Celia Tacuba Colotzín y Otros.

Expediente 76/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
76/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Antonia Godinillo Tacuba y Otros.
  • Celia Tacuba Colotzín y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte tercera interesada en contra el proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número de recurso de queja ****************. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, primero de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ******************** y ********************; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero, y ríndase informe justificado, para lo cual se manifiesta que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en autos del juicio de amparo al rubro indicado, se desechó su demanda de amparo. Asimismo, se hace del conocimiento a la superioridad que le corresponda conocer del presente medio de impugnación, que las constancias relativas quedan a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número de expediente único nacional (NEUN) ********************. En mérito de lo anterior, se comisiona al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expedientes", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con éste para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación que se provee. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda presentado por *******************, Delegada Municipal Propietaria de Ahuacuahutla y *********************, Delegada Municipal suplente de Ahuacuahutla, por propio derecho y en su carácter de autoridades municipales de la Comunidad de Ahuacuahutla, Municipio de Zitlala, Guerrero contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, personalidad que acreditan con las copias certificadas de la extensión de nombramientos que le fueron otorgados por el Cabildo Municipal de Zitlala, Guerrero. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 76/2023 que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone. Para así evidenciarlo, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido qué debe entenderse por las expresiones "manifiesta" e "indudable" para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, y en qué momento deben analizarse. Al hacerlo, puntualizó al primer vocablo como lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara; y precisó que el segundo significa, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. La Segunda Sala estableció que para advertir la notoria e indudable improcedencia de un asunto debe atenderse al escrito de demanda, en su caso a la aclaración realizada, y a sus respectivos anexos; y que es posible determinar la inviabilidad del juicio desde su promoción, cuando esté demostrada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya fueron manifestados claramente por el impetrante o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados de las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, de lo contrario, la demanda debe ser admitida. Dichas consideraciones pueden consultarse en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 297/2011, de donde deriva jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2001071, y título: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Es oportuno decir que, si bien en el criterio invocado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó una causa de improcedencia del juicio de amparo distinta a la que es materia de estudio en el presente asunto, lo cierto es que las razones contenidas en la ejecutoria destacada resultan aplicables por identidad de razón en el caso, como enseguida se verá. La interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, exige que la improcedencia del juicio biinstancial tenga como apoyo que, desde un plano objetivo, el órgano de control constitucional cuente con información suficiente para advertirla de manera irrefutable y clara desde la promoción del citado juicio, de tal manera que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: "Violentar nuestros derechos como pueblos indígenas, a la no discriminación, libre determinación autonomía y petición; al no establecer las partidas presupuestarías especificas destinadas a la construcción de 8 Viviendas Completas o en su defecto, 8 Techos Firmes en la Comunidad Indigena de Ahuacuahutla, Municipio de Zítlala y; no dar respuesta por escrito a una petición y; por lo tanto, Discriminar a las Autoridades de las Comunidades por ser Mujeres Indígenas" En ese sentido, debe decirse que en el presente juicio opera lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII y artículo 7, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipio o cualquier personal moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares." Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que esta ley se exige a las partes. Del enlace de los dispositivos transcritos, se aprecia que las personas morales oficiales únicamente pueden instar el juicio de amparo, cuando se afecte su patrimonio, respecto a relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad entre los particulares. Previo a continuar con el análisis de la improcedencia, resulta necesario precisar que las quejosas Celia Tacuba Colotzin y Antonia Godinillo Tacuba, se ostentan con el carácter de Delegada Municipal Propietaria y Delegada Municipal Suplente, respectivamente, por lo que es evidente que promueven la demanda de amparo en representación de la Delegación Municipal de Ahuacuahutla, Municipio de Zítlala, Guerrero. En ese sentido, en lo que toca a las personas morales oficiales, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, cuando se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen; esto es lo único que les otorga ese interés, es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Esto último se explica, en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo, por lo que al ser esas restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de ellas y, por lo mismo, no puede promover juicio de amparo. Es decir, la persona moral oficial quejosa puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se halla investido como poder público, mientras que en el segundo, obra en las mismas condiciones que los particulares; esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de igual naturaleza y en la misma forma que los individuos. De ese modo, esa equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran los derechos fundamentales que están protegidos por el juicio constitucional. Por ello, la excepción que previene el artículo 7o. de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, sino que defienden intereses patrimoniales, por lo que lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales, pues estas últimas, no son titulares de garantías individuales o derechos humanos, susceptibles de ser afectados por la actuación de alguna autoridad, de ahí que los órganos del Estado, por regla general, no se encuentren legitimados para promover juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 171/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 176216, que señala: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." Entonces, de la relación que subyace al acto reclamado se advierte que la autoridad pretende defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas, de ahí que no tenga legitimación para promover el presente juicio de amparo. Es aplicable en sentido contrario la jurisprudencia 16/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2017263, que señala: "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS. El artículo 7o. de la Ley de Amparo establece una hipótesis de legitimación para que las personas morales oficiales puedan solicitar amparo para impugnar afectaciones que puede ocasionarles otra autoridad mediante un acto, una norma o una omisión. Se trata de un presupuesto procesal que exige a una autoridad que acredite una afectación patrimonial dentro de una relación en la que se encuentra en un plano de igualdad; esta limitante se justifica en atención a que la Federación, los Estados, el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), los Municipios o cualquier persona moral pública no pueden considerarse titulares de derechos humanos; sin embargo, la Ley de Amparo reconoce que existen casos en los que se requiere la intervención de la Justicia Federal, a través del juicio de amparo, para evitar la imposición arbitraria de actos por ciertas autoridades que transgredan derechos de otras autoridades, para lo cual exige dos elementos: i) la existencia de una afectación patrimonial y ii) que dicha afectación se actualice en una relación en la que la autoridad se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. En este sentido, de la interpretación de ambos supuestos se concluye que una persona moral oficial puede promover el juicio de amparo cuando exista una afectación patrimonial, es decir, una vulneración a alguna de las facultades, competencias o derechos que se comprenden dentro de su patrimonio, lo cual puede traducirse en términos monetarios y, además, dicha afectación debe darse en una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares, esto es, de manera subordinada frente a otra autoridad que con imperio le impone un acto de forma unilateral. En esas condiciones, una autoridad que forma parte de un procedimiento jurisdiccional actúa de manera subordinada, y los actos que se emitan en éste incidirán en sus intereses para ejercer su adecuada defensa, así acudirá al juicio de amparo para obtener una defensa de las posibles afectaciones que se cometan en el procedimiento, con la finalidad de obtener un resultado que beneficie a sus intereses; por tanto, tiene legitimación para promover el juicio, siempre y cuando de la relación subyacente no se advierta que acude a defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que tiene encomendadas." Ahora, no se inadvierte que la parte quejosa también relama violación a un derecho de petición, pues al respecto señala que solicitó a la autoridad responsable la autorización de una partida presupuestaria sin que se le haya dado respuesta. Como se dijo anteriormente, las quejosas se ostentan como representantes de la persona moral oficial de la Comunidad de Ahuacuahutla, Municipio de Zítlala, Guerrero. Luego, las promoventes pretenden ejercer un derecho de petición frente al Congreso del Estado de Guerrero, sin embargo, lo hacen bajo la potestad pública que ostentan por lo que su pretensión deriva del ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder. Por tanto, también es improcedente el presente juicio de amparo porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio. Es decir, es improcedente la demanda en comento, porque las quejosas como representantes de la persona moral oficial de la Comunidad de Ahuacuahutla, Municipio de Zítlala, Guerrero carecen de legitimidad para ejercer el derecho de petición ante el Congreso del Estado al ser un derecho propio de los ciudadanos, en tanto que las promoventes elevan su petición con el carácter de personas morales oficiales. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene a Efrain Lara Agüero sólo como autorizado para oír y recibir notificaciones debido a que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como a Martín Morales Lara al haberlo solicitado de esa manera. Notificaciones vía electrónica. Como lo solicitan las promoventes, y toda vez que proporciona el usuario: "EfrainLara", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. Se tiene el correo electrónico y número celular que señala en su demanda como medio alternativo de contacto. Transparencia y datos personales. El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Asimismo, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

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