Celia Williams Rivas
Expediente 709/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Celia Williams Rivas
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN DE DEMANDA DESECHADA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2009, SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. I. Parte quejosa ratifica demanda. Agréguese a los autos la constancia de notificación que antecede, de la que se desprende que la quejosa Celia Williams Rivas ratificó el escrito presentado ante este juzgado en fecha diez de septiembre del año en curso y, en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Visto el escrito aclaratorio de la demanda de amparo, se desprende que la aquí quejosa reclama de las autoridades responsables: El auto de veinte de agosto del año en curso, mediante el cual el Juez responsable dio vista a la aquí quejosa para que dentro del término de cinco días otorgará la escritura de venta de manera voluntaria, apercibida que en caso de no otorgarla, la responsable la otorgaría en su rebeldía. III. Se desecha la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, por lo que a dicho acto se refiere, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;.". De lo anterior se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, al efecto, se establecen dos modalidades de dicha procedencia: a) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. b) Si se trata de procedimientos de remate se define a la última resolución como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Luego, de los antecedentes de la demanda, se revela que el acto que se reclama fue dictado en ejecución de sentencia, pero no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto, derivados del ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues se requiere la coexistencia de dos órdenes definitivas: la de la firma de la escritura del bien rematado y la de su entrega; ya sea en un solo acuerdo, por separado, o en forma consecutiva, y en el caso sólo se ha requerido a la demandada por el otorgamiento "voluntario" de la escritura de venta del inmueble; por tanto el mandamiento aun no conlleva imperio. En ese contexto, es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha tomado la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, precisamente porque no se ha determinado el envío del expediente a la Notaría Pública para que de ahí se obtenga la información necesaria para que el fedatario elabore la escritura correspondiente, caso en el cual la actuación de la autoridad conlleva imperio, puesto que ya ninguna influencia tendrá la voluntad u oposición de la parte ejecutada, sino que quienes intervienen en el procedimiento quedan constreñidos a observar la ejecución de la orden judicial, es decir, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que, indistintamente, en forma "definitiva" ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y, además, hubieren trascendido al sentido de la resolución. Acude en apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 13/2016 (10ª.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, visible en la página 1066, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2011474, cuyo rubro dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega material del bien, pues como se dijo, constituye solo un requerimiento a la demandada para su otorgamiento "voluntario"; encontrándose la actuación de la autoridad de esta manera supeditada a que la parte demandada cumpla o no con esa prevención; y que en caso de no hacerlo, ahora sí emitirá una resolución que "en definitiva" ordene recabar la escritura de adjudicación en su rebeldía a través del envío de los autos al fedatario público, y su consecuente entrega material al adjudicatario. En otra línea de pensamiento, esta juzgadora estima que también se verifica el motivo de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". Como puede observarse, el juicio de amparo es procedente contra actos definitivos dictados dentro de un procedimiento jurisdiccional, fuera de juicio o después de concluido; serán actos definitivos aquellos en contra los cuales ya fueron agotados los recursos que con arreglo a la ley aplicable al caso concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no sea definitivo, es decir, cuando no se agotó en su contra, el recurso ordinario que proceda, dado que a través de dicho medio de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado. El principio de definitividad rector del juicio de amparo debe cumplirse previo a promover el juicio de amparo y consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones previstas. Cabe precisar, que el recurso, juicio o medio de defensa que debe tener a su alcance la gobernada, para impugnar una resolución judicial o de tribunales administrativos o del trabajo, debe ser el idóneo y procedente para revocar, nulificar o modificar el acto o la determinación impugnada. Sostiene lo así expuesto la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, visible en la página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sin que, entonces, sea posible relevarla de la obligación de agotar el principio de definitividad, conforme con el cual debió combatir oportunamente el auto de veinte de agosto de dos mil dieciocho a través del recurso de revocación previsto por el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia en análisis, ya que se advierte que con posterioridad al auto dictado por la autoridad responsable, la accionante pudo promover el recurso de revocación, ya que con la interposición de ese medio de defensa pueden obtener la modificación, confirmación o nulidad del acto reclamado, y al no agotar dicho recurso, deja de satisfacerse el principio de definitividad requerido para la procedencia del juicio de amparo indirecto que nos ocupa; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con el 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha la demanda de amparo que ocupa la atención. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe."
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