Celina Reyes Baltazar
Expediente 966/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Celina Reyes Baltazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Del estado procesal que guardan estos autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por lo que, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, procede declarar que la sentencia con la cual se sobreseyó en el juicio CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. No es óbice a la anterior determinación, la circunstancia de que no se cuente con el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se hizo del conocimiento de la autoridad responsable foránea la sentencia dictada en este juicio de amparo; lo anterior es así, ya que la misma no afecta directamente el acto que de ella se reclamó en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, pues como se dijo en líneas precedentes este asunto fue sobreseído.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***************** en contra del acto reclamado destacado en el considerando segundo, a las autoridades precisadas en el resultando único, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
La Encargada de la Dirección del Hospital General Regional Número Seis del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, envía copia certificada del expediente médico de la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el término de TRES DÍAS para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, así como de análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que los actos reclamados consisten en: La omisión y/o negativa de las autoridades responsables de proporcionar atención médica especializada a la parte quejosa respecto de los padecimientos que aduce. Por otra parte, las autoridades responsables negaron la existencia de tales actos al rendir su informe justificado y remitieron copia certificada de las constancias relativas a la atención médica que en su caso tenían (fojas 96 a 131 y 171 a 187); sin embargo, de las constancias que obran autos se advierte que la parte quejosa fue trasladada a Ciudad Madero, Tamaulipas, para que le proporcionaran la atención médica que necesitaba (fojas 39 y 40). En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Hospital del Seguro Social de Ciudad Madero, Tamaulipas, con residencia en esa ciudad, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias relativas a la atención médica y medicamentos que le son proporcionados actualmente a la quejosa Celina Reyes Baltazar, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de las autoridades requeridas. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Acorde con lo anterior, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy; en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo; la cual se fija con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda.
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