Celina Hernández Rizo
Expediente 1095/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/01/2021
Partes del expediente
- Celina Hernández Rizo
- Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte promovente no recurrió el auto del nueve de diciembre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de diciembre de dos mil veinte. Cumple prevención y se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por José Carlos Susunaga Vallejo, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído del veintitrés de noviembre de dos mil veinte, y al efecto exhibe el archivo digitalizado correspondiente a la copia certificada de actuaciones practicadas en el juicio sucesorio intestamentario 1387/2019 del Juzgado Quinto Familiar, de la cual manifestó que es copia íntegra e inalterada, por lo que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción, VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y de la cual se desprende que Celina Hernández Rizo, fue designada como albacea provisional de la sucesión de Juan Hernández Álvarez, y en su representación, un diverso apoderado compareció a aceptar el cargo conferido, Asimismo, en cumplimiento a dicha prevención, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el juicio sucesorio del cual emana el acto reclamado aún no se ha celebrado la junta de herederos. Por tanto se tiene desahogada la prevención formulada en este juicio y, vista de nueva cuenta la demanda de amparo y su aclaración, se desprenden los datos siguientes: Quejoso(a): *** Autoridad(es) responsable(s): Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Acto(s) reclamado(s): El auto del seis de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 1387/2019, en el que negó la medida cautelar solicitada por la parte quejosa a fin de darle la posesión del inmueble afecto a dicha sucesión. Desechamiento. Sentado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, y su aclaración, es procedente desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Ahora, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la disposición normativa transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, que el acto reclamado afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o bien cuando se trate del auto de vinculación a proceso. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2017117, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada el ocho de junio de dos mil dieciocho, de rubro y texto siguientes. "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Aunado a ello, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente. "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En esas condiciones, se estima que el acuerdo reclamado del seis de octubre del año en curso, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 1387/2019, es susceptible de ser impugnado a través del recurso de reclamación, toda vez que los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establecen que dicho recurso es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento, cuyo tenor es: "Artículo 408. La reclamación es el medio de impugnación, que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Artículo 409. Los autos que no fueren apelables, pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. (.)" En la especie se actualiza la causa de improcedencia, pues la regla general contenida en los artículos 408 y 409 es que el recurso de reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento y que los autos que no fueran apelables, pueden ser reclamados ante el tribunal que los dictó. Cobra relevancia la tesis aislada VI.1o.C.95 C, de rubro y contenido: "RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE CUALQUIER AUTO QUE NO PONGA FIN AL JUICIO, Y NO SÓLO CONTRA LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LA AUDIENCIA (LEGISLACIÓN PARA EL ESTADO DE PUEBLA). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 408 y 409 del nuevo Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, por regla general, el recurso de reclamación procede en contra de cualquier auto que no ponga fin al procedimiento, siempre y cuando no sea apelable, y se interpondrá ante el tribunal que lo dictó; y si bien es verdad que el diverso artículo 410, fracción I, del ordenamiento legal citado, hace referencia a una audiencia, no menos cierto resulta que ello se debe a que aclara cuál es el término para la interposición del recurso, cuando lo acordado consiste en una actuación llevada a cabo por ese medio, y no que la reclamación sólo procede contra las determinaciones contenidas en las audiencias, ya que esto descontextualizaría la fracción de que se trata, además de que enseguida prevé el término para interponer la reclamación, cuando no se trata de una actuación determinada en audiencia, es decir, una actuación cualquiera." No se soslaya que el artículo 816, párrafo último, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, prevé que en las resoluciones o autos dictadas durante el periodo de administración y hasta la partición de herencia, no admiten recurso ordinario alguno; sin embargo, de la manifestación vertida bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en el escrito aclaratorio, se desprende que en el juicio sucesorio de origen aún no se lleva a cabo la junta de herederos, lo que conduce a que no se haya emitido la resolución que prevé el artículo 781 del código procesal civil aplicable, con la cual se culminaría la primera de las etapas de los procedimientos sucesorios, relativa al reconocimiento de herederos, designación de albacea -definitivo-, entre otras cuestiones. En esas condiciones, si el procedimiento sucesorio de origen se encuentra en la primera de sus etapas procesales, es evidente que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar el recurso de reclamación en contra del auto reclamado, de manera previa a la promoción del juicio constitucional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Resulta ilustrativa al caso, la tesis VI.1o.C.55 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "RECLAMACIÓN. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA DAR POSESIÓN SOBRE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HEREDITARIO EN UN JUICIO SUCESORIO, SI ES DICTADA DENTRO DE LA PRIMERA ETAPA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Toda vez que del capítulo tercero del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se advierte que el juicio sucesorio se integra de tres etapas: primera, relativa a la denuncia de la sucesión, institución de herederos, designación de albacea, tanto provisional como definitivo, y de inventarios y avalúos (artículos 763 a 791); segunda, correspondiente a la administración del patrimonio que la integra (artículos 792 a 803); y tercera, concerniente a la partición y adjudicación del haber hereditario (artículos 804 a 816). Ahora bien, como el artículo 772 del citado ordenamiento, contenido dentro de las disposiciones que regulan la primera etapa del juicio hereditario, prevé que los albaceas provisionales designados en la primera etapa del juicio sucesorio, pueden recibir los bienes a que se refiere el inventario, teniendo el carácter de simples depositarios; ello trae como consecuencia que lo relativo a la posesión de los bienes sucesorios no sea una cuestión exclusiva de la segunda etapa del procedimiento intestamentario y, por tanto, contra la resolución que niega dar posesión sobre los bienes del patrimonio hereditario, procede el recurso de reclamación siempre que sea dictada durante la primera etapa del juicio sucesorio, sin que cobre aplicación el último párrafo del artículo 816 de la norma en comento, en cuanto establece que contra las resoluciones que especifica y demás dictadas en el periodo comprendido de la administración a la partición hereditaria, no procede recurso." No existen excepciones al principio de definitividad. Además, en el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que contempla el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza del(los) acto(s) reclamado(s): I. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III. La parte quejosa no es una persona extraña al procedimiento, pues tiene la calidad de parte procesal, y fue designada como albacea provisional, cargo que aceptó, incluso por conducto de un diverso apoderado. IV. La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del medio de defensa. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en forma manifiesta e indudable, es procedente desechar la demanda interpuesta contra el auto del seis de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio sucesorio intestamentario 1387/2019. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. TCC informa. Agréguese el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual informa el contenido del proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, del que se advierte que declaró firme el auto en el que se desechó el recurso de queja 195/2020 interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de dieciocho de febrero del año en curso; y, devuelve las copias certificadas derivadas del presente incidente. Se acusa recibo del oficio y las copias certificadas. Por otra parte, se toma conocimiento de lo informado. Respecto a las copias certificadas remitidas por la superioridad, tomando en consideración que se tratan de una reproducción de las constancias que obran en los expedientes incidentales, se ordena su destrucción. Notifíquese.
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