Celia Maya García
Expediente 155/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 155/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 02/06/2017
Partes del expediente
- Celia Maya García
Actuaciones
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- Principal
Agréguense a los autos los escritos signados por la quejosa, en atención a su contenido y, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a la promovente copias certificadas de las constancias que solicita; lo anterior, previa identificación, toma de razón y recibo que se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de doce de mayo de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de las autoridades vinculadas, mediante los cuales informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida por la superioridad, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestara lo que a su interés legal conviniera. En tal virtud, vistas las constancias que integran el presente cuaderno, este Juzgador procede emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo en los siguientes términos: Se toma en consideración que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, el juzgado auxiliar dictó sentencia en el presente juicio de amparo, misma que fue recurrida por la disidente y, revocada por la superioridad el veintitrés de febrero del año que transcurre, quien concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados para los siguientes efectos: Se considere por las autoridades administrativas encargadas de determinar el otorgamiento de pensión por jubilación a favor de la quejosa, que dicho derecho se encuentra regido por las normas integrantes del régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro. En consecuencia, a fin de estar en aptitud de dilucidar que autoridades quedarían vinculadas al cumplimiento del fallo protector se requirió al Gobernador Constitucional de Querétaro, a quien mediante proveído de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se le tuvo informando a este tribunal que las autoridades encargadas de determinar el otorgamiento de pensión por jubilación de la quejosa son el Titular del Área de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro y, en segundo lugar, la Legislatura del Estado de Querétaro; por tanto, en ese mismo proveído se les vinculó al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y se les requirió el mismo, en los términos siguientes: Se considere en el momento de determinar el otorgamiento de pensión por jubilación de la quejosa, que dicho derecho se encuentra regido por las normas integrantes del régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro; y en el caso de que no sea el momento de dicha determinación, deberán emitir la declaración acerca de que las normas contenidas en el decreto que controvirtió la quejosa, no le son, ni le serán aplicables como fuente normativa del derecho a obtener pensión por jubilación. Mediante proveído de nueve y doce de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a las autoridades vinculadas, informando el cumplimiento dado al fallo protector, para lo cual el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro acompañó la constancia emitida el cuatro de mayo de dos mil diecisiete de que el otorgamiento de pensión por jubilación a favor de la quejosa se encuentra regido por las normas integrantes del régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, constancia que se agrega al expediente personal de la quejosa. Por su parte, la Legislatura del Estado de Querétaro indicó, por conducto del Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos, que dicha Legislatura considerará, al momento de determinar el otorgamiento de pensión por jubilación de la disidente, que éste se encuentra regido por el régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Bajo tales circunstancias, tomando en consideración que con las constancias remitidas por las autoridades vinculadas, se advierte que en términos del artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, se restituyó a la parte quejosa el pleno goce de los derechos violados y al no haber sido otro el alcance de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis VI.1o.P.27 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 832 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, intitulada: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA." En tal virtud, atendiendo a que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente expediente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, mediante el cual manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado al fallo protector, pues arguye que las autoridades vinculadas al cumplimiento, esto es Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial y Legislatura, ambas del Estado de Querétaro, no son las facultadas para el mismo. Sin que dichas manifestaciones resulten óbice a la presente resolución de cumplimiento de ejecutoria de amparo, pues por lo que respecta al Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial de Estado de Querétaro, contrario a lo que manifiesta la quejosa, sí se encuentra facultado para realizar la declaratoria correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Para lo anterior, se hace necesario transcribir los numerales 7 y 15 del Reglamento de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 7. La Dirección de Recursos Humanos se integra con un titular que se denomina Director, un Departamento de Personal, un Departamento de Nómina y un Departamento de Relaciones Laborales. [.] ARTÍCULO 15. El Jefe del Departamento de Relaciones Laborales tiene las siguientes facultades y obligaciones: I. [.] IV. Tramitar las jubilaciones y pensiones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado [.];" De igual manera, por lo que ve a la Legislatura del Estado de Querétaro, respecto de la cual, la quejosa solicita se requiera a su mesa directiva para que emita un acuerdo explicando cómo va a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, dígase que ése no fue un efecto del fallo protector, por lo que basta para tener cumplido el mismo, la declaratoria hecha por el Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Legislatura del Estado de Querétaro, pues conforme a las documentales que obran en autos (foja 202) le fue delegada la facultad de acudir a juicio y representar a dicho órgano legislativo. Asimismo, se señala que la declaratoria que han emitido las autoridades vinculadas, además de generar una constancia, también concibe una obligatoriedad para quien ocupe en su momento ese cargo, obligación que no cesa por razones de temporalidad o cambio de personal, siendo responsabilidad del titular de la atribución respectiva, acatar el fallo protector, por lo que ante el eventual incumplimiento a lo ordenado en la sentencia amparadora, por parte de las autoridades en turno, la quejosa tendrá expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que corresponda. Por tanto, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Legislativos y Jurídicos en representación de la Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informa el cumplimiento al fallo protector, esto es, que al momento de determinar el otorgamiento de pensión por jubilación de la disidente, considerará que este se encuentre regido por el régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, así como con el proveído en que se tuvo recibido el diverso sobre el cumplimiento al fallo, rendido por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado de Querétaro; en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando las acciones realizadas en cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin embargo, se reserva dar vista a la parte quejosa hasta en tanto la diversa autoridad vinculada a la etapa de ejecución dé cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, atendiendo al estado procesal que guarda el presente expediente y, toda vez que mediante proveído de diecinueve de abril del presente año, se requirió a la Legislatura del Estado de Querétaro el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que al día de la fecha obre en autos las constancias que acrediten dicha circunstancia. En consecuencia, al haber fenecido el término otorgado a la autoridad legislativa vinculada al cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Legislatura del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, cumpla con las acciones necesarias para restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos, en los términos que le fueron comunicados el pasado diecinueve de abril del año que transcurre. Lo anterior es así, pues con independencia de que el momento para la determinación del otorgamiento de pensión por jubilación de la quejosa, será cuando precisamente la quejosa solicite su jubilación y aun no lo haya hecho, es posible que la autoridad pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la aplicación en su favor de las normas integrantes del régimen legal anterior al contenido en el decreto publicado el diez de diciembre de dos mil quince, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, por el cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro, con motivo de la presente concesión, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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