Celina Osorio Ochoa
Expediente 1667/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1667/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2021
Partes del expediente
- Celina Osorio Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...SE DECLARA QUE LA REFERIDA SENTENCIA QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA; por tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental e histórica y al haberse sobreseído el juicio.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito a dicha Junta, por medio del cual rinden su informe justificado, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, dado que el veinticinco de noviembre del año en curso, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede se advierte que a la fecha se ha levantado la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Suspensión que se sustentó en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020, relativo a las Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19; así como 6/2020 a través del cual se reformó y adicionó el primero; el diverso 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Púbica Derivado del Virus COVID-19; que fue reformado por el similar 10/2020, a efecto de extender el plazo de su vigencia; el 13/2020, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con una vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el Acuerdo General 8/2020 y, agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos a través de la modalidad de "juicio en línea"; así como los diversos 15/2020 y 18/2020, que reformaron el similar 13/2020, en relación con el periodo de vigencia, el primero de los cuales amplió la vigencia del dieciséis de junio al quince de julio de dos mil veinte y, el segundo la extendió al treinta y uno de julio del mismo año. Ahora bien, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que establece en el artículo 2º que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Es necesario destacar que la fracción I del artículo 2º del Acuerdo General 21/2020 en comento, establece que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio; aunado a que los Acuerdos Generales de referencia, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación así como se difundieron en diversos medios de comunicación masiva y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; y, por consecuencia, permite a los justiciables tener plena certeza de que a partir del tres de agosto de este año, se reanudan labores y se computan nuevamente los términos. De ahí que a la fecha en que se actúa -como se advierte de la certificación secretarial- feneció el plazo de diez días con el que contaba la parte quejosa para impugnar el auto de seis de marzo de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, el presente asunto es susceptible de destrucción en atención a que carece de relevancia documental, y al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo.
- Principal
. Agréguese a los autos el escrito de cuenta del quejoso, por el que solicita se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, bajo su nombre correcto, ya que en la sentencia en el apartado de resolutivos se señaló su nombre como *** siendo el correcto *** En razón de lo anterior, se procede a acordar la petición del quejoso de aclaración de la sentencia dictada en el presente juicio. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia por contradicción P./J. 2/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, página 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 2008583, que señala: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." En efecto, en la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintiuno, en algunos de sus apartados, entre ellos los resolutivos, se asentó como nombre del quejoso el de *** siendo que el nombre correcto del peticionario de amparo, lo es *** es decir, su segundo apellido es con terminación "s" y no con terminación "z". Razón por la cual los efectos de la ejecutoria deberán acatarse en los términos planteados en la misma, con la aclaración, que el nombre correcto del quejoso lo es Armando Juárez Benavides, respecto de quien deberán dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan las constancias en las que se observe el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria dictada en el presente sumario, atendiendo la aclaración de sentencia antes señalada. Apercibidos que de no informar lo anterior o no manifestar la imposibilidad material o jurídica que tengan para ello, se les impondrá de manera individual, una multa por el equivalente a cien días del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I y 259 de la ley de la materia; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para que continúen con el trámite correspondiente a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Finalmente, como lo solicita el quejoso, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; expídase a su costa, copia certificada de las constancias que refiere en su ocurso, previa identificación y razón que obre en autos. Ahora bien, para la entrega de dichas constancias se requiere al peticionario para que genere su cita en la modalidad del programa "Agenda OJ" el cual está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de que acuda a liquidar el coste que generen las copias solicitadas en el centro de fotocopiado disponible al público, y con posterioridad, genere nueva cita para recogerlas previa razón de entrega, ello a fin de dar oportunidad al personal de este juzgado a realizar el cotejo y certificación correspondiente...
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