Celotilde Deloya Villegas
Expediente 1321/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Celotilde Deloya Villegas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a la parte promovente que cuenta con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presente debidamente identificada en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el catorce de octubre del año en curso, se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa el auto por el cual se desechó la presente demanda; sin embargo, se omitió realizar dicha notificación; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena realizar la notificación personal de referencia; y una vez hecho lo anterior se vincule al expediente electrónico dicha actuación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la ley de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMNACIÓN: Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales que haya lugar, el escrito de la quejosa Cleotilde Deloya Villegas, por medio del cual desahoga la prevención que se le hizo por auto de seis de octubre de este año; en tal virtud, se tiene por desahogada dicha prevención y se provee: Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Desechamiento: En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causa de improcedencia que se obtiene de los artículos 61, fracción XXIII, 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." De los citados preceptos se aprecia que el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional de los actos del poder público, que se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a la Constitución Federal, así como a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de manera que a través de éste sólo se pueden reclamar actos u omisiones que provengan de "autoridad". El concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellos órganos del Estado a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales o jurisdiccionales, es decir, en forma unilateral y coercitiva, susceptibles de modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Las facultades decisorias que les están atribuidas en la ley comprenden una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí que surge dentro de las denominadas relaciones de supra a subordinación, que son aquéllas que están entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, y que se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, en contraposición a las relaciones de coordinación, que son las que se dan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, requiriendo de la intervención de los tribunales ordinarios para, en su caso, resolver las controversias que se susciten entre ellos. Tales consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 2ª/J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto cita: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Por tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo -tres de abril de dos mil trece- para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un organismo del Estado, con independencia de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que le confiera una norma jurídica, u omita hacerlo; y, c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. . Asentado lo anterior, se tiene que en la sentencia por la que se resolvió la contradicción de tesis 129/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que interesa, estableció que la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social, con los asegurados y sus beneficiarios, no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad, lo que así determinó atendiendo al contenido de los artículos 2, 4, 5 A, fracciones IX, XI, XII, XIII y XIV, 6, 7, 8, 10, 11 y 12, fracción I, de la Ley del Seguro Social. De conformidad con los numerales en cita, considerando incluso el diverso 5 de la misma ley, determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social, es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso, y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. En ese mismo tenor, estipuló que la seguridad social prevista en la Ley del Seguro Social, a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra dirigida, en un primer nivel, a la protección de los trabajadores y en un nivel ulterior a sus beneficiarios, quienes para ser acreedores a las prestaciones de seguridad social deberán satisfacer los requisitos previstos por la misma ley y sus reglamentos. Por tanto, explicó, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social, cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. En vista de lo cual, concluyó, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2ª/J. 134/2011, que es del tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Por lo anterior, resulta válido concluir que en contra del acto de que se duele la parte quejosa, consistente en la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente CC.MOR.111/2022, que declaró infundado el recurso de inconformidad que interpuso en contra de la diversa resolución de número 22/242609, de diecinueve de abril de dos mil veintidós, que negó a la impetrante la pensión de viudez que solicitó al Instituto Mexicano del Seguro Social, no procede el juicio constitucional, ya que no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, porque si bien ese organismo cuenta con facultades para emitir determinación sobre esa prestación de seguridad social, lo cierto es que no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación, de manera que actúa en sustitución del patrón, no revestido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (actualmente Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal y la Ley del Seguro Social. Circunstancias que revelan la concurrencia en el particular de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como con el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal. Ahora, la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, emitida en el expediente CC.MOR.111/2022, que declaró infundado el recurso de inconformidad, constituye el primer acto de aplicación de los artículos 128 y 151, fracción III, de la Ley del Seguro Social, que tilda de inconstitucionales. En esas condiciones, al ser improcedente el juicio de amparo respecto el acto de aplicación de la ley tildada de inconstitucional, el juicio de amparo también deviene improcedente por cuanto hace a la norma reclamada, en razón que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta, el juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada, del que concierne a su acto de aplicación; motivo por el cual, primero se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto que aterriza la norma impugnada, y si en relación con él no se actualiza una causa de improcedencia; ya que de acontecer así, se desechará en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 191311 Instancia: Segunda Sala Novena época Materias: Constitucional Tesis: 2ª/J. 71/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, agosto de 2000, página 235 Tipo: Jurisprudencia "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: 'LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.', cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Este Juzgado de Distrito no pasa por alto que la autoridad responsable Consejo Consultivo Delegacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social, fundamenta su actuar en normas generales que, jurisprudencialmente se ha declarado que vulneran el derecho fundamental a la seguridad social, aunque resulte reprochable, en forma alguna actualiza la excepción al principio de definitividad, pues en este caso la quejosa, al conocer los preceptos jurídicos conforme a los cuales se emite el acto, no se encuentra imposibilitada para determinar el medio ordinario de defensa procedente. Esta determinación se orienta, en lo conducente, en la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto, a continuación se transcriben: Registro digital: 2024511 Instancia: Segunda Sala Undécima Época Materias: Común Tesis: 2ª/J. 15/2022 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, abril de 2022, Tomo II, página 1704 Tipo: Jurisprudencia "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el hecho de que las autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, fundamenten sus actos en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, actualiza o no una excepción al principio de definitividad, llegaron a conclusiones distintas, toda vez que uno de ellos determinó que no se actualiza una excepción a tal principio, mientras que el otro concluyó que sí, pues esa circunstancia implica, por una parte, que exista una violación directa al artículo 133 de la Constitución Federal y, por otra, que el acto carezca de fundamentación. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por la sola circunstancia de que el acto reclamado se encuentre fundamentado en normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de este Alto Tribunal. Justificación: La presencia de violaciones "directas" a la Constitución y, por ende, la posibilidad de que se actualice una excepción al principio de definitividad, es una cuestión enteramente independiente a la existencia de una jurisprudencia que determine la inconstitucionalidad de las normas aplicadas en perjuicio del quejoso -el criterio jurisprudencial determinará el resultado del análisis del tribunal, no así la "naturaleza" del reclamo-. Asimismo, el hecho de que un acto de autoridad se funde en normas generales declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de esta Suprema Corte, tampoco actualiza la diversa excepción al referido principio, consistente en que "carezca de fundamentación" pues, por una parte, la emisión de la jurisprudencia no equivale a que tal precepto haya perdido su validez en el sistema jurídico -para ello se requiere de una declaratoria general de inconstitucionalidad- y, por otra, en este supuesto la persona no desconoce los fundamentos del actuar de la autoridad ni, por ende, se encuentra imposibilitada para accionar el medio de defensa ordinario conducente. Finalmente, la obligación de agotar el medio ordinario de defensa en estos supuestos no sólo resulta congruente con el carácter excepcional del juicio de amparo, sino que además no genera una carga procesal indebida u ociosa para el justiciable en perjuicio del derecho humano a la justicia pronta, pues el tribunal del conocimiento -ya local, ya federal- se encuentra obligado a aplicar tal criterio jurisprudencial en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo y, con base en éste, declarar la ilegalidad del acto al estar soportado en normas declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte." En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, así como con el numeral 103, fracción I, de la Constitución Federal, con fundamento en el artículo 113 de esa ley, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Rodrigo Martínez Serrano, apoderado legal de la parte quejosa NUEVA WAL-MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., mediante el cual proporciona la información solicitada por auto de siete de octubre de dos mil veintidós. Al respecto, se tiene por realizadas las gestiones y con relación a su contenido, para el efecto de evitar dilaciones, remítase copia del escrito que presenta el apoderado legal de la parte quejosa a las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento al que queden legalmente notificados del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Precise si la cantidad pagada por la persona moral quejosa por concepto de derecho de alumbrado público por lo que hace a los efectos del amparo fue devuelta por la autoridad responsable, debidamente actualizada. Lo que es así, porque los efectos restitutorios que de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obliga a la autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas en aplicación de la misma, debidamente actualizadas, devolución que no se condiciona al agotamiento por la parte quejosa de la solicitud relativa, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y exige la restitución en el pleno goce del derecho violado, derecho que surge en favor de aquélla de manera inmediata con motivo de la concesión del amparo, cuya fuerza vinculatoria deriva de un mandato constitucional. Lo anterior encuentra vigencia en la jurisprudencia cuyos datos son los siguientes: "Registro digital: 170708 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 221/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 204 Tipo: Jurisprudencia LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el oficio signado por la Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, autoridad responsable en el presente juicio, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado en autos. Al respecto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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