Celso Alberto González Mireles

Expediente 261/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
09/05/2023

Partes del expediente

  • Celso Alberto González Mireles
  • Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Cd. Victoria

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    ....Por otra parte, del estado actual que guardan los autos de este juicio de amparo, se advierte que a la fecha obran agregadas la totalidad de las constancias de notificación realizadas a las partes, correspondientes a la sentencia dictada el once de octubre del dos mil veintidós, y al proveído de veintisiete del mes y año en cita, por el que se comunicó la interposición del recurso de revisión, mismas que fueron realizadas a las partes en las datas que a continuación se indican: ...Consecuentemente, al estar debidamente integrado este asunto, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, el expediente relativo a este juicio de amparo, el escrito original del escrito de interposición del recurso de revisión....

  2. Principal

    ...se solicita a la responsable el estado que guarda la comunicación de referencia...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; tangase por recibido el escrito signado por el autorizado del quejoso ********************, mediante el cual interponen recurso de revisión y expresan agravios contra la sentencia emitida el once de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer la parte quejosa, contra la resolución terminada de integrar el once de octubre de dos mil veintidós. Distribúyase entre las partes copia simple del escrito de expresión de agravios presentado. Sin embargo, se reserva el envío del expediente relativo al juicio de amparo 261/2022-2, al Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, hasta que obren los acuses de recibo correspondientes a la notificación de la sentencia dictada en este asunto y del presente auto a las autoridades responsables. Esto, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 116/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 306, Tomo XX, Septiembre de 2004, (registro 180481), cuyo rubro es: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de octubre de dos mil veintidós. S E N T E N C I A : V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 261/2022-2; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con asiento en esta ciudad, turnado en esa misma data a este Juzgado Octavo, Celso Alberto González Mireles promovió juicio de amparo contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 261/2022-2, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables, se dio a la Representante Social de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde, y se señaló fecha para la audiencia constitucional (fojas 78 a 80). Integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia constitucional el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en los términos anotados en el acta que antecede (foja 166); y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales, con fundamento en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues los actos reclamados tienen efectos materiales dentro de la circunscripción territorial en la cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto los actos reclamados se hacen consistir en: 1.- El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 441/2021 instruido en contra de Celso Alberto González Mireles, para la separación de su cargo como perito profesional adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. 2.- El emplazamiento y/o notificación practicada al quejoso en el procedimiento administrativo 441/2021. 3.- La omisión de hacerle del conocimiento los resultados de los exámenes de control y confianza. Sirve de apoyo a tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 192097), que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera, en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa Penal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (fojas 86 y 87), Director General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, en representación del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas (foja 92), Director de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (fojas 94 y 95), Fiscal Especializado en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (foja 100), y Coordinador General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (fojas 117 a 119), todas con residencia en Ciudad Victoria, al rendir el informe justificado negaron los actos reclamados que se les atribuyen. Por su parte, la autoridad responsable Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (foja 105), al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el inicio del procedimiento administrativo de separación del servicio profesional por incumplimiento de los requisitos de permanencia instaurado con motivo de la queja que interpuso en contra del quejoso; sin embargo, de las constancias que obran en este asunto, se desprende que entre sus atribuciones no se encuentra contemplada la de sustanciar el procedimiento referido. Ahora bien, el artículo 117 de la ley de la materia, establece la obligación a las autoridades responsables en el sentido de que al rendir el informe con justificación, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el órgano jurisdiccional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de derechos fundamentales, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, (registro 187728), del rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.". En consecuencia, al no haber ofrecido la parte quejosa prueba idónea que desvirtuara tal negativa, ni demostrado la participación de dichas autoridades en la emisión y ejecución de los actos reclamados, debe sobreseerse en el presente juicio, respecto de los actos y autoridades a que se contrae este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, de la Sexta Época del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación (registro 917818), que es del tenor: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como el criterio sustentado por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1967, Décima Época, registro 2019326, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en la Ciudad Capital, al rendir informe justificado aceptó el acto reclamado, señalando que el tres de mayo de dos mil veintiuno, emitió el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo 441/2021, instruido en contra del aquí quejoso, con motivo de la queja presentada por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por no cumplir con los requisitos de permanencia previstos en los artículos 64, 65 y 77, fracción V, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado (fojas 130 a 133). Además, remitió copia certificada de las constancias que integran el citado procedimiento administrativo (legajo de pruebas por separado); documentales públicas a las que se le otorga valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones y de las que se advierte la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 (registro 394182), bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado a esta autoridad. Resulta aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice 2000, Quinta Época (registro 917812), que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Actuario Ministerial de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación número Dos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con asiento en esta localidad, al rendir informe justificado negó el acto que se le atribuye (fojas 158 y 159); sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada con las propias manifestaciones que realiza y con la cédula de notificación que allegó con dicho informe; por ello, se presume la certeza del acto que se le reclama y se tiene por cierto. QUINTO. Estudio de fondo. En el presente asunto no se advierte causa que genere la improcedencia de este juicio de amparo; por tanto, deben analizarse los conceptos de violación expresados, sin que para ello sea obligatorio transcribirlos, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Mayo de 2010, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 164618), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación vertidos por el quejoso son fundados y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, aunque suplidos en su deficiencia, como lo dispone el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Ello, porque con independencia de que la relación del quejoso con las autoridades responsables está regulada por el derecho administrativo, tiene el carácter de trabajador, de ahí, se le debe suplir la queja deficiente, aun y ante la ausencia de conceptos de violación. Máxime, porque esa interpretación tiende a proteger los derechos de no discriminación e igualdad, en atención a los principios pro persona y de progresividad. Al respecto, se cita como criterio orientadora la Jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado". Del análisis de los motivos de disenso hechos valer por el quejoso sustancialmente alega que el auto de inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra por supuestamente no haber aprobado los exámenes de control de confianza, transgrede en su perjuicio el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues no tiene conocimiento cuál de ellos no aprobó, ya que la autoridad responsable al emitir dicho acuerdo de inicio no expresó los motivos o circunstancias en que se apoyó ni las evaluaciones que se le aplicaron y no acreditó, así como tampoco en las actuaciones subsecuentes previas a la notificación del quejoso del inicio del procedimiento. Ahora bien, cabe destacar que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)" ARTÍCULO 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.)" El numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, prevé que los actos privativos deben realizarse, por regla general, mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J. 47/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, diciembre de 1995, página 133, registro 200234, cuyo rubro y texto establece: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Del criterio transcrito se advierte que para tener colmada la garantía de audiencia se deben atender los siguientes extremos: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y, d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que son indispensables para garantizar la adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de manera que su omisión o infracción produce de alguna manera indefensión al afectado o lo coloca en una situación que afecta gravemente su defensa. Así, la adecuada y oportuna defensa requiere en todo procedimiento, previo al acto privativo, de las etapas procesales a que se ha hecho referencia, que se desarrollan por medio de requisitos o actos específicos, tales como notificaciones, emplazamientos, términos para contestar o para oponerse a las pretensiones de privación, así como la oportunidad de probar. Respecto a esto último, se debe considerar como el otorgamiento de una serie de facultades en favor de los interesados, entre los que destacan: abrir un término probatorio suficiente; proponer los medios de prueba que puedan ofrecerse; así como precisar la forma en que deben desahogarse y valorarse, actos que en su conjunto permiten una adecuada defensa de los gobernados. Por su parte, el numeral 16 constitucional, impone que todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado. En ese aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la jurisprudencia 11, visible en el Informe de 1973, Parte II, página 18, registro 815,374, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Es decir, se debe entender por fundar, la obligación de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que deben señalarse también las circunstancias especiales o razones particulares que se hubieren tomado en consideración para la emisión del acto; siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Precisado lo anterior, se destaca que en el acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, que diera inicio al procedimiento administrativo 441/2021, se advierte que el Agente del Ministerio Público responsable, de manera genérica inicia procedimiento administrativo en contra del ahora quejoso, con base al oficio número FGJ/DGSPCF/DIR/QUE/303/2021 signado por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con el cual se presentó queja ante la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de esa dependencia contra Celso Alberto González Mireles, en virtud de no cumplir con el requisito de permanencia en el puesto previsto en el artículo 63, inciso a), fracción IV, del Reglamento de Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. De lo antes expuesto, como lo aduce el quejoso, la responsable no dio cabal cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 16 de la Constitución de fundar y motivar debidamente su decisión de iniciar el procedimiento administrativo a la parte quejosa. En esas circunstancias, es obligación de la autoridad exponer cuál o cuáles exámenes a los que se sometió el agraviado no aprobó para que pueda defenderse. Ahora, resulta viable transcribir el artículo 227 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, que establece la substanciación del inicio y trámite del procedimiento administrativo, el cual es del tenor siguiente: ".Artículo 227. Con el objeto de tramitar y resolver las quejas y vistas que se presenten contra las y los servidores públicos de actuación sustantiva de la Fiscalía General, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos iniciará y tramitará el procedimiento administrativo, a efecto de que, de resultar procedente, se lleve a cabo la aplicación de alguna o algunas de las sanciones previstas en el artículo 79 de la Ley, mismo que se substanciará en los siguientes términos: I. El procedimiento administrativo, se iniciará por queja de parte ofendida, por comparecencia o por escrito, o vista de hechos dada por el personal de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, Dirección de Visitaduría y Seguimiento o autoridad externa; II. Radicado el procedimiento administrativo, se ordenará realizar las diligencias correspondientes, emplazando a la o el servidor público, haciéndole saber las imputaciones en su contra, entregando copia certificada de las actuaciones, informando el derecho de ser asistido por un defensor, así como de que le sea asignado una o un defensor público, se hará de su conocimiento el derecho que tiene de ofrecer pruebas, por sí o por medio de su defensor; III. La o el servidor público sujeto a procedimiento administrativo, contará con un término de diez días hábiles para dar contestación a la imputación, computados a partir del día siguiente al del emplazamiento; contestación en la que deberá referirse a todos y cada uno de los hechos motivo de la imputación, debiendo negarlos o afirmarlos, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar; IV. Se presumirán confesados los hechos que se le imputan, sobre los cuales no se pronuncie en el término mencionado, salvo prueba en contrario; la persona investigada podrá ofrecer las pruebas que considere acreditan su dicho al momento de contestar la imputación, debiendo anexar a su escrito los documentos que obren en su poder y que ofrezca como prueba; V. Desde el inicio del procedimiento administrativo, hasta antes de cerrarse la instrucción, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos podrá decretar la suspensión temporal como medida cautelar, previa vista que para ello haga la o el servidor público que tramite dicho procedimiento; VI. En la integración del procedimiento administrativo, la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, solicitará la información que requiera, a las unidades de la Fiscalía General y autoridades externas, que se haga necesario; VII. Concluido el término para la o el servidor público sujeto a investigación dé contestación y ofrezca pruebas, se le citará a una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a la que deberá comparecer asistido de su defensor, misma que tendrá verificativo dentro de los diez días hábiles siguientes a que fenezca el término para emitir su contestación, en ella se desahogarán las pruebas admitidas, se recibirán sus alegatos, por sí o por medio de su defensor, decretándose el cierre de la instrucción; VIII. En lo relativo al procedimiento administrativo y a la apreciación de pruebas, no previstos en la Ley y este Reglamento, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles vigentes y demás legislación aplicable; IX. Una vez cerrada la instrucción el procedimiento administrativo, la persona Titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, remitirá el expediente para resolución a la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera, acompañándolo con un proyecto de resolución, para su determinación; X. La sanción o sanciones, que en su caso se determine imponer, será sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que se incurra y se agregará al expediente de la o el servidor público copia de la resolución que se le imponga; XI. Lo dispuesto en este Capítulo, rige sin perjuicio de lo señalado en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; y XII. El procedimiento administrativo deberá ser integrado en un plazo no mayor a cuarenta días hábiles, computados desde su inicio hasta su remisión a la Comisión de Honor y Justicia del Servicio Profesional de Carrera para su determinación; sin embargo, el término a que alude esta fracción podrá prorrogarse si existiere causa justificada para ello." En el acuerdo reclamado, la autoridad responsable únicamente determinó que iniciaba el procedimiento administrativo correspondiente, con base a la queja interpuesta en contra de Celso Alberto González Mireles, por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en virtud de no cumplir con el requisito de permanencia; sin explicar de manera pormenorizada las imputaciones que se le atribuyen, ni señaló los elementos probatorios que recabó para sustentar que no aprobó el proceso de evaluación de control de confianza. Ello, se evidencia con las constancias que integran el procedimiento administrativo 441/2021, que la responsable adjuntó a su informe justificado, en el cual obran: 1. Oficio FGJ/377/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, signado por Fiscal General de Justicia del Estado, en el cual emite nombramiento a favor de Pedro Sosa López, como Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (foja 7, legajo de pruebas). 2. Oficio PGJ/DSP/5258/19 de once de febrero de dos mil diecinueve, signado por el licenciado Pedro Sosa López, Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, referente a la adscripción del quejoso Celso Alberto González Mireles como perito profesional con especialidad en Valuación de Bienes Muebles, en la Coordinación de Servicios Periciales de esta ciudad (foja 10 del legajo de pruebas). 3. Oficio FGJ/DGFSPC/CEECC/0542/2021 de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, firmado por el Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado, enlace con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual hace de conocimiento al Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el resultado del Proceso de Evaluación en Control de Confianza de Celso Alberto González Mireles, quien no cumplió con los requisitos indispensables para su permanencia en el puesto de perito profesional (Página 11, legajo de pruebas). 4.- Oficio SESP/CEECC/3066/2021 de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 27 del legajo de pruebas) emitido por el Coordinador General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, del que se advierte que el peticionario de amparo fue sometido a una evaluación de control de confianza, la cual consistió en la aplicación de diversos exámenes, respecto de los cuales obtuvo el resultado de "NO APROBADO". 5.- Oficio FGJ/DGFSPC/CEECC/1820/2021 de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, firmado por el Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado, enlace con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual remitió al fiscal responsable, el diverso oficio SESP/CEECC/1140/2021 de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en el que se informa al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, sobre el resultado del Proceso de Evaluación en Control de Confianza de Celso Alberto González Mireles, quien resultó no aprobado para su permanencia en el puesto de perito profesional (Página 36, legajo de pruebas). Así las cosas, es evidente que la autoridad responsable trasgredió en perjuicio de la parte quejosa el artículo 16 de la Constitución, pues el quejoso desconoce la causa determinante que originó el inicio del procedimiento administrativo de separación que se le instruye. Esto es, para que un servidor público adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pueda permanecer en el desempeño de sus funciones es indispensable la aprobación de una serie de exámenes que lo certifiquen, lo que se identifica con un procedimiento mediante el cual los peritos se someten a evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos. Sin embargo, ni ese proceso de evaluación, ni los parámetros que sirvieron para interpretar las pruebas realizadas, obran en el procedimiento administrativo que se le sigue al quejoso, ni tampoco están expresamente contenidos, como motivación y fundamentación dentro del auto de radicación de tres de mayo de dos mil veintiuno, que contiene el señalamiento de que Celso Alberto González Mireles, Perito Profesional especializado en Valuación de Bienes Muebles adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales, con sede en esta ciudad, no acreditó el requisito de permanencia en el puesto; ni en las actuaciones subsecuentes previas a la notificación al quejoso del inicio del procedimiento seguido en su contra. Pues bien, en el caso concreto, obra en el procedimiento administrativo de origen el oficio SESP/CEECC/3066/2021 de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno (foja 27 del legajo de pruebas) emitido por el Coordinador General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tamaulipas, del que se advierte que el peticionario de amparo fue sometido a una evaluación de control de confianza, la cual consistió en la aplicación de diversos exámenes, respecto de los cuales obtuvo el resultado de "NO APROBADO". Así, el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, tiene la facultad de aplicar y calificar unilateralmente los exámenes para comprobar por sí mismo la confianza de los peritos, necesaria para permanecer en sus cargos, mediante la evaluación conjunta de la personalidad o mentalidad, el físico o estado médico o de salud, la edad, el desarrollo patrimonial, la toxicología o no, los antecedentes penales o no y los vínculos o no con organizaciones delictivas de cada uno de ellos. Atento a lo expuesto, este órgano de control constitucional considera que para cumplir con la obligación de fundar y motivar debidamente sus actuaciones, así como para garantizar el derecho a una defensa adecuada, el Agente del Ministerio Público responsable, al dictar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia, seguido en contra de un perito oficial en términos del artículo 227 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, debe corroborar que en la solicitud efectuada por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, se establezcan los fundamentos y motivos en que se sustenta el presunto incumplimiento, así como recabar las pruebas idóneas en que se apoye. Para lo cual, se deberán precisar los motivos por los que supuestamente se incumplió con los requisitos de permanencia; en esa medida, la citada autoridad debe indicar el examen o exámenes que no fueron aprobados, resultando insuficiente el señalamiento genérico de que el indiciado obtuvo el resultado de no aprobado, pues ante la vaguedad de esa indicación, no se justifica el inicio del procedimiento que concluirá, indefectiblemente, con imposibilidad de ser reinstalado. Asimismo, al emitir el acuerdo de inicio, el fiscal responsable, debe verificar que al efecto se acompañe el expediente del presunto infractor y determinar si las pruebas aportadas al procedimiento son legales e idóneas. Siendo que al emitir la resolución final, realizará la valoración de dichas pruebas para establecer si son o no aptas para corroborar la conducta imputada al perito, y resolverá lo que en derecho corresponda. Por lo que, al emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, el Agente del Ministerio Público, debe corroborar que la solicitud se hubiera formulado en esos términos, lo que necesariamente implica que, tomando en consideración las razones y fundamentos invocados en la solicitud, atienda a las pruebas aportadas y determine si son legales e idóneas. Esto es, el fiscal debe verificar que las pruebas en que se sustenta la solicitud de inicio del procedimiento, se encuentren previstas y satisfagan los requisitos establecidos en ley, además de estar relacionadas con los motivos por los que se determina el inicio del procedimiento. Es por ello, que el Agente del Ministerio Público responsable, para fundar y motivar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación, así como para garantizar la adecuada defensa del incoado, debe precisar las razones por las que resuelve el inicio del procedimiento, para lo cual debe indicar la causa por la que se estima el incumplimiento a los requisitos de permanencia, así como las evaluaciones aplicadas y no acreditadas, lo que conlleva la obligación de verificar que las pruebas estén previstas y satisfagan los requisitos establecidos en la ley -sean legales-, y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio del procedimiento -sean idóneas-. De ahí que este órgano de control constitucional considere que si bien el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, no se encuentra legalmente obligado a efectuar el análisis y valoración de las pruebas aportadas por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para determinar presuntivamente sobre si se encuentra o no acreditada la conducta que motivó esa solicitud; sí está constreñido a verificar que la referida unidad funde y motive su solicitud y remita el expediente correspondiente -en el que necesariamente deben obrar las pruebas que sirven de sustento-, lo que conlleva la obligación de verificar que las pruebas son legales e idóneas. Lo anterior, en virtud de que al indicar expresamente los motivos en que se sustenta el inicio del procedimiento, señalando las razones por las que se estima el incumplimiento a los requisitos de permanencia, y precisando las pruebas en que se apoya esa imputación, el fiscal responsable se encuentra en aptitud de verificar la legalidad e idoneidad de las mismas, cumpliendo así con las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, que justifican el inicio del procedimiento que, como se dijo, indefectiblemente concluirá con la imposibilidad de ser reinstalado. Ello, si se toma en consideración que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que, entre otros, en tratándose de los peritos, aun y cuando la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia PC.I.A. J/62 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, Enero de 2016, Décima Época, (registro 2010814), del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY RELATIVA. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE SU ACUERDO DE INICIO. El Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial, para fundar y motivar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación referido, así como para garantizar la adecuada defensa del incoado, debe indicar la causa por la que estima que se incumplió con los requisitos de permanencia, esto es, debe señalar el examen o los exámenes no aprobados y hacer del conocimiento del indiciado las pruebas en que se sustenta el inicio del procedimiento, lo que conlleva la obligación de verificar que éstas estén previstas en la ley, esto es, que sean legales y resulten adecuadas para demostrar el hecho que motivó el inicio de aquél, es decir, que sean idóneas, pues si bien la citada autoridad no está legalmente obligada a efectuar el análisis y valoración de las pruebas aportadas por la Unidad de Asuntos Internos solicitante, para determinar presuntivamente si se encuentra o no acreditada la conducta que motivó esa solicitud, sí está constreñida a verificar que la referida Unidad funde y motive su solicitud, y remita el expediente correspondiente, en el que necesariamente deben obrar las pruebas que sirven de sustento; lo que conlleva la obligación de verificar que ésas sean legales e idóneas, pues sólo así cumplirán las obligaciones constitucionales de fundar y motivar sus actuaciones, así como de garantizar una adecuada defensa al incoado, al permitirle ofrecer pruebas con las que desvirtúe la imputación en su contra." De igual forma, por analogía, resulta aplicable el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Jurisprudencia I. 1°.A. J/4 (10ª), publicada en la página 2168, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el que se sostuvo que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso, en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de un policía federal, cuando se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento; es decir, los exámenes que no aprobó, sin que sea suficiente que se indique que no resultó apto en el proceso de evaluación. Dicho criterio jurisprudencial es del rubro y texto siguiente: "ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL. PARA RESPETAR LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO DEBE HACERSE CONSTAR EN ESE DOCUMENTO, CUÁLES SON LOS HECHOS O CONDUCTAS QUE DAN ORIGEN AL PROCEDIMIENTO, ESTO ES, LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA NO APROBADOS. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la PJF - Versión Pública 19 Policía Federal, se advierte que para respetar los derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo establezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor público resultó no apto en el proceso de evaluación." Asimismo, es ilustrativa al caso el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que aparece publicado en la página 2700, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en el que se analizó el tema de que a efecto de observar la garantía de audiencia y respetar derechos fundamentales inherentes a la honra y a la dignidad que establecen los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", dentro del procedimiento administrativo de remoción de un elemento de seguridad pública por no aprobar los exámenes de control de confianza, es necesario la demostración plena de no confiabilidad y/o deshonestidad del elemento policiaco, en el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado con motivo de la no aprobación de dichos exámenes; en dicho criterio se estableció, que es menester que se den a conocer las razones de la no aprobación, a fin de que esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses. El criterio invocado es del rubro y texto siguiente: "REMOCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO POR NO APROBAR EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA. ES NECESARIO DARLOS A CONOCER EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES. De los artículos 66, 239, fracción XX, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Monterrey, así como del artículo 65 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, se desprende que la prueba de control de confianza tiene como objeto contar con elementos PJF - Versión Pública 20 confiables y honestos que actúen con apego a la legalidad y a la ética profesional; y, que, en caso de no acreditarla, lo procedente es remover al servidor público sin responsabilidad para la dependencia que labore; y, además, que dicha circunstancia se haga constar en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública; lo que tiene como finalidad la publicidad entre los órganos de seguridad, de los nombres de las personas que no son aptas para el servicio público. Por tanto, con la remoción de un elemento, por la no aprobación de los exámenes de control de confianza, se pone en entredicho la capacidad, aptitud, confiabilidad, honradez y dignidad de la persona para permanecer en el servicio público, de lo que resulta que la afectación incide de modo grave y trascendente a su honor y fama pública. Entonces, para justificar dicha remoción, es necesaria la demostración plena de no confiabilidad y/o deshonestidad del elemento policiaco, en el procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado con motivo de la no aprobación de dichos exámenes; para lo cual, es menester que se le den a conocer las razones de la no aprobación, a fin de que esté en posibilidad de realizar una adecuada y oportuna defensa de sus intereses, con la amplitud que en la garantía de audiencia se prevé; esto es, con la posibilidad de exponer argumentos y ofrecer pruebas, bajo las formalidades esenciales de un procedimiento; ya que de lo contrario se vulneraría en su perjuicio, no sólo su derecho de audiencia, sino también los derechos fundamentales inherentes a la honra y a la dignidad, que establecen los artículos 1, 2 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José". En esos términos, ante dicha remoción, sin el respeto a la garantía de audiencia, es necesario reponer el procedimiento administrativo, pues sólo así, el servidor público se encontrará en aptitud de redargüir los motivos que ponen en entredicho su honestidad y confiabilidad, ya que en el ámbito del servicio público, el acto de autoridad tendrá un efecto estigmatizador sobre su calidad moral y ética profesional, con la inscripción en el Registro Estatal del Personal de Seguridad Pública." Igualmente, sirve como apoyo al caso a estudio, el criterio contenido en la tesis aislada XIX.1o.A.C.13 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el cual se sostiene que en el auto de inicio de procedimiento administrativo de separación en contra de un elemento de la Policía Federal por no haber aprobado el proceso de evaluación de confianza, la autoridad instructora debe hacerle saber los motivos o circunstancias en se apoyó, así como las evaluación que se le aplicaron y no acreditó, pues en tal procedimiento se definirá su permanencia en dicha institución por lo que el acto inicial se debe realizar en estricta observancia a las formalidades esenciales del procedimiento, para que esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa. Criterio cuyo rubro y texto señalan: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. EN EL ACUERDO DE INICIO DEBEN HACÉRSELES SABER LOS MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE APOYÓ LA AUTORIDAD QUE LO ORDENÓ, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES APLICADAS Y NO ACREDITADAS. La autoridad que ordena el inicio del procedimiento administrativo de separación contra un elemento de la Policía Federal por no satisfacer el perfil requerido para el cargo, al no haber aprobado el proceso de evaluación de confianza, debe hacerle saber en el acuerdo relativo los motivos o circunstancias en que se apoyó, así como las evaluaciones que se le aplicaron y no acreditó, pues al tratarse de un procedimiento en el que se prepara una resolución que definirá la permanencia en dicha institución de uno de sus integrantes, el acto inicial debe realizarse en estricta observancia a las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, conforme a las exigencias que tienen como finalidad garantizar que esté en aptitud de proponer una adecuada y oportuna defensa, y no sólo como cumplimiento del requisito de motivación y fundamentación." Por tanto, se advierte que la valoración de pruebas no se debe realizar únicamente en la resolución que se emita en el procedimiento administrativo, sino que debe realizarse una valoración previa desde el dictado del acuerdo de inicio de procedimiento. De ahí, que el Agente del Ministerio Público debe resolver si ha lugar a iniciar el procedimiento en contra del servidor público y, para ello, deberá analizar los medios de probatorios ofrecidos por el Encargado de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para estar en posibilidad de determinar de manera presunta si efectivamente el servidor incumplió con los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario que dé lugar a la separación del cargo, ya que si considera que no se acredita la infracción deberá devolver el expediente a la unidad remitente. Esto es, resulta trascendente la valoración previa, para que la responsable cuente con los medios necesarios para determinar la procedencia o no del inicio del procedimiento. Por tanto, si no se realiza una valoración previa de pruebas para determinar la viabilidad del inicio del procedimiento, implicaría sujetar a los servidores, en automático, a un procedimiento en el que de no obtener resolución favorable ya no podrán ser reinstalados en sus cargos, teniendo una ejecución irreparable; de ahí la trascendencia de dicha valoración. Además, resulta necesario que la misma se realice desde el dictado del acuerdo de inicio, porque de ese modo el servidor se encontrará en posibilidad de preparar su defensa demostrando que no incumplió con los requisitos de permanencia o que cometió una infracción al régimen disciplinario. Entonces, tal valoración de pruebas en el acuerdo de inicio es relevante por las siguientes razones: es el fundamento para que el Agente del Ministerio Público pueda declarar la procedencia de éste; asimismo; protege al servidor ya que iniciado el procedimiento, aun cuando pudieran obtener una resolución favorable, de la autoridad jurisdiccional, no podrá ser reinstalado en su cargo; y, finalmente, porque pone del conocimiento del servidor la conducta que se le imputa, lo que le otorga posibilidad de defensa durante el procedimiento. Por analogía, es aplicable la tesis (IV Región)1o. J/10 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo II, página 1732, registro 2009418, que dice: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA POLICÍA FEDERAL. LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR SI SE INCUMPLIERON LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA O SE INCURRIÓ EN ALGUNA INFRACCIÓN AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DEBEN VALORARSE DESDE EL ACUERDO DE INICIO Y NO HASTA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. Del artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, se advierte que el presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de dicha corporación debe resolver si ha lugar a iniciar el procedimiento contra sus integrantes, con base en el análisis de las pruebas ofrecidas por la Unidad de Asuntos Internos correspondiente, que le permitirá determinar, presuntamente, si aquéllos incumplieron los requisitos de permanencia o incurrieron en alguna infracción al régimen disciplinario que amerite su separación del cargo, ya que si considera que no se acredita alguna de esas hipótesis, deberá devolver el expediente a la unidad remitente. En estas condiciones, la valoración de las pruebas desde el momento en que se ofrecen encuentra su justificación en la naturaleza del procedimiento, ya que el mecanismo de control y evaluación del desempeño de los agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, puede conducir a su separación o remoción del cargo si no cumplen con los requisitos impuestos por las leyes respectivas o incurren en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Además, en estos casos, aun cuando obtengan resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos y el Estado se limitará a pagarles la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho. Por tanto, las pruebas referidas deben valorarse desde el dictado del acuerdo de inicio y no hasta el de la resolución definitiva, porque, de ese modo, el servidor público se encontrará en posibilidad de preparar su defensa." En este sentido, es menester precisar que en el particular el inicio del procedimiento administrativo de separación seguido contra el servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, es evidente la violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulta aplicable al caso en concreto y que, por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional. Sirve de apoyo al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mayo de 2016, décima época, registro 2011659, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Consecuentemente, al resultar fundado el concepto de violación lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra el acuerdo de inicio de procedimiento de tres de mayo de dos mil veintiuno, recaído en el procedimiento administrativo 441/2021 por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, al acreditar la violación a los derechos fundamentales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucional. SEXTO. Efectos del amparo y la protección concedidos. Con base en lo expuesto, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, es para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, deje insubsistente el acuerdo de inicio de tres de mayo de dos mil veintiuno, contenido en el procedimiento administrativo 441/2021; así como las subsecuentes actuaciones, sin perjuicio de que, en ejercicio de sus atribuciones, emita de nueva cuenta el auto de radicación; pero de ser así, corrija los vicios formales destacados en este fallo. Amparo que se hace extensivo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable ejecutora Actuario Ministerial de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación número Dos, al no haberse reclamado por vicios propios. Finalmente, dado el sentido de tal motivo de disenso, resulta innecesario el estudio de los restantes, pues se ha alcanzado la pretensión buscada por la parte quejosa. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 261/2022-2, promovido por Celso Alberto González Mireles, contra los actos reclamados, autoridades responsables y razones mencionadas en los considerandos segundo y tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Celso Alberto González Mireles, en el presente juicio de amparo 261/2022-2, promovido contra el acto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para los efectos precisados en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Jueza, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEPLE./GEN./001/4194/2022, en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Marco Antonio Montoya Ruiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, hoy once de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado así lo permitieron.

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