Celia Rodríguez Hernandez
Expediente 713/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 713/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Celia Rodríguez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, que sobreseyó fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 196, párrafo tercero y cuarto, de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que, es destruible. Notifíquese
- Principal
Visto el estado procesal de autos de los cuales se advierte que del informe justificado y de las constancias que se anexaron a ellas se advierte una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la interpretación gramatical de los preceptos transcritos, se advierte, en lo aquí interesa, que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos en el procedimiento de remate, siempre y cuando sea la última resolución dictada dentro de éste, en la cual se podrán reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Lo anterior implica que si se trata de actos de tribunal judicial, emitidos después de concluido el juicio, vinculados con la ejecución de una sentencia, es improcedente el juicio de amparo indirecto, porque la finalidad de dicha norma es la de evitar la obstaculización de la ejecución de una sentencia que tiene el carácter de ejecutoria. En consecuencia, para que el juicio de amparo indirecto proceda contra determinaciones dictadas en la fase ejecutiva de un procedimiento judicial, se debe establecer si existe vinculación entre el acto reclamado y el procedimiento de ejecución, o si se trata de una resolución, autónoma, por tratar algún tema que por su trascendencia, jerarquía o incluso desvinculación, haga innecesario esperar a la última resolución que decida si fue cumplida definitivamente o no la sentencia ejecutoria. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución dictada el veinte de marzo de dos mil veintiuno dentro del juicio ejecutivo mercantil 835/2016, del índice del Juzgado Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, misma que ordena la adjudicación directa del bien inmueble embargado en autos del juicio de origen. Una vez establecido lo anterior, dicho acto no constituye la última resolución en la etapa de remate, dado que se trata de una resolución intermedia en la fase de remate, por lo que, debe decirse que la determinación que constituye el citado acto reclamado, no es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, que es en contra de la cual procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que persigue se evite la obstaculización del cumplimiento de las resoluciones que constituyen cosa juzgada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 74/2015, estableció toralmente lo siguiente: "De suerte que, la actuación judicial autónoma, denominada como "adjudicación" es una etapa del remate, mediante la cual se adjudica el bien embargado a favor del acreedor o ejecutante, pues constituye una determinación que establece un derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario (conforme con la mecánica y regulación propia del procedimiento de remate y con el pago o satisfacción del valor del bien objeto del mismo), en la medida que jurídicamente con ese acto se actualiza la incorporación de la cosa embargada al patrimonio del ejecutante adjudicatario. Del anterior razonamiento, esta Primera Sala logró concluir que, no obstante, el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, señalara la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos de remate, únicamente en contra del acto que apruebe o desapruebe el remate, el juicio de amparo indirecto, conforme la legislación abrogada, sí resultaba procedente en contra de la interlocutoria de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento de remate, en el que ya se había adjudicado el bien objeto de la venta judicial, pues aun cuando se trata de una resolución intermedia del remate, ésta constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación por afectar de manera directa derechos sustantivos derivados de la adjudicación, de ahí que esta Primera Sala, precisó que la procedencia del amparo no obedecía al requisito señalado en la fracción III sino al de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada. De lo cual, si bien la consideración alcanzada en ese asunto, no resuelve el tema de la presente contradicción, sí ayuda a comprender la naturaleza y mecánica del procedimiento de remate, de lo cual se infiere que la adjudicación es un acto autónomo que se realiza en el remate, además que es constitutivo de un derecho sustantivo de índole patrimonial, y si bien éste por sí mismo no culmina el procedimiento del remate, pues claramente en contra del acto de adjudicación, los interesados pueden hacer valer medios de defensa, cuyas consecuencias pueden, incluso, provocar la reposición del procedimiento de remate, así una vez el bien ha sido adjudicado, y cuando la adjudicación ya es firme, se continúa con el procedimiento de remate, mediante los efectos del acto firma de adjudicación, esto es, con la posibilidad de formalizar la transmisión de propiedad por medio de la escrituración y con la entrega material del bien, actos que de forma indistinta culminan el proceso de remate" (Lo resaltado es propio de esta determinación) De la transcripción anterior, se puede corroborar que la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal, ya se pronunció respecto a la interpretación del juicio de amparo bi-instancial cuando se reclaman actos derivados del procedimiento de remate. En esa tesitura, se arribó a la conclusión que si bien, la adjudicación implica la constitución de un derecho sustantivo, no menos cierto resulta ser, que tal actuación no deviene la última en el procedimiento de remate, pues como se estableció en la contradicción en cita, tal determinación puede ser controvertida, como en el presente asunto acontece. Incluso, una vez adquiera firmeza dicha resolución, el procedimiento de remate continuará por su cauce legal, como lo es la posibilidad de formalizar la transmisión por medio de la escrituración o bien, por medio de la entrega material del bien. De ahí que no se está en el supuesto de procedencia que prevé el numeral 107, fracción IV de la ley de la materia, pues la resolución controvertida por la cual se confirma el auto que adjudica de manera directa el bien a la parte actora en el juicio primigenio, no resulta ser la última resolución en el procedimiento de remate. Por lo que, será hasta el momento en que se emita el proveído en que indistintamente, se ordene otorgar la escritura de adjudicación o entregar la posesión de los bienes, que se podrá acudir al juicio de amparo en contra de tal determinación, e inclusive, hacer valer todas las violaciones procedimentales que se estime fueron efectuadas durante el mismo. Apoyan las anteriores consideraciones, la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis, de rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Luego las violaciones que se estimen cometidas durante el procedimiento de remate, deben invocarse como agravios en el juicio de amparo que se promueva contra el auto definitivo que ordene la escrituración del bien adjudicado, o en su caso, que ordene la entrega de la posesión de los mismos, que es la resolución culminatoria de dicho procedimiento y en contra de la cual se prevé la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación en el diverso numeral 107, fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, aplicadas a contrario sensu, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el juicio en que se actúa. Por lo tanto se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo; por el cual remite el despacho 172/2021 (298/2021-I) diligenciado. Háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja en el libro respectivo. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido por el Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifieste lo que a su interés convenga. Notifíquese
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