Celia Melisa Villareal Hernández

Expediente 520/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
520/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Celia Melisa Villareal Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    . 1. Comparecencia. Vista la comparecencia de diecisiete de mayo del año en curso, se advierte que la quejosa directa Celia ****, manifestó que ratificaba como puesta de su puño y letra la firma que obra al calce del escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, registrado con el número de control interno 6196, así como el contenido del mismo. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la prevención de la demanda. 2. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, en proveído de diez de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó proveer respecto a la admisión del escrito de demanda. 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. La tesis citada explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Caso concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el acto que reclama la parte quejosa es la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Primer Turno, Región Norte I, de la Fiscalía General del Estado, de dictar acuerdos dentro de la carpeta de investigación 143/PIN/UTMC/2021 al no acordar la solicitud presentada por escrito el seis de abril de dos mil veintidós dentro de esa carpeta para la practicada de actos de investigación, siendo omiso también, señala la parte quejosa, en realizar la investigación correspondiente y la recolección de datos de prueba . 4. Improcedencia de la demanda. En esas condiciones, en el caso operan la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. La fracción invocada del citado precepto dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún recurso o medio legal de defensa, en virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los previsto en la Ley de Amparo, así como si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 5. Definitividad. De lo anterior se puede advertir uno de los principios rectores del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, esto es, el principio de definitividad, que consiste en que la parte que busca la protección constitucional, previo a accionar la misma, debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado, como lo prevee el artículo 107, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial con número de registro 2000300, establece que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad, por lo que establece en otras palabras, la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a acudir a la instancia de protección constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que la parte promovente estime afecta su esfera jurídica. Establecido lo anterior, los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen el derecho que tiene la victima u ofendido a impugnar ante la autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor de investigación de los posibles hechos que la ley señale como delito, en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien de los preceptos 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que contra las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la victima u ofendido cuenta con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro del término previsto en el citado ordenamiento legal; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Tras la interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se concluye que la parte quejosa puede impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de impugnación innominado que prevee el artículo 258 del Código nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo lo el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2017640. Por lo que es posible estimar tras el estudio realizado por este Juez de Distrito, que en el caso concreto toda omisión o inactividad por parte de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser necesariamente impugnada ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, debido a que en este juicio de amparo quien comparece como parte quejosa es la víctima u ofendido de un delito, reclamando esencialmente la omisión del Agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación relativa a la denuncia interpuesta, quien a diferencia del imputado, debe agotar obligatoriamente el principio de definitividad, mediante el medio de impugnación innominado en comento, tal y como se acotó en la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Desechamiento. Tales circunstancias motivan la actualización de las causales de improcedencia advertidas, por ello, no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, de conformidad con los preceptos invocados en el estudio hecho en los párrafos que anteceden. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará a los promoventes tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 12. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI, y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito a nombre de ...mediante el cual se pretende dar cumplimiento a la prevención contenida en el acuerdo de diez de este mes y año. 1.1 Acuerdo. Previo acordar lo que en derecho corresponda, toda vez que la firma que aparece al calce del ocurso de cuenta difiere notoriamente de la que fue asentada en el escrito inicial de demanda; en consecuencia, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a fin de que notifique personalmente a ...el presente proveído, y en ese mismo acto, lo requiera a efecto de que manifieste si reconoce o no, según sea el caso, la firma que obra en al calce del ocurso de cuenta, y refiera si ratifica el contenido del escrito en mención, o bien, comparezca dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación ante este órgano jurisdiccional para ello. 1.2 Presentación. Ahora bien, para el caso de que se presente dicho quejoso ante este órgano jurisdiccional a ratificar el citado ocurso, dígasele que deberá realizar previo trámite para la obtención de cita, mismo que se deberá hacerse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), en el horario de ocho horas con treinta minutos a quince horas exclusivamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. 1.3 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentado dicho escrito, con las consecuencias legales que ello contrae. 2. Subsiste prevención. Por tanto, no ha lugar a tener por desahogado el requerimiento contenido en el mencionado proveído; en consecuencia, subsiste el apercibimiento decretado el diez de mayo de este año. 2.1 Plazo restante para cumplimiento. En el entendido que el plazo para desahogar la prevención se interrumpió el día trece de los actuales, con la presentación del escrito que hoy se provee, con el cual se pretende desahogar; en consecuencia, contará con cinco días hábiles para cumplir en sus términos dicha prevención, que comenzará a computarse una vez que surta efectos la notificación del presente proveído. 3. Criterios legales aplicables. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias con número de registro digital 207437 y 2000702.

  4. Principal

    1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se negó y concedió la suspensión definitiva en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control; y una vez que transcurran tres años, previa depuración, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

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