Celia Yañez Garfias
Expediente 54/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/02/2019
Partes del expediente
- Celia Yañez Garfias
- Juez del Juzgado de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Vista la razón actuarial de cuenta asentada por la fedataria judicial adscrita a este Juzgado, se advierte que no le fue posible notificar el auto que antecede a la parte quejosa, en el domicilio señalado para tal efecto, por las razones expuestas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa dicho proveído por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, así como las subsecuentes que así deban serlo. AUTO DE TRECE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE....Vista la certificación de cuenta, se advierte que causó estado la resolución mediante la cual se desechó la demanda de amparo, y se ordenó el archivo del presente juicio; asimismo, que obran en autos documentos que por su características están considerados como originales conforme a lo establecido en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en unión al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger el documento de que se trata, apercibida que en caso de ser omisa, dicho documento correrá el mismo destino del expediente, lo anterior de conformidad con los últimos párrafos de los puntos décimo primero y vigésimo del citado Acuerdo... VI
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... Vista la certificación de cuenta, se advierte que causó estado la resolución mediante la cual se desechó la demanda de amparo, y se ordenó el archivo del presente juicio; asimismo, que obran en autos documentos que por su características están considerados como originales conforme a lo establecido en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en unión al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger el documento de que se trata, apercibida que en caso de ser omisa, dicho documento correrá el mismo destino del expediente, lo anterior de conformidad con los últimos párrafos de los puntos décimo primero y vigésimo del citado Acuerdo...
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Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por EL Jefe del Departamento de Asuntos Fiscales de la Procuraduría Fiscal, en representación del Secretario de Planeación y Finanzas y del Director de Ingresos adscrito a dicha Secretaría, todos del Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en relación con la ejecutoria de amparo dictada en autos, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las instalaciones de dicha dependencia el cheque número 0326935, por la cantidad de $3,752.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), e informa que desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa el precepto declarado inconstitucional; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que esta conforme, y este Tribunal procederá a analizar en forma oficiosa lo relativo al cumplimiento de la sentencia, sin que sea necesario notificar de manera personal la resolución que adopte este juzgado por ser obligación del justiciable atender el asunto promovido y no ubicarse tal supuesto en las hipótesis previstas en el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del promovente, que dicha cantidad deberá ser cobrada en un término no mayor a un mes, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que de inmediato deberá acudir ante la autoridad exactora a recoger el cheque respectivo, acompañando identificación oficial y copia. Igualmente infórmese a la parte quejosa, que al resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, se determinará que el presente asunto es susceptible de depuración y que carece de relevancia documental, motivo por el cual se conservará tres años en el archivo reciente de este Órgano Jurisdiccional y una vez transcurridos cinco años de archivo, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer ante este Órgano Jurisdiccional dentro del término de noventa días a partir del auto que tenga por cumplida la sentencia a fin de recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos se destruirán. Finalmente, en caso de que posteriormente se reciban promociones que provengan de la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, mediante las cuales informe sobre los actos que secunden a los que les correspondía realizar, se ordena que se agreguen al sumario sin necesidad de dictar diverso acuerdo que el presente, dejando sólo certificación en autos de que se hace así de acuerdo con lo aquí determinado...I
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CUMPLE PREVENCIÓN V I S T O el escrito de cuenta signado por la quejosa..., por medio del cual da contestación al requerimiento que se formuló en proveído de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO V I S T A la demanda de amparo promovida por....contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro y otras autoridades, que hace consistir el acto reclamado en: el auto de emplazamiento al juicio sumario especial hipotecario número 21/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, promovido por ..., en contra de la ahora quejosa...; y como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En relación a la ilegalidad de emplazamiento realizada en el expediente 21/2015, aquí reclamada, el presente juicio de amparo es improcedente en razón de que se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107 fracción V, este último aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo dispone: "El juicio de amparo es improcedente:.XXIII.-En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el artículo 107, fracción V, de la Ley de la materia señala: "El amparo indirecto procede:.V.- Contra actos o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." En efecto, los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, se distinguen si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías, como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la propiedad, posesión, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Constitución Federal preserva al gobernado como género. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin haber dejado huella en su esfera jurídica. En efecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia antes citada, toda vez que el acto reclamado, consistente en la ilegalidad de emplazamiento realizada en el juicio sumario especial hipotecario número 21/2015, es un acto dentro de juicio que no afecta las defensas de la parte quejosa de un modo irreparable e inmediato, al encontrarse el juicio natural fuente del acto reclamado en trámite, sin haberse dictado aun sentencia definitiva y a pesar de que el ilegal llamamiento a juicio resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del procedimiento, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia y de subsistir esa violación procesal reclamarse en el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracción I de la Ley de Amparo, mas no el juicio de amparo en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surte como ya se dijo la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la misma Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu. Cobra aplicación sobre el particular la jurisprudencia 18/92, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 16, Tomo 58, Octubre de 1992, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVES DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 114, en sus fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio sólo procede en dos casos de excepción, a saber a). Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y b). Cuando se afecte a persona extraña al juicio. Ahora bien, si se reclama la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo por la parte que se considera perjudicada, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, o antes de que ésta cause ejecutoria, es evidente que tal violación no puede considerársele como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que aun cuando ésta resulta ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo cierto es que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales dentro del proceso, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra del fallo de primera instancia. Por otra parte, si el promovente del amparo es el demandado en el juicio natural, resulta claro que no puede ostentarse como tercero extraño al juicio, ya que tienen ese carácter quienes no son partes en el propio juicio. En tal virtud, el medio idóneo para impugnar la falta de emplazamiento o ilegalidad del mismo, cuando el promovente tiene conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria, es el amparo directo en los términos de lo establecido por los artículos 158, 159, fracción I, y 161 de la Ley de Amparo, mas no el juicio de garantías en la vía indirecta, pues en tales circunstancias, respecto de esta última vía constitucional, se surtiría la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la misma Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 158, 159, fracción I, y 161 antes invocados." Así como la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a fojas 396 del Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OIDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia." En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de amparo, promovida por...., en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Y con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído. Finalmente, y conforme a lo que solicita la quejosa de mérito, respecto a la oposición a que se publique sus datos personales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, una vez que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente y una vez que se determine por parte de este Juzgado Federal, si es considerada o no como reservada en términos de los artículos 13 y 14 de la citada ley, se omitirá la publicación de sus datos personales como lo solicita la parte quejosa....MESA VI
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