Celia Sánchez Martínez
Expediente 66/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 66/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Celia Sánchez Martínez
Actuaciones
- Principal
... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. Archivo.... archívese este expediente como concluido. Destino. ... este expediente es susceptible de destrucción....
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.... EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EL TREINTA DEL MISMO MES Y AÑO, POR LO QUE SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 66/2023. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Desechamiento. Previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo1 , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. De la demanda de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente 388/2006 del índice de la responsable, por medio del cual se tuvo a la parte actora en aquella instancia, designando a la notaría respectiva para que se formalice la escritura de adjudicación, que en su oportunidad deberá firma la ahora quejosa. Del análisis de los antecedentes señalados por la parte promovente en la demanda de amparo, se advierte que: El veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio 388/2006, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 451-M, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz,2 correspondiente al 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. 2 ARTICULO 451-M Para el remate se procederá de la siguiente forma: (.) remate y subasta pública en primera almoneda del lote otorgado en garantía, así como la expedición de los edictos correspondientes para su publicación. - En la misma fecha, se tuvo por adjudicado el bien inmueble concedido en garantía. - Mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, se tuvo al abogado patrono de la parte actora en la instancia primigenia, designando notaría para que se formalice la escritura con motivo de la adjudicación del inmueble objeto del contrato que dio origen a la litis natural. Manifestaciones que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Ahora bien, en el presente caso se considera que el VIII. Valuado el inmueble hipotecado se procederá a remate en los términos del Título Séptimo, Capítulo IV de este Código, salvo convenio entre las partes; juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII3 en relación con el diverso 1074 , fracción IV, de la ley de la Ley de Amparo. Al respecto el contenido de los citados preceptos es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." 4 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, está vinculado al principio de definitividad, en tanto que lo estipulado en el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. Asimismo, en la contradicción de tesis 74/2015 de la citada Primera Sala, se sostuvo que la razonabilidad que subyace en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, regulado en el citado precepto es el resguardo al derecho a la tutela judicial, pues es este objetivo el que explica por sí, el motivo por el cual debe considerarse que para tener actualizada la última resolución del remate, bastará que se emita la orden de escrituración. Lo anterior porque con esa determinación ya puede considerarse que ha culminado el procedimiento del remate, en tanto que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de los actos intermedios del procedimiento de remate, debido a que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución de sentencias y, con ello se trastoca la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resulta en un contrasentido al objeto del juicio constitucional. Ahora, el acto reclamado en este juicio consiste en el acuerdo de nueve de diciembre de la anualidad próxima pasada, en la que se tuvo al apoderado legal del actor del juicio natural únicamente designando a la notaría pública para que se formalice la escrituración, la cual no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de remate del juicio de origen, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, el acto aquí reclamado no reúne las características para la procedencia del juicio de amparo, en tanto que no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados y, por lo tanto, deberá controvertirse en la vía de amparo al reclamarse la última resolución que se dicte dentro del citado procedimiento, entendida como aquella que efectivamente ordene la citada escrituración y sea inimpugnable, en el sentido de que no habría acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. De esta manera, la parte quejosa se encuentra facultada para promover los medios de defensa que estime pertinentes dentro de las actuaciones emitidas en el controvertido en cuestión. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, por sus razones la diversa jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la misma Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, de rubro y texto siguientes: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En mérito de lo anterior expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV,de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen del presente asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Pedro Antonio Urbina Castellanos, en virtud de que de la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional; en tanto que ******, únicamente queda autorizado para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la promovente. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario PETER1979 es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 66/2023. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Desechamiento. Previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. De la demanda de cuenta se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente ******************** del índice de la responsable, por medio del cual se tuvo a la parte actora en aquella instancia, designando a la notaría respectiva para que se formalice la escritura de adjudicación, que en su oportunidad deberá firma la ahora quejosa. Del análisis de los antecedentes señalados por la parte promovente en la demanda de amparo, se advierte que: - El veinte de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio ********************, se llevó a cabo la audiencia prevista por el artículo 451-M, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, correspondiente al remate y subasta pública en primera almoneda del lote otorgado en garantía, así como la expedición de los edictos correspondientes para su publicación. - En la misma fecha, se tuvo por adjudicado el bien inmueble concedido en garantía. - Mediante auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós -acto reclamado-, se tuvo al abogado patrono de la parte actora en la instancia primigenia, designando notaría para que se formalice la escritura con motivo de la adjudicación del inmueble objeto del contrato que dio origen a la litis natural. Manifestaciones que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Ahora bien, en el presente caso se considera que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción IV, de la ley de la Ley de Amparo. Al respecto el contenido de los citados preceptos es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" En ese tenor, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que el presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de remate, está vinculado al principio de definitividad, en tanto que lo estipulado en el artículo 107, fracción IV, de la ley en cita deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. Asimismo, en la contradicción de tesis 74/2015 de la citada Primera Sala, se sostuvo que la razonabilidad que subyace en el requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, regulado en el citado precepto es el resguardo al derecho a la tutela judicial, pues es este objetivo el que explica por sí, el motivo por el cual debe considerarse que para tener actualizada la última resolución del remate, bastará que se emita la orden de escrituración. Lo anterior porque con esa determinación ya puede considerarse que ha culminado el procedimiento del remate, en tanto que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de los actos intermedios del procedimiento de remate, debido a que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, pues de permitirse la interposición del amparo, se obstaculizaría indebidamente la fase de ejecución de sentencias y, con ello se trastoca la efectividad del derecho humano a la tutela judicial, lo que resulta en un contrasentido al objeto del juicio constitucional. Ahora, el acto reclamado en este juicio consiste en el acuerdo de nueve de diciembre de la anualidad próxima pasada, en la que se tuvo al apoderado legal del actor del juicio natural únicamente designando a la notaría pública para que se formalice la escrituración, la cual no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de remate del juicio de origen, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Es decir, el acto aquí reclamado no reúne las características para la procedencia del juicio de amparo, en tanto que no ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, ni la entrega de los bienes rematados y, por lo tanto, deberá controvertirse en la vía de amparo al reclamarse la última resolución que se dicte dentro del citado procedimiento, entendida como aquella que efectivamente ordene la citada escrituración y sea inimpugnable, en el sentido de que no habría acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. De esta manera, la parte quejosa se encuentra facultada para promover los medios de defensa que estime pertinentes dentro de las actuaciones emitidas en el controvertido en cuestión. Tiene aplicación, la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que señala: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Asimismo, por sus razones la diversa jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), de la misma Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, página 110, de rubro y texto siguientes: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En mérito de lo anterior expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV,de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen del presente asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a ********************, en virtud de que de la certificación secretarial, se conoce que cuenta con cédula profesional; en tanto que ********************, únicamente queda autorizado para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la promovente. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario ******************** es válido; por tanto, se autoriza el acceso de la parte promovente al expediente electrónico. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. (...) Notifíquese personalmente a la promovente...
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- Celio Barradas Ortega357/2017
- Celio Ruiz Olvera464/2023
- Celsa Rosales y/o Celsa Ramírez Rosales807/2018
- Celsa Rosales y/o Celsa Ramírez Rosales154/2018