Celida Anaya Camargo

Expediente 1533/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1533/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Celida Anaya Camargo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de los autos que integran el juicio en que se actúa se advierte la actualización, de manera notoria, manifiesta e indudable, de causales de sobreseimiento contenidas en la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados por la parte quejosa en el presente sumario. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de sobreseimiento notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la causa de sobreseimiento en el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de sobreseimiento respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De acuerdo con dicha disposición legal, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Resulta pertinente mencionar que existen dos tipos de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que, para efectos del juicio constitucional respecto de este último acto el amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 1491, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En el caso concreto, los actos reclamados consisten en la fecha señalada para el desahogo de las probanzas ofertadas por las partes y admitidas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 1976/17 de su índice, así como la falta de notificación de las mismas. Luego, de las constancias que acompañó la referida autoridad a su informe justificado se advierte que han cesado los efectos por sustitución procesal de tales actos reclamados, dado que el catorce de enero de dos mil veintidós, dictó auto en el que se corrigió el procedimiento y dejó sin efectos la fecha señalada en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, al señalar las ocho horas con quince minutos del nueve de febrero de la presente anualidad para el desahogo de la prueba confesional por posiciones -ofertadas por ambas partes-, la prueba confesional para hechos propios -ofrecida por la parte actora en el juicio de origen-, y la prueba de reconocimiento y ratificación personal -ofrecida por la parte demandada en el juicio laboral controvertido-; así como las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de febrero de la presente anualidad para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Zarina Massiel Cárdenas Martínez, Anastacia Cuevas Rodríguez, Sandra Elizabeth Mendívil Benítez y Jesús Francisco García Godínez; e igualmente, fijó las trece horas con treinta minutos del nueve de febrero de los actuales para que tenga lugar la prueba de inspección y fe judicial ofertada por la parte actora en el juicio laboral 1976/17. Lo antes relatado pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis de improcedencia delata respecto de los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, de esta ciudad, ya que cesaron los efectos de los mismos, en razón de haber sido sustituido procesalmente por un nuevo acto de autoridad, esto es, por el proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, por el que la precitada junta corrigió el procedimiento y señaló nuevas fechas para el desahogo de las probanzas referidas en el párrafo inmediato anterior. De ahí que se considere, que los efectos de los actos reclamados han cesado, toda vez que la aludida determinación (auto de catorce de enero de dos mil veintidós), sustituyó la determinación de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno en relación con los actos que la parte quejosa reclama. De esta forma, resultaría ocioso ocuparse de analizar la constitucionalidad de lo reclamado, puesto que no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han cesado sus efectos y, por lo tanto, ya no ocasionan agravio alguno a la parte quejosa. Apoya las consideraciones antes expuestas, la tesis III.2o.C. J/22 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579, que a continuación se transcribe: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". En el mismo sentido cobra aplicación la tesis aislada I.3o.C.769 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, Tomo XXX, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Por otra parte, la quejosa también señaló como acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, el consistente en la omisión de realizar las notificaciones correspondientes a las partes, en relación con las pruebas admitidas, dentro del juicio laboral 1976/17. En esa medida, respecto del acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que no obstante subsiste la omisión por parte del fedatario responsable de notificar a las partes lo determinado en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dicha omisión no puede surtir efecto legal o material alguno, puesto que el objeto de su notificación a las partes ha dejado de existir, esto es así ya que no conduciría a ningún fin jurídico la eventual comunicación de las fechas fijadas para el desahogo de las probanzas señaladas con anterioridad a la regularización efectuada en proveído auto de catorce de enero de dos mil veintidós. Sin que sobre acotar, que los actos reclamados deben analizarse en relación con la fecha de presentación de la demanda, por tanto, no sería jurídicamente dable, analizar la eventual omisión del actuario responsable respecto del proveído de catorce del mes y año en curso, en el que se regularizó el procedimiento y se procedió a señalar fechas para el desahogo de los medios de convicción ya mencionados, puesto que es un acto futuro e incierto. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo indirecto, en relación con el acto reclamado al actuario responsable. No obstante, se hace del conocimiento de la junta laboral que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que la corrección respecto del señalamiento de nuevas fechas para el desahogo de las probanzas reclamadas en esta vía constitucional, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio en este tema, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere en la fracción II, del artículo 262 de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional sin efectos. En esas condiciones, se deja sin efectos la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba señalada para las nueve horas con veintitrés minutos del veintiséis de enero de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de enero de dos mil veintidós. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, que contienen el informe justificado rendido por el secretario general en funciones de presidente por ministerio de ley, en términos del artículo 613 de la Ley Federal del Trabajo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, así como por el actuario de su adscripción, ambos con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas a los oficios que se atienden; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el actuario adscrito del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del legajo de pruebas que se ordenó remitir por auto de diecinueve de noviembre anterior. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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