Celia López González

Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
846/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Celia López González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, y documental que acompaña, a través del cual informa que dicho Juzgado Federal aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del juicio de amparo indirecto 846/2021 del índice de este Juzgado de Distrito, en la vía directa, mismo que fue promovido por CELIA LÓPEZ GONZÁLEZ, en contra de la sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el juicio de protección de derechos fundamentales 35/2020 de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit; correspondiéndole el número de amparo directo 348/2022 de su índice. Consecuentemente, ARCHÍVESE el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes ERICK XAVIER SOLTERO GARCIA 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.33.36.32.36.34.31 08/02/25 14:46:58 judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente cuaderno de antecedentes es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se declaró la incompetencia del órgano y carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    "2022, Año de Ricardo Flores Magón" Tepic, Nayarit, 19 de mayo de 2022. OFICIO 520-VI. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO EN EL ESTADO DE NAYARIT, EN TURNO. C I U D A D. En cumplimiento a los proveídos de seis de agosto y quince de octubre de dos mil veintiuno, remito a Usted en cuarenta y seis fojas útiles, los autos originales del juicio de amparo indirecto 846/2021, promovido por Celia López González, contra actos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otra autoridad, en virtud de la declaratoria de incompetencia por parte de este juzgado. Por último, solicítese de la manera más atenta a la autoridad de amparo que conozca de la demanda de previa mención, se sirva acusar el recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. R E S P E T U O S A M E N T E LIC. IVAR LANGLE GÓMEZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE NAYARIT.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que a la promovente CELIA LÓPEZ GONZÁLEZ, dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó por su notoria e indudable improcedencia su demanda de amparo, en relación al acto reclamado que hizo consistir en el cumplimiento y ejecución del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio testamentario 43/2016 que ordena el lanzamiento en contra de la quejosa, con el auxilio de la fuerza pública respecto de la finca ubicada en calle Tiburcio Grande número 16 norte en Compostela Nayarit, reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Po otra parte, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, como se ordenó en el acuerdo de seis de agosto del presente año, remítanse los autos originales del presente juicio al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con residencia en esta ciudad de Tepic, para que tenga a bien determinar lo que corresponda en relación con la incompetencia planteada en dicho proveído. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, signado por la quejosa CELIA LÓPEZ GONZÁLEZ, por medio del cual desahoga la vista contenida en el proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, la cual quedó registrada en el libro de gobierno con el número 846/2021, este juzgado de Distrito advierte que la parte quejosa señala destacadamente como actos reclamados los siguientes: 1. El cumplimiento y ejecución del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio testamentario 43/2016 que ordena el lanzamiento en contra de la quejosa, con el auxilio de la fuerza pública respecto de la finca ubicada en calle Tiburcio Grande número 16 norte en Compostela Nayarit, reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit. 2. La resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, que sobreseyó en el juicio de protección de derechos fundamentales SC-JPDF-35/2020 de su índice. Luego, en relación al primer acto reclamado antes señalado, este Juzgado Federal advierte que este juicio es improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. En primer término, es importante analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Apoya a lo expuesto, la Jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte que se ha actualizado de manera manifiesta e indudable en relación al acto reclamado que se analiza, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la citada ley, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo estatuyen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". Así, de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte que existen tres momentos para iniciar el cómputo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y 3. A partir del día siguiente a aquel en que se ostentó sabedor de los mismos. Al respecto, en la demanda que se intenta en relación al acto reclamado que se analiza, cobra aplicación la segunda hipótesis para iniciar el cómputo de los quince días que establece el precepto legal en estudio; es decir, el término para presentar la demanda de amparo se deberá contar a partir del día siguiente a aquel en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. Lo anterior es así, en virtud de que la peticionario de amparo señaló como acto reclamado en esta vía constitucional destacadamente el cumplimiento y ejecución del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio testamentario 43/2016 que ordena el lanzamiento en contra de la quejosa, con el auxilio de la fuerza pública respecto de la finca ubicada en calle Tiburcio Grande número 16 norte en Compostela Nayarit, reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit. Y en su escrito aclaratorio de demanda, precisa lo siguiente: "Contra tal determinación la suscrita tuve conocimiento del auto de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, el día 23 de octubre del año 2020, en las mismas oficinas que ocupa el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, donde me fue notificado el mismo, e interpuse el juicio de protección de derechos fundamentales identificado como SC-JPDF-35/2020, donde resolvió desecharme dicho juicio, negándome el amparo y protección local que le solicité." En esos términos, a tal confesión expresa se le reconoce valor de prueba plena, de conformidad en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que disponen: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295, Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De lo antes transcrito, se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto que ahora pretende reclamar desde el veintitrés de octubre de dos mil veinte (fecha que bajo protesta de decir verdad, señaló en su escrito de aclaración demanda de amparo con el que se da cuenta); por tanto, se concluye que presentó su demanda de amparo fuera del término que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo; tomando en consideración que la demanda de amparo en análisis, se presentó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, lo que se aprecia del sello de recepción que obra en la parte superior de la primera foja de la misma; por tanto, debe decirse que por una simple operación aritmética, a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrieron en exceso los quince días hábiles a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la Materia; de ahí que sea incuestionable que la parte quejosa consintió tácitamente los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables, por no promover la presente demanda de amparo dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de la Materia. Ello es así, porque del artículo 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el cómputo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo, empezará a contar desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a los quejosos de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, porque de acuerdo con el espíritu que informa el citado precepto, el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa y que sirve de base para el cómputo del término de quince días hábiles para la promoción del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ". Así como la jurisprudencia P./J. 27/96, publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y seis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Igualmente la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en la página 1035, Tomo XXII, Julio de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO". Asimismo, es ilustrativa la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos treinta y uno, Tomo XXXI, enero de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se DESECHA de PLANO la demanda de amparo promovida CELIA LÓPEZ GONZÁLEZ, por su manifiesta e indudable improcedencia, en relación al acto reclamado consistente en el cumplimiento y ejecución del auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio sucesorio testamentario 43/2016 que ordena el lanzamiento en contra de la quejosa, con el auxilio de la fuerza pública respecto de la finca ubicada en calle Tiburcio Grande número 16 norte en Compostela Nayarit, reclamado al Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit. Ahora, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, que sobreseyó en el juicio de protección de derechos fundamentales SC-JPDF-35/2020 de su índice. Al respecto, el suscrito considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías en relación a ese acto reclamado, toda vez que dicha resolución no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 107 de la Ley de Amparo, para que se estime procedente el amparo indirecto, si no que constituye una sentencia definitiva reclamable en amparo directo. En efecto, tratándose del juicio de amparo uniinstancial, la Carta Magna en su artículo 107, fracción V, inciso c), dispone: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c). En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. (.)." Por su parte, los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "ARTÍCULO 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "ARTÍCULO 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." A su vez, el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "ARTÍCULO 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal; y, d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictados por juntas o tribunales laborales federales o locales (.)." De las disposiciones transcritas se colige que el juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pertenezcan a cualquier orden jurídico parcial -federal, local, de la Ciudad de México o municipal-, y que compete conocer de las mismas a los Tribunales Colegiados de Circuito o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisado lo anterior, se dice que la resolución de diez de junio de dos mil veintiuno dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, en el juicio de protección de derechos fundamentales expediente SC-JPDF-35/2020, constituye una sentencia definitiva, conforme al artículo 170 de la Ley de Amparo, dado que se emitió dentro del indicado juicio de derechos fundamentales, decidió en juicio en lo principal; y fue emitida por una autoridad judicial facultada para ello conforme al artículo 91, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; aunado que no existe en contra de dicha determinación recurso o medio de defensa ordinario a favor de la quejoso que pueda revocarla o modificarla. Resulta aplicable a lo anterior por analogía la jurisprudencia P./J. 68/20106 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXII, Agosto de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SALVO TRATÁNDOSE DE CUESTIONES ELECTORALES. De los artículos 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que pertenezcan a cualquier orden jurídico parcial -federal, local, del Distrito Federal o municipal-, ya que estos tribunales derivan del orden jurídico constitucional y, por ende, se encuentran subordinados a él. En consecuencia, el juicio de garantías en la vía directa procede contra las sentencias dictadas en un juicio de protección de derechos humanos por la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz por tratarse de un tribunal judicial, lo que se corrobora desde una perspectiva formal por lo previsto en los artículos 56 y 64, fracción I, de la Constitución Política de dicha entidad; máxime, que si bien el federalismo constitucional autoriza que las constituciones locales amplíen el nivel de protección de los derechos humanos, lo cual implica la posibilidad de que no exista coincidencia entre lo previsto en la Constitución General y las constituciones locales sobre ese aspecto, lo cierto es que las sentencias locales en materia de derechos humanos no podrían válidamente afectar el contenido esencial de las garantías individuales reconocidas en la Ley Fundamental, pues el orden jurídico local está supeditado al constitucional, lo que busca garantizarse tratándose de esos fallos a través del juicio de amparo directo. Por ello, los Tribunales Colegiados de Circuito, lejos de actuar como jueces del orden jurídico federal, funcionan como jueces de la Constitución General de la República en ese supuesto, salvo la materia electoral, la cual está sujeta a un sistema de regularidad constitucional especializado. En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Carta Magna y en los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de garantías, con base en los razonamientos expresados con antelación, y estima que esa competencia recae en el Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, para conocer de ella; consecuentemente, se ordena remitir la misma a ese Tribunal Federal con residencia en esta ciudad de Tepic, para que tenga a bien determinar lo que corresponda en relación con la incompetencia que se le plantea, dejándose únicamente en este juzgado un cuaderno de antecedentes para los efectos procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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