Celma de Carvalho Manuel

Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
308/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Celma de Carvalho Manuel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término de cinco días concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención que se le formuló por auto de diez de abril de dos mil veintitrés, sin que desahogara la misma. No presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintitrés. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción notificar personalmente el contenido del proveído de diez de abril del año en curso, a los quejosos Celma De Carvalho Manuel, Daniel Osorio Obando y Juan Sebastián Medina Obando, toda vez que al constituirse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, fue informada que los citados quejosos no se encontraban en esa estación migratoria y que el sistema no arrojaba algún dato relacionado con dichos nombres; sin que sea el caso ordenar la notificación por lista a los directos quejosos en virtud de que el once de los presentes, se tuvo por realizada dicha notificación al autorizado de éstos. Por otra parte, téngase por recibido el escrito firmado electrónicamente por el promovente David Abraham López Lucas, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, informa que desconoce el lugar donde se encuentre los directamente agraviados Celma De Carvalho Manuel, Daniel Osorio Obando y Juan Sebastián Medina Obando; por lo tanto, una vez que transcurra el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en el proveído antes señalado, provéase lo que en derecho corresponda. Finalmente, en atención a sus manifestaciones en las cuales señala usuario para recibir notificaciones electrónicas, datos de contacto, domicilio para oír y recibir notificaciones, dígasele que en auto de diez de abril de dos mil veintitrés, se proveyó respecto de dichas autorizaciones. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Llegan constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de mismo nombre, remite las constancias del exhorto 155/2023, del índice de ese órgano jurisdiccional y el informe de suspensión de plano remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad. Se acepta competencia. Una vez analizadas las constancias remitidas, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto, al actualizarse la hipótesis prevista por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia; comuníquese esta determinación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de mismo nombre, para los efectos a que haya lugar; acúsese recibo de estilo. En consecuencia, se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado oficiante y continúese con el trámite del asunto en la etapa en que se encuentra. Ratifica demanda. Vista la razón actuarial de quince de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que los quejosos ********************ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracciones II y IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Deberán señalar bajo protesta de decir verdad, si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su repatriación a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo; en caso afirmativo, deberán manifestar sí lo desean señalar como acto reclamado, así como la autoridad a quién le reprocha dicho actuar. Deberán precisar la fecha y el monto que les fue fijado como garantía económica, en virtud de que lo señalan como acto reclamado, pero de los antecedentes de la demanda no se aprecia que a la fecha de su presentación se les hubiere fijado garantía alguna. Lo anterior, para que esta autoridad judicial, en caso procedente, esté en aptitud jurídica de analizar la procedencia de la demanda de amparo y proveer respecto a la suspensión del acto reclamado que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por los directamente agraviados y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, hágase del conocimiento de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo. Consulta electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Datos de contacto. Ahora, en relación a la cuenta de correo electrónico y número telefónico que señala el promovente, se toma nota de los mismos, a través de los cuales única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Recepción de informe. Por otra parte, agréguese a los autos el informe de acatamiento a la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados y domicilios. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Prueba documental. En cuanto a las pruebas documentales que anexa al informe rendido, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al promovente.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Aarón Abraham Rodríguez Agúndez que firma y da fe. Doy fe.Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Llegan constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de mismo nombre, remite las constancias del exhorto 155/2023, del índice de ese órgano jurisdiccional y el informe de suspensión de plano remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con sede en esta ciudad. Se acepta competencia. Una vez analizadas las constancias remitidas, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto, al actualizarse la hipótesis prevista por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia; comuníquese esta determinación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad de mismo nombre, para los efectos a que haya lugar; acúsese recibo de estilo. En consecuencia, se convalidan las actuaciones realizadas en el juicio de amparo ********************del índice del Juzgado oficiante y continúese con el trámite del asunto en la etapa en que se encuentra. Ratifica demanda. Vista la razón actuarial de quince de marzo de dos mil veintitrés, se advierte que los quejosos ********************ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor. Prevención. En atención al contenido del escrito de demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracciones II y IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Deberán señalar bajo protesta de decir verdad, si a la fecha tienen conocimiento de algún procedimiento migratorio con el fin de ordenar su repatriación a su país de origen y, de ser el caso, la fecha que se hicieron sabedores del mismo; en caso afirmativo, deberán manifestar sí lo desean señalar como acto reclamado, así como la autoridad a quién le reprocha dicho actuar. Deberán precisar la fecha y el monto que les fue fijado como garantía económica, en virtud de que lo señalan como acto reclamado, pero de los antecedentes de la demanda no se aprecia que a la fecha de su presentación se le hubiere fijado garantía alguna. Lo anterior, para que esta autoridad judicial, en caso procedente, esté en aptitud jurídica de analizar la procedencia de la demanda de amparo y proveer respecto a la suspensión del acto reclamado que se solicita. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por los directamente agraviados y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Del mismo modo, hágase del conocimiento de los delitos en que incurre quien declara con falsedad ante una autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo. Consulta electrónica. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo de dos mil veinte, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio, así como para recibir notificaciones. Ahora, dado que la parte quejosa, autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones personales; en tal sentido; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le tiene por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan a la parte quejosa de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. En el entendido de que las mismas se sujetarán a los términos establecidos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A, realice la autorización respectiva para la consulta y notificaciones del presente juicio a través de la vía electrónica, por conducto del usuario "********************". Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Datos de contacto. Ahora, en relación a la cuenta de correo electrónico y número telefónico que señala el promovente, se toma nota de los mismos, a través de los cuales única y exclusivamente se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Recepción de informe. Por otra parte, agréguese a los autos el informe de acatamiento a la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo; por tanto, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegados y domicilios. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción I, todos de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable designando como delegados a las personas que cita y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Prueba documental. En cuanto a las pruebas documentales que anexa al informe rendido, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al promovente.

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