprobación del referido hecho, mismo que recibió el veinticuatro de febrero de dos mil veinte (foja 6 del tomo anexo I). El veintitrés de febrero de dos mil veinte se recibió la comparecencia del testigo Lino Mateo Agustín (fojas 17 a 19 del tomo anexo I). El tres de marzo de dos mil veinte se practicó la inspección ocular del lugar de los hechos (foja 9 del tomo anexo I). El diez de marzo de dos mil veinte compareció Arturo Miguel Mendoza, con la finalidad de ampliar su declaración respecto a los hechos (fojas 13 y 14, del tomo anexo I). El doce de marzo de dos mil veinte el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca giró oficio recordatorio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, a fin de que le remitiera copia del retrato hablado que elaboró el perito del Instituto de Servicios Periciales, mismo que recibió el dieciocho de marzo de ese año (foja 21 del tomo anexo I). En auto de nueve de septiembre de dos mil veinte se agregaron los escritos originales de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidos al agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En ese mismo auto, la autoridad ministerial ordenó girar oficio recordatorio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, para que ordenara a quien corresponda rindiera el informe correspondiente a la investigación ministerial relativa a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020, mismo que recibió el catorce de octubre de dos mil veinte (foja 29 del anexo I). Como se ve, de las actuaciones que envió, en su momento, el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien conoció primeramente de la indagatoria, se aprecia que la autoridad responsable fiscal General del Estado de Oaxaca no tuvo participación en los actos reclamados. Se afirma lo anterior, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 no se advierte que 1) las peticiones de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte firmados por el quejoso Arturo Miguel Mendoza hayan sido dirigidos también al fiscal General del Estado de Oaxaca; o bien, en diverso ocurso se le haya hecho de su conocimiento respecto a la omisión incurrida por él y/o su inferior, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la indagatoria ya mencionada; lo anterior, a fin de que como máxima autoridad y superior jerárquico en las labores de investigación ordenara al agente del Ministerio Público conocedor de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 que practicara y agotara, a la brevedad, todas las diligencias que permitieran la emisión de determinaciones de manera pronta para la impartición de justicia. Se precisa que las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 únicamente fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; no así para el fiscal General del Estado de Oaxaca; lo anterior, a efecto de que tuviera conocimiento de la omisión en que su inferior estaba incurriendo en omisiones en la integración de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. No pasa desapercibido que el veintitrés de febrero de dos mil veinte, el representante social, agente del Ministerio Público adscrito a la Coordinación de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al iniciar la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020 haya dado aviso a su superioridad (fiscal General del Estado de Oaxaca); sin embargo, como lo señaló en ese proveído, su aviso fue con motivo del inicio de esa indagatoria; no así que el Ministerio Público encargado de esa carpeta de investigación o, en su caso, la parte quejosa, le hayan 1) dirigido algún oficio o escrito relativo a las peticiones en comento y 2) se le haya comunicado las omisiones o deficiencias en la integración de la carpeta de investigación. De ahí que como no tuvo conocimiento oportuno respecto a las peticiones de la parte quejosa; así como las omisiones derivadas de la carpeta de investigación 6540/FDAI-UERV/2020 que se reclaman, se estima que no existe la omisión atribuida al fiscal General del Estado de Oaxaca de 1) dar contestación a las peticiones hechas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 y respecto a 2) la omisión de realizar actos de investigación en esa indagatoria. En esas condiciones, se insiste, no existe la omisión que se reclama del fiscal General del Estado de Oaxaca, pues no obra prueba en autos que acredite que dicha autoridad haya sido sujeto de algún requerimiento en el que se le haya hecho de su conocimiento de las omisiones reclamadas o que se le dirigiera algún escrito de petición, por el que se le obligara a dar respuesta. Por tanto, aunque la referida autoridad responsable haya omitido rendir informe justificado, no impide decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, dado que de las constancias procesales aquí indicadas se desprende su inexistencia; por tanto, se tiene por no ciertos los actos que le reclama la parte quejosa. En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, se sobresee en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al fiscal General del Estado de Oaxaca, con motivo de su inexistencia. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis III.2o.A.221 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE RECLAMARSE VIOLACIÓN A DICHA GARANTÍA MEDIANTE LA VÍA CONSTITUCIONAL, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA QUE SE ELEVÓ EL ESCRITO Y A LA QUE SÓLO SE LE HIZO LLEGAR COPIA DE ÉSTE, NO HAYA DADO RESPUESTA." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama. Sin embargo, más adelante realizó manifestaciones que desvirtúan dicha negativa, pues dijo que si bien existían los escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, también obraba la constancia de doce de octubre de ese año, en la que constaba que el quejoso quedó notificado del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte (quedando enterado de su contenido, sin firmar, por no querer hacerlo). Ahora, si bien es cierto que la demanda de amparo fue presentada el dieciséis de octubre de dos mil veinte, con lo que se pudiera presumir que al momento de su presentación ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, no existía el acto reclamado; sin embargo, la parte quejosa, para desvirtuar esa negativa, ofreció la prueba documental consistente en la copia de la ruta trazada por el celular de su propiedad, a través de la aplicación GPS, relativo a los lugares que visitó el doce de octubre de dos mil veinte; en la que, por lo menos, indiciariamente, no se advierte que hubiera acudido en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para notificarse del acuerdo. Además, esa probanza no fue objetada por alguna de las partes, ni obra prueba en contrario; por ello, para efectos del juicio de amparo, adquiere el carácter de una prueba documental privada, con valor de indicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 133, 203 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que no fue objetada; de ahí que se presuma la existencia de los actos que le fueron atribuibles. Certeza que también queda acreditada con las constancias que anexó y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Registro 211004, del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por otro lado, al rendir el diverso informe justificado relativo a la ampliación de la demanda de amparo, señaló la imposibilidad para rendirlo, pues refirió que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 que inicialmente conoció fue remitida a la mesa siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que este último siguiera conociendo de su integración. Sin embargo, de las constancias que obran en la carpeta de investigación antes señalada, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veinte dio respuesta a los escritos de petición de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; de ahí que se tenga por cierto el acto que se le reclama. QUINTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado identificado con el punto I del considerando segundo de esta sentencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." De la interpretación del citado precepto se puede advertir que la cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de la autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado, se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de proveer las peticiones formuladas mediante escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, dirigidas a la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Y, de la copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable, agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se advierte que el nueve de septiembre de dos mil veinte acordó los escritos de dos de mayo y uno de julio, ambos de dos mil veinte, por medio del cual el quejoso solicitó fueran recabadas diversas pruebas para esclarecer el robo del vehículo de su propiedad. Determinación que el representante social dijo haber notificado, pero que la parte quejosa no quiso firmar, sólo lo leyó y tomó fotografías. Aunado a ello, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, en el cual, en suma, ordenó girar oficio al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, para que rindiera el informe correspondiente a la investigación ministerial ordenada en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. En ese contexto, es claro que el acto reclamado que fue identificado con antelación, consistente en la falta de contestación formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte, cesó en sus efectos, independientemente si fueron o no favorables a sus intereses. Además, si bien no obra constancia fehaciente que corrobore que la autoridad responsable hubiera notificado el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, la parte quejosa, para desvirtuar esa negativa, ofreció la prueba documental consistente en la copia de la ruta trazada por el celular de su propiedad, a través de la aplicación GPS, relativo a los lugares que visitó el doce de octubre de dos mil veinte; en la que, por lo menos, indiciariamente, no se advierte que hubiera acudido en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, para notificarse del acuerdo en mención. Empero, resultaría ocioso entrar al fondo del estudio respecto a la notificación de esa determinación, pues el quejoso tuvo conocimiento de dicho proveído a través de este órgano jurisdiccional, cuando en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se le dio vista con el informe justificado; el cual le fue notificado legalmente el veintisiete de noviembre siguiente. Por tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, con registro 197367, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, con registro 193758, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SEXTO. Causal de improcedencia respecto al acto reclamado identificado con el punto II del considerando segundo de esta sentencia. Del análisis de las constancias que integran el juicio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se verán. Al respecto, los artículos 5, fracción II, 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.). III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". (Transcripción) De la interpretación armonizada de los numerales transcritos se colige que, para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable converge en establecer que es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siendo obligación de la parte quejosa señalar con precisión en su demanda de amparo la autoridad o autoridades responsables. Esto es, dichos preceptos permiten establecer que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan, precisamente, de una autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; de igual manera, en el caso de que se atribuyan a un particular, éste podrá tener ese carácter, cuando se conduce como autoridad o su equivalente, al grado de afectar derechos en los términos indicados con antelación, bajo la condición de que esas funciones como tales, estén así determinadas por una norma general, o dicho de otra manera, cuando el particular ejerza facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, se traducirían en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, puesto que sus funciones se encuentran determinadas por una norma general. En este juicio la parte quejosa reclama del agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: La determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte. La omisión de realizar actos de investigación en la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020. Sin embargo, dicha autoridad responsable, al rendir el informe justificado relativo a la ampliación a la demanda de amparo refirió su imposibilidad que tenía para rendir tal informe justificado solicitado, con motivo que, por instrucciones de su superioridad, la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 fue remitida a la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que el agente del Ministerio Público llevador de esa mesa siguiera conociendo de su integración. Para acreditar su dicho, ofreció como prueba la copia certificada del oficio sin número de quince de diciembre de dos mil veintiuno que dirigió a su homóloga, agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por el cual le remitió la carpeta de investigación antes señalada. Por ello, en auto de uno de abril de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como nueva autoridad responsable a la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto; empero, toda vez que no amplió la demanda de amparo dentro del término legal, en auto de dos de mayo de dos mil veintidós se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de uno de abril de este año y se determinó que este asunto se resolvería con base en los actos reclamados y autoridades responsables señalados en el escrito de demanda, escrito aclaratorio y ampliación de demanda de catorce de marzo del año en curso. Ahora, toda vez que el artículo 108 de la Ley de Amparo impone como obligación a la parte quejosa de expresar en su demanda de amparo indirecto, entre otras, la autoridad responsable y la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; precisiones que son de la sola incumbencia de la parte quejosa para una correcta integración de la litis, no siendo dable que sea el juzgador el que realice las enmiendas correspondientes, al ser una carga procesal exclusiva de la parte quejosa. En ese sentido, la parte quejosa debió señalar como autoridad responsable a la agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, pues pese a que de la copia certificada de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020 se desprende que ante el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se tramitó la citada indagatoria e incluso fue esa la autoridad quien emitió la determinación de nueve de septiembre de dos mil veinte, por el cual se dio contestación a las peticiones formuladas en escritos de dos de mayo y uno de julio de dos mil veinte; asimismo, se le reclama la omisión de realizar actos de investigación en esa indagatoria; sin embargo, dicha autoridad desde el quince de diciembre de dos mil veintiuno ya no conoce de la carpeta de investigación 6540/FDAI/UERV/2020, puesto que en esta última data el agente del Ministerio Público de la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca se avocó al conocimiento del asunto. Por lo que deviene innegable que se reclama un acto y omisión que, efectivamente, fueron realizados por el agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, pero en una indagatoria respecto de la cual ya no tiene injerencia, ya que una diversa autoridad ministerial es la que tramita ahora el asunto. Por ende, si la parte quejosa, a pesar de que por auto de uno de abril de dos mil veintidós se le requirió para que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable a la Mesa Siete de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, sin que lo hubiere hecho, es claro que la autoridad facultada para cumplir con los efectos de la concesión de amparo en caso de otorgase la protección constitucional respecto al acto y omisión reclamadas, no fue llamada en este juicio y, por tanto, no podrá defender la constitucionalidad del acto y omisión reclamadas; lo que hace imposible que pueda entrarse al estudio de fondo del asunto, ya que se le vulneraría el derecho que tiene de acreditar la constitucionalidad de tales reclamaciones, ya que las mismas ya no le son atribuibles al diverso agente del Ministerio Público de la Mesa Dos de Robo de Vehículos de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quien inicialmente conoció del trámite de esa investigación. En esas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 5, fracción II, y 108, fracción III de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 74, febrero de 1994, registro 213345, página 67, del texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. Además, la jurisprudencia VI.2o. J/205, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, Materia Común, registro 208065, página 468, del texto siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Petición realizada por la parte quejosa para dar vista al Ministerio Público. En el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó se diera vista al agente del Ministerio Público Federal a efecto de que se avocara al asunto, esto, en caso de existir delincuencia organizada; al respecto, conforme al estudio realizado en los considerandos anteriores, se estima que no ha lugar a ordenar la vista solicitada, pues de las constancias que integra este expediente no se advierten elementos a efecto de demostrar que la conducta que refiere la parte quejosa se haya llevado a cabo por las autoridades responsables; o algún diverso que la ley señale como delito para que sea procedente la vista solicitada al representante social. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa se opuso a la publicación de sus datos personales; en tanto que las diversas partes en este juicio de amparo no se hicieron manifestación, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágasele de su conocimiento que esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Arturo Miguel Mendoza, contra las autoridades responsables y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA (PROMOVENTE), PREVIO AVISO PRAL 595/2022 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que el veintisiete de mayo de este año la parte promovente quedó notificada por lista de acuerdos (previo aviso) del auto de veintitrés de mayo de este año, por el que se le requirió para que, una vez que quedara notificada, dentro del plazo de veinticuatro horas (por tratarse de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo), informara a este órgano jurisdiccional lo siguiente: ". I. Si el quejoso goza de su libertad deambulatoria. En caso de no ser así, deberá informar: II. Dónde se encuentra privado de su libertad. .". Asimismo, se le apercibió que, de no manifestar algo al respecto, dentro del plazo concedido, se entendería que el directo quejoso Celso Cruz López goza de su libertad deambulatoria; sin embargo, toda vez que el promovente Lorenzo Cruz Martínez no realizó pronunciamiento alguno; hágase efectivo el apercibimiento efectuado y para efectos de este juicio de amparo, entiéndase que el directo quejoso se encuentra gozando, actualmente, de su libertad deambulatoria. Máxime que de los juicios de amparo 593/2022 y 594/2022 de este juzgado, se advierte que el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional asentó en la razón actuarial de veintidós de mayo del año en curso, que no le fue posible localizar al directo quejoso Celso Cruz López, toda vez que el síndico Municipal de Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca le indicó que lo había puesto en libertad y se lo había entregado a su mamá. Y el hecho que dio origen a este juicio 595/2022, así como a los diversos 593/2022 y 594/2022, fue el mismo, esto es, la detención de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Por ese motivo, existen elementos para determinar que el directo quejoso se encuentra gozando de su libertad deambulatoria. Con base en lo anterior, es preciso efectuar el pronunciamiento relativo en términos de lo dispuesto por el numeral 112 de la Ley de Amparo. 2. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. Ahora, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente, es necesario indicar lo siguiente: I. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos los siguientes: Ordenadoras: a) Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. b) Síndico Municipal de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. Ejecutoras: c) Ciudadano Mayor de Vara o Comandante de la Policía Municipal del Primer Turno de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. d) Ciudadano Mayor de Vara o Comandante de la Policía Municipal del Segundo Turno de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. De quienes reclama: II. Como se indicó en el auto inicial de veintitrés de mayo de esta anualidad, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se aprecia, como hecho notorio, que la citada parte quejosa promovió los diversos juicios de amparo 593/2022 y 593/2022 ante este Juzgado, de los que se advierte que: Fueron promovidas por Lorenzo Cruz Martínez a favor de Celso Cruz López, contra las autoridades y actos siguientes: Ordenadoras: a) Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. b) Síndico Municipal de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. Ejecutoras: c) Ciudadano Mayor de Vara o Comandante de la Policía Municipal del Primer Turno de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. d) Ciudadano Mayor de Vara o Comandante de la Policía Municipal del Segundo Turno de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca. De quienes reclama: El veintidós de mayo de dos mil veintidós se dio trámite a las demandas de amparo, en las que se previno a la parte quejosa para que ratificara las mismas, y se le concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos reclamados. De las razones asentadas el veintidós de mayo del año en curso, por el actuario adscrito a este Juzgado, se advirtió, entre otros aspectos, que no le fue posible localizar al directo quejoso Celso Cruz López, toda vez que el síndico Municipal de Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca manifestó que aquél se encontraba ya en libertad. De ahí que, la confrontación respecto al contenido de los juicios de amparo relacionados, permite afirmar que se tratan de las mismas a) partes (quejosos y autoridades responsables), b) actos reclamados y c) hechos (detención de diecinueve de mayo de dos mil veintidós). Del contexto de los datos del expediente se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 6 y 15, todos de la Ley de Amparo. De la lectura de los dos últimos preceptos citados se advierten las formas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, que rige el juicio de amparo, previsto en el artículo 6 de la Ley de Amparo, el que establece una regla general a seguir para la procedencia del juicio constitucional, consistente en que éste únicamente puede promoverse por la persona física o jurídica a quien afecte la norma general o el acto reclamado; este principio puede cumplirse a través del representante legal del agraviado, o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, de una intelección armónica entre lo establecido en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo se advierte que el principio de instancia de parte agraviada puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los supuestos de procedibilidad siguientes: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, caso en el que podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En el caso, se advierte que actualmente Celso Cruz López no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 6 y 15 de la Ley de Amparo, así como de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ya que, hasta esta fecha, no se encuentra detenido o incomunicado por las autoridades municipales. Esto, toda vez que, como se precisó, de las razones levantadas el veintidós de mayo del año en curso, por el actuario adscrito a este Juzgado, se advierte que el directo quejoso Celso Cruz López se encuentra gozando de su libertad desde la presentación de la demanda -veintitrés de mato de este año-. Lo anterior se corrobora, en razón de que la parte promovente no hizo manifestación alguna del requerimiento que se le formuló en acuerdo de veintitrés de mayo de este año respecto del estado en que se encontraba el directo quejoso (libre o no), pese haber quedado legalmente notificada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós; por ello, como se indicó, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en dicho proveído, y se entiende que el directo quejoso ya se encuentra gozando de su libertad deambulatoria. Luego, si, en el caso, el acto reclamado no se ubica en las hipótesis que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni se advierte que el agraviado, actualmente, se encuentre imposibilitado para promover por sí la demanda de amparo, entonces, no se cumple con el principio de acción por parte agraviada que rige el juicio de amparo, ya que no se está en alguno de los supuestos de excepción para que Lorenzo Cruz Martínez promueva la demanda en representación de Celso Cruz López. En consecuencia, procede desecharse de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Lorenzo Cruz Martínez a favor de Celso Cruz López. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia penal, tomo LXXIII, página 2076, registro 308286, del texto siguiente: "AMPARO PROMOVIDO A NOMBRE DE OTRO. El artículo 17 de la ley reglamentaria del juicio de amparo, previene que cuando se trata de actos que importen ataques a la libertad individual, fuera de procedimiento judicial, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona a su nombre, pero si se reclama un auto de formal prisión, esto hace presumir que existe un procedimiento judicial abierto en contra del quejoso, por lo que no se está en el caso del precepto citado, y si el que promueve el amparo no alega tener el carácter de defensor, debe desecharse la demanda que promueva". Criterio que se sustenta en la ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el recurso de queja 63/2020; en el cual precisó que solo en la hipótesis del artículo 15 de la Ley de Amparo, que establece que respecto de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el particular afectado está imposibilitado para promover el amparo por sí mismo, puede hacerlo cualquier persona en su nombre, aunque sea menor de edad; sólo que la tramitación del juicio está condicionada a que el quejoso ratifique la demanda presentada en su nombre. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 595/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Precisión. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, la demanda de amparo se presentó sin firma electrónica, pues no se advierte la evidencia criptográfica respectiva; sin embargo, no obstante que no contiene firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica, en el caso, no se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte agraviada, ya que los actos reclamados es de aquellos a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual es innecesaria la firma autógrafa o electrónica por promoverse el juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento legal. Se invoca en apoyo, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79, registro 2019715, del texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". 2. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica en esta fecha, promovida por Lorenzo Cruz Martínez a favor de Celso Cruz López, contra actos del Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca y de otra autoridad; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro respectivo con el expediente 595/2022. 3. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(a) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 4. Precisión. Hágase del conocimiento de las partes que, a) respecto a las cuestiones relativas a la atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberán estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 5. Requerimiento. De le lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables: Actos reclamados: Y manifestó como hechos: Empero, de la revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de este juzgado se advierte la existencia de los juicios de amparo 593/2022 y 594/2022, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de los que se aprecia que: Existe similitud en el señalamiento de los actos reclamados, autoridades responsables y en los antecedentes del acto (detención el diecinueve de mayo de este año), con respecto a la demanda de cuenta En auto de veintidós de mayo de este año se concedió la suspensión de oficio en dichos juicios, con motivo de que los actos reclamados son aquéllos de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En la razón actuarial de veintidós de mayo del año en curso, el actuario adscrito a este Juzgado hizo constar que no le fue posible localizar al directo quejoso Celso Cruz López, toda vez que el síndico Municipal de Ayuntamiento de San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, Oaxaca le indicó que lo había puesto en libertad y se lo había entregado a su mamá. Con base en lo anterior, previo a realizar el pronunciamiento previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente, para que, una vez que quede notificado, dentro del plazo de veinticuatro horas (por tratarse de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo), informe a este órgano jurisdiccional lo siguiente: Si el quejoso goza de su libertad deambulatoria. En caso de no ser así, deberá informar: Dónde se encuentra privado de su libertad. Lo anterior, toda vez que, como quedó precisado con anterioridad, las demandas de amparo 593/2022 y 594/2022 son idénticas a la de cuenta, ya que los actos reclamados derivan de los mismos hechos, por lo que, resulta necesario el desahogo de las citadas prevenciones, a fin de determinar si el promovente tiene o no legitimación para promoverlo, pues el actuario adscrito a este juzgado hizo constar en los dos primeros juicios citados que ya fue liberado. Apercibimiento. Se apercibe a parte promovente que, de no manifestar algo al respecto, dentro del plazo de veinticuatro horas, se entenderá que el directo quejoso goza de su libertad deambulatoria, por lo que se realizará el pronunciamiento previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, una vez fenecido dicho plazo. 6. No ha lugar a proveer respecto a la suspensión de plano. Por otro lado, con motivo que en los juicios de amparo 593/2022 y 594/2022 se concedió la suspensión de plano respectos de los mismos actos aquí reclamados, no ha lugar a proveer de plano la suspensión de oficio que solicita la parte quejosa. 7. Domicilio y personas autorizadas. Provéase lo conducente respecto de la designación de domicilio y autorización de persona para tal efecto, una vez que se haga el pronunciamiento previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado en la demanda de amparo. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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