Celso Bautista Palma

Expediente 507/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
507/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Celso Bautista Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE TESTIMONIO. Agréguese a los autos el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que acompaña un tomo de pruebas, el original juicio de amparo 507/2022 y un testimonio de ejecutoria de trece de noviembre de dos mil veintitrés, emitida en el amparo en revisión 113/2023, de su estadística, de la que se advierte que la superioridad determinó revocar la sentencia recurrida, que sobreseyó y negó el amparo en el presente juicio, y en su lugar resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, por los motivos y para los efectos ahí expuestos. Acúsese recibo. DESTRUCCIÓN CUADERNO DE ANTECEDENTES. En consecuencia, procédase a la destrucción del legajo de copias certificadas que se formó con motivo del envío de los autos a la superioridad, pues son fiel reproducción de las que obran en el expediente original; y, por ende, carece de objeto anexarlas al mismo. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Así en estricto acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, en términos en el artículo 192 párrafos segundo y tercero y 197, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire y con copia de la ejecutoria de amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que -dentro del ámbito de sus atribuciones- en el plazo de tres días, contados legalmente, justifiquen haber dado cumplimiento al fallo protector, esto es: ".1. Deje sin efecto todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 117/2014, hasta la diligencia de emplazamiento de cinco de junio de dos mil quince; y 2. Determine la reposición del procedimiento a partir de la misma, ordenando de nueva cuenta el emplazamiento de dicho demandado con las formalidades de ley.". En el entendido que, en el referido plazo de tres días, deberán acompañar las copias certificadas de las constancias que acrediten fehacientemente su cumplimiento, lo que podrán enviar vía correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos cero centavos ($10,374.00) moneda nacional; atendiendo al valor de ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos ($103.74), moneda nacional, conforme a la publicación de diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Se autoriza al Secretario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, con el escrito del quejoso Celso Bautista Palma, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto y expresa agravios. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase las copias del escrito de agravios entre las demás partes. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítase el original del escrito de agravios y copia del mismo, así como el original del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO.". Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia de las constancias necesarias relativas a este asunto. Finalmente, se autoriza al Secretario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y que correspondió conocer a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, Celso Bautista Palma, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a las autoridades siguientes: "3. AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como AUTORIDAD ORDENADORA a la siguiente: AL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPOSCOLULA, OAXACA, [.]. II. A LICENCIADO ACTUARIO, QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO AL Juzgado mixto de primera instancia del distrito judicial de teposcolula, Oaxaca, [.]. 4. ACTO RECLAMADO. Los siguientes: a) RESPECTO DEL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPOSCOLULA, OAXACA: La orden de embargo, la ejecución forzosa de la sentencia, que se llegó a dictar en el proceso mercantil 117/2014, por falta de emplazamiento así (sic) mi persona. b) RESPECTO DEL ACTUARIO DEL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPOSCOLULA, OAXACA, se reclama los actos de molestia al llegar a mi domicilio el día 25 de abril del año 2022, al quererme embargar bienes de mi propiedad al querer ejecutar la ejecución forzosa de una supuesta sentencia que se dictó en mi contra esto sin que se me haya emplazado a juicio. c) LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO DENTRO DEL JUICIO MERCANTIL 117/2014, PUES BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ME HAN NOTIFICADO NADA, NO HE SIDO LLAMADO A JUICIO, NI MUCHO MENOS ME HAN EMPLAZADO A JUICIO PARA DARME LA OPORTUNIDAD DE CONTESTAR LA DEMANDA." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. El contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 507/2022 y se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Cita para audiencia. La celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, sin que la parte quejosa haya solicitado el diferimiento o la suspensión de ésta, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, ya que el acto reclamado tendría ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de forma clara y precisa los actos reclamados, por la parte quejosa a las responsables: a) La falta de emplazamiento dentro del juicio ejecutivo mercantil número 117/2014, promovido por el apoderado legal de la empresa DEFINEN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o sus abreviaturas S.A. de C.V., en contra de Liliana Bautista Reyes, deudora principal; Virginia Bautista Reyes, Irais Bautista Reyes, Arcadia Reyes Romero y Celso Bauti. P o Celso Baurtista Palma, como avales; y, b) La orden de embargo, ejecución forzosa de la sentencia dictada en dicho asunto. En el escrito ampliatorio de la demanda, reclamó: c) La falta de emplazamiento de manera personal de la plantilla de liquidación de intereses. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, materia común, registro 192097, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó los actos que se le reclaman; sin embargo, manifestó medularmente que en el juicio ejecutivo mercantil 117/2014, promovido por el apoderado de la empresa DEFINEN SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o sus abreviaturas S.A. de C.V., en contra de Liliana Bautista Reyes, deudora principal; Virginia Bautista Reyes, Irais Bautista Reyes, Arcadia Reyes Romero y Celso Bauti. P o Celso Baurtista Palma, como avales, en auto de veintidós de julio de dos mil catorce, se ordenó requerir a los demandados, del pago de las cantidades reclamadas, y en caso de no pagar, el embargo de bienes suficientes para garantizar el adeudo; además, se ordenó correrles traslado con las copias autorizadas de la demanda y sus anexos, emplazándolos para que dentro del plazo de ocho días hábiles, comparecieran ante su potestad a contestar la demanda y a oponer las excepciones que tuviere, o hacer pago de lo reclamado, y los apercibió que en caso de no hacerlo se les tendría por perdido su derecho. Por tanto, con tales manifestaciones se consideran ciertos los actos que se le reclaman; por lo que así debe tenérsele para todos los efectos legales procedentes. Cobra aplicación en la especie, en lo conducente, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro digital 211004, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente117/2014, que remitió como justificación a su informe, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el Actuario adscrito al órgano jurisdiccional mencionado, omitió rendir su informe de ley, no obstante estar oportunamente notificado para ello, el trece de junio y quince de julio, ambos, del año cursante; por tanto, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, resultan presuntivamente ciertos los actos que se le atribuye. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, lo procedente es analizar la causa de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o que de oficio se advierta, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respecto a la falta de notificación de manera personal en su domicilio de la planilla de liquidación de intereses, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, relacionada con la fracción VIII, del dispositivo 108, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresarán: [.] VIII. Los conceptos de violación". De la interpretación sistemática de tales preceptos, se advierte que se surte la causa de improcedencia en cuestión, cuando el impetrante en la demanda de amparo indirecto, omite en forma total formular conceptos de violación contra tales actos. En el caso, el estudio íntegro de la demanda de garantías, pone de manifiesto que la parte quejosa no expresó ningún motivo de inconformidad para controvertir la legalidad de la notificación de la planilla de liquidación. Sin que en el caso deba suplirse la deficiencia de la queja a favor del quejoso, toda vez que tanto la Constitución Federal, como la Ley de Amparo, establece que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, como en el caso que nos ocupa, la carga argumentativa para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, recae en el quejoso, dado que no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores, en todos los casos, deban suplir la queja deficiente, pues ello equivaldría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 654, del Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Materia: Constitucional, Civil, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021518, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." En consecuencia, si la parte quejosa omitió atribuir vicios propios, es decir, omitió formular conceptos de violación, respecto a los mencionados actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia en estudio y, consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, respecto de las autoridades responsables, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, al no advertirse diversa causa de improcedencia que se hayan hecho valer por las partes, ni se advierten de oficio, procede analizar el fondo del asunto. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. No se transcriben los conceptos de violación, por no existir obligación legal de hacerlo, dado que tal omisión no infringe disposición legal alguna y los mismos serán tomados en consideración al resolver el presente fallo, por lo cual resulta innecesaria su transcripción. Se invoca en apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 164618, publicada en la página 830, del tomo XXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." El solicitante de amparo señaló en la demanda de amparo como concepto de violación, que se transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Federal, porque no fue emplazado a juicio. Que en la diligencia de emplazamiento no se le especificó con qué documento le corrió traslado, solo le manifestó que fue con las copias de la demanda y sus anexos, sin especificarle qué anexos, menos le especificó que le corrió traslado del documento base de la acción. Previamente al análisis de la diligencia de emplazamiento impugnada, es menester precisar lo siguiente: El emplazamiento, al ser una de las formalidades esenciales del procedimiento, constituye a su vez el acto de mayor trascendencia en la medida en que a través del mismo, se llama a juicio a las partes para así estar en aptitud de ocurrir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Lo cual es acorde con la garantía de seguridad jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados a las que se unen además las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 Constitucional. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas integrantes de la garantía formal de audiencia a favor de los gobernados como lo es que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias producidas con el resultado de su trámite; también el darle la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; asimismo, tenga la oportunidad de formular los alegatos respectivos; y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto del debate. Cobra aplicación la Jurisprudencia 47/95, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200234, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." De tal manera, como ya se ha dicho, el emplazamiento constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento, la más relevante y de mayor trascendencia, en el sentido de que su legalidad o ilegalidad, necesariamente influirá en la resolución con la que culmine precisamente el procedimiento. En el caso, resultan infundados los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo y escrito ampliatorio. Cabe precisar, que el acto reclamado en el presente juicio constitucional, se rige conforme a las reglas establecidas para tal efecto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, en términos de su numeral 1054, vigente en la época de la expedición del documento base de la acción exhibido por la actora en el juicio generador del acto reclamado, esto es, a partir de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de nueve de abril de dos mil tres, dado que el documento que sirvió de base en el asunto natural de donde derivan los actos reclamados, fue suscrito el treinta de agosto de dos mil doce. El Código de Comercio aplicable, establece, en relación con la diligencia de embargo y emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, lo siguiente: "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." El énfasis es propio Como se aprecia, los preceptos de la codificación comercial invocada, si bien regulan en términos generales, el desahogo del requerimiento de pago, embargo, y emplazamiento, en los juicios ejecutivos mercantiles; lo cierto es que no detalla las formalidades que debe revestir el acto mismo del cercioramiento del domicilio del deudor, previo a los actos inherentes a la ejecución propia de esa especie de procedimientos, por lo que es necesario acudir de manera supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de superar esa laguna normativa, según lo dispone el propio artículo 1054 del Código de Comercio. En este orden de ideas, la codificación adjetiva civil federal, aplicable supletoriamente, en relación con el emplazamiento, disponen: "Artículo 304.- La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas con quienes ésta deba practicarse." "Artículo 309.- Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; II.- Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la notificación por edictos; III.- Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deben ser personales, y así lo ordene expresamente, y IV.- En todo caso, al Procurador de la República y Agentes del Ministerio Público Federal, y cuando la ley expresamente lo disponga." "Artículo 310.- Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Al Procurador de la República y a los agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." Lo subrayado es propio. "Artículo 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive, en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." El énfasis es nuestro "Artículo 312.- Si, en la casa, se negare el interesado o la persona con quien se entienda la notificación, a recibir ésta, la hará el notificador por medio de instructivo que fijará en la puerta de la misma, y asentará razón de tal circunstancia. En igual forma se procederá si no ocurrieren al llamado del notificador." "Artículo 317.- Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquellas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. A toda persona se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, sin necesidad de acuerdo judicial. Las copias que no recojan las partes, se guardarán en la secretaría, mientras esté pendiente el negocio." De los preceptos legales transcritos se infiere que tratándose de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, esta debe hacerse de forma personal, en la que el notificador encargado de realizarla tiene obligación ineludible de cerciorarse por medios bastantes y convincentes de que la diligencia que va efectuar verdaderamente se entienda con la persona buscada, y que ésta tiene su domicilio en el local o casa señalados en autos para ese efecto. Asimismo, deberá expresar en forma precisa los elementos en que apoye la actuación que realice, es decir, es indispensable que el funcionario judicial asiente con claridad si se cumplen tales requisitos, haciendo constar los medios de convicción que lo lleven a concluir si efectivamente la persona a emplazar habita o tiene su domicilio en el lugar que se señaló en autos y que fue en él donde se constituyó para realizar la diligencia de mérito. De lo hasta aquí expuesto, se desprenden las formalidades esenciales que debe cumplir el emplazamiento a juicio, las que deben acatarse en estricto sentido, ya que como se señaló con anterioridad, la ilegalidad o falta del emplazamiento implica una extrema gravedad por las consecuencias que pueda acarrear a la persona a quien en forma defectuosa se le hubiere llamado a juicio, pues evidentemente tal evento de ocurrir así, lo imposibilita para defenderse en forma correcta, dejándosele en completo estado de indefensión. Bajo estas premisas se colige que el emplazamiento a juicio relativo al juicio ejecutivo mercantil 117/2014, resulta legal en atención a que el Diligenciario responsable cumplió con los requisitos exigidos por el artículo 1394, párrafo segundo, del Código de Comercio; así como con la legislación civil federal aplicable, es decir, con los artículos 310, párrafo primero, y 311, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regulan tal diligencia de emplazamiento. Lo afirmado es así, pues a esa conclusión se llega del análisis de la referida diligencia de emplazamiento de cinco de junio de dos mil quince (fojas 23 a 25 vta.). En dicha diligencia, la diligenciaria responsable hizo constar haberse cerciorado que en el domicilio en que se constituyó, ubicado en avenida independencia, número cuatro, centro, Santiago Yolomécatl, Teposcolula, Oaxaca, en el cual vive y habita el demandado Celso Bautista P., o Celso Bautista Palma, con el objeto de llevar a cabo la diligencia judicial encomendada, por así habérselo indicado, ya que al inicial la avenida existe un letrero color azul con letras blancas incrustadas en una casa, en la cual dice Avenida Independencia, y que tuvo a la vista una casa de dos niveles, construida de material de concreto y en la parte de abajo hay un local con una cubierta metálica en color blanco y naranja, al igual que una puerta de herrería con anuncios de mezcales, y arriba de la cortina hay un letrero que dice expendio de mescal y aguardiente "la perla de Matatlán", al lado un dibujo de un mago y un señor con zarape, sentado al lado de un maguey, arriba un cuarto de color verde. Que al llamar a la puerta, fue atendida por una persona del sexo masculino que dijo responder al nombre de Celso Bautista Palma, quien le corroboró que es el domicilio buscado y de viva voz le manifestó que vivía en ese domicilio y ser la persona buscada, quien se identificó con documento oficial idóneo, es decir, con su credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, número de folio 037203878, y clave de elector BTPLCL36072820H100, en cuyo frente aparece una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos de la persona que tuvo a la vista y que le fue devuelta por ser de uso personal. Luego, al haberlo encontrado presente, procedió a notificarle el contenido del auto de veintidós de julio de dos mil catorce, dándole lectura íntegra de su contenido, al igual que en ese momento le hizo entrega de la cédula de notificación que contiene los requisitos de ley. Luego, lo requirió de pronto y ejecutivo pago de la cantidad de doscientos treinta mil pesos moneda nacional, por concepto de suerte principal; de la suma de ciento sesenta y seis mil ochocientos veinticuatro pesos cuarenta centavos, moneda nacional, por concepto de intereses ordinarios, convenidos en el documentos base de la acción, a razón de 3.20%, mensual; sobre saldos insolutos, contados a partir de la suscripción del pagaré base de la acción, sin perjuicio de los que se generaran hasta la liquidación del adeudo; el pago de la cantidad de ciento cuarenta y nueve mil quinientos pesos moneda nacional, por concepto de intereses moratorios convenidos, a razón del tres por ciento mensual; sobre cada abono vencido, contado a partir de la primera amortización, sin perjuicio de los que se siguieran generando, hasta la liquidación del adeudo; y, el pago de gastos y costas del juicio. Quien firmó de enterado de dicho requerimiento manifestó que sí reconocía la deuda, y que hablaría con el deudor principal; y ante la ante la falta de pago del demandado, el actuario correspondiente, nuevamente lo requirió para que en ese momento hiciera pago de las prestaciones reclamadas y demás accesorios legales, quien de enterado ratificó las anteriores manifestaciones. Enseguida, lo requirió para que señalara bienes de su propiedad para garantizar tales prestaciones, y lo apercibió que de no hacer uso de ese derecho, se pasaría a la parte actora, quien manifestó que no era su deseo señalar bien alguno de su propiedad, siendo todo lo que tenía que manifestar. Luego, concedido ese derecho al actor, éste manifestó que se reservaba su derecho de señalar bienes propiedad del demandado y que se corriera traslado al demandado y se le emplazara a juicio. Acto seguido el diligenciador responsable con copias simples de la demanda y anexos de ley, foliadas rubricadas, selladas y cotejadas, en ese mismo acto, procedió a correr traslado y emplazó a juicio al demandado Celso Bautista Palma, para que en un plazo de ocho días ante el Juzgado responsable, hiciera pago de las prestaciones reclamadas u opusiera las excepciones y defensas que tuviera que hacer valer, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, caso contrario aun las personales se las harían por cédula, las cuales adujo fueron recibidas por el demandado. Enseguida, hizo constar que no quiso firmar la diligencia, por ser esa su voluntad, pero que sí firmó en la copia de la cédula de notificación respectiva, y, dio por terminada la diligencia firmada por los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Cabe destacar, que en la cédula de notificación dirigida a Celso Bauti. P. Celso Bautista Palma (aval), obra una firma autógrafa en la que aparece el nombre de Celso Bautista (foja 26, anexo de pruebas). Al respecto, éste órgano de control constitucional considera que tales actuaciones judiciales, son suficientes para cumplir con las formalidades esenciales del emplazamiento exigidas por los artículos 1394, párrafo segundo, 310, párrafo primero, y 311, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, por así disponerlo su artículo 1054, aplicable; en razón a que se hizo constar que la diligencia de emplazamiento en cuestión, fue entendida personalmente con la parte demandada, aquí quejoso, previo cercioramiento del fedatario que en el lugar en que se constituyó vivía el demandado, al haber asentado las características del domicilio en que se constituyó, para arribar a dicha conclusión -cercioramiento-. Además, en la diligencia reclamada se hizo constar que el haber requerido la presencia del demandado Celso Bautista Palma, éste, accedió a su llamado personalmente, quien, se identificó con una credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, con folio 037203878, y clave de elector BTPLCL36072820H100, en cuyo frente apareció una fotografía que coincidía con los rasgos fisonómicos de la persona que tuvo a la vista y que le fue devuelta por ser de uso personal. Persona buscada, quien le informó que en ese domicilio en que se constituyó el fedatario, vivía; por tanto, se dio cabal cumplimiento a la formalidad esencial del emplazamiento contenida en los artículos 1393 del Código de Comercio, y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, al haberse cerciorado previamente, insístase, que la persona buscada vivía en la casa designada. Inclusive en dicha diligencia, se hizo constar que las características físicas del demandado coincidían con las de la credencial con fotografía que se le puso a la vista; lo cierto es que se cumplió con la formalidad esencial que es el cercioramiento de que en el domicilio en que practicó la diligencia vive el demandado. Virtud a lo cual, al haberlo encontrado presente, procedió a notificarle el contenido del auto a notificar de veintidós de julio de dos mil catorce, dándole lectura íntegra de su contenido, al igual que en ese momento le hizo entrega de la cédula de notificación que contiene los requisitos de ley. En otro aspecto, el fedatario responsable, sostuvo que entregó al demandado Celso Bautista Palma, copias simples de la demanda y anexos de ley, foliadas rubricadas, selladas y cotejadas, en ese mismo acto, procedió a correr traslado y emplazó a juicio al demandado Celso Bautista Palma, para que dentro del plazo de ley, acudiera ante el Juzgado responsable, a hacer pago de las prestaciones reclamadas u opusiera las excepciones y defensas que tuviera que hacer valer, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, caso contrario aun las personales se las harían por cédula, las cuales adujo fueron recibidas por el demandado. En ese orden de ideas, resulta infundado que el quejoso, en su demanda de amparo, arguye que se violó el contenido de los artículos 1063, 1068 bis, 1070, penúltimo párrafo, 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio. Es así, en razón a que, como se destacó con antelación, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, cumplió cabalmente con lo dispuesto en los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, incluso con las exigencias de los numerales 310, párrafo primero, y 311, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, por así disponerlo su artículo 1054, aplicable; pus, como se ha dicho, se hizo constar que la diligencia de emplazamiento en cuestión, fue entendida personalmente con la parte demandada, aquí quejoso, previo cercioramiento del fedatario que en el lugar en que se constituyó vivía el demandado, al haber asentado las características del domicilio en que se constituyó, para arribar a dicha conclusión -cercioramiento-. En ese orden es infundado el argumento del quejoso, en el sentido de que el notificador no se ajustó a lo previsto en el artículo 1068 bis, del Código de Comercio, que en su segundo párrafo establece que el notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. Lo anterior toda vez que el demandado no desconoció que fue el actuario adscrito al Juzgado responsable con quien entendió la diligencia de requerimiento y emplazamiento, tan es así, que le fueron entregadas las copias de traslado y sus anexos, la cédula, la cual incluso, firmó, como se desprende de su contenido, como se precisó en párrafos precedentes. Por otra parte, también resulta ineficaz el diverso argumento relativo a que en la diligencia de emplazamiento no se le especificó con qué documento le corrió traslado, solo le manifestó haberle corrido traslado con las copias de la demanda y sus anexos, sin especificarle qué anexos, menos le especificó que le corrió traslado del documento base de la acción. Lo anterior, toda vez que, de la diligencia de emplazamiento se advierte que se entendió con el quejoso quien se identificó y firmó de recibido, lo cual no es rebatido por dicho quejoso en el presente juicio. Finalmente, también es ineficaz que para el emplazamiento en esta clase de juicios mercantiles, cuando se practica personalmente con el demandado, la exigencia de dejar copia íntegra autorizada de la resolución que se notifica queda satisfecha con la entrega del instructivo en que obre su transcripción o inserción (legislación mercantil posterior al decreto de reformas de 13 de junio de 2003). Esto es así, dado que, como se destacó a lo largo de la presente resolución, al demandado le fue entregada la cédula de notificación con el contenido de la resolución a notificar -auto de mandamiento en forma-; de ahí que resulten ineficaces los motivos de discrepancia, al respecto. Corrobora la anterior determinación el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1428, del Libro 51, Febrero de 2018, Tomo III, Materia Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2016163, de rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. EL ACTUARIO QUE LO PRACTICA NO ESTÁ OBLIGADO A DETALLAR O PORMENORIZAR LOS DOCUMENTOS ANEXOS CON LOS QUE CORRE TRASLADO A LA DEMANDADA. De la interpretación de los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio y, 310, 311 y 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquel ordenamiento, se obtiene que el objetivo esencial que persigue el emplazamiento es hacer del conocimiento de una persona la existencia de un juicio entablado en su contra para que pueda preparar y efectuar su defensa; de ahí la necesidad de que exista la certeza de que, al momento de realizar su llamamiento al juicio, le sean entregadas a la notificada copias de los documentos exhibidos con la demanda; sin embargo, de ello no deriva que el actuario, al practicar el emplazamiento, deba detallar o pormenorizar los documentos con los que en copia corre traslado a la demandada pues, por un lado, no existe disposición legal alguna que así lo exija expresamente y, por otro, el objetivo se cumple cuando el actuario, en ejercicio de la fe pública de la que legalmente se encuentra investido para el desempeño de su función, hace constar que corre traslado con copias simples del escrito de demanda y documentos anexos a aquél, debidamente requisitados." De igual forma, la jurisprudencia 66/2012 (10a.), de la Primera Sala del Sumo Tribunal de la Nación, consultable en la página 287, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2001313, de rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CUANDO SE PRACTICA PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO, LA EXIGENCIA DE DEJAR COPIA ÍNTEGRA AUTORIZADA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA QUEDA SATISFECHA CON LA ENTREGA DEL INSTRUCTIVO EN QUE OBRE SU TRANSCRIPCIÓN O INSERCIÓN (LEGISLACIÓN MERCANTIL POSTERIOR AL DECRETO DE REFORMAS DE 13 DE JUNIO DE 2003). Es criterio judicial generalizado, respaldado por la doctrina, que el instructivo de notificación se caracteriza por ser un medio de comunicación procesal consistente en un documento escrito de carácter oficial en el que se contiene la transcripción o inserción íntegra de la resolución que se notifica, por lo que resulta inconcuso que cuando el emplazamiento a juicio ejecutivo mercantil se practica personalmente con el demandado y en la diligencia respectiva se le entrega "instructivo", aunque no obre constancia de que además se le dejó copia íntegra autónoma, autorizada también de manera autónoma, de la resolución que se notifica, tal circunstancia no contraviene el contenido del artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia mercantil, excepto cuando el instructivo no contenga la transcripción o inserción íntegra de la resolución judicial a notificar." Asimismo, resulta ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/12 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Registro 2003275, visible en la página 1785, del Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, Jurisprudencia(Civil), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que se describe a continuación: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL HECHO DE QUE EN EL ACTA RESPECTIVA SE ASIENTE QUE SE DEJÓ AL DEMANDADO INSTRUCTIVO Y NO CÉDULA DE LA ORDEN DE EMBARGO, NO LO TORNA ILEGAL, SIEMPRE Y CUANDO DE AQUÉL SE DESPRENDAN DATOS SUFICIENTES QUE PERMITAN AL ENJUICIADO TENER PLENO CONOCIMIENTO DEL JUICIO INSTAURADO EN SU CONTRA. El artículo 1394, segundo párrafo, del Código de Comercio, prevé: "En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra ...", de donde se concluye que siempre debe entregarse dicha cédula, ya sea que la diligencia se practique con el propio enjuiciado o con persona diversa. Ahora bien, el hecho de que en el acta respectiva se asiente que al demandado le fue entregado instructivo y no cédula de la orden de embargo, no es obstáculo para considerar legal la diligencia de emplazamiento, ya que si bien es cierto que el Código de Comercio y su ley supletoria no definen los requisitos de cada una de esas formas de notificación, también lo es que en el foro mexicano generalmente se utilizan como sinónimos; máxime que lo importante es que en el documento correspondiente se establezcan los datos necesarios que permitan a la parte enjuiciada conocer el juicio incoado en su contra y le den oportunidad de defenderse, como son, entre otros, el tipo de juicio, el número de expediente, los nombres del actor y del demandado, a quién está dirigida la notificación, el contenido de la resolución que se notifica, así como el órgano jurisdiccional que la emitió." En mérito de lo expuesto, al desestimarse los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Celso Bautista Palma. Negativa que se hace extensiva al Diligenciario adscrito a dicho Juzgado, por tener carácter de autoridad ejecutora de los actos reclamados. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a firmar los oficios que deriven de la presente determinación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E:

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante auto de doce de julio del año en curso, se ordenó notificar a la parte tercero interesada ***, apoderado legal de la ****, en su calidad de actor en el juicio natural, el proveído de veintidós de junio del actual, en donde se tuvo por admitida la ampliación de demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que obre en el expediente físico y electrónico la constancia de notificación a la citada parte tercera interesada. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a efecto de que notifique a la parte tercera interesada el presente auto, así como el diverso de veintidós de junio del actual. Ahora, toda vez que de autos se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se estima que no puede llevarse a cabo, dado lo proveído en párrafos anteriores. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese en términos de Ley y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito signado por la parte quejosa Celso Bautista Palma, por medio del cual, en atención al auto de quince de junio del año en curso, cumple el requerimiento efectuado y se le tiene exhibiendo una copia más de su escrito de ampliación de demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, téngase por ampliada la demanda de amparo inicial únicamente por cuanto hace a los actos reclamados. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Córrase traslado -con copia del citado ocurso-, a las partes en el presente asunto; para los efectos legales a que haya lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión relativo por no haber sido solicitado expresamente y no existir motivo para el trámite de oficio. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberá rendirlo dentro del plazo de quince días, en la inteligencia de que podrán enviarlo vía fax al teléfono 9515023701 o por correo electrónico 9jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, en aras de garantizar el principio de celeridad procesal; y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remitan a este Juzgado de Distrito: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, acorde con el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, y 64, ambas de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia se les impondrá, una multa, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 237, fracción I, 238, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, por el monto de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, cero centavos, moneda nacional) equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; atendiendo al valor de $96.22 (noventa y seis pesos, veintidós centavos, moneda nacional). En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude en el presente acuerdo, se entienden referidos a la ahora Unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, solicítese a la autoridad responsable que, al momento de rendir su informe justificado, haga del conocimiento de este órgano judicial, si en el expediente o carpeta de investigación de donde emana el acto reclamado, ya se promovieron diversos juicios de amparo; de ser afirmativa su respuesta, proporcionen el número de juicio, así como el Juzgado que conoció del mismo; lo anterior, para estar en aptitud de resolver lo que en derecho corresponda. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Asimismo, con fundamento en el artículo 64 de la ley de la materia, prevéngase a las partes, para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que se encuentran señaladas las once horas con veintitrés minutos del veinticuatro de junio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no podrá llevarse a cabo, toda vez que, aun no se encuentran notificadas las autoridades responsables de la ampliación de la demanda de amparo, motivo por el cual, no han conocido respecto de los nuevos actos combatidos, para que dichas autoridades responsables estén en aptitud de rendir su respectivos informes justificados. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, así como 115 y 124, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con veintitrés minutos del veinticuatro de junio del año en curso, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTITRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sustenta lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, tomo 2, febrero de 2013, visible en la página 1322, con número de registro 2002712, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES". Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad señalada como responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL". PRUEBAS. Se tiene a la parte quejosa, manifestando que ofrece las pruebas documentales que ya obran en autos, consistente en el testimonio deducido del expediente 117/2014 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Teposcolula, Oaxaca, mismas a las que adhiere a su ampliación de demanda de amparo de que se trata. RESPECTO DE LA NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, 26, fracción I, inciso k), y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, por esta ocasión, notifíquese este auto de forma personal corriéndose traslado con copia fotostática simple del escrito de ampliación de la demanda, entregándosele copia íntegra de la presente determinación para efectos de su emplazamiento. Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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