Celsa Malvaez Garduño

Expediente 943/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
943/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Celsa Malvaez Garduño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Causa estado. La parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme; archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE: Estado de autos. De la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó la prevención decretada mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte (fojas 9 a 11); en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en el acuerdo de referencia, esto, se considera que no es su deseo de señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y, se provee lo conducente únicamente por la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social señalada en su demanda de amparo. Sentado lo anterior, con apoyo en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 5, fracción II, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se reclama el incumplimiento de un requerimiento. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general...". En ese contexto, conforme a los dispositivos inicialmente citados se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, concepto éste que, precisamente, es el que, en este caso, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de autoridad responsable, acto de autoridad y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto autoridad responsable a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitado con precisión por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. XXVII/974, publicada en la Novena Época, con número de registro electrónico 199459 de título, subtítulo y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que cuyas funciones estén determinadas por una norma jurídica general, la cual le confiere la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: Sus funciones estén determinadas por una norma general, cuyo ejercicio sea irrenunciable por ser pública la fuente de dicha potestad; Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar, crear, modificar o extinguir situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omitir el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados; y, Los actos que dicten lo sean de manera unilateral y obligatoria con lo cual afecten la esfera jurídica del gobernado. En ese tenor, el concepto de autoridad, si bien incluyen actos de particulares, también es cierto que como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, es necesario que las funciones de éstos estén determinadas por una norma jurídica general, y sean emitidos de manera unilateral y obligatoria con afectación a la esfera jurídica del gobernado. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo líneas arriba, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos reclamados en el presente juicio no son de autoridad. Sobre el particular, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; de tal manera que dentro de este tipo de relaciones se encuentran, verbigracia, las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. Por su parte, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado, entre los que destacan, a guisa de ejemplo, el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos. Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. En la especie, se advierte que la solicitante de amparo reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social la omisión de rendir el informe solicitado dentro del plazo concedido por la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, en el expediente laboral J.5/193/2016. Ahora, el juicio de amparo al que este expediente se contrae fue instaurado en contra de una omisión, por lo cual es también dable deducir que, si bien es cierto que corresponde realizarlo al Instituto Mexicano del Seguro Social, también lo es que ello deviene del cumplimiento al mandamiento dictado por un órgano jurisdiccional, para lo cual, así, la forma de cumplimentarlo o, en su caso, omitirlo, no es una conducta que se realice con el carácter de autoridad, sino que es obvio que lo efectuará o no, pero en su calidad de autoridad auxiliar en el ese procedimiento de origen, por lo cual tal conducta será como simple auxiliar en el cumplimiento de una determinación jurisdiccional, sin que su conducta revista las características de unilateralidad, coercibilidad, e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por ende, el Instituto Mexicano del Seguro Social no actúa con el carácter de autoridad sino que se asemeja al de un particular en contra del cual la autoridad jurisdiccional (Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México) ordenó el requerimiento de un informe, que puede o no cumplir, pero en todo caso, queda sub júdice a la potestad de la autoridad jurisdiccional, determinar si sus ordenanzas fueron cumplidas o no. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que la quejosa sea parte actora en juicio laboral en la que se ordenó tal requerimiento de que fue objeto la autoridad responsable, dado que, lo realiza la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y no directamente parte quejosa, por lo que el cumplimiento de ese requerimiento debe hacerse por conducto de ésta y con los medios de apremio que se establezcan en la legislación correspondiente al trámite de ese juicio, por lo que no es procedente esta instancia constitucional para lograr el cumplimiento del multialudido requerimiento. Puesto que la autoridad jurisdiccional cuenta con las medias de apremio establecidas en el el capítulo V, intitulado "De la actuación de las juntas", de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 731, para obtener el informe requerido al Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado del juicio laboral J.5/193/2016, las cuales son multa, presentación con auxilio de fuerza pública y arresto de hasta por treinta y seis horas. Precisado lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene por sí solo, el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el indicado artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa la tesis P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la Novena Época, con número de registro electrónico 199459, de título, subtitulo y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Por consecuencia, lo procedente es desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la presente demanda de conformidad en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los numerales 5, fracción II, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo.

  4. Principal

    De autos advierte que mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, se previno a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, quien es la encargada de llevar a cabo el proceso laboral del expediente de donde emana el acto reclamado, sin que se haya realizado pronunciamiento alguno, en atención a la suspensión de plazos judiciales. Reanudación del procedimiento. A partir de esta data se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto; se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo. Es necesario destacar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En ese sentido, se hace del conocimiento a la quejosa, que de acuerdo a la certificación Secretarial de cuenta ha transcurrido un día de los cinco que se le concedió en proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, para desahogar la prevención ahí contenida, por lo que cuenta con cuatro días hábiles para cumplir con ello y a partir de hoy se reanuda el plazo en comento. Exhortación a las partes para seguir el juicio en línea. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberá de hacer la solicitud correspondiente a este Órgano jurisdiccional.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,636 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano