Celinda Arellano Virto

Expediente 366/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
366/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2019

Partes del expediente

  • Celinda Arellano Virto

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que mediante sentencia de catorce de mayo actual, se impuso al Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) y que con posterioridad a la emisión de la misma, informó que a la quejosa Celinda Arellano Virto (actora en el juicio natural) le fue cubierta por parte de la demandada, la cantidad acordada en el convenio celebrado entra ambas partes a fin de por terminado el conflicto laboral; en ese tesitura, se estima que la resolución dictada en el presente juicio, no afectó la esfera jurídica de la quejosa de mérito, por lo que se deja sin efectos la multa impuesta.

  2. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 366/2019; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el ocho de abril de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Celinda Arellano Virto, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Con residencia en esta ciudad ACTO RECLAMADO: "(.) El atraso del cierre de instrucción y la omisión de dictar el laudo toda vez que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se celebró el día 01 de marzo del año que transcurre y no se ha dictado el laudo que resuelve el juicio laboral para dictar la resolución definitiva.(.)". SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda, registrándose en el libro de gobierno respectivo con el número 366/2019; se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama una omisión suscitada dentro de un juicio laboral que se tramita ante una autoridad con residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis que se realiza a las constancias que integran el presente asunto, se precisa que la quejosa Celinda Arellano Virto reclama la omisión de la Junta responsable en dictar el cierre de instrucción en el juicio laboral 680/2018 y en consecuencia proceda a emitir el laudo correspondiente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 7062/2019; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye la omisión de la Junta responsable para ordenar el cierre de instrucción en el juicio laboral 680/2018 y en consecuencia proceda a emitir el laudo que corresponda), no así el interés jurídico de la quejosa, quien se ostentó como parte actora en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de derechos en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir resoluciones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de que quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que dicha obligación le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho de la quejosa, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". QUINTO. Imposición de multa. Finalmente, tomando en cuenta que la autoridad responsable Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone a su Presidente, por ser quien representa a dicho órgano colegiado, una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) que corresponde a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria residente en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo número 366/2019, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta determinación. SEGUNDO. Por los motivos que se precisan en el último considerando de este fallo, se impone al Presidente de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Celinda Arellano Virto, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 366/2019, y fórmese expediente. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la referida demanda. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL CATORCE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional, en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación, en el cual expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; según sea el caso, remitirá copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo y deberá informar sí con anterioridad la parte quejosa promovió algún juicio relacionado con los actos aquí reclamados, y en caso afirmativo remitirá las constancias que apoyen ese informe, salvo que se trate de un juicio radicado en este juzgado. APERCIBIMIENTOS Si no se rinde informe justificado se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario. Asimismo, se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicaran por lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Igualmente, se le informa que el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, otorga la facultad para imponerle una multa que va de cien a mil unidades de medida y actualización vigente en el país, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir copia certificada de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Por otra parte, se comunica a las partes que en términos del artículo 64, están obligadas a informar de inmediato a este juzgado federal cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten; también deberán comunicar el fallecimiento de la parte quejosa, una vez que tengan conocimiento de ese hecho; apercibidas que en caso de incumplimiento se harán acreedoras a una multa, para el primer caso de treinta a trescientas unidades de medida y actualización vigente en el país, conforme lo establece el diverso numeral 251 y para el segundo de cincuenta a quinientas unidades, de conformidad con el arábigo 242, ambas disposiciones de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; notifíquese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la radicación del juicio con copia simple de la demanda. TERCERO INTERESADO Sin que haya lugar a tener como terceros interesados a las personas que menciona en su escrito de demanda; tomando en consideración que en la tesis de jurisprudencia 1ª./J.90/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página: 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO."; se determina que le reviste el carácter de tercero interesado a la contraparte del quejoso cuando el acto impugnado provenga de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio, y en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Federal, específicamente por: a) la falta de acuerdo a una promoción y b) la omisión de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; y en el caso, los actos reclamados no se ubican en alguno de estos supuestos. PRUEBAS Ahora bien, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo; y dada la naturaleza del juicio por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a las personas que designa. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese.

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