Celsa Pacheco Osorio

Expediente 1696/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1696/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Celsa Pacheco Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibida la razón actuarial de tres de noviembre del año en curso, del Actuario adscrito a este juzgado Federal, por la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 35285/2022 de veinte de octubre del presente año, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio de amparo, dirigido al tercero interesado Seguro Popular de Salud, toda vez que al constituirse en el domicilio señalado en autos, fue informado que el Seguro Popular ya no existe, y ahora se encuentra en ese domicilio una Clínica de Salud del Gobierno del Estado. En ese sentido, téngase por recibida la razón actuarial de cuenta sin realizar mayor pronunciamiento, toda vez que el Actuario de la adscripción informó que el citado tercero interesado dejo de existir. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta del quejoso Alfonso Siriako Guillén Almaguer por medio del cual amplía la demanda de amparo, y señala como nuevas autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, y como actos reclamados de dichas autoridades los que indica en el escrito de cuenta. En tales condiciones, se tiene al quejoso ampliando la demanda de amparo y señalando como nuevas autoridades responsables en el presente juicio de amparo al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, y como actos reclamados de las citadas autoridades responsables los que hace valer en el escrito de cuenta. Asimismo, amplia la demanda de amparo y señala nuevos actos reclamados del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla y de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, los que hace valer en el escrito que se provee. En consecuencia, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, con copia simple del escrito de demanda de amparo con anexos, del escrito de ampliación de demanda de uno de septiembre de dos mil veintidós (registro 13001) y del escrito de ampliación de demanda de cuenta (registro 19281), córrase traslado al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, únicamente con copia simple del escrito de ampliación de demanda de cuenta para el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla y para la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla; se les requiere para que dentro del término de quince días contados a partir de aquél en que reciban el oficio notificatorio de este proveído, rindan el informe justificado que les corresponde, en el que expondrán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucional o legalidad de los actos reclamados, al que acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercíbase a las referidas autoridades responsables que la omisión a rendir su informe justificado presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la Ley de Amparo. En el entendido que de conformidad en el artículo 2°, fracción IX, del referido Acuerdo General 21/2020, se tomará en consideración la fecha de la reanudación de las funciones de las autoridades responsables para que estén en aptitud de cumplir con los requerimientos y solicitudes que realice este órgano de control constitucional. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que, con fundamento en el acuerdo general 21/2020 precitado podrán presentar físicamente el informe justificado y oficios respectivos a través de la Oficialía de Partes Común del bloque al que pertenece este órgano jurisdiccional, en los términos indicados en el artículo 12 del acuerdo de mérito. Asimismo, en caso de tener signado un convenio de interconexión o intercomunicación con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitir el informe y oficios aludidos a través de dicho sistema, en términos de los artículos 21 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con igual fundamento, hágaseles saber a las autoridades que podrán rendir su informe vía el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de la FIREL o e.firma (FIEL). En el entendido, de que de remitirlos por el sistema de interconexión o a través del portal aludido, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria, en caso de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado o alguna causa de sobreseimiento. En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso c) de la ley de la materia, córrase traslado mediante oficio con copia simple del escrito de ampliación de demanda a la Fiscal Ejecutivo Asistente adscrita a este juzgado en materia de amparos, a efecto de darle la intervención que por derecho le corresponde en el presente asunto. Se comisiona a la Oficial Judicial "A" (antes analista jurídico SISE) para realizar la gestión necesaria a efecto de registrar a las nuevas autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Congreso del Estado de Puebla y Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla dentro del presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a las Agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción en el Ámbito Estatal de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla, por no encontrarse en los supuestos del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la designación de José Efrén Espíndola García, dígasele que en auto de quince de julio de dos mil veintiuno (foja 111) se acordó lo conducente a dicha solicitud, por lo que deberá estarse a lo acordado en el aludido proveído. No obstante lo anterior, se tiene al quejoso autorizando únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Diana Alejandra Zúñiga Díaz, Mariana Cerón Batres, Luis Alberto Salinas Castillo, Osvaldo Hernández Mellado, Bernardo Guerrero Calderón y Ana Patricia Osuna Ramírez. Por otro lado, a fin de dar oportunidad a la llegada de los informes justificados solicitados con motivo de la ampliación de demanda, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. ...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo se le tiene designando como delegado a la persona que menciona en el oficio que se provee. Asimismo, se tienen por recibidas las constancias que se acompañan a su oficio. Ahora bien, de las copias certificadas que remite la autoridad responsable en cita -mismas que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que en proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito presentado por la quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral D-2/272/2019, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Celsa Pacheco Osorio, hizo consistir el acto reclamado de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en la omisión de dictar el acuerdo respecto del escrito presentado el ocho de agosto de dos mil veintidós, y la citada Junta, el doce de octubre de dos mil veintidós, acordó dicho dentro del juicio laboral D-2/272/2019, de su índice. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado, pues toda vez el doce de octubre de dos mil veintidós, se acordó el escrito presentado por la quejosa el ocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral D-2/272/2019, del índice de la referida Junta, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si tal omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales - legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho, de conformidad con el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia oficial otorgada a la titular de este Juzgado, autorizada por la comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós y comunicada mediante oficio CCJ/ST/4986/2022, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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