Celina Oseguera Parra
Expediente 1092/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1092/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/07/2018
Partes del expediente
- Celina Oseguera Parra
Actuaciones
- Principal
v) Toluca, Estado de México; diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Celina Oseguera Parra, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1092/2018-V. Acto reclamado. En ese sentido, es pertinente precisar que el acto materia de este asunto, se hace consistir en: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan, a diverso Centro de Reinserción Social. Suspensión de oficio y de plano. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de plano y oficio los actos reclamados, así como de cualquier acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a las autoridades señaladas como responsables para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dichas autoridades responsables para que en el término de veinticuatro horas, informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)" La suspensión aquí otorgada no surte efectos si previo a la presente determinación está acreditado, y atendiendo en lo conducente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que el traslado tiene origen en: Una inicial solicitud voluntaria de traslado por parte del quejoso; Exigencias procesales, como puede ser el hecho de que exista sentencia firme que la avale, o que la orden provenga de autoridad jurisdiccional o bien, en los supuestos motivados por las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso; Riesgo objetivo de la salud o la integridad del quejoso; Peligro para los internos; Seguridad del propio quejoso; Seguridad o gobernabilidad del Centro Carcelario; y, Tratándose de Delincuencia Organizada y por medidas especiales de seguridad. La suspensión concedida no surtirá efectos respecto de actos posteriores a su concesión o si el acto reclamado procede de autoridad diversa a las señaladas como responsables o si el acto reclamado es materia de otro juicio de amparo en el que se haya concedido la suspensión de los actos que ahora impugnan; o bien, si dicha medida obedece a cuestiones de seguridad del centro penitenciario en que se encuentra recluido el quejoso, o son tendentes a salvaguardar su integridad o, la de la demás población penitenciaria. Competencia. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En el caso, al consistir el acto reclamado en la orden de traslado, de la quejosa del lugar en el que actualmente se encuentra recluido, a saber, en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan, a un diverso centro de reclusión, así como su ejecución; se trata de un acto que requiere ejecución. La orden de traslado es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona, y cuyos efectos no se agotan con la emisión de la determinación, sino que se prolongan en el tiempo, hasta culminar su ejecución con la reclusión en otro centro penitenciario. Esto es así, pues se trata de un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; por lo que como se señaló, sus efectos se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, los cuales culminan con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. Luego, en el caso, de la lectura de la demanda se advierte que la orden de traslado reclamada aún no ha tenido ejecución material, y que la quejosa se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan. Es así, que del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado en esta instancia consistente esencialmente en la orden de traslado de la quejosa que actualmente se encuentra recluida en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan, a un diverso centro carcelario, sin que del escrito de cuenta se aprecie que dicha orden de traslado haya sido ejecutada, ni mucho menos que la quejosa haya sido trasladada a un centro de reclusión localizado dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, aunado a que no señala autoridades donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción, no obstante que dada la naturaleza del acto que se combate sea de aquellos que sus efectos resulten ser de tracto sucesivo, es decir, que se actualizan con el tiempo y terminan en donde la quejosa es finalmente recluida. Sin embargo, como se dijo, no se aprecia que la peticionaria de amparo haya sido externada del centro de reclusión en el que actualmente se encuentra interna, y recluida en un centro carcelario localizado en la jurisdicción de este Juzgado, ni tampoco señala autoridades ejecutoras dentro de la jurisdicción, por tanto los efectos del acto reclamado ocurren directamente en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan. Es aplicable la Tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a sí el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, es aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 4311, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000066, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado". De igual manera, es aplicable en lo conducente la tesis I.6o.P.55 P (10a), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2382, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, de septiembre de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2007523, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo". Precisado lo expuesto, se considera que la presentación de la demanda ante este juzgador no puede generar competencia a prevención, en razón de que en este Distrito no tuvo ni tendrá ejecución el acto reclamado, y como ya se dijo, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa no ha sido externada del centro carcelario donde actualmente se encuentra interna. Lo anterior, pues se reitera que la orden de traslado es un acto que requiere ejecución, por lo cual la competencia no se fija en el lugar en donde se emitió la determinación de mérito, sino donde tuvo o tendrá ejecución, lo que en el caso ocurre en la Ciudad de México, pues es el lugar donde se encuentra interna la impetrante, y por tanto donde, en caso de ser cierto el acto reclamado, comenzará a ejecutarse, y no así, donde la orden fue emitida como señala el quejoso. En esas condiciones, se declina competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; habida cuenta que dentro de esa jurisdicción produce efecto el acto reclamado, por tanto, remítase el presente expediente así como las copias de demanda respectivas, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, solicitándole de la manera más atenta al órgano jurisdiccional que corresponda conocer por turno, se sirva enviar el acuse de estilo respectivo y haga del conocimiento de este juzgado la determinación que emita al respecto. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. No obstante, como lo prevé el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera legislación, remítase atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente proveído a la quejosa Celina Oseguera Parra, en el lugar en que se encuentra recluida, a saber, Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, Tepepan. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Martínez Treviño, María del Rosario Rojas Lara, Francisca Rebeca Macías Parra y Octavio Francisco Pérez Paz y Puente y a las restantes personas en términos restringidos de dicho numeral. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.
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