Celia Rosales Ponce

Expediente 1897/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1897/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
27/01/2017

Partes del expediente

  • Celia Rosales Ponce

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1897/2016-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del treinta de diciembre del dos mil dieciséis, que en lo conducente dice:"...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1897/2016-II, promovido por Celia Rosales Ponce, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y; R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el tres de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada el cuatro siguiente a este Juzgado Federal se recibió la demanda de amparo promovida por Celia Rosales Ponce, por derecho propio, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de siete de noviembre del dos mil dieciséis, se admitió la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde tiene ejecución el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Bajo ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia , que el juzgador de amparo, al dictar una sentencia, debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al respecto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo XIX, Abril de dos mil cuatro, registro 181810, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio es necesario fijar adecuadamente el acto reclamado por la parte quejosa. En ese orden de ideas, de la lectura íntegra de la demanda y atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que el acto reclamado por la quejosa consiste en:  La falta de contestación al escrito ingresado el uno de julio de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente 1/382/2014. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, consistente en la falta de contestación al escrito ingresado el uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del expediente 1/382/2014; toda vez que no se acreditó que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo dicha autoridad se hubiese emitido contestación alguna al escrito de mérito. Lo anterior resulta así, en virtud de que el acto reclamado es de carácter negativo, por lo que la carga de la prueba de su inexistencia le corresponde a la propia autoridad responsable. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Séptima Época con número de registro 818571, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Volumen 5, Tercera Parte, Materia Administrativa, página: 13 del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece." CUARTO. Causales de improcedencia I. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente. En relación a la falta de contestación al escrito ingresado el uno de julio de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente 1/382/2014, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, como se expondrá en los siguientes párrafos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." A juicio de este juzgador, se actualiza dicha causal porque el acto reclamado se hizo consistir, básicamente, en la falta de contestación al escrito ingresado el uno de julio de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente 1/382/2014, ha cesado por lo siguiente: De las constancias remitidas por la autoridad responsable destaca la copia certificada del acuerdo de catorce de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente 1/382/2014, en el que da respuesta a la petición elevada por la quejosa, la cual fue notificada el dieciocho siguiente. En estas condiciones, es claro que la autoridad responsable al haber emitido un acuerdo de manera congruente a la pretensión de la quejosa, así como haberlo notificado, hizo que cesaran los efectos de la omisión reclamada, con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, por lo que se actualiza la causal de improcedencia analizada y por tal motivo es procedente que se sobresea en el juicio en que se actúa, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". QUINTO. En cumplimiento al Acuerdo General 9/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Celia Rosales Ponce, contra el acto consistente en la falta de contestación al escrito ingresado el uno de julio de dos mil diecisiete, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente 1/382/2014, en términos de la parte considerativa de esta sentencia. SEGUNDO. Dése cumplimento al acuerdo general 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Luis Augusto Galán Mendoza, que autoriza y da fe, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores del Juzgado. Doy fe."

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable PRESIDENTE Y TERCER ARBITRO Y SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILlACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las ONCE HORAS CON TRES MINUTOS DEL DÍA VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el PRESIDENTE Y TERCER ARBITRO Y SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILlACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. En relación con la documental, que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la misma, la que se desahoga por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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