Celita del Carmen Carrillo Colorado

Expediente 1076/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1076/2018
Año
2018
Actuaciones
28
Última actuación
16/03/2021

Partes del expediente

  • Celita del Carmen Carrillo Colorado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por la quejosa *********************** y, en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como su autorizado a **********************, al contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley en la materia, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a ********, con clave de usuario "Carloscolosia", el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consultar el expediente electrónico y realizarle notificaciones. Por lo tanto, se comisiona al Analista Jurídico "SISE", a efecto de que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los usuarios antes referidos; asimismo, instrúyase al actuario de la adscripción para que realice las habilitaciones correspondientes. Notifíquese como corresponda

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de los oficios 14197/2020, 14198/2020, 14199/2020, 14200/2020, 14201/2020 y 14202/2020, de ocho de septiembre de dos mil veinte, por medio del cual se le notificó que se declaró infundado el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución dictada el doce de diciembre de dos mil diecinueve; así como de los dos tomos de pruebas remitidos; en consecuencia, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Notifíquese como corresponda.

  3. Principal

    Análisis de cumplimiento; PROCEDE DECLARAR CUMPLIDA; con la misma dese vista a las partes por el término de quince días.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos el estado procesal del juicio de amparo en el que se actúa, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto de las constancias allegadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas, la sentencia de amparo está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) El acto reclamado respecto del cual se concedió el amparo en el juicio, consistió en: II) La resolución de catorce de agosto de dos mil dieciocho, emitida en el procedimiento administrativo sancionador 43/2018, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, inhabilita por el lapso de tres años, para desempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio público de la impartición de justicia. III) En sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz con sede en esta ciudad, dejara insubsistente la resolución aquí reclamada, pronunciada el catorce de agosto de dos mil dieciocho, y en su lugar, dictara otra en la que, reiterara lo que no fue materia de análisis en esta sentencia y con libertad de jurisdicción, debidamente fundada y motivadamente resolviera lo que en derecho procediera en cuanto a la sanción a que se hizo acreedora la aquí quejosa (fojas 159 a 182). Esto es, la autoridad debía: 1. Dar a conocer los razonamientos lógico- jurídicos que la llevaron a imponer la sanción de suspensión de tres años para desempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio público de la impartición de justicia. 2. Explicar por qué no impuso una sanción menor, como lo son, el apercibimiento privado o público y la amonestación privada o pública. 3. Explicar por qué la sanción impuesta era la idónea, esto es, si esa sanción era la adecuada para contribuir a la obtención del fin que se persigue al sancionar a un servidor público. 4. Justificar por qué era proporcional, esto es, que esa sanción estaba justificada por la importancia de la realización del fin perseguido, esto es, inhibir al servidor público a que vuelva a incurrir en ese tipo de actos. IV) Inconformes con dicha resolución, por oficio de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, las autoridades responsables Magistrado Humberto Álvarez Peña, en su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como los Integrantes del Pleno Pedro Luis Reyes Marín, Andrés Cruz Ibarra, Carla Rodríguez González y Edgar Mauricio Duck Núñez, interpusieron recurso de revisión, mismo que le tocara conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito con residencia en Boca del Río Veracruz, radicándolo con el número de toca 164/2019. V) Mediante resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el tribunal de conocimiento, confirmó la sentencia de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictada en este asunto (fojas 449 a 460). VI) En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable efectuó lo siguiente: a) La Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió el oficio 024356, de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que anexó copia autorizada de la resolución dictada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en los autos del procedimiento administrativo sancionador 43/2018 (fojas 477 a 507). VII) Consecuentemente, por auto de veintinueve de noviembre de este año, notificado el cinco de diciembre de los cursantes, por lista de acuerdos, se dio vista a la parte quejosa con las constancias emitidas por la responsable para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 509 a 511). Ahora bien, del análisis de las constancias enviadas por la Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que, mediante resolución de veinticinco de noviembre del año en curso la autoridad responsable: - Señaló que se quedó plenamente demostrada la responsabilidad administrativa de la aquí quejosa, en su carácter de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en Córdoba Veracruz, en el momento de los hechos, al haber omitido dar vista a la fiscalía para su investigación, de los hechos de tortura expuestos por MSVR, en la causa penal 198/2012; siendo que la quejosa tuvo conocimiento de la tortura el trece de mayo de dos mil trece, lo cual implicó vulneración al derecho fundamental de la procesada al acceso a la justicia; pues era su obligación dar vista para el inicio de la investigación correspondiente; conducta omisiva que encuadró en la causal de responsabilidad prevista por el artículo 46 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 164 fracciones I y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. - Indicó que el artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al no establecer una delimitación por sanciones para faltas leves y graves, le facultaba para decidir dentro de los parámetros ahí precisados, sobre la individualización de la sanción, siendo en el caso, una falta grave. - Por lo que, estimó proporcional y congruente con la relevancia de la infracción cometida, imponer a la quejosa, la sanción administrativa correspondiente a inhabilitación por tres años para desempeñar, empleos, cargos o comisiones en el servicio público de la impartición de justicia; dada la transgresión a los derechos de la procesada en la causa penal de referencia, sanción que es un acto de interés social y público, y en virtud de no considerarla apta para el desempeño de la función pública, y evitar que dichas conductas dañen o impidan el ejercicio responsable profesional. - Asimismo, señaló que no consideró las diversas sanciones, debido a que la conducta reprochable resultaba grave, tomando en cuenta que era inexcusable que al haber actuado como servidora pública durante un largo periodo de tiempo y contar con una larga trayectoria dentro del Poder Judicial, haya incurrido no solo en la omisión en el ejercicio del empleo, causando deficiencia en el mismo, sino en la omisión de ordenar la investigación de los hechos constitutivos de tortura que fueron expuestos por MSVR en la audiencia de interrogatorio. Por lo que, al no haberlo hecho así, su omisión constituía una falta de carácter administrativa sancionable, acorde con lo establecido en el artículo 11 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Penales, Crueles, Inhumanos o degradantes, así como una posible conducta ilícita prevista en el referido numeral 30 de la ley citada. Razones por la cuales la autoridad responsable, consideró que la sanción impuesta a la quejosa era la idónea y la adecuada para contribuir a la obtención del fin que se persigue al sancionar a un servidor público. En virtud de lo anterior y, toda vez que la autoridad responsable dió cumplimiento a lo establecido en la sentencia de amparo, lo procedente es DECLARAR CUMPLIDA LA SENTENCIA DICTADA EN ESTE ASUNTO. En ese contexto, dese vista a la parte quejosa con la presente resolución e infórmesele que cuenta con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido por los artículos 201, fracción I y 202, ambos de la Ley de Amparo; apercibida que de no hacer manifestación alguna, dentro de dicho término se ordenara el archivo del mismo, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Juan Carlos López Santiago, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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