Celso Chávez León

Expediente 1232/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1232/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Celso Chávez León

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de 15/10/23 11:43:27 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.3d.28 JAIME SEBASTIÁN RÍOS TAVERA los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. ...M-V

  2. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, TERMINADA DE ENGROSAR EL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eufrosina Alicia López López, por los motivos expuestos en la última consideración jurídica de este fallo...M-V

  3. Principal

    ...PREVIO AVISO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, se acuerda: RADICACIÓN. Con la demanda promovida por Celso Chávez León, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación sin Detenido de Delitos de Robo I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, y negociación denominada servicio Grúas Mancilla. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 1232/2022-V-A, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Primero es importante precisar que, de un análisis general de la demanda se advierte que Celso Chávez León, reclama de las autoridades responsables siguientes los actos consistes en: a) Del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación sin Detenido de Delitos de Robo I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo: La omisión de solicitar a la negociación denominada servicio "Grúas Mancilla" la devolución sin costo del vehículo marca Volkswagen Jetta, modelo 1995, color arena, número de serie 3VWSC81HXSM078060, número de motor ABA190086, placas de circulación HHN-528-B, del Estado de Hidalgo. b) De la negociación denominada servicio "Grúas Mancilla": La negativa verbal de recibir el oficio número PGJH-03/SO/DGILO/IUSD-RI/850/2022, de quince de julio de dos mil veintidós, al condicionarle la recepción del mismo previo pago de arrastre y corralón del vehículo marca Volkswagen Jetta, modelo 1995, color arena, número de serie 3VWSC81HXSM078060, número de motor ABA190086, placas de circulación HHN-528-B, del Estado de Hidalgo. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de un análisis integral de la demanda se advierte la actualización de dos causales de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano. En la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia derivadas del artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última fracción en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [..] Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]. La primera disposición prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para la suspensión en la Ley de Amparo. Así, el principio de definitividad que rige el juicio de derechos fundamentales encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a los medios de impugnación en sede administrativa o jurisdiccional que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso se estima que el promovente no cumplió con dicho principio, por las siguientes razones. El solicitante del amparo reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación sin Detenido de Delitos de Robo I, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, la omisión de solicitar a la negociación denominada servicio Grúas Mancilla la devolución sin costo del vehículo marca Volkswagen Jetta, modelo 1995, color arena, número de serie 3VWSC81HXSM078060, número de motor ABA190086, placas de circulación HHN-528-B, del Estado de Hidalgo; sin embargo, esa determinación es impugnable mediante el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que debe ser combatida a través de ese medio de impugnación. Para la aplicación de las anteriores consideraciones a la materia penal que aquí nos ocupa, se toma en cuenta el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dice: Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Se sostiene lo anterior, porque las determinaciones o abstenciones del agente del Ministerio Público, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el juez de control; por ello, es inconcuso que el quejoso se encuentra obligado a agotar dicho medio ordinario de defensa. Apoya en lo conducente la tesis 1a./J 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 945, Tomo I, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2017641, de rubro y texto siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". En esa tesitura, al contener la ley que rige el acto reclamado un remedio procesal que puede subsanar las violaciones alegadas en la demanda de amparo, el mismo debió ser ejercido por la peticionaria de amparo, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, ya que no es optativo para la gobernada cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de la hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, registro 187016, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Por otro lado, el segundo de los artículos transcritos dispone que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en él, sino también de las demás hipótesis que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la primera fracción del numeral 1 de la Ley de Amparo prevé que el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones provenientes de autoridad que quebranten los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, la procedencia del juicio de amparo se encuentra restringida, entre otros supuestos, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad. No obstante, ni los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental ni la legislación reglamentaria de los preceptos mencionados, definen con precisión qué debe entenderse por autoridad, ya que no delimitan las características que se deben reunir para ser considerada como tal, para efectos de la procedencia del juicio de amparo; sino que únicamente ejemplifican las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto de protección constitucional. Por lo cual, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, definió las características que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, acordes con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado, cuyo epígrafe es: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Tales aspectos distintivos son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Dicho criterio jurisprudencial es consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089. Con base en tales directrices, para definir el concepto de autoridad, debe atenderse primeramente a si la relación que se somete a la decisión del órgano de control de constitucionalidad, en vía de amparo, se ubica dentro de las relaciones de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior En esa tesitura, es dable acudir a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir las controversias que surgen de ellas, se crea en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, siendo que las partes están en el mismo nivel, puesto que en las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Así, los actos de autoridad gozan de unilateralidad, porque el ente público actúa motu proprio; imperatividad debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente; así como coercitividad, puesto que a través de la infraestructura del Estado se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En suma, el concepto jurídico de autoridad lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales e imperativos, a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En el particular, el quejoso atribuye la negociación denominada servicio "Grúas Mancilla", la negativa verbal de recibir el oficio número PGJH-03/SO/DGILO/IUSD-RI/850/2022, de quince de julio de dos mil veintidós, al condicionarle la recepción del mismo previo pago de arrastre y corralón del vehículo marca Volkswagen Jetta, modelo 1995, color arena, número de serie 3VWSC81HXSM078060, número de motor ABA190086, placas de circulación HHN-528-B, del Estado de Hidalgo. Sin embargo, dicho acto no reviste las características necesarias para que sea considerado como de autoridad responsable para la procedencia del juicio de amparo; en virtud de que el arrastre y depósito de la unidad vehicular que prestó la referida negociación se realizó en auxilio de la procuración de justicia y no lo hace en ejercicio de una función legal, sino en cumplimiento a una obligación; inclusive, su incumplimiento podría ser motivo de la imposición de una medida de apremio o sanción, pues cuando un concesionario de arrastre y depósito actúa en términos de un acatamiento a una orden ministerial no lo hace como autoridad, porque no obstante que su comportamiento deriva de un mandato es irrenunciable y afecta jurídicamente a un gobernado, no es una atribución, sino una obligación. De ahí que no obre con imperio en una relación de supra a subordinación frente a otros gobernados, por el contrario, lo hacen en colaboración con la autoridad, en el caso como auxiliares de la procuración de justicia. Apoya lo anterior, la tesis I.2o.A.E.34 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad De México y Jurisdicción en toda la República, contenida en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2528, registro digital 2012414; que establece: CONCESIONARIOS DE TELECOMUNICACIONES. NO SE CONSTITUYEN COMO AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACATAN LOS LINEAMIENTOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA (A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REGULAN LOS ARTÍCULOS 189 Y 190 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN), PORQUE ACTÚAN COMO AUXILIARES DEL ENTE ESTATAL. De los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, deriva que para que un particular tenga calidad de autoridad responsable es menester la satisfacción de las siguientes condiciones: a) Que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas; b) Tal afectación sea unilateral y obligatoria, es decir, sin que al efecto se requiera acudir a los órganos judiciales ni se precise del consenso de la voluntad del afectado; c) El acto derive de funciones determinadas por una norma, por lo que resulte de ejercicio irrenunciable y obligatorio; y, d) La norma dé al particular al menos un margen de discrecionalidad, ya que de otra manera actuaría, más bien, como auxiliar del ente estatal. Ahora bien, el "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide los Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia y modifica el plan técnico fundamental de numeración, publicado el 21 de junio de 1996.", difundido a través del Diario Oficial de la Federación de dos de diciembre de dos mil quince y mediante el cual el citado instituto ejerció su facultad reguladora atinente a los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, atribuye diversas conductas a los concesionarios de telecomunicaciones, entre otras, en materia de localización geográfica de equipos de comunicación móvil y registro y control de las comunicaciones de sus usuarios, las cuales se traducen en obligaciones que deben asumir en auxilio de las autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia; tan es así, que su incumplimiento provoca la imposición de sanciones, según se advierte de los artículos primero, quincuagésimo octavo y quincuagésimo noveno de los propios lineamientos, y que estos mismos indican que dichas conductas son una "colaboración". Luego, cuando los aludidos concesionarios actúan en términos de tales lineamientos, no lo hacen como autoridades responsables (ejecutoras), porque no obstante que su comportamiento al respecto deriva de una norma, es irrenunciable y afecta jurídicamente a los usuarios, no es una atribución, sino una obligación, la cual, en ese sentido, no es discrecional en grado alguno. De ahí que no obren con imperio en una relación de supra a subordinación frente a otros gobernados; por el contrario, lo hacen en colaboración con la autoridad, como auxiliares del ente estatal en sus funciones de orden público. Asimismo, la tesis (IV Región)1o.5 K (11a.), emitida por el PRIMER Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, contenida en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Enero de 2022, Tomo IV, página 3032; de rubro y texto: PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚA EN CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN JUDICIAL DECRETADA EN UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL. De conformidad con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria o, en su caso, omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y cuando realicen actos equivalentes a aquéllos, los particulares que con su proceder u omisión afecten derechos de otros particulares y sus funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, en relación con la figura de la autoridad responsable, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS., determinó que las notas o características que distinguen a las autoridades o, en su caso, a los particulares que revisten el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo, consisten en que respecto del particular guarden una relación de supra a subordinación que tenga su nacimiento en la ley, por virtud de la cual emitan actos unilaterales a través de los que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de aquél y que, por consiguiente, para ello no requieran acudir a los órganos judiciales ni precisen del consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) Exploración y Producción emite un acto con motivo de la orden judicial decretada en un procedimiento jurisdiccional, no tendrá el carácter de autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dado que en esa hipótesis no se está en presencia de un acto unilateral que derive de una relación de supra a subordinación con respecto a la parte quejosa, que tenga su fundamento en la ley, sino que se trata del cumplimiento de una orden emitida por una autoridad jurisdiccional en un procedimiento de esa misma naturaleza, en donde dicha empresa no se ubica en un plano de supra a subordinación respecto de la peticionaria del amparo, sino de coordinación, en tanto ambas están sometidas a la potestad judicial. En suma, al actualizarse de manera indudable las causales de improcedencia en estudio, se reitera el desechamiento de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene al quejoso señalando como lugar para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Rio Papaloapan, esquina con Rio Usumacinta, número 507, colonia ISSSTE , Pachuca de Soto, Hidalgo. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Eliseo González León, toda vez que no se encontró inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. También, se le tiene proporcionando a la citada parte procesal el número telefónico 771 266 9176, así como la cuenta de correo electrónico cheo_gl@hotmail.com para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y d) solicitud de copias. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que les hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. Conviene hacer la aclaración de que la expedición de las copias autorizadas depende de la disponibilidad del servicio de fotocopias, en los días y horarios en que se encuentre brindando atención, mismo que constituye un área independiente de este Juzgado de Distrito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario....M-V

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