Celia Mireya Martinez Dominguez

Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Celia Mireya Martinez Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso que queja contra el auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso b), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Chilpancingo, Guerrero y otras autoridades. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 117/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en: a) La ilegalidad de la notificación del mandamiento de ejecución de uno de febrero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0142/2023, signado por el subsecretario de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. b) La diligencia de requerimiento de pago y la diligencia de embargo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, llevada a cabo por la notificadora-ejecutora del Departamento de Ejecución Fiscal de la Dirección General de Cobro Coactivo y Vigilancia de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.]" En relación a dicha causal, resulta oportuno precisar que el procedimiento administrativo de ejecución, no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo; sin embargo, consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada, lo cual, justifica que el juicio de amparo por regla general sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. En el caso, a la parte quejosa no le reviste el carácter de tercera extraña al procedimiento administrativo de ejecución. Se explica: Del contenido del ocurso de cuenta, se observa que la parte quejosa manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: a) El mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0142/2023, por el que se le notificó el requerimiento de pago y diligencia de embargo, lo reclama por vicios propios y no ha sido objeto de impugnación diverso al presente amparo. Así, resulta inconcuso que del análisis de los antecedentes narrados, bajo protesta de decir verdad, se advierte que a Celia Mireya Martínez Domínguez, no le reviste el carácter de tercera extraño al procedimiento administrativo de ejecución, porque tuvo conocimiento del mandamiento de ejecución de veinte de enero de dos mil veintitrés, derivado del oficio SI/DGCCV/DEF/TJA/0142/2023, signado por el subsecretario de Ingresos dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero mediante la diligencia de requerimiento de pago y embargo el practicada el diecisiete de marzo del año en curso; en consecuencia, el juicio de amparo deviene improcedente, ya que debe esperar a que se dicte la última resolución en ese procedimiento, para poder reclamar las violaciones procesales que se hubieren cometido, a fin de no obstaculizar injustificadamente la secuencia ejecutiva. En efecto, el procedimiento administrativo es una serie de actos vinculados por una misma finalidad, por lo cual, cuando se trata de actos procedimentales, la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, definiendo la situación jurídica correspondiente, de ahí que no proceda contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, sino hasta la resolución definitiva; ahora, si bien los referidos actos procesales aislados pudieran causar perjuicio al particular que interviene como parte en el procedimiento en comento, lo cierto es que debe esperar a que exista una resolución definitiva y, si lo perjudica, podrá atacarla en amparo, junto con las violaciones cometidas, en su caso, dentro del procedimiento. Con base en lo anterior, el juicio de amparo sólo puede promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución que lo culmine, es decir, la definitiva, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas en ese procedimiento a pesar de que se impugne la constitucionalidad de leyes. Lo anterior es en ese sentido, pues así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ****, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Domicilio. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en de esta ciudad. Autorizados Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ****, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. No así por lo que respecta a ***, toda vez que no reúnen dicha exigencia; motivo por el cual, se les tiene como autorizados única y exclusivamente para oír y recibir notificaciones. Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso. En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Se ordena a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos notificar la presente determinación a la parte quejosa en términos del artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

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