Celiflora Cruz Luis

Expediente 250/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
250/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • Celiflora Cruz Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula y libro Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****, en su carácter de apoderado y representante legal de *****, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 250/2023. Personalidad En principio, se tiene por acreditada la personalidad con que se ostenta el promovente, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con la documental consistente en copia simple de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de diez de noviembre de dos mil veintidós, relativa al juicio laboral J.32/0720/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca, la cual anexa a su escrito de demanda de cuenta. Desechamiento de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: De la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca: La resolución interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ****/2021, de su índice, en la que se declaró incompetente para conocer del juicio de referencia. En la especie, contra el acto reclamado a la citada Junta Especial, se actualiza la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y. Si bien la fracción VIII del precepto antes descrito señala la procedencia del juicio de amparo cuando se traten de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no debe interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede forzosamente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. De ahí que de la interpretación conforme del citado numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia, se colige que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca, la resolución interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ****, de su índice, en la que se declara incompetente esa junta para conocer del juicio de referencia; lo cual no es un acto definitivo, en virtud de que está supeditado a que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acepte la competencia declinada a su favor; supuesto en el cual será procedente el juicio de amparo. Es de exacta aplicación, la jurisprudencia 17/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. -página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2009721, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación-. Bajo esa línea argumentativa, al operar en este asunto la causal de improcedencia de que se trata, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a las personas que menciona por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de la parte trabajadora en un asunto de carácter laboral. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Número de expediente: 250/2023 Acuerdo: Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por ****, en su carácter de apoderado y representante legal de *****, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 250/2023. Personalidad En principio, se tiene por acreditada la personalidad con que se ostenta el promovente, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con la documental consistente en copia simple de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución, de diez de noviembre de dos mil veintidós, relativa al juicio laboral J.32/0720/2021, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca, la cual anexa a su escrito de demanda de cuenta. Desechamiento de la demanda Del contexto integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: De la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca: La resolución interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ****/2021, de su índice, en la que se declaró incompetente para conocer del juicio de referencia. En la especie, contra el acto reclamado a la citada Junta Especial, se actualiza la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y. Si bien la fracción VIII del precepto antes descrito señala la procedencia del juicio de amparo cuando se traten de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no debe interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede forzosamente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. De ahí que de la interpretación conforme del citado numeral 107, fracción VIII, de la ley de la materia, se colige que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En el caso, se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en el Estado de Oaxaca, la resolución interlocutoria de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ****, de su índice, en la que se declara incompetente esa junta para conocer del juicio de referencia; lo cual no es un acto definitivo, en virtud de que está supeditado a que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acepte la competencia declinada a su favor; supuesto en el cual será procedente el juicio de amparo. Es de exacta aplicación, la jurisprudencia 17/2015 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. -página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2009721, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación-. Bajo esa línea argumentativa, al operar en este asunto la causal de improcedencia de que se trata, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, y a las personas que menciona por autorizados con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de la parte trabajadora en un asunto de carácter laboral. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.

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