Celina Reyes Sánchez
Expediente 1180/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Celina Reyes Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 7903/2023 del Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el cual devuelve copia certificada del presente juicio de amparo y adjunta testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja ******************** de su índice, el cual se interpuesto por el Consejero Jurídico del Ejecutivo en ejercicio de las facultades de representación de la autoridad responsable, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, contra el auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés en el que se admitió la demanda de amparo. Queda enterado este Juzgado de Distrito del punto resolutivo de la ejecutoria en mención, que textualmente dice: "ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja". Atento a ello, acúsese recibo y en su oportunidad destrúyanse las copias certificadas devueltas por la superioridad, a fin de evitar duplicidad de las constancias. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la referida ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con diez minutos del catorce de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1180/2023, promovido por********************, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada alguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin su asistencia. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran: 1.- la demanda de amparo presentada por********************; 2.- auto de prevención de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés; 3.- escrito aclaratorio presentado por la quejosa; 4.- auto admisorio de doce de septiembre del año en curso; 5.- escrito presentado por el Consejero Jurídico del Ejecutivo en facultades de representación de la Gobernadora del Estado de Tlaxcala, por el que interpuso recurso de queja contra el auto admisorio; 6.- oficio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en el que informó que el recurso de queja se radicó con el número ********************de su índice y 7.- informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Consejero Jurídico del Ejecutivo en facultades de representación de la Gobernadora, Secretario de Gobierno y Oficial Mayor de Gobierno, todos del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se encuentra debidamente emplazado. En relación con lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómense en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Abierto el período de pruebas, el Secretario hace constar que la parte quejosa ofreció como pruebas de su parte, las siguientes: 1.- copia simple del recibo de percepciones emitido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala del período de uno al quince de agosto de dos mil veintitrés, por la cantidad de ********************; 2.- copia simple del nombramiento como Maestra de Grupo de Primaria otorgado por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala el cinco de marzo de dos mil nueve; y 3.- Copia simple de credencial para votar a nombre de la quejosa. Por su parte, la autoridad responsable, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala ofreció como pruebas copia certificada del contrato de prestación de servicio médico celebrado por el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y la persona moral "********************, Sociedad Anónima de Capital Variable" de veintiocho de julio de dos mil veintitrés y una impresión del convenio de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno celebrado por la Secretaría Administrativa del Poder Legislativo, Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, Oficialía Mayor de Gobierno y la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo y los representantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "********************". A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho y que el Agente del Ministerio Público no formuló pedimento. A lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto número 1180/2023-VIII, promovido por********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito,********************, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala. 2.- Secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala. 3.- Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La aplicación del Contrato de Prestación de Servicios Médicos celebrado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, deducido de la Licitación ******************** de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. La privación de sus derechos de asistencia social. La negativa a proporcionarle atención médica. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se radicó el presente asunto, y previo requerimiento y desahogo del mismo, en acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se requirió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa y porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa que de un análisis integral del escrito inicial de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por la parte promovente consisten específicamente en: La aplicación del Contrato de Prestación de Servicios Médicos celebrado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, deducido de la Licitación ******************** de veintiocho de julio de dos mil veintitrés. La privación de sus derechos de asistencia social. La negativa a proporcionarle atención médica. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados negaron los actos reclamados; sin embargo, realizaron diversas manifestaciones que evidencian su existencia material; por tanto se desvirtúa dicha negativa y se presumen ciertos los actos; lo que se corrobora con las constancias que en vía de anexos remitió la autoridad responsable, Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Tlaxcala, consistentes en el contrato de prestación de servicio médico ******************** de veintiocho de julio de dos mil veintitrés que es el acto aquí reclamado y convenio de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Constancias que tienen valor probatorio pleno al ser documentos públicos, en términos de los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de Improcedencia del juicio. La autoridad responsable, Gobernadora del Estado de Tlaxcala, a través del Consejero Jurídico del Ejecutivo, refiere que en el caso, sobreviene la causal de sobreseimiento contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, 5, fracción II, y 108, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello bajo la consideración que el acto reclamado, no deviene como acto de autoridad, sino de uno meramente laboral. Se considera fundada la causal de improcedencia hecha valer. Para sostener lo anterior, se estima pertinente acudir a lo dispuesto en la referida fracción XXIII del precepto en cita -61- de la cual se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando esa hipótesis surja de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridad, cuando éstas vulneren derechos humanos y garantías individuales, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5º, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter. Como se puede advertir, los numerales referidos, establecen la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, esto es, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la legislación, lo que equivale a que sus funciones estén determinadas por una norma general. Se cita al caso la jurisprudencia de que se ha hecho referencia 2a./J. 164/2011 y que fue sustentada por la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Materias(s): Común, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Conforme a lo anterior, los actos que emanan de las relaciones de supra a subordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Luego, cabe destacar que el Estado, a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Ahora, en el caso sujeto a estudio, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo constituye la aplicación del Contrato de Prestación de Servicios Médicos celebrado por el Gobierno del Estado de Tlaxcala, deducido de la Licitación ******************** de veintiocho de julio de dos mil veintitrés y como consecuencia la privación de sus derechos de asistencia social y la negativa a proporcionarle atención médica. En ese sentido, se tiene que en veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el Oficial Mayor y Secretario, ambos de Gobierno, quienes representaron al Ejecutivo del Estado celebraron Contrato de Prestación de Servicio Médico con la moral denominada "********************, contrato en cuya cláusula primera establece el objeto del mismo, el cual es la prestación de servicio médico para Oficialía Mayor de Gobierno, de conformidad con el anexo dos del mismo y al acudir al referido apartado se advierte que establece como objetivo del servicio, el de proporcionar el Servicio Médico Integral por medio de una operadora médica que otorgue a través de su red de prestadores de servicios la atención médica, atención quirúrgica, abastecimiento y dispensación de medicamentos; para así proteger la salud de los trabajadores activos y sus beneficiarios. Por tanto, quien aquí resuelve estima que, la relación que originó el Contrato de Prestación de Servicios Médicos entre el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y "********************, Sociedad Anónima de capital variable", es de naturaleza laboral. Luego, por regla general, los actos relacionados con prestaciones de seguridad social corresponden a un acto de coordinación, no de autoridad. Así, en el caso, se reclama el cambio del sistema para la prestación del servicio médico a los trabajadores en activo y jubilados derivados de la licitación ******************** de veintiocho de julio de dos mil veintitrés; y, como consecuencia, la privación de sus derechos de asistencia social que se traduce en la negativa a proporcionarle atención médica. En este orden de ideas, se obtiene que en la presente instancia constitucional, no se combate una negativa de atención médica en concreto, ya que reclama las disposiciones administrativas generales de contratación, pues sostiene que las mismas trascienden a la eficacia de la prestación del servicio médico al que tiene derecho. Es por lo anterior que se considera que los actos que la parte quejosa reclama en esta vía constitucional, no constituyen actos de persona de derecho público o autoridad, sino que son actos entre iguales; es decir entre el empleador (que en este caso es el Estado actuando como tal) y sus trabajadores, pues las señaladas como responsables no se encuentran investidas de imperio la cual es una característica de los actos de autoridad, sino que actuaron con base en la relación laboral que tiene la parte quejosa con las mismas; por ello, el acto reclamado no pertenece al ejercicio de la función pública. Es decir, la parte quejosa reclama las condiciones del contrato de prestación de servicios médicos como beneficio laboral derivado de la relación de subordinación que tiene con el Estado; y al respecto como se dijo, argumentó su modificación en la forma en que se otorgaba, pues en las nuevas disposiciones se redujo la cobertura médica. Por ello, se concluye que, aun cuando los actos reclamados se atribuyan a un ente moral público, ello no indica en automático que sean actos de autoridad, puesto que, como se expuso, derivan dichos actos de la prestación extralegal fundada en el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores, estipuladas en las condiciones generales de trabajo, cuyo origen es la relación laboral entre la parte solicitante del amparo y la entidad para la cual labora -Ejecutivo del Estado de Tlaxcala-, en un plano de coordinación. En conclusión, las cuestiones aquí reclamadas deben dirimirse ante la autoridad jurisdiccional en materia laboral, al derivar de una relación de coordinación (empleador-trabajador), respecto de las cuales no son susceptibles de combatirse a través del juicio constitucional, directamente, sino solo será posible impugnarlas, una vez que la autoridad laboral se pronuncie en juicio sobre el reclamo de tal modificación a la prestación laboral, que se considera reducida y que vulnera los derechos laborales previamente adquiridos; y será resuelto en juicio laboral lo que podrá ser materia de juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.2/2020 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, página 953, Materias Laboral, Común de rubro y texto siguientes: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD. Tanto la reforma constitucional en materia de derechos humanos como en la de amparo -ambas de junio de 2011- tienen como finalidad reforzar la posición jurídica de los derechos humanos desde la perspectiva sustantiva y adjetiva, respectivamente, lo que define la interpretación que debe darse a las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Así, si bien las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo no constituyen disposiciones generales en cuya creación haya intervenido un órgano del Estado, lo cierto es que tienen una naturaleza materialmente normativa, por lo que para efectos exclusivos del juicio de amparo directo, basta que se señale como acto reclamado el laudo dictado en un juicio laboral en el que, a su vez, se haya planteado alguna pretensión con base en una de esas cláusulas contractuales, para que su oposición con la Constitución Federal o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte pueda introducirse en el juicio de amparo, independientemente de que en el juicio ordinario se haya demandado la nulidad respectiva. Lo anterior, en el entendido de que para que proceda el estudio de esos temas, es indispensable que el quejoso haga un planteamiento efectivo, cuando menos como causa de pedir advertida de los argumentos opuestos en la demanda de amparo, pues sólo así surgirá la actualización de un problema de constitucionalidad." Sin que obste a lo anterior que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, como derecho a la salud y el principio de progresividad de los derechos humanos, pues su sola mención y posible afectación no hace procedente la vía constitucional, ya que como se ha dicho, ello se da con motivo de una relación en un plano de igualdad. Por tanto, no puede considerarse que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de procedencia del juicio de garantías. Lo dicho ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo. Por su contenido y alcance resulta ilustrativa la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, diciembre de dos mil doce, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Asimismo tiene aplicación al caso la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del diciembre de dos mil doce, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Por todo lo anterior como lo sostiene la autoridad responsable, sobreviene la causal de improcedencia analizada y, por tanto, al no estar ante actos de autoridad para efectos del juicio de amparo debe sobreseerse en el presente juicio constitucional. QUINTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SEXTO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, por propio derecho, en contra de las autoridades responsables precisadas y en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. La determinación aquí adoptada hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, que por razón de turno correspondió conocer del recurso de queja ********************, interpuesto en contra del auto que admitió a trámite la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, ante Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para esta fecha; sin embargo, no es posible celebrarla, toda vez que transcurre el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo para que la parte quejosa se imponga de los informes justificados rendido por las autoridades responsables, Consejero Jurídico del Ejecutivo y Representante Legal de la Gobernadora; Secretario de Gobierno y Oficial Mayor de Gobierno, todos del Estado de Tlaxcala, acordados el nueve de octubre de dos mil veintitrés. Lo anterior, en atención a la circular SGP/04/2023 emitida por la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y atento a la diversa 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ambas de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, en las que se determinó declarar inhábiles del día dieciséis al veinticuatro de octubre del presente año, con motivo del paro nacional de labores del Poder Judicial de la Federación, aunado a que con motivo de la diversa circular 29/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determinó que los días veinticinco a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés no corrieran términos ni plazos procesales. En tales condiciones, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice el alta correspondiente en el sistema. En diverso aspecto, de la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que la audiencia constitucional está programada para este día; sin embargo, no es posible celebrarla, en virtud de la vista que se ha dado a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.
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