Celia Solís Casados

Expediente 260/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Celia Solís Casados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa; y por oficio al tercero interesado. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, solo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la quejosa Celia Solís Casados, para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, envió la resolución en cumplimiento, bajo los parámetros que se exponen a continuación. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, proceda de inmediato, dentro del ámbito de sus facultades, a desahogar las pruebas que están pendientes y que se destacan en la tabla que antecede, y continúe la prosecución del juicio laboral 811/2017 y sus acumulados 812/2017 y 821/2017, ciñéndose a los términos legales, hasta ponerlo en estado de dictar el laudo correspondiente. De las constancias del juicio laboral 811/2017 y sus acumulados 812/2017 y 821/2017, del índice de la junta responsable, las cuales fueron remitidas en copias certificadas, destaca el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que derivado de la certificación elaborada por la secretaria de acuerdos en la que en cumplimiento al auto de esa fecha y después de haber revisado los autos del juicio, advirtió que no queda prueba pendiente por desahogar ni diligencia por practicar, acorde a lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días expresen su conformidad con la citada certificación, apercibidas que de no hacerlo y hubiere pruebas por desahogar, se les tendría por desistidos de las mismas. De igual forma se observa del auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, que se tuvo al experto Juan Contreras rindiendo el peritaje de veintisiete de octubre del año en curso, en materia contable, dándose vista a las partes por el término de tres días, apercibidas que de no hacerlo se les tendría por precluido su derecho para hacerlo. En adición a lo anterior, obra el diverso acuerdo de esa misma fecha, en el que se tuvo por desistidas a las partes de aquellas pruebas que no se hubiesen desahogado, por lo que se declaró cerrada la instrucción, por lo que ordenó que en su oportunidad turnar los autos al auxiliar dictaminador para emitir el proyecto de laudo respectivo. Finalmente, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno, derivado de que las partes no dieron cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de veintidós de noviembre pasado, se les tuvo por perdido el derecho a desahogar la vista concedida, por lo que al no existir pruebas pendientes por desahogar ni diligencias que practicar, se concedió a las partes el término de dos días para formular por escrito sus alegatos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo se les tendrá por perdido su derecho a formularlos. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, toda vez que por cuanto hace a las pruebas ya se declaró cerrada la instrucción en el juicio de origen, por lo que ya se está en posibilidad de emitir el laudo correspondiente. Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 3259 con sus anexos, remitidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee y sus anexos, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. Finalmente, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio 3152 del Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa las medidas tendentes para dar cumplimiento a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión, dictada en el presente asunto y remite documentales para acreditar lo anterior; agréguense al sumario para que surtan sus efectos legales correspondientes y estese en espera a que remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cabal cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención al oficio SEADS/1136/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de del año en cita, funge como jueza de este órgano jurisdiccional, la suscrita Natividad Regina Martínez Ramírez, por así haberlo determinado el Pleno del aludido Consejo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario J Arturo Mojica Sosa, que autoriza y da fe.

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