Celia María Álvarez de la Cruz

Expediente 962/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
962/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
26/12/2016

Partes del expediente

  • Celia María Álvarez de la Cruz
  • Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, Con Residencia En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto el Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, con motivo de su informe justificado remitió copia certificada de la causa penal 71/2014-I, que constituye el tomo de pruebas I, devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia; los autos del juicio de amparo número 962/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Celia María Álvarez de la Cruz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero del Paz en Materia Penal del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La negativa de dictar sentencia en la causa penal número 71/2014." TERCERO. Previa prevención, por acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número 962/2016, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó notificar a la tercero interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en una ocasión, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse una omisión suscitada en un juicio del orden penal, que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis realizado a la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de dictar sentencia en la causa penal 71/2014-1, instruida en contra de Liliana Arellano Zurita, por el delito de lesiones en su agravio. TERCERO. El Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la omisión reclamada con el argumento de que si bien es cierto el diecisiete de febrero de dos mi dieciséis se declaró cerrada la instrucción, mediante proveído de diecinueve de abril del año en curso, para mejor proveer se ordenó el desahogo de los careos procesales de la hoy quejosa como agraviada y sus testigos presenciales con la procesada y sus testigos de descargo, así como la preparación de dicha prueba, a la cual la agraviada no ha comparecido pese a que se ordenó su presentación por medio de la fuerza pública; lo que debe aceptarse en sus términos en razón de que de las constancias que integran la citada causa penal 71/2014-1, remitida como apoyo a su informe justificado, la cual dada su naturaleza goza de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2, se aprecia en lo que interesa lo siguiente: 1. Por acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se declaró cerrado el periodo de instrucción y se ordenó poner a la vista de las partes el expediente penal para que dentro del término de diez días hábiles formularan sus respectivas conclusiones (fojas 415 y 416). 2. Previa certificación de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por auto de esa data se señaló fecha para la audiencia de vista (foja 417), la cual tuvo verificativo el cinco de abril siguiente y se citó a las partes para oír sentencia definitiva dentro del término de ley (foja 431). 3. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, se ordenó la reposición del procedimiento, y por ende, se dejó sin efectos todo lo actuado a partir del auto que declaró cerrada la instrucción de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis en la parte conducente y se ordenó de oficio para mejor proveer el desahogo de los careos procesales que resultan a la procesada Liliana Arellano Zurita, y sus testigos de descargo Manuel Zurita Santana, Luisa Mariano Candela, María del Rocío Pacheco Jiménez y Melesio Zurita Martínez, con la agraviada Celia María Álvarez de la Cruz, y los testigos presenciales de los hechos Mauricio Chino Chino y Santa Jiménez Carballo, para el veintiséis de mayo siguiente, y se dictaron las medidas correspondientes a fin de preparar la referida prueba (fojas 437 y 438); diligencia que no se desahogó como se certificó en la citada data (foja 555), dada la incomparecencia de la agraviada aquí quejosa Celia María Álvarez de la Cruz, pese a estar notificada para ello como se aprecia de la constancia respectiva que obra a foja 452, y de los testigos de cargo Mauricio Chino Chino, a quien no fue posible notificar como se advierte de la razón actuarial de diecinueve de mayo del año en curso (foja 455). 4. Por acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo por recibido el escrito signado por la inculpada mediante el cual manifestó su imposibilidad para presentar a los testigos de descargo como se le obligó en proveído de diecinueve de abril anterior y proporcionó sus domicilios. 5. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el juez responsable señaló el siete de septiembre siguiente, a efecto de desahogar los careos procesales que resultan a la procesada y sus testigos de descargo con la agraviada y los testigos presenciales, a quienes ordenó notificar al testigo presencial Mauricio Chino Chino en su domicilio señalado en autos apercibido que de no comparecer sin causa justa, sería presentado mediante auxilio de la fuerza pública, a la agraviada aquí quejosa Celia María Álvarez de la Cruz, por medio de la fuerza pública y a la diverso testigo de cargo Santa Jiménez Carballo por edictos por una sola vez en el periódico oficial y en el periódico local de mayor circulación en esta ciudad, por su parte, a la procesada Liliana Arellano Zurita y testigos de descargo Luisa Mariano Candela y María del Rosario Pacheco Jiménez en el domicilio señalado para tal efecto, la primera con el apercibimiento de su reaprehensión y los segundos de presentarlos por medio de la fuerza pública, finalmente, a los testigos de descargo el menor Manuel Zurita Santa, por conducto de su padre Melesio Zurita Martínez así como a éste último mediante exhorto girado al Juez Mixto de Paz del municipio de Marquelia, Guerrero (fojas 463 y 464). 6. Razones actuariales de uno de septiembre de dos mil dieciséis, mediante las cuales se asentó la imposibilidad de notificar al testigo presencial Mauricio Chino Chino y a la de descargo Luisa Mariano Candela en el domicilio señalado para tal efecto (fojas 491 y 493). 7. Mediante diligencia de siete de septiembre de dos mil dieciséis, se hizo constar la asistencia de la procesada Liliana Arellano Zurita, y de los testigos de descargo María del Rosario Pacheco Jiménez, Manuel Zurita Santa y Melesio Zurita Martínez, así como la inasistencia de la agraviada Celia María Álvarez de la Cruz y los testigos de cargo Mauricio Chino Chino y Santa Jiménez Carballo, motivo por el cual se difirió el desahogo de los careos procesales señalados en esa fecha para el cuatro de octubre siguiente, quedando notificados de la citada fecha los comparecientes, la agraviada por conducto del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado del Sector Renacimiento, el testigo de cargo Mauricio Chino Chino y la de descargo Luisa Mariano Candela mediante notificación personal en el domicilio señalado en autos (fojas 495 y 496), esta última mediante acuerdo de diecinueve de septiembre siguiente (foja 642). 8. Razón actuarial de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, mediante la cual se asentó la imposibilidad de notificar al testigo presencial Mauricio Chino Chino (foja 648) y notificación de veintinueve del citado mes de la testigo de descargo Luisa Mariano Candela (foja 657). En este punto es importante destacar que mediante oficios números PME/REN/1349/2016 y PME/REN/1478/2016, de siete de septiembre y cuatro de octubre del año en curso, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado del Sector Renacimiento, informó que policías ministeriales adscritos se constituyeron en el domicilio de la agraviada Celia María Álvarez de la Cruz, quien les manifestó en el primero, que no iba a poder asistir porque tenía citas médicas y en el segundo, que se presentaría personalmente a ese Juzgado y que se comunicaría con su abogado particular para que tomara cartas en el asunto (fojas 506 y 663). 9. Mediante acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó nuevamente la presentación de la agraviada aquí quejosa Celia María Álvarez de la Cruz por conducto del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para el desahogo de los careos procesales a su cargo a verificar el siete de noviembre del año en curso, la citación de la procesada y testigos de descargo mediante notificación personal en los domicilios señalados en autos, así como la investigación del domicilio del testigo presencial de hechos Mauricio Chino Chino (fojas 664 a 668). En efecto, si bien cuando se reclama una conducta omisiva en la instancia constitucional, es la propia autoridad la que debe demostrar con las constancias relativas que no existe la conducta reprochada, no debe perderse de vista que para que nazca tal obligación de la autoridad responsable de actuar en el sentido pretendido, en el presente caso debe acreditarse primeramente que se encuentra cerrada la instrucción, a efecto de que surgiera la obligación correlativa de la autoridad responsable de emitir la sentencia definitiva en la citada causa penal conforme a la legislación que rige su actuar, cuya omisión a hacerlo es lo que precisamente se le reprocha, lo que no se acreditó en el presente asunto como se advierte de los antecedentes relatados. En ese sentido, si la omisión reclamada consiste en la falta de pronunciar la sentencia definitiva en la causa penal 71/2014-1, instruida en contra de Liliana Arellano Zurita, pero a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de septiembre de dos mil dieciséis) aún no se ha declarado cerrada la instrucción, en virtud de que se encuentra pendiente de desahogar los careos procesales a que se ha hecho referencia, entonces resulta que al momento de su presentación la conducta omisiva reclamada al Juez responsable es inexistente, dado que lo anterior constituye un impedimento legal y material para emitir aquella resolución, de ahí que dicho asunto penal no se encontraba en estado de resolución, y por ende, cabe acoger positivamente el sentido de lo informado por el Juez responsable y, como consecuencia, considerar que en efecto no es cierto el acto reclamado. En tal virtud, al resultar inexistente al momento de la presentación de la demanda de amparo el acto reclamado, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV de la ley de la materia, con base en la cual debe sentenciarse sobreseyendo en el juicio. Sirve de apoyo la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo 79, Julio de 1994 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de garantías número 962/2016, promovido por Celia María Álvarez de la Cruz, contra la omisión reclamada al Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, residente en esta ciudad. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dos de diciembre de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A la parte tercero interesado LILIANA ARELLANO ZURITA, la sentencia autorizada el dos de los actuales, dictada en el juicio de amparo 962/2016, QUE DICE: "... VISTOS; para pronunciar sentencia; los autos del juicio de amparo número 962/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Celia María Álvarez de la Cruz, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE... "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de garantías número 962/2016, promovido por Celia María Álvarez de la Cruz, contra la omisión reclamada al Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, residente en esta ciudad.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de cuatro del mes en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Juez Primero de Paz del Ramo Penal del Municipio de Acapulco, Guerrero, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, la citada audiencia programada para este día como se observa de la certificación de cuenta, se difiere para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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