Celina Beltrán Zavala
Expediente 532/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/10/2019
Partes del expediente
- Celina Beltrán Zavala
Actuaciones
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- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio telegráfico enviado por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado el tres de octubre de dos mil diecinueve, y al efecto informa que a la fecha no ha recibido el oficio 35566, de veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Ello, tomando en consideración que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que la citada misiva fue enviada vía Estafeta -al cual le fueron adjuntos tres tomos de prueba relativos-, mediante la guía la guía de envío 401501555324A503520421. Aunado a que, realizada una consulta en la página de internet www.estafeta.com.mx, se advierte que dicho oficio fue recibido en las instalaciones de la responsable en comento el veintiséis de junio de dos mil diecinueve y el de nombre Rodrigo Borrayo, es quien aparece como persona quien recibió dichos documentos; hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable en comento, y envíese copia certificada de la captura de pantalla de la consulta antes referida. Ahora bien, cabe destacar que el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, mismo que a la letra señala: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Del precepto normativo transcrito, se destaca en lo que aquí es materia, que si el servidor público con carácter de autoridad responsable en los juicios de amparo o incidentes de suspensión, se resiste a dar cumplimiento a lo ordenado en los mismos, se le impondrá una (i) pena de tres a nueve años de prisión, (ii) multa de cincuenta a quinientos días, (iii) destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por la posible comisión de un delito. En ese tenor, se apercibe a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad, para que se sirva dar cabal cumplimiento y atienda con veracidad, los requerimientos que se realicen en el presente juicio de amparo; en el entendido que de ser omiso, podrá ser acreedor a alguna de las medidas a que se han hecho referencia en el párrafo que antecede.
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cúmplase.
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sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia de cuatro de junio de dos mil diecinueve, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó el ampara y protección a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes.
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S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 532/2018, promovido por Celina Beltrán Zavala, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en la capital de la entidad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Celina Beltrán Zavala, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho , se admitió a trámite la demanda de que se trata, por lo que se ordenó dar a la agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; se pidieron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, misma que previos diferimientos, se celebró al tenor del acta que antecede; asimismo, por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho , se ordenó el emplazamiento de los tercero interesados (i) Gobierno del Estado de Baja California, (ii) Oficial Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, (iii) Secretaría del Trabajo y Previsión Social, (iv) Secretario del Trabajo y Previsión Social, todas con sede en la capital de la entidad, (v) Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, (vi) Presiente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, Baja California, ambas en esta ciudad, (vii) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, (viii) Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, así como su (iv) Presidente, ambos con sede en Tecate, Baja California, lo que así ocurrió oportunamente, como se advierte de los acuses de recibo de los oficios 69755, 69756, 69759, 69760, 5182, 5183 y 5184, así como de las constancias con las que se apersonaron al presente juicio las autoridades tercero interesadas que así lo hicieron. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo en estudio, atento a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48, 49 y 54 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman actos emitidos por una autoridad administrativa, con residencia donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y constancias allegadas al juicio, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de las autoridades que enseguida se precisan: "IV. Acto reclamado se hace consistir en la ilegal e ilegítima resolución interlocutoria de fecha 06 de marzo de 2018, mediante la cual se declaran improcedente el incidente de falta de personalidad planteado por la hoy quejosa en el juicio de origen, misma determinación que no se encuentra ni fundada ni debidamente motivada aunado a que en ella no se analizan todos y cada uno de los puntos planteados en el incidente de falta de personalidad promovido por la hoy quejosa en diligencia de fecha 21 de mayo de 2014, dentro del juicio por despido injustificado radicado ante el Tribunal de Arbitraje del Estado bajo el número 1427/2010-III." En este orden, es de señalar que de una lectura integral del escrito de demanda y anexos, así como del análisis de los elementos antes apuntados a los que refieren las tesis invocadas, se advierte que la quejosa reclama lo siguiente: a) La resolución interlocutoria dictada el seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente laboral 1427/2010-III, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora en el juicio de origen (aquí quejosa) en contra de Leticia Martell Meza, quien se ostentó como apoderada del Oficial Mayor de Gobierno del Estado Maestro Francisco Antonio García Burgos; Secretario del Trabajo y Previsión Social Licenciado Renato Sandoval Franco; Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Licenciado José Guadalupe Osuna Millán y Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana Licenciado Leonardo Martínez Delgado. Realizada la precisión anterior, en considerando subsecuente se abordará el análisis de la competencia de este Juzgado Federal para conocer y pronunciarse en relación con los actos reclamados. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Una vez fijados con claridad y precisión cuál es el acto reclamado en este asunto, siguiendo la técnica que rige al juicio de amparo, debe analizarse y resolverse respecto de su certeza, pues su sola inexistencia provocaría el sobreseimiento en el juicio constitucional, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. La autoridad responsable que se precisa a continuación rindió su informe con justificación, de la siguiente manera: No. Autoridad responsable Sentido del informe Fojas 1 Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por sí y en representación del referido Tribunal, con residencia en Mexicali. Niega 167 a 195 A pesar de lo anterior, debe considerarse cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, por sí y en representación del referido Tribunal, con residencia en Mexicali, ya que realizaron manifestaciones que ponen de relieve su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, visible en la página 391, con registro electrónico 211004, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, las documentales que allegaron las autoridades responsables, consistente en copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente 1427/2010, de su índice, relativo al expediente laboral promovido por Celina Beltrán Zavala en contra de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California y otros, demuestran su existencia a las cuales se les otorga valor probatorio pleno a que se refieren de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y de actuaciones con firma autógrafa. Se invoca como soporte de lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice 1995, con registro electrónico 394182, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la cuestión de fondo, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, en virtud de tratarse de un aspecto de orden público y de examen preferente en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. En el presente caso, no será necesario el análisis del acto en reclamo, en virtud que de oficio se actualiza la hipótesis de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario. Lo anterior porque el acto reclamado constituye un acto, cuyos efectos no son de imposible reparación, ya que como se verá, la afectación reclamada por el quejoso recae sobre derechos adjetivos y no sustantivos como lo establece el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para justificar lo anterior, resulta necesario trascribir aquí la parte conducente de los numerales en comento: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis sistemático de estos dispositivos, interpretado en sentido contrario, debe colegirse que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dada la materia sobre la que versa la causal de improcedencia advertida y las razones en las que se sustenta el acto reclamado, lo primero que debe examinarse es el sistema establecido en la Carta Magna, sobre la procedencia del juicio de protección de derechos humanos en contra de actos dentro de juicio. Al respecto, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que esté concluido. Cabe destacar que del propio precepto de advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, la disposición en comento, establece una previsión útil a transitar para encontrar y desentrañar el sentido de esa definición, pues indica categóricamente que las controversias de que habla el artículo 103 de la Constitución de la República, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria con apego a las bases que prevé el diverso numeral 107. Por lo que, en principio, no existe ningún impedimento o inconveniente de carácter constitucional, pues el texto supremo de manera específica, prevé que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y además indica, que estos procedimientos se determinarán en la ley reglamentaria respectiva. En congruencia con esta previsión Constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres abril de abril de dos mil trece, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta, procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Además define lo que debe entenderse por "acto de imposible reparación", mismos que deben de entenderse como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Esta aclaración del legislador secundario establecida en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que motiva la causal de improcedencia que ahora se estudia, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a esos actos de imposible reparación, lo que obsequia certeza jurídica al sistema de control constitucional, puesto que unifica un criterio para tratar de establecer el principio de concentración que se venía gestando incluso de las discusiones que llevaron a establecer la "exposición de motivos de la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once", que a propósito de la causa que se estima actualizada, es conveniente traer a colación, únicamente en la parte conducente, donde se sostuvo que: "[.] Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias[.]." De esta manera, el nuevo paradigma constitucional y legal permite estimar que la improcedencia del presente juicio de amparo, es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria de la materia. En efecto, la fracción III, inciso a), del artículo 107 Constitucional, y los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en lo que interesa disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejosa las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejosa, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley; II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate; III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; IV. Se declare ilegalmente confeso al quejosa, a su representante o apoderado; V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos; IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión; X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De las disposiciones constitucionales y legales transcritas, se desprende, para lo que al caso interesa, que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Asimismo, que en la demanda correspondiente pueden controvertirse tanto las violaciones que se hubiesen cometido al dictar la sentencia, laudo o resolución reclamada, como aquellas que se hubiesen actualizado durante el procedimiento, siempre que en este último caso hubiesen trascendido al resultado del fallo y afectado las defensas de la quejosa. En este orden de ideas, puede sostenerse que en el juicio de amparo directo, el acto reclamado siempre es una sentencia, laudo o resolución que pone fin al procedimiento; sin embargo, ello no impide combatir las violaciones procesales que se hubiesen actualizado durante el procedimiento. Lo que de suyo revela, la posibilidad jurídica de que las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración. Cierto, este principio atiende a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad, lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. De acuerdo con lo anterior, se estima que las violaciones procesales están sujetas a dicho principio, pues el interesado no puede impugnarlas mediante juicios de amparo independientes, sino que debe esperar a que se dicte la resolución definitiva y en el juicio de amparo directo que se promueva en su contra plantear todas y cada una de dichas violaciones, desde luego, siempre que esas violaciones lleguen a trascender en el desenlace del juicio o del procedimiento. Así, el Constituyente Permanente trató de evitar que los juicios naturales se interrumpieran constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por alguna de las partes, pues incluso se establece la figura del amparo adhesivo y la revisión adhesiva, justamente ante las exigencias del principio de concentración, para que sea a través de un juicio en el que se dilucide el problema y no se prolongue con amparos para efectos y nuevos juicios de amparo. No obstante lo argumentado, para salvaguardar los derechos de los justiciables, estableció como regla excepcional la posibilidad de que impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, cuestión que se justifica pues tal afectación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, pues es claro que ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. Frente a esta salvedad, se tiene que la Ley de Amparo, se encarga de definir la procedencia del amparo indirecto tratándose de actos dentro de juicio, que tienen una ejecución de imposible reparación cuando se "afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente. De lo anterior, se deducen las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación, al carecer de uno de sus elementos esenciales. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro Siete, Junio de 2014, Tomo I, materia común, visible en la página 39, con registro electrónico 2006589, que señala lo siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Criterio obligatorio que resulta aplicable al caso, pues de éste se debe concluir que si bien durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, el juicio constitucional en la vía indirecta procedía en forma excepcional contra resoluciones que afectaban a las partes en grado predominante o superior, no obstante que se tratara de una violación formal, adjetiva o procesal, lo cierto es que, ahora con la nueva disposición de la Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ya no se considerarán esos actos, como de imposible reparación, por existir disposición expresa en ese sentido, que limita su naturaleza únicamente a la afectación de derechos sustantivos. Ahora, en el presente caso el quejoso reclama la resolución interlocutoria dictada el seis de marzo de dos mil dieciocho, emitida en el expediente laboral 1427/2010-III, mediante la cual declaró improcedente el incidente de falta de personalidad promovido por la parte actora en el juicio de origen (aquí quejosa) en contra de Leticia Martell Meza, quien se ostentó como apoderada del Oficial Mayor de Gobierno del Estado Maestro Francisco Antonio García Burgos; Secretario del Trabajo y Previsión Social Licenciado Renato Sandoval Franco; Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Licenciado José Guadalupe Osuna Millán y Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana Licenciado Leonardo Martínez Delgado; por lo que el citado acto no debe ser considerado como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Lo anterior, porque es un acto que no produce una afectación material o actual a algún derecho fundamental (vida, libertad personal, propiedad, etcétera), ya que a través de dicho acto no se genera la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, y en ese sentido el perjuicio procesal que pudiera resentir el aquí quejoso en sus derechos adjetivos no son motivo de análisis en el amparo biinstancial, y en cambio dichos efectos pueden ser reparables, si se obtiene sentencia favorable, en la que se cumplan sus pretensiones, desapareciendo el supuesto agravio, y para el caso de que el fallo resulte adverso a los intereses de la parte quejosa, ésta tendrá la oportunidad de hacerlo valer como violación procesal en el amparo directo, que en su caso promueva contra la sentencia definitiva cumpliendo con los requisitos legales. Para evidenciar lo hasta aquí expuesto, conviene precisar los antecedentes del acto reclamado: 1.- El tres de diciembre de dos mil diez, Celina Beltrán Zavala demandó del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Baja California, de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Secretario del Trabajo y Previsión Social de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Tijuana y del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tijuana, el pago y otorgamiento de diversas prestaciones. 2.- El siete de diciembre de dos mil diez, los miembros integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, admitieron a trámite la demanda, cuyo registro correspondió al número 1427/2010-III; requirieron a la parte actora a fin de que proporcionara los montos reclamados en los incisos d), e), f), g), h), i), j), k), asimismo señalara los conceptos y montos que integraban su salario diario; precisara si reclamaba los $168.00 (Ciento sesenta y ochos pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de carretera, y en caso de ser afirmativo señalara el monto y periodo de lo reclamado, señalara cuántas horas extras son dobles y cuántas triples, indicara el horario diario que laboraba tiempo extraordinario; fijaron fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, admisión y desahogo de pruebas; y, ordenaron el emplazamiento de la parte demandada. 3.- El dos de marzo de dos mil once, tuvo verificativo la audiencia de ley en la fase de demanda en la cual fue diferida en atención a que la parte actora ratificó su escrito inicial y amplió su demanda. 4.- El dieciséis de marzo de dos mil once, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, las partes demandadas dieron contestación a las prestaciones reclamadas por la accionante. 5.- Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintidós de mayo de dos mil quince, se otorgó a las partes el término respectivo para la formulación de alegatos. 6.- El diez de junio de dos mil quince, se declaró cerrada la instrucción y, el diecinueve de junio del año en cita, se elaboró proyecto de laudo, el cual se entregó a los miembros del tribunal burocrático. 7.- Una vez citados a la audiencia de discusión y votación, el tres de julio de dos mil quince, se dictó laudo, que culminó con los siguientes puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO:- Se ABSUELVE a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, de otorgar y/o pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, las prestaciones reclamadas en los incisos a), b), f), g), j), I), m), n), o) y q) del capítulo de prestaciones del escrito inicial y ampliación de demanda, consistente en: reinstalación, pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, gastos médicos, pago peaje, indemnización constitucional, 6 meses de salario, 20 días por año laborado, por las razones ya expuestas en el considerando que antecede. SEGUNDO: Se CONDENA a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, una antigüedad genérica a partir del 12 de febrero de 2001 al 05 de octubre de 2010, prestación reclamada en el inciso c) del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, por las razones ya expuestas en el considerando que antecede. TERCERO: Se CONDENA a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, la cantidad $48,944.41 pesos por concepto 178 horas extras dobles, laboradas en forma extraordinaria, generadas dentro del periodo del 03 de diciembre de 2009 al 04 de octubre de 2010, prestación reclamadas en el inciso d) del capítulo de prestaciones del escrito inicial demanda, en los términos y por las razones ya expuestas en el considerando que antecede. CUARTO: Se ABSUELVE a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, de pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, lo reclamado en los incisos e), i), k), del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda consistentes en: vacaciones, prima vacacional hasta el primer periodo vacacional correspondiente al noveno año de servicios, aguinaldo y diferencias de salarios, por las razones ya expuestas en el considerando que antecede. QUINTO: Se CONDENA a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, únicamente lo reclamado en el inciso e), del capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda consistentes en: el segundo periodo vacacional del noveno año de servicios y el proporcional de 7 meses 23 días, la cantidad que asciende a $32,865.62 pesos por concepto de vacaciones, y la cantidad de $18,076.09 pesos por concepto de prima vacacional, por las razones ya expuestas en el considerando que antecede. SEXTO:- Se CONDENA a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, la cantidad de $43,817.16 pesos por concepto de aguinaldo proporcional 2010, prestaciones reclamada en el inciso h) del capítulo de prestaciones del escrito inicial demanda, por las razones y en los términos que han quedado asentados en el considerando que antecede. SÉPTIMO:- Se CONDENA a las partes demandadas GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, a pagar a la parte actora CELINA BELTRÁN ZAVALA, la cantidad de $139,140.90 pesos por concepto de prima de antigüedad, prestación reclamada en el inciso p) del capítulo de prestaciones del escrito de ampliación demanda, por las razones y en los términos que han quedado asentados en el considerando que antecede. OCTAVO: Se le CONCEDE a la demandada el término de TRES DÍAS HÁBILES, para que dé cumplimiento voluntario en la presente resolución. NOVENO: NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." 8.- El treinta y uno de agosto de dos mil quince, Celina Beltrán Zavala, promovió juicio de amparo directo, cuyo registro correspondió al número 745/2015-I, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con residencia en Mexicali. 9.- En sesión de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa, para los efectos siguientes: "[.] lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento laboral hasta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas y: 1. Al proveer con respecto al incidente de falta de personalidad que planteó la parte actora funde y motive debidamente su determinación. 2. Asimismo, y en caso de estimar que dicho incidente resulta procedente, deberá suspender el procedimiento y proveer sobre el trámite del mismo en los términos de lo establecido en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo. 3. En cambio de considerar que la incidencia es improcedente o infundada deberá continuar con el procedimiento pero advirtiendo que diversas pruebas fueron desechadas de manera ilegal, para lo cual, deberá pronunciarse de nueva cuenta en cuanto a ellas y aplicar la Ley del Servicio Civil vigente al momento de la presentación de la demanda. [.]" 10.- En cumplimiento a la citada ejecutoria de amparo, el tribunal laboral entre otras cosas, dejó insubsistente el laudo reclamado de tres de julio de dos mil quince, y ordenó la reposición del procedimiento hasta la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de veintiuno de mayo de dos mil catorce, seguidamente, en la misma actuación, proveyó respecto al incidente de falta de personalidad que planteó la parte actora en contra de la licenciada Leticia Martell Meza, apoderada de la parte demandada, y lo declaró improcedente al considerar que la citada profesionista se ostentó como apoderada legal de las demandadas al celebrarse la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de dieciséis de marzo de dos mil once, así como la audiencia de cuatro de abril de dos mil once y siete de mayo de dos mil catorce, además de que en autos obraban diversas cartas poder de las dependencias respecto de las cuales compareció como apoderada. 11.- El once de septiembre de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en Mexicali, declaró cumplida la ejecutoria de amparo 745/2015, de su índice. De lo anterior se evidencia que el acto reclamado por la quejosa sólo se refiere a una cuestión procesal, ya que dicho acto acontece dentro del juicio laboral 1427/2010, pues la consecuencia directa e inmediata que conlleva el sentido de la determinación combatida, no es otra más que seguir la secuela procesal del juicio con la actual representación de Leticia Martell Meza, como apoderada de la parte demandada, y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el eventual perjuicio que ocasionaría es estrictamente procesal. De ahí que el hecho de que se continúe la secuela procesal y se reconozca el carácter de apoderada de la parte demandada a la licenciada Leticia Martell Meza en el juicio de origen, no implica, necesariamente, que se emita una decisión final contraria a los intereses de la parte quejosa, pues, de serle favorable, los efectos de esa transgresión adjetiva desaparecerían y, de no ser así, puede impugnarla en unión de la sentencia a través del amparo directo, vía concepto de violación. Por tanto, este órgano jurisdiccional considera, que la resolución reclamada no le irroga prejuicio alguno a los derechos sustantivos de la aquí quejosa, ya que dicho acto constituye sólo un aspecto de índole procesal, que en dado caso de afectar la esfera de derechos adjetivos de la impetrante de amparo, la podría impugnar de manera conjunta en el amparo que se promueva contra el fallo definitivo que dirima el procedimiento de que se trata. En esas condiciones, al no afectar derechos sustantivos que irroguen perjuicio alguno a la parte quejosa, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, del citado cuerpo de leyes Finalmente, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación enderezados por la quejosa en su demanda de amparo, cuenta habida que tal es la consecuencia jurídica ineludible del sobreseimiento decretado. Se invoca como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 52/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, visible en la página 244, que reza: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." [Énfasis añadido]. QUINTO. CAPTURA DE LA SENTENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, procédase a realizar la captura de este fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. SEXTO. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 532/2018-II, promovido por Celina Beltrán Zavala, por derecho propio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo de este fallo por las razones expuestas en el cuarto considerado. SEGUNDO. Procédase a realizar la captura de este fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y recábese la constancia correspondiente en términos del considerando quinto. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria Alexandra Vega Sánchez, quien autoriza y da fe.
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