Celsa Santiago Petra
Expediente 1005/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Celsa Santiago Petra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de treinta de septiembre del dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA, en el juicio de garantías, ha causado estado; hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la citada ley archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Asimismo, respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho número 173/2016, número de orden 624/2016, derivado del juicio en que se actúa, que se le envió para efecto de notificar el auto de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, a la quejosa ********************. Dese de baja la comunicación oficial señalada, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad exhortada, se advierte que la imposibilidad que tuvo el Secretario Actuario adscrito al juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para notificar el auto de treinta de septiembre del año en curso, a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente notificación, así como la del treinta del mes y año antes citados, y las subsecuentes aun las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar a la quejosa Celsa Santiago Petra, el auto treinta de septiembre del año en curso. Por tanto, y toda vez que en su escrito de demanda la quejosa de mérito señaló como domicilio el ubicado en la calle principal de la colonia 5 de Mayo, de Tlapa de Comonfort, Guerrero; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, en turno, del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este Órgano de Control Constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, se constituya en el domicilio antes mencionado, y notifique personalmente a la auto de treinta de septiembre del año que transcurre, remitiéndole para tal efecto copia simple de dicho proveído. De igual forma, en el acto de la diligencia la requiera para efecto de que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero; apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado Federal; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para tal efecto.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Penal, con sede de en Tlapa de Comonfort, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia definitiva absolutoria pronunciada el veintidós de septiembre del año en curso, en la carpeta judicial JO-03/2016; por tanto, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que ello acarrea. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, relativas a la resolución de veintidós de septiembre de la presente anualidad, emitida en carpeta judicial del juicio oral número 30-03/2016, en la que se dictó sentencia absolutoria a los ahí inculpados ..... por el delito de homicidio en agravio de Felipe Apolinar Sánchez; se advierte que ha operado en ese sentido un cambio de situación jurídica en esta vía constitucional, por lo que, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas que en el presente asunto acarrea la emisión de la referida sentencia absolutoria. Sobre el tema, la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. (.)." Conforme a la fracción del precepto legal transcrito, cuando se reclaman actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pero en dicho procedimiento se suscita un cambio de situación jurídica que impida resolver, sin afectar la nueva situación jurídica, las violaciones reprochadas quedan irreparablemente consumadas, puesto que no podría decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución del toca penal número SPU-VIII-09/2016, de quince de agosto del año en curso, dictada por la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, por la cual confirmó la resolución de seis de julio del año en curso, emitida por la Jueza de Control Rubicela Castro Serrano, a través de la que excluyó diversos medios de pruebas ofrecidas por la parte aquí quejosa en el juicio de origen, y de las constancias que con esta fecha se reciben; se advierte que se ha dictado sentencia en el juicio de origen; las cuales por tratarse de documentales públicas tienen valor probatorio pleno, como lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. Ahora bien, de las copias certificadas relativas a la sentencia de veintidós de septiembre del año en curso, emitida en carpeta judicial del juicio oral número 30-03/2016,, se aprecia que los Jueces integrantes del Tribunal de enjuiciamiento penal con competencia y Jurisdicción en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, dictaron sentencia absolutoria a los inculpados Juventino Balderas Maldonado y Perfecto Aguilar Briseño, por el delito de homicidio en agravio de Felipe Apolinar Sánchez, lo que conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica y las consecuencias legales de la resolución de quince de agosto de la presente anualidad quedaron superadas y ésta no puede ser válidamente analizada por tratarse de una cuestión procesal diversa, lo que implica que no es dable resolver sobre una situación jurídica anterior cuando ésta quedó legalmente sustituida por la sentencia de veintidós de septiembre del presente año, regida por preceptos constitucionales distintos que pueden ser controvertidos ya sea mediante el recurso ordinario de apelación o bien en la vía constitucional a través del amparo directo; actualizándose así de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Lo anterior conforme a la Jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo aquí ponderado es así, debido a que las violaciones reclamadas por la quejosa, se hicieron consistir precisamente en la resolución del toca penal número SPU-VIII-09/2016, de quince de agosto del año en curso, dictada por la Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, por la cual confirmó la resolución de seis de julio del año en curso, pronunciada por el juez de origen; y por tanto, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone SOBRESEER en el presente juicio de garantías FUERA DE AUDIENCIA. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional a las once horas del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, porque no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que ésta derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (sentencia de veintidós de septiembre de la presente anualidad), lo cual ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuado con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegido del Décimo Cuarto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional."
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