Celsa Hernandez Reza
Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Celsa Hernandez Reza
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil diecisiete. En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con tres minutos del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, asistido de la Secretaria Marcela Merari Silva Múgica, con quien actúa y da fe, procede a celebrar sin asistencia de las partes, la audiencia señalada para el día de hoy en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 103/2017 y acumulados 104/2017 y 105/2017. Enseguida, el Secretario hace relación de manera oral de las constancias que obran en autos. Asimismo, da cuenta con los informes previos registrados con número de folio 2250 y 2521. A lo que el Secretario encargado del Despacho por vacaciones del Titular, acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo en vigor, agréguense para que obren como correspondan los informes previos rendidos por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, encargado de Despacho por Ministerio de Ley y el Actuario adscrito, mismos que serán tomados en consideración al momento de resolver la presente pieza incidental. Sin que sea óbice para resolver el presente incidente de suspensión, el hecho de que en la propia audiencia se esté dando cuenta con los informes previos de las autoridades responsables, toda vez que el mismo se rige por el principio de celeridad que establece el numeral 138 de la Ley Federal en comento. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 119/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo". Enseguida, en el período probatorio en el que se hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció documentales. Abierto que es el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no los formularon. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente: V I S T O S para resolver sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 103/2017 y acumulados 104/2017 y 105/2017; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- ********************, por propio derecho, reclaman del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, sustancialmente lo siguiente: la diligencia de diez de enero de dos mil diecisiete, llevada a cabo en cumplimiento al auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis en el cual se les requiere la entrega de un bien inmueble. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, se decretó sobre la suspensión provisional solicitada, se requirió a las autoridades responsables, su informe previo, asimismo, se señaló este día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, encargado de Despacho por Ministerio de Ley y el Actuario adscrito, convinieron en la existencia del acto reclamado. Por consiguiente, por cuanto al acto reclamado consistente en diligencia de diez de enero de dos mil diecisiete, llevada a cabo en cumplimiento al auto de quince de noviembre de dos mil dieciséis en el cual se les requiere la entrega de un bien inmueble, dictado dentro del expediente ********************, en atención a ello, con fundamento en el artículo 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva del acto que reclama, en razón de que se está en presencia de actos consumados, contra los cuales resulta improcedente conceder la medida suspensional solicitada, pues de hacerlo equivaldría darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que en el fondo del asunto se pronuncie. Al caso tiene aplicación la tesis de jurisprudencia visible en la página 51, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 60, Diciembre de 1992, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Octava Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSION IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." SEGUNDO. Por otro lado, por cuanto a los efectos y consecuencia y toda vez que los quejosos acreditan de manera indiciaria el interés que les asiste, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo se le concede la suspensión definitiva, para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan en el juicio ********************-I de donde emana el acto reclamado, únicamente en relación con el inmueble que alude la parte quejosa en su demanda de amparo, lo anterior hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal de donde emana este incidente de suspensión. Es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, correspondiente a la Novena Época que dice: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA POR TERCEROS EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. ACREDITADO SU INTERÉS JURÍDICO, PROCEDE SU CONCESIÓN FIJÁNDOSE LA GARANTÍA RESPECTIVA. Cuando un juicio de amparo indirecto sea promovido por un tercero extraño al procedimiento del que derivan los actos reclamados y se solicite la suspensión definitiva, deben apreciarse fiel y legalmente los documentos exhibidos para justificar el interés jurídico en obtener la suspensión impetrada, y si se cumplen los requisitos que señala el numeral 124 de la Ley de Amparo, procede decretar esa medida, al devenir evidente que no existe contrariedad a disposiciones de orden público, en tanto la controversia sólo afectaría intereses o derechos de particulares. Por consiguiente, si el Juez Federal no lo aprecia así, ha de revocarse la resolución relativa concediéndose la referida suspensión definitiva para que se mantengan las cosas en el estado que guardan hasta la resolución total del asunto, mientras se decide en el fondo sobre lo pretendido, fijándose de manera discrecional por el Tribunal Colegiado respectivo la garantía que otorgará en su caso la parte quejosa ante el Juez de Distrito, a fin de que pueda surtir efectos jurídicos en la realidad fáctica2. Lo anterior es así, atendiendo la naturaleza del acto reclamado y con apoyo en el ordinal 128 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Luego, para los efectos de este incidente de suspensión, el primer requisito se encuentra satisfecho, pues la parte agraviada solicita le sea concedida la suspensión definitiva del acto reclamado. Aunado a que con la concesión de la medida cautelar solicitada, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y de negarse se podrán ocasionar al solicitante de amparo daños y perjuicios de difícil reparación, lo que hace que se actualicen las siguientes fracciones del ordinal antes invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, correspondiente a la Séptima Época, que dice: "SUSPENSIÓN. INTERÉS PÚBLICO. Al resolverse sobre la suspensión de los actos reclamados, deben sopesarse, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, los daños y perjuicios (patrimoniales o no) que la parte quejosa puede resentir con la ejecución de los actos reclamados o con los efectos provocados o derivados de ellos, contra los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al interés público o al bienestar general con la dilación de la ejecución de los actos. Es decir, no se trata de examinar si es conveniente o necesario al interés general que se realicen los actos reclamados, sino que se debe determinar si hay o no urgencia en que se realicen y comparar los daños que la suspensión puede ocasionar al interés público, con los daños que la ejecución o consecuencias de los actos reclamados pueden ocasionar a la parte quejosa. Y al analizar estos elementos, de ninguna manera se debe perder de vista que al quejoso se le obliga a garantizar los daños que pueda causar, ya que para ello se le exige una fianza, mientras que las autoridades no suelen indemnizar los daños (patrimoniales o no) que causan a los particulares con la ejecución de los actos reclamados. En efecto, se ha venido estimando (sin que aquí deba analizarse si con ello satisface el artículo 80 de la Ley de Amparo) que en caso de concesión del amparo la restitución de las cosas al orden anterior no incluye la obligación de la autoridad de pagar los daños y perjuicios causados a la parte quejosa con la ejecución de sus actos que fueron encontrados inconstitucionales y, por ende, ilícitos." De igual forma, en el presente asunto se atiende la apariencia del bueno derecho y el peligro en la demora, esto con la finalidad de poder determinar si el acto reclamado puede ser paralizado o no. Cobra vigencia en el caso la tesis de jurisprudencia número I.15o.A J/3, visible en la página 1626, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, correspondiente a la Novena Época sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, la cual dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124." Dicha medida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la legal notificación de la presente resolución, no otorga garantía a satisfacción de este juzgado en cualesquiera de las formas permitidas por la ley, en función de lo dispuesto por el artículo 132 y 136 de la Ley de Amparo por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), a cada uno de ellos, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a quien tuviere interese contrarios, si no obtuviere sentencia favorable en este juicio de amparo. En el entendido que esta medida cautelar no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado ya fue ejecutado, o bien si proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo. Por lo expuesto un fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, por las razones expuestas en el considerando primero de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a ********************, por las razones expuestas en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de enero de dos mil diecisiete. Como está ordenado en el cuaderno principal, con dos copias de las demandas de amparo promovidas por ********************, contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Yautepec, Morelos, y otra autoridad; se forma por separado y duplicado el presente incidente de suspensión. Con apoyo en el artículo 138, fracción III de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a partir de la legal notificación del presente acuerdo. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, se fijan LAS NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia incidental. [...] se niega la suspensión provisional del acto que reclama... Por otra parte, por cuanto hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado, se concede la suspensión provisional... Dicha medida surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si********************, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la legal notificación de la presente resolución, no otorgan garantía a satisfacción de este juzgado en cualesquiera de las formas permitidas por la ley, en función de lo dispuesto por el artículo 132 y 136 de la Ley de Amparo por la cantidad de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada uno de ellos, la cual tiene por objeto garantizar los perjuicios que se pueden ocasionar a la parte tercero interesado en caso de resolución desfavorable a los intereses del quejoso, cantidad que es establecida de forma discrecional por este juzgador. En el entendido que esta medida cautelar no surtirá efecto legal o material alguno, si el acto reclamado proviene del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase...
- Principal
Se ordena acumular los diversos juicios de amparo 104/2017 y 105/2017 al presente juicio de amparo por lo que se ordena elaborar una sola carátula identificada como "Juicio de amparo 103/2017 y acumulados 104/2017 y 105/2017". Se admiten las demandas de garantías. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional.
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